Venezuela/ Hambre de Justicia. Crímenes de lesa humanidad del gobierno Maduro [Amnistía Internacional]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de mayo 2019

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Venezuela

 

Hambre de Justicia

 

Crímenes de lesa humanidad requieren una respuesta contundente de la
justicia internacional 

 

Amnistía Internacional, 14 mayo 2019

Informe completo en pdf:

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5302222019SPANISH.PDF

 

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y
muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el
gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al
menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía
Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa
humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de
enero de 2019.

 

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política
sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son
percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el
gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia
internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de
Amnistía Internacional.

 

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su
respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos
crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas
de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela.”

 

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos
cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el
país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a
nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino
que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las
fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como
opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la
finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

 

Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron
de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias
para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional
considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido
parte de la política de represión.

 

Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la
gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y
geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de
distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de
patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que
en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo
que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e
imparcial.

 

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de
investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante
su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo,
recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos
países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la
consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la
Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela
desde inicios de 2018.

 

El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas
violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan
afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de
3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se
encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas
en necesidad de protección internacional.

 

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a
medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una
imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que
las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara
Rosas.

 

“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la
reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos
humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a
inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de
ello.”

 

Información adicional

 

Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero
de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de
derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas,
principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar
manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el
país.

 

La investigación demuestra también el preocupante giro de la política de
represión del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes se han manifestado
en su contra, la mayoría pertenecientes a comunidades de escasos recursos
económicos.

 

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47
personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por
lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del
Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia
de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron
ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó
en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

 

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma
arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones
arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que
aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la
que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.  

 

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado los patrones y la política
de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el uso excesivo de
la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles,
inhumanos y la tortura en su contra, con el fin de neutralizar la protesta
social. La organización ha identificado y denunciado los patrones de
detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en todos los
años del gobierno de Maduro, a través del análisis de 22 casos emblemáticos,
y ha identificado al menos seis presos de conciencia.

 

Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones
extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017,
entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta
de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en
situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización
identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero
de 2019 en contra de una población civil. 

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