Brasil/ Operación "Vaza Jato". Al descubierto la farsa montada contra Lula [Marcelo Aguilar - The Intercept]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de junio 2019

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Brasil



El escándalo judicial y político que sacude al gobierno de Bolsonaro



Operación Vaza Jato



La revelación de vínculos ilegales entre los fiscales de la Operación Lava
Jato y el entonces juez de la causa Sérgio Moro ponen en aprietos al ahora
ministro de Justicia y dan nuevas esperanzas a la defensa del ex presidente
Lula da Silva, preso desde el año pasado. Según las primeras informaciones
publicadas por “The Intercept Brasil”
(https://theintercept.com/2019/06/09/editorial-chats-telegram-lava-jato-moro
/) con base en mensajes intercambiados por los miembros del Ministerio
Público, los investigadores tenían además dudas respecto a las pruebas
presentadas contra Lula y estaban motivados por sus opiniones políticas. Las
revelaciones recién habrían comenzado.



Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 14-6-2019

https://brecha.com.uy/



Vazar, del portugués: proceso por el cual algo se vacía, o deja salir su
contenido. En la calle: vazar de algún lugar, irse. En una noticia: cuando
se filtra a la prensa, “vazou para a imprensa”. De aquí el nombre que
Internet le dio enseguida a la serie de reportajes que comenzó a publicar
esta semana The Intercept Brasil basada en un extenso archivo entregado por
una fuente anónima. “Vaza Jato”. Originalmente publicadas como “Los mensajes
secretos de la Lava Jato”, y lideradas por Glenn Greenwald –el premio
Pulitzer que reveló los archivos del caso Snowden–, las hasta ahora cuatro
partes del reportaje develan relaciones promiscuas entre los fiscales de la
Lava Jato y el entonces juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del
gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil las funciones de acusar y juzgar
deberían estar separadas nítidamente, según lo que establece el Código
Penal. Los fiscales investigan y presentan las pruebas al juez, que
–supuestamente imparcial– juzga.



En las conversaciones reveladas, Moro no sólo juzga, sino que también opina
y direcciona sobre el transcurso de la operación, piensa la estrategia. En
uno de los diálogos, el magistrado aconseja al Ministerio Público sobre los
indicios de corrupción obtenidos a través de delaciones premiadas de
ejecutivos de Odebrecht, que involucraban entre otros a Michel Temer, Dilma
Rousseff, Lula da Silva, Eduardo Cunha y Aécio Neves. Ante una actualización
de las denuncias realizada por el fiscal a cargo de la Lava Jato Deltan
Dallagnol, en diciembre de 2016, en la que anunciaba que estas involucraban
a nueve presidentes, 29 ministros, 34 senadores y 82 diputados, Moro
respondió: “Mejor quedarse con los 30 por ciento iniciales (sic). Muchos
enemigos y que trascienden la capacidad institucional del Ministerio Público
y del Poder Judicial”. En otros pasajes, el juez sugiere fuentes, pasa
pistas, aconseja cambiar el orden de las etapas de la investigación. Y hay
otros indicios. Ante la publicación por el diario O Globo de que uno de los
directivos de Odebrecht que acompañaba a Lula en sus viajes iba a ser
liberado, Dallagnol le escribió a Moro: “Querido, el Stf (Supremo Tribunal
Federal) soltó a Alexandrino. Estamos con otra denuncia a punto de salir, y
pediremos prisión con base en fundamentos adicionales (…). ¿Sería posible
que la examines hoy?”.El juez le respondió: “No creo que lo pueda ver hoy.
Pero piensen si es una buena idea”. Y nueve minutos después agregó:
“Tendrían que ser hechos graves”.



En marzo de 2016 –momento de presión feroz de la Lava Jato sobre el Partido
de los Trabajadores (Pt) y de protestas en la calle– fueron publicadas
conversaciones interceptadas ilegalmente entre la entonces presidenta, Dilma
Rousseff, y el ex presidente Lula. En aquel momento, Moro y Dallagnol se
consultaron sobre la estrategia a adoptar, en otra muestra de que trabajaban
de forma articulada. Moro negó esto varias veces. “Yo no tengo ninguna
estrategia de investigación. Quien investiga o quien decide lo que va a
hacer es el Ministerio Público y la Policía Federal”,dijo en una conferencia
sobre lavado de dinero ese mismo año, en la que también afirmó: “Me irrito a
veces al escuchar críticas un poco infundadas a mi trabajo, que dicen que
soy un juez investigador.”



Pruebas dudosas



Cuatro días antes del famoso powerpoint con el que Dallagnol presentó la
denuncia formal contra Lula –aquel en el que todos los males apuntaban al ex
presidente–, el fiscal tenía dudas sobre las pruebas en las que se basaba el
proceso. Y no eran dudas menores, sino que –como acaba de revelar The
Intercept– surgían del punto central de la acusación: si el apartamento
eventualmente recibido por Lula había sido otorgado a cambio o no de favores
concedidos a la empresa Oas en contratos con Petrobras. Esto es clave. Si el
apartamento de Lula no hubiera tenido relación con la corrupción en
Petrobras, el caso no podría haber sido juzgado por Sérgio Moro.



En un grupo de Telegram que integraba junto a los fiscales de la Lava Jato,
Dallagnol escribió: “Van a decir que estamos acusando con base en noticias
de diario e indicios frágiles… Entonces es un ítem que es bueno que esté
bien preparado. Además, hasta ahora, tengo recelo sobre la relación entre
Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron también tengo
recelo sobre la historia del apartamento, son puntos en los que tenemos que
tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua”. El día anterior
a la denuncia, Dallagnol envió este otro mensaje: “La opinión pública es
decisiva en un caso construido con prueba indirecta y palabra de
colaboradores contra un ícono que pasó incólume por el mensalão”. Dos días
después le escribió en privado a Moro, y básicamente asumió que la
denominación de “líder máximo del esquema de corrupción” que le adjudicaron
públicamente a Lula no estaba fundamentada sobre prueba alguna, pero era
esencial para que fuera Moro quien juzgara el caso.



Fiscales políticos



Otra de las principales informaciones del archivo reveladas hasta el momento
es la articulación entre los fiscales de la Lava Jato en Curitiba para
evitar que Lula diera entrevistas antes de la elección de octubre de 2018,
por miedo a que “ayudase a elegir a (el candidato del Pt Fernando) Haddad”.
Como reacción a la decisión del Supremo Tribunal Federal que autorizó que
Folha de São Paulo entrevistara a Lula, la fiscal Laura Tessler escribió en
el grupo: “Qué chiste! Indignante! Ahora el tipo va a hacer campaña en la
cárcel. Un verdadero circo”. Otra integrante del grupo, la también
procuradora Isabel Groba, escribió: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Una
hora después, Tessler dejó todo más claro: “Una rueda de prensa antes de la
segunda vuelta puede elegir a Haddad”. Al mismo tiempo, en un diálogo
paralelo, Dallagnol conversaba con una amiga que le escribió: “Ando muy
preocupada con una posible vuelta del Pt, pero he rezado mucho para que Dios
ilumine a nuestra población, para que un milagro nos salve”,a lo que
Dallagnol respondió: “Gracias, Carol, reza sí, lo precisamos como país”.



Según The Intercept, la discusión entre los fiscales, “que se extendió por
varias horas, parece más una reunión entre estrategas y operadores anti-Pt
que una conversación entre fiscales supuestamente imparciales”. En otras de
las partes del chat publicadas, los fiscales discuten formas tanto de evitar
la entrevista como de disminuir sus efectos en caso de que finalmente
ocurriese. Uno de los fiscales sugirió que la Policía Federal agendase el
encuentro entre Lula y Folha de São Paulo para después de la elección, ya
que la decisión no tenía fecha establecida. Finalmente Lula no pudo dar
ninguna entrevista antes de la elección, luego de una decisión judicial en
respuesta a una demanda presentada por el derechista Partido Nuevo.



Juez parcial



Pedro Serrano, doctor en derecho constitucional y profesor de la Pontificia
Universidad de San Pablo, estudia desde 2007 lo que llama “autoritarismo
líquido” e identifica como “la actuación del sistema de Justicia –dentro de
las democracias– como fuente de medidas de excepción y no de derecho”. Para
Serrano, “estos archivos son una prueba muy contundente que demuestra cómo
funciona un proceso penal como medida de excepción, o sea, no como debería
funcionar en un Estado democrático, sino siendo utilizado dentro de él como
fraude: un proceso que tiene una apariencia de proceso penal, pero un
contenido político tirano que busca perseguir a un enemigo”. El especialista
dijo a Brecha que si los archivos fueron obtenidos de forma ilegal, no
sirven para incriminar a nadie, pero sí para beneficiar a los acusados o
investigados por “los mecanismos fraudulentos que estos diálogos trasmiten”.
Para Serrano son fraudulentos “porque el juez, que quería dar una apariencia
de ser imparcial, en realidad actuaba con total parcialidad, orientando a
los fiscales, diciendo cómo accionar, cómo investigar, algo que el juez no
puede hacer, está prohibido por la ley brasileña”. Y agregó: “Un juez
parcial atenta contra los valores mínimos de un proceso penal civilizado”.
Según el análisis de Serrano, lo que The Intercept publicó hasta ahora “ya
es suficiente para tornar nulos los procesos contra Lula en que Moro
participó” y demuestra que “a Lula se le prohibió participar en la elección
por un proceso penal cuyo juez estaba comprometido con su condena”.



Primeros efectos



La Orden de los Abogados de Brasil –que en su momento pidió el impeachment
contra Dilma Rousseff– aprobó por unanimidad este lunes 10 la recomendación
de que los involucrados en la trama revelada por The Intercept pidan el
alejamiento de los cargos públicos que ocupan, para que las investigaciones
“corran sin ninguna sospecha”. La entidad dice estar “perpleja y preocupada”
con la noticia, tanto por el hecho de que autoridades públicas hayan sido
“hackeadas” –lo que sería un “grave riesgo a la seguridad institucional”–
como por el contenido de las conversaciones divulgadas, “que amenaza los
cimientos del Estado de derecho”.



En una nota también publicada el lunes, la defensa de Lula escribió: “La
actuación concertada de los procuradores y del ex juez de la causa, con
objetivos políticos, sujetó a Lula y a su familia a las más diversas
arbitrariedades”. Y dijo también: “Nadie puede tener dudas de que los
procesos contra el ex presidente Lula están corrompidos por lo que hay de
más grave en términos de violaciones a garantías fundamentales y a la
negación de derechos”.



El gobierno y el propio Moro minimizaron la cuestión. El ministro de
Justicia dijo que “no vio nada de más en los mensajes. Lo que hay es una
invasión criminal de celulares de fiscales, y para mí eso es un hecho
bastante grave”. Además, normalizó la relación promiscua que revela el
archivo publicado: “Los jueces conversan con los fiscales, los jueces
conversan con abogados, con policías. Eso es normal”. En la tarde del martes
11, Bolsonaro –que luego de las filtraciones condecoró al ministro Moro con
la Orden del Mérito Naval durante una ceremonia militar– escapó al tema al
comparecer ante la prensa. “Presidente, ¿cómo evalúa las cuestiones que
involucran al ministro Sérgio Moro?”, interrogó una periodista. Casi antes
de que terminara de formular la pregunta, Bolsonaro ya estaba dando por
terminada la entrevista. En entrevista al medio brasileño Uol, Glenn
Greenwald comparó las revelaciones con las del caso Snowden, que le valieron
el Pulitzer y desnudaron los sofisticados sistemas de espionaje de la
Agencia de Seguridad Nacional estadounidense: “El tamaño del archivo que
tenemos es mayor que el que recibimos de Snowden. Hasta el momento, esa era
la mayor filtración de la historia del periodismo”. Se estima, según lo
revelado a la prensa por uno de los editores de The Intercept, que se ha
analizado hasta el momento tan sólo el 1 por ciento de la totalidad del
archivo. Todavía no es posible dimensionar los alcances que puede tener esta
enorme filtración en la política brasileña, pero la sensación es que alguna
otra bomba está a punto de explotar.

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