México/ Desplazados de Guerrero que acampan. Esperando respuesta de AMLO [Arturo Contreras Camero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de marzo 2019

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México



Los desplazados de Guerrero que acampan frente al despacho del presidente



Desde hace un mes, casi 400 personas esperan afuera de Palacio Nacional una
respuesta del gobierno. Son desplazados internos de la sierra de Guerrrero.
Un par de grupos armados los corrieron de sus pueblos. Esperan acciones del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ocurre en la tierra de estas
familias  que no pueden habitarlas libremente?



Arturo Contreras Camero *

Pie de Página, 15-3-2019

https://piedepagina.mx/



“Tomaron los pueblos, saquearon nuestras casas, se están comiendo nuestras
cosechas. Hay un saqueo…”. Antes de terminar la frase, Crescencio Pacheco
baja la mirada y niega con la cabeza. Él vivía en Campo de Aviación, una
ranchería en el municipio de Leonardo Bravo, donde si ahora regresa lo
matan.



Mientras Crescencio cuenta la historia de sus comunidades, unos niños juegan
alrededor con sus trompos. Al lado, una señora amamanta a un niño mientras
su hija mayor se cepilla el cabello, sentada en una cubeta de plástico. Más
allá, en una improvisada cocina comunitaria, varias mujeres preparan el
desayuno para unas 300 personas.



Pareciera la cotidianeidad de la vida de campo, salvo una cuestión. Desde la
madrugada del 18 de febrero, es una rutina enclavada en el ajetreo de la
Ciudad de México. Entre la banqueta del Zócalo y la fachada de Palacio
Nacional, donde han estado viviendo.



“Veníamos con la propuesta y ésa es la postura, de platicar con el
presidente”, explica Cresencio. Piden, entre otras demandas, que el gobierno
repliegue a los grupos armados que tomaron sus viviendas para que ellos
puedan regresar.



Una semana después de llegar a la ciudad, un grupo de personas se colocó en
cada puerta de Palacio Nacional. Interceptaron a Andrés Manuel López Obrador
en su auto. Él bajó el vidrio y pudieron hablarle:



“Señor, ayúdenos, somos desplazados”, dijo uno de ellos.



“Sí, ya tengo conocimiento”, contestó y se detuvo a leer las pancartas y las
lonas de los desplazados. Rápidamente dio instrucciones. “Ahorita los va a
atender ella”.



Ese lunes se reunieron con Leticia Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana
de Presidencia, quien a diario recibe decenas de cartas con peticiones para
el presidente. Después se reunieron con Alejandro Encinas, subsecretario de
Derechos Humanos, y con varios de sus colaboradores, pero no han tenido
ninguna respuesta.



Además del regreso a sus comunidades, piden una opción de vivienda
provisional, una renta mensual, porque al ser gente de campo no tienen qué
cosechar ni de qué vivir, y una ayuda económica para reponer los muebles y
electrodomésticos que les robó la gente que tomó sus pueblos.



Del campo a la ciudad



En el campamento también hay unos 70 habitantes de la comunidad de Zitlala,
en el municipio de Tlaltempanapa. Una población náhuatl que enfrentó la
misma suerte que la de Leonardo Bravo:



Un grupo armado llegó a su pueblo y secuestró a tres hombres por no querer
trabajar con el crimen organizado. Como resultado, varios hombres huyeron el
4 de noviembre con lo que tenían puesto.



Al día siguiente, el mismo grupo armado amenazó con matar al pueblo entero
si no regresaban esos hombres. Sin pensarlo, las mujeres del pueblo también
huyeron, sin nada más que sus hijos.



Tanto hombres como mujeres coincidieron en buscar refugio en Copalillo, una
comunidad cercana, donde se encontraron. Desesperados, después de cuatro
meses sin solución, decidieron llegar a la Ciudad de México.



Fue entonces cuando Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos
José María Morelos y Pavón, tomó el caso de ambas comunidades.



“Se calcula una diáspora de mil 600 personas, de las que llegan 320 a la
Ciudad de México. Los demás huyen como pueden por sus redes familiares”,
asegura Alba Patricia Hernández Soc, una posdoctorante especializada en el
desplazamiento forzado interno en Guerrero, que ha dado seguimiento a ambos
casos.



Un recibimiento con balazos



Antes de decidir acampar en pleno Zócalo, el gobierno de Guerrero les
aseguró a las comunidades que podían regresar a sus tierras. Y organizaron
una caravana de retorno, liderada por militares y policías. Atrás iba un
grupo de 15 reporteros y las mil 600 personas desplazadas.



Aún no llegaban al primer pueblo, cuando escucharon detonaciones de armas de
grueso calibre. Los grupos armados les daban la bienvenida.



“No se puede confiar en un gobierno que solo simula”, dice la doctora
Hernández. “El gobierno de Guerrero les está diciendo que pueden retornan
cuando ellos quieran, bajo las condiciones que ellos quieran, que ahí
Guerrero los está esperando. Esto es absurdo después de tres meses que no
hizo nada, y que los puso en riesgo al regresarlos en una zona no
pacificada”.



La doctora, que es parte del Seminario permanente sobre desplazamiento
forzado interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explica
que desde 2014 en Guerrero existe la Ley 487, que aboga por los derechos de
las personas desplazadas, sin embargo, no opera porque no existe un
reglamento que la regule.



Todos saben quién es el responsable



“Sabemos quién fue el causante y el promotor de esta situación”, asegura
Cresencio.



La violencia, explica, se disparó a raíz de la muerte de Jesús Nava Romero
“El Rojo”, muerto en el mismo operativo que Arturo Beltrán Leyva, en
Cuernavaca en 2009, lo que desató una fuerte pelea por el control
territorial.



A partir de esa pelea, el grupo armado que controla Onésimo Marquín Achapa,
“El Necho”, ganó un gran poder. Tanto que se estima que su grupo está
conformado por unas 3 mil personas. Son originarios de Tlacotepec, municipio
de Heliodoro Castillo, y controlan Iguala, Cocula, Apaztla, Teloloapan, San
Miguel, Quetzala del Progreso, y recientemente, Leonardo Bravo.



La emergencia obligó a que en octubre de 2013 el gobierno estatal aprobara
la creación la Unión de comisarios por la paz, seguridad y desarrollo de la
sierra A.C. Una policía rural conformada por los mismos habitantes.



“No queríamos policías del estado, sino del pueblo, pero queríamos que se
les diera un sustento, un desarrollo. De ahí, sacamos un cuerpo de 200
hombres, que fueron las plazas que aprobó el estado”, cuenta Crescencio,
quien formó parte de esa policía.



Para entender el problema se necesita tener en mente dos cuestiones: la
primera, que el municipio de Leonardo Bravo es una de las regiones de mayor
producción de amapola en el país, y la segunda, que ese mismo terreno
descansa sobre una veta minera rica en oro, plata y zinc.



“Lo que nosotros tratábamos de explicar a los que se llevan este producto
era que entrara quien entrara a comprar, nosotros no queríamos ningún
problema”, asevera.



No fue el opio, fue el oro



Naturalmente la gente relacionó los primeros enfrentamientos armados en la
región con el trasiego de drogas, pero poco a poco se dieron cuenta que
estaban muy equivocados. La causa de la discordia yacía bajo sus pies.



Para que se dieran cuenta tuvo que caer el precio de opio, a causa de un
aumento en el consumo de fentanilo, un opioide sintético que ha ido
desbancando al opio natural en el mercado.



Así, desde 2017, el precio del opio pasó de 20 mil pesos por kilo de goma
base a 3 o 4 mil pesos.



“Esa madre ya no se siembra, ¡ya para qué! Inviertes 10 mil (pesos) y de
ganancia vas a tener 5 mil. No te conviene. ¿Te vas a chingar 90 días
trabajando en la amapola para que el día te salga en 20 pesos? No conviene”,
dice Cresencio.



En cambio, si se miran en un mapa los poblados que ha ido tomando el grupo
armado, se cae en cuenta que lo que persiguen es el control de una gran veta
minera. Incluso en el municipio vecino, Eduardo Neri, hay minas que explotan
oro, plata y zinc.



“Las mineras se aliaron a los grupos armados, para poder ir teniendo más
dominio y más terreno, más hectáreas para esta explotación de minas. Si
ahorita estuviera el precio de la amapola, o de la marihuana como en su
apogeo, no hubiera desplazamiento, al contrario, hubiera más producción”,
explica Cresencio.



La teoría del campesino es respaldada por la doctora Hernández Soc.



“La parte que conocemos como Filo de Caballos es conocida como La franja de
oro, o El cinturón de oro, que abarca todos estos nuevos yacimientos
encontrados.



“Podemos hablar de dos cosas hipotéticamente: que la mina puede estar
pagando al crimen organizado para que se haga dueña de todos estos
territorios, o bien, estos grupos están cobrándole a la mina, como una
especie de seguridad interna, para despoblar y repoblar con nuevas
personas”.



De acuerdo con un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos, en el México, de 2011 a 2017, más de 8 millones 700 mil
personas tuvieron que cambiar de domicilio por la violencia que los rodea.
Sin embargo, es una estimación obtenida con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de la Violencia, que no toma en cuenta a gente
que cambió su residencia por megadesarrollos u otros motivos que no sean
violencia. Tampoco especifica de qué lugares se tuvo que desplazar la gente
ni a dónde llegó.



Para los pobladores de Leonardo Bravo poco importó si las estadísticas son
certeras o no. Poco a poco, vieron cómo se les deslavaba encima, desde los
cerros, una ola de violencia que terminó por sacarlos de sus casas.



“Desde esta organización, estamos en constantes reuniones. Monitoreábamos el
problema. Sabemos cómo viene operando este grupo delictivo”, cuenta
Cresencio.



“Desde que llegaron a Verde Rico, en Tlacotepec, dijimos ‘aguas, el problema
viene fuerte para acá. Hay que estar alertas’”.



Lo sabían, además, porque este grupo avisa antes de llegar a las comunidades
que van a tomar. Mandan amenazas a través de redes sociales, avisando a qué
pueblo se dirigen y así, antes de que lleguen, gran parte de la gente ya se
fue.



“Cuando supimos que entraron al pueblo de Corralitos, Puentecías, Ranchito y
Filo de Caballos, es cuando nos pudimos escapar. Porque sabíamos que esos
estaban a 10 minutos de donde nosotros vivimos”.



La espera por la Guardia Nacional



Actualmente, muchas viviendas de las rancherías del municipio de Leonardo
Bravo están ocupadas como casas de seguridad. El despojo pasa casi en frente
de los militares. El cuartel de Chilapa, que alberga a la 35 Zona Militar
está a tan solo una hora y media en automóvil. Y en las inmediaciones entre
los pueblos de la sierra hay puestos de verificación.



“Hemos platicado con soldados razos. Aunque ellos recorran con armas largas
y sus camionetas, no pueden hacer absolutamente nada ¡Porque no tienen
órdenes de sus superiores!”, dice desesperado Cresencio: “Si nos dieran
órdenes los jefes, los altos mandos –¡pat! ¡pat!, truenan los dedos– en
cinco horas limpiamos el pueblo, va a ser la pinche agarradera de gente”.



Aun así, Cresencio, y muchas de las personas que están acampando afuera de
Palacio Nacional tienen la esperanza puesta en que entre en marcha la
Guardia Nacional, que ya se aprobó por todos los Congresos de los estados y
a la que sólo le falta la firma del presidente para que empiece a funcionar.
Pese a que la operación de la corporación podría tardar meses o incluso
años.



Mientras, la gente espera. “A ver qué sale”, dice Cresencio sin mucha
esperanza.

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