Venezuela/ "Nicolás Maduro garantiza la impunidad a los violadores de los derechos humanos" [Rafael Uzcátegui - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

9 de julio 2019

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____  

 

Venezuela

 

Entrevista a Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea

 

“Nicolás Maduro garantiza la impunidad a los violadores de los derechos
humanos”

 

Torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciarias…El informe
de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, presentado el 5 de julio,
es claro y tajante para con el gobierno de Maduro. En él aparecen detallada
la represión a los opositores, las faltas graves sobre la atención médica y
la alimentación de la población, así como sobre la administración de la
justicia.

 

Jean-Baptiste Mouttet

Mediapart, 6-7-2019

https://www.mediapart.fr/

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

 

El estilo es sobrio, diplomático y sin embargo, el informe del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela, expone al lector los horrores y las
absurdidades del autoritarismo. (Informe completo en castellano:
https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos
-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/
<https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humano
s-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/> ) 

 

Fue publicado el 4 de julio y presentado por la Alta Comisionada Michelle
Bachellet, ex presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), el viernes 5 de
julio en Ginebra. Una serie de cifras mórbidas: 5287 personas fueron
asesinadas por “resistencia a la autoridad” en 2018, 15045 fueron detenidas
por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. Este 31 de mayo,
había aún 793 personas privadas arbitrariamente de libertad…

 

“Desde 2016 (…) ha aumentado la represión selectiva de la oposición
política”, señala el informe. Luego surgen episodios terribles,
protagonizados por algunas de las 588 personas interrogadas por la
Organización, como los de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), que
llegan armadas en vehículos negros, camuflan droga y dejan armas en la
escena del crimen, simulando un enfrentamiento con delincuentes.

 

La ONU afirma que ciertas víctimas fueron asesinadas por haber participado
en las manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2019. “Las autoridades
pueden utilizar las fuerzas de seguridad como un instrumento para (…)
mantener el control social. (…) El control incluye también las ayudas
públicas, en particular, la distribución a precios módicos de alimentos.”

 

Las víctimas temen recurrir a la justicia, sobre la que el informe demuestra
las fallas. Al aspecto represivo hay que agregar los incumplimientos del
gobierno sobre las necesidades sanitarias y alimentarias de la población del
país, para el que el FMI prevé 10:000.000% de inflación en 2019.

 

La ONU recomienda al gobierno, entre otros puntos, la “disolución de las
FAES”, la liberación de “las personas privadas arbitrariamente de sus
libertades” y el restablecimiento de “la independencia de la justicia”.

 

Por su parte, el gobierno niega una buena parte de los hechos que le son
reprochados y denuncia errores metodológicos  en el informe. En los
comentarios del gobierno, remitidos junto con la encuesta de la ONU, se
puede leer que la liberación de las personas detenidas “por motivos
políticos” es “inaplicable” ya que “no existen personas detenidas bajo tales
condiciones”.

 

Las ONG venezolanas recibieron el trabajo con el alivio de observar en el
mismo la confirmación de sus propias investigaciones y denuncias. Ciertos
dirigentes de ONGs, como Rafael Uzcátegui, de Provea (Programa Venezolano de
Educación – Acción en Derechos Humanos) , apuntan de ahora en adelante a la
Corte Penal Internacional en la que se estudia en este momento un pedido de
investigaciones por crímenes contra la humanidad, un pedido efectuado por
seis países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú).

 

El militante anarquista no esconde su desconfianza hacia el chavismo. Para
el autor del libro crítico, desde la izquierda del chavismo, “Venezuela, la
revolución como espectáculo” (Malatesta, 9-2010), Nicolás Maduro no respeta
los derechos de los venezolanos. Uzcátegui critica también la oposición
frontal de Juan Guaidó.

 

-El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos denuncia severamente la actitud del gobierno de Nicolás Maduro.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias del informe para Venezuela?

 

Es un organismo respetado y que tiene mucho peso a nivel internacional. El
hecho de que sea precisamente esta alta comisionada, Michelle Bachelet, la
que goza de cierto prestigio dentro de la izquierda internacional, es
importante. Es esencial que la ONU siga documentando la situación
venezolana.

 

-Después de la visita de Michelle Bachelet, dos especialistas de los
derechos humanos se quedaron en Venezuela, pero no han podido visitar los
centros de detención ni entrevistarse con prisioneros políticos. Entonces,
¿qué otros mecanismos pueden ser activados después de este informe?

 

Nosotros pedimos la instalación de una comisión de investigación de la ONU
para trabajar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los
trabajos de esa comisión serían determinantes para decidir o no el inicio de
una investigación en la Corte Penal Internacional sobre nuestro país por
crímenes contra la humanidad. Es importante utilizar todos los mecanismo y
demostrar al mundo que no hay voluntad política por parte de Maduro para
hacer respetar los derechos de los venezolanos.

 

-La apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) fue
pedida en el informe de 2018. Esta última vez, no fue así.

 

Gran parte de la investigación y de las recomendaciones está escrita en el
idioma diplomático de la CPI y se dirige entonces a esa institución. Allí se
subraya que no es posible que Venezuela investigue sola sobre el respeto de
los derechos humanos. Una de las recomendaciones dice que es necesario
investigar de “manera imparcial” y con “la ayuda de la comunidad
internacional” sobre los casos de  ejecuciones extra judiciales en
Venezuela.

 

-El informe establece que las fuerzas de seguridad y los servicios de
inteligencia “recurren de manera habitual” a la tortura, ya sea asfixia,
descargas eléctricas, golpes, para “sonsacar informaciones”. Recientemente,
el 29 de junio, falleció el capitán de corbeta, jubilado, Rafael Acosta
Arévalo. Estaba detenido por la Dirección general de contrainteligencia
militar (DGCIM). Hay fuertes sospechas sobre torturas al militar fallecido.
¿Tiene usted confianza en la investigación llevada a cabo por el gobierno?

 

No. El nivel de confianza en este gobierno es tan bajo que incluso el Alto
Comisionado concluye que ni el fiscal general, ni los jueces, ni el defensor
del pueblo, conducen correctamente las investigaciones. No puede haber
investigación transparente, estamos viendo los primeros resultados. Las dos
personas que fueron detenidas (Ndt: en el caso del capitán Rafael Acosta
Arévalo) no han sido acusadas de haber cometido actos de tortura, lo que
impide que pueda realizarse cualquier investigación sobre los autores
intelectuales de las mismas. Nicolás Maduro garantiza la impunidad a los
violadores de los derechos humanos.

 

-¿Se sabe con certeza que fue torturado?

 

-Provea está en contacto con un abogado del capitán. Este abogado estuvo
presente en el momento de la primera audiencia y fue testigo de los malos
tratos infligidos a su cliente. Entonces sí, nosotros tenemos la certeza
absoluta de que fue víctima de torturas. (Ndt: el gobierno todavía no ha
entregado el cuerpo del capitán a su familia). Estaba retenido en los
locales de la DGCIM, un organismo que, según los datos de Provea, es el que
más ha torturado en el año 2018. Para ese año, constatamos 100 casos de
torturas. 75% de las víctimas estaban detenidas por la DGCIM.

 

-¿Por qué la DGCIM tortura más que otras instituciones?

 

-Porque el año pasado hubo una serie de detenciones de militares acusados de
conspiraciones. Se habla de malestar profundo en las fuerzas armadas. Yo
pienso que el gobierno intensifica entonces las investigaciones y las
detenciones en ese sector. Son “castigos ejemplares”. La tortura, los tratos
inhumanos y degradantes, son utilizados para enviar un mensaje a los
militares.

 

-Las Fuerzas de Acciones Especiales, un comando de la policía nacional, son
calificadas por testigos como “escuadrones de la muerte”. ¿Las FAES son
entonces la piedra angular del control de la población?

 

Hoy, es el cuerpo policial encargado de las operaciones contra los delitos
en las comunidades. Sin embargo, las FAES fueron creadas en 2017 y siguieron
entrenamientos para actuar en situaciones de alto riesgo, secuestros, actos
terroristas… Es el brazo del “terrorismo de Estado”, como lo calificamos en
Provea.

 

-El informe destaca también las “violaciones al derecho a la salud”, “a la
alimentación”, “a la vida”. ¿Cómo se explica eso siendo que el gobierno pone
de relieve la distribución de alimentos a través de los Clap (Comités
Locales de Abastecimiento y Producción), los programas sociales para la
salud como la misión Barrio Adentro?

 

El gobierno de Hugo Chávez podía contar con ingresos importantes entre los
años 2006 y 2010 gracias a las ventas de petróleo y pudo promover una
política para combatir la pobreza. Con la disminución del precio del
petróleo en 2012, la situación cambió.

 

Otros países de América latina que conocieron la misma situación, adoptaron
medidas para promover una política duradera. Venezuela no lo hizo. Como
aparece en el informe, el origen de la crisis venezolana está vinculado,
entre otras cosas, a una corrupción muy importante, sin control
institucional del poder.

 

Las obras que estaban planificadas no fueron hechas, el dinero fue
dilapidado, robado y hoy, el Estado no tiene capacidad de respuesta a las
necesidades de los ciudadanos. El único comportamiento sancionado hoy en
Venezuela es la disidencia política. Desde los comienzos del chavismo, hay
una especie de tolerancia de la corrupción.

 

-El informe evoca también el control social, en particular a través de la
venta a precios subvencionados de alimentos distribuidos por los Clap. ¿La
crisis favorece ese control?

 

Enormemente. Como lo muestra el informe, quienes critican al gobierno pueden
ser privados de Clap. En Venezuela tenemos una economía dual. Hay quienes
reciben dólares de sus familiares o allegados que se han radicado en el
extranjero o que tienen salarios en dólares.

 

El otro sector de la población, ampliamente mayoritario, sigue cobrando sus
ingresos en bolívares. Este sector de la sociedad depende de la ayuda del
gobierno. Esas personas no pueden ir a las manifestaciones, no se expresan
libremente, por miedo de no conseguir alimentos.

 

-La ONU habla de represión selectiva de la oposición, de una homogenización
comunicacional, de una justicia sumisa y a las órdenes y sin embargo, no
califica al gobierno de “dictadura”, como lo hace Provea.

 

Lo entiendo perfectamente. Eso forma parte de un tipo de lenguaje
institucional que se debe contemplar. Esas afirmaciones son las críticas
habituales a los informes de las ONG. Hubo presiones por parte de diferentes
funcionarios del gobierno venezolano para modificar el informe. Como las
presiones no tuvieron éxito, solo obtuvieron la posibilidad de adjuntar un
documento adicional. Seguramente, van a empezar a cuestionar el informe de
la alta comisionada.

 

-El informe indica que las sanciones económicas de los Estados Unidos no
provocaron la crisis económica, que no hicieron más que empeorar la
situación. Podemos preguntarnos si esas sanciones alimentan la propaganda
madurista y si, finalmente, no se transforman en un justificativo para
justificar la violencia.

 

Nosotros publicamos un informe sobre el impacto de las sanciones sobre los
derechos humanos, realizado por el economista marxista Manuel Sutherland.
Sus conclusiones son que esas sanciones son ineficaces como instrumento de
presión, que van a agravar la situación de los más vulnerables y que son
utilizadas como una herramienta de propaganda para justificar la
ineficiencia del gobierno y para esquivar la responsabilidad en materia de
respeto de los derechos humanos. En Provea, mantenemos el reclamo de un
levantamiento de las sanciones financieras, pero seguimos pidiendo que las
sanciones individuales a los altos funcionarios venezolanos sean más
fuertes.

 

-La estrategia de la oposición, como el levantamiento del 30 de abril, ¿no
es también un hecho que provoca violencia?

 

-Nosotros criticamos la estrategia del 23 de febrero, cuando trataron de
utilizar la entrada al país de ayuda humanitaria para obtener una ruptura en
las Fuerzas Armadas. Pensamos que el único objetivo de una ayuda humanitaria
debe ser el de salvar vidas y el de aliviar los sufrimientos. Desde el 23 de
febrero, Juan Guaidó, carece de estrategia clara y definida. El 30 de abril
fue una consecuencia de ello. Rechazamos todo simulacro de rebelión militar
en nuestro país. Nosotros impulsamos una petición, firmada por 500 personas,
en la que rechazamos toda salida del conflicto por la fuerza.

 

-¿La salida del conflicto pasa por las negociaciones en Noruega, entre otras
posibilidades?

 

-Los mecanismos de diálogo son importantes y necesarios. Es un proceso largo
y requiere mucha paciencia, pero es el más eficaz. Una presión de la
sociedad puede llegar a obtener que el pueblo venezolano sea consultado para
elegir su futuro por la vía de un proceso electoral democrático.

 

-En un artículo provocador, usted critica un “colonialismo de izquierda” que
viene, sobre todo, de los Estados Unidos. ¿No le parece exagerado calificar
a Noam Chomsky de “colonialista”?

 

Yo pienso que los intereses políticos en los EEUU no son los mismos
intereses que los del pueblo venezolano. La única explicación sobre las
movilizaciones, sobre la insatisfacción, no es que éstas sean estimuladas
por Donald Trump. Tenemos nuestras propias razones para exigir la democracia
en nuestro país.

 

-¿Le parece que las izquierdas, a nivel internacional, tienen una
responsabilidad sobre lo que está pasando en Venezuela?

 

Sí, porque siguen siendo el principal apoyo a Maduro en el ámbito
internacional. Muchos funcionarios siguen siendo fieles a Maduro porque
temen no encontrar espacio político en el futuro político venezolano. La
ausencia de una crítica de izquierda acentúa esta visión.

 

Hay una izquierda que sigue diciendo que todos aquellos que critican a
Maduro son conservadores, de derecha. Aquí, no estamos en una confrontación
ideológica entre la izquierda y la derecha, sino en una confrontación entre
los que quieren la democracia y los que quieren mantener la dictadura. En
las filas de los que quieren la democracia, se encuentran muchos que se
identifican a sí mismos domo chavistas, como revolucionarios, de izquierda.

 

-¿Provea es atacado por el gobierno?

 

Somos centro de una campaña de desprestigio. Tenemos que tomar precauciones
de seguridad para no ser atacados por personas que forman parte del
militantismo oficial. No nos dejamos intimidar.

 

-La independencia de Provea ha sido cuestionada. Ustedes son financiados por
diferentes organizaciones, entre las cuales las Open Society, de George
Soros. Algunos periodistas dicen que ciertos fondos vienen de la USAID
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

 

Nunca recibimos ayuda de la USAID. Eso forma parte de la campaña de
denigración. Nos financian las mismas organizaciones que reclaman la
justicia para Santiago Maldonado, desaparecido en 2017 en Argentina, que
financian las campañas de defensas de los Mapuches en Chile. Nuestros dos
donantes históricos son la Open Society y una organización católica alemana,
Misereor (https://www.misereor.org/es/). En 1993, gracias a esas ayudas
financieras, Provea pudo visitar a Hugo Chávez cuando estaba preso, después
de su golpe de Estado fallido. Con esos financiamientos, pudimos también
ayudar a Nicolás Maduro cuando era todavía sindicalista.

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20190709/31f0c4c8/attachment-0001.htm