Perú/ En el corredor minero. Quínua de cien flores [Raúl Zibechi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de mayo 2019

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Perú 

 

En el corredor minero peruano

 

Quinua de cien colores 

 

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad
económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la
conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen
ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a
la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización
criminal”.

 

Raúl Zibechi, desde Cusco y Apurimac

Brecha, 17-5-2019 

https://brecha.com.uy/

 

La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención,
seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero,
y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles
cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas
tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos
que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas
por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las
tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.

 

La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite
contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las
cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema.
La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes,
implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera.
Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle
cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por
algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.

 

Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte
en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas
verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras
cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la
sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las
ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van
mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la
calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas,
mangos, granadillas, aguacates y papayas.

 

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que
bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un
tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con
cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores,
desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol
en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres
amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido
en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres
hierven al sol en colores”.

 

Abuso minero 

 

El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y
Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil
metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se
exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera
atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está
militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos
millonarios para la empresa.

 

Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que
cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de
manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que
recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en
Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del
mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus
hijos.

 

Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68
días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las
mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La
mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero
los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano
de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china
Minerals and Metals Group (Mmg).

 

Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que
ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del
mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde
sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal
motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y
pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35
unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.

 

Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo,
que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de
tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera
de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros.
Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la
carretera se convirtió en un verdadero peligro.

 

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en
prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del
directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400
camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El
economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del
proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En
2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía
financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien
por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al
año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las
denuncias.

 

Comuneros sin comunidades 

 

La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la
explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba
debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza
que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de
dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento
fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con
elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original,
a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones
educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio
original.

 

Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la
nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas;
deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen
prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio,
porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de
“antiminero”.

 

En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de
los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito
donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina,
creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami
demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos
Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones,
violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la
presencia minera”.

 

La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la
mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y
comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia
cuenta con amplia legitimidad social.

 

El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50
mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus
derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de
domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la
aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.

 

El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que
incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las
Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En
ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas
mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en
camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras,
lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos
permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan
el Estado y las empresas.

 

En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por
un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en
protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de
prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes
pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres
años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de
“organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la
represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas
de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las
comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los
emprendimientos.

 

La utopía de seguir siendo 

 

Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac
Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras
de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de
Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y
una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en
la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al
mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.

 

El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por
los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de
18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego
de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a
presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua
por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron
garrote y la remataron a patadas.

 

Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los
relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y
residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho
colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal
Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a
la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la
sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones
laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario
durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.

 

Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las
propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero
también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de
Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la
mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con
acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de
negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con
cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus
intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente
disputados.

 

En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como
un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por
sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos
comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque
para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la
comunidad.

 

La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del
poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la
colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después
de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de
Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la
“quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía
altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha
convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.

 

“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los
cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta.
Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores,
prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la
destrucción del mundo que amaba.

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