Colombia/ Letalidad. El ejército ordena a sus tropas duplicar la cantidad de muertes [Nicholas Casey - José Miguel Vivanco]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de mayo 2019

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Colombia

 

Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los
civiles, según oficiales

 

El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes
esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas
que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u
obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas
civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con
altos oficiales.

 

Nicholas Casey, Bogotá (1)

The New York Times, 18-5-2019 

https://www.nytimes.com/es/

 

A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se
les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los
ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de
días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son
amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente,
dijeron los oficiales.

 

Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no
“exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si
tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando.
Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para
proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado
muertes sospechosas o innecesarias.

 

Los militares implementaron una estrategia similar para derrotar a los
grupos rebeldes y paramilitares de Colombia a mediados de la década de los
2000, antes de que se firmara un acuerdo de paz histórico que finalizó con
décadas de conflicto.

 

Pero esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los
soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos
generalizados y desapariciones de civiles.

 

Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo
gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del
país, según las órdenes revisadas por The New York Times y tres oficiales de
alto rango que hablaron sobre esas medidas.

 

Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El ejército
de Colombia sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales
ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos
positivos”.

 

Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces
incluso vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos.
Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de
cuerpos, de acuerdo con los fiscales.

 

En largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos
vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a
surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos.

 

En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los
comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso
significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información
sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar.

 

Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus
muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un
patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales
ocurridos a mediados de la década de los 2000.

 

“Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los
oficiales, quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por
temor a las represalias de sus superiores.

 

El mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del ejército de
Colombia, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los
oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la
rendición de los grupos criminales y rebeldes.

 

Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales
comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa
decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las
organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales.

 

“La amenaza criminal se incrementó”, dijo. “Si seguimos al ritmo que
veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos”.

 

Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus
instrucciones.

 

“La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me
dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere  superar el 10. Otros
dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero
nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que
la han cumplido, otros que no la han cumplido”.

 

También reconoció que las órdenes instruyen a los comandantes para que
realicen operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos.

 

Sin embargo, el general Martínez argumentó que las instrucciones solo se
referían a la planificación de las misiones, no a su ejecución.

 

“El respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante”, dijo.
“Todo lo que hagamos tiene que estar en el marco de la ley”.

 

Pero la orden misma dice: “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por
ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja suficiente margen de error
como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables,
dijeron dos oficiales.

 

Las nuevas órdenes indican un aumento en las campañas militares contra la
guerrilla y los grupos paramilitares en Colombia, un país que hace apenas
dos años logró firmar un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero de la
nación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

 

La paz ha sido difícil de alcanzar. Muchos excombatientes han regresado a la
lucha armada, mientras que otros grupos criminales y paramilitares han
ampliado su control sobre diversas regiones del país.

 

El Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde que no ha firmado
ningún un acuerdo de paz, ejecutó un atentado con un coche bomba en Bogotá
en enero.

 

Colombia también está bajo la presión del gobierno de Donald Trump para
mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que ha
tenido pocos progresos a pesar de los 10.000 millones de dólares de ayuda
estadounidense que recibe el gobierno colombiano.

 

Para responder a las exigencias de Washington, el presidente Iván Duque, un
líder conservador que hizo campaña contra el acuerdo de paz porque creía que
era demasiado blando con los rebeldes, remplazó a los principales
comandantes del ejército en diciembre pasado.

 

El gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a
mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los
cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia, según
documentos publicados por Human Rights Watch, una organización de derechos
humanos. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos
es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada
Blindada.

 

Martínez dice que no participó en ninguno de los homicidios y que no está
siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

 

Las homicidios ilegales conocidos como “falsos positivos” son un capítulo
particularmente polémico en la historia reciente de Colombia. De 2002 a
2008, un estimado de cinco mil civiles o guerrilleros fueron asesinados
fuera de combate, según las Naciones Unidas. Las autoridades sostienen que
al menos 1600 soldados han sido condenados por delitos relacionados con las
muertes ilegales.

 

Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos
durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos
subsiguientes.

 

También dijeron que hubo un cambio importante cuando el general Martínez
convocó a una reunión de sus principales oficiales en enero, un mes después
de asumir el mando.

 

La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del
país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá.
Muchos estaban ansiosos por saber si habría cambios con el nuevo liderazgo.

 

Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde
encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El
documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte
superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte
inferior.

 

El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la
“suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en
desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año
anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.

 

Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la
instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales.

 

Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito.

 

“La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del
mando”, dicen las órdenes, que tienen su firma.

 

Tres días después de la reunión cerca de Bogotá, un grupo de oficiales de
inteligencia militar y comandantes regionales se reunieron en la ciudad de
Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dijeron los oficiales.

 

Según los militares, en la reunión les dijeron que tenían “que hacer lo que
sea”, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información
sobre bandas armadas rivales “para generar resultados”.

 

La sugerencia de trabajar con un grupo armado para derrotar a otro creó un
silencio entre los asistentes de la reunión, dijo uno de los oficiales.

 

El 19 de febrero surgió un nuevo documento titulado Cincuenta Órdenes de
Comando. Una instrucción exigía “operaciones oportunas y masivas” contra el
enemigo.

 

Pero las instrucciones sobre el umbral requerido para ordenar ataques
letales fueron el mayor cambio respecto de la política anterior, dijeron los
oficiales.

 

En el pasado, argumentaron, las operaciones militares debían llevarse a cabo
con al menos el 85 por ciento de la certeza del objetivo, después de una
serie de reuniones entre los comandantes y los agentes de inteligencia para
aprobar la estrategia. La nueva orden exigía un estándar más bajo.

 

Los oficiales afirman que, poco después, comenzaron a identificar asesinatos
sospechosos o arrestos.

 

Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del ejército
simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan
del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del
grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate
terminó en una muerte y dos arrestos. Una pistola y un revólver fueron
encontrados con los hombres.

 

El informe fue proporcionado al Times por un oficial que cree que es poco
probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón
de 41 hombres.

 

Quizás el asesinato más controversial desde que el general Martínez tomó el
mando sucedió alrededor del 22 de abril, cuando el cuerpo de Dimar Torres,
un excombatiente que había dejado las armas bajo el acuerdo de paz, fue
encontrado en las afueras de un pueblo cerca de la frontera con Venezuela.

 

Un video tomado con un teléfono celular por los vecinos muestra el cuerpo de
Torres con un disparo en la cabeza. Se puede escuchar a los campesinos
gritando contra el ejército, acusando a los militares de actuar en nombre de
grupos paramilitares.

 

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, al principio dijo que
Torres había muerto durante un forcejeo con un cabo del ejército, al que
supuestamente intentaba desarmar. Pero, días después, el general a cargo de
la región ofreció una disculpa pública.

 

Si bien el caso de Torres se ha convertido en una controversia nacional, los
oficiales dijeron que es probable que otros asesinatos pasen inadvertidos.

 

Los militares hicieron una copia de una presentación de febrero que llevaba
el título Días sin combate. En ella se enumeraban las brigadas y fuerzas
operativas y se contaba el tiempo que habían pasado sin tener
enfrentamientos. Según los oficiales, las instrucciones eran claras:
aumentar las muertes, capturas y rendiciones. 

 

Nota 

 

1) El periodista Nicholas Casey, debió salir de Colombia ayer tras recibir
amenazadas y acusaciones falsas. "He tomado la medida de mantenerme fuera
del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por
(la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios
políticos en las últimas 24 horas", señaló Casey en un mensaje enviado a los
medios. (Redacción de Correspondencia de Prensa)

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Entrevista a José Miguel Vivanco

 

"No me sorprendería que volvieran los falsos positivos"

 

Revista Semana, 18-5-2019

https://www.semana.com/

 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights
Watch, habló con Semana.com sobre las denuncias de esa organización que
fueron indicio para la investigación del New York Times de este sábado. El
prestigioso periódico alerta sobre la política de incentivos que podría
estar aplicando el Ejército y que hace años dio lugar a los falsos
positivos.

 

-SEMANA: El Artículo de ‘The New York Times‘ cita a Human Rights Watch como
la principal fuente sobre la impunidad de los actuales generales de la
cúpula del gobierno. ¿que gravedad tiene lo que denunció este sábado el
diario estadounidense?

 

J.M.V: El artículo  denuncia que habría un esfuerzo por parte del comandante
del Ejército y el Ministerio de Defensa por reinstalar las políticas de
incentivos que llevaron a los falsos positivos durante el gobierno de Uribe.
Ello sugiere que las actuales autoridades militares no han aprendido nada de
uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia—el de los falsos
positivos— y podría poner en serio riesgo a la población civil.Es más, a mí
no me sorprendería que volvieran los falsos positivos. De hecho, el Ejército
nunca ha purgado plenamente a los oficiales creíblemente implicados en estos
crímenes. En tal sentido preocupa que muchos de ellos han sido ascendidos y
hoy ocupan altos cargos en el Ejército.

 

-SEMANA: Human Rights Watch le hizo saber al presidente Iván Duque su
preocupación sobre el nombramiento de nueve oficiales relacionados con
falsos positivos. ¿En qué consistió esa advertencia?

 

J.M.V: Efectivamente, en el mes de febrero publicamos un informe con pruebas
que podrían vincular de forma creíble a nueve mandos del actual Ejército en
la práctica de los falsos positivos. Hace pocos días se hizo pública una
carta de tres influyentes senadores de EEUU que respaldan nuestra
investigación y le piden al presidente Duque que reforme la cúpula militar,
advirtiéndole que podría afectar los programas de asistencia de EEUU a
Colombia.Los generales que denunciamos incluyen, entre otros, al comandante
del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel y a dos de los jefes del
estado mayor: el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth y el general Raúl
Antonio Rodríguez Arévalo.

 

-SEMANA: El artículo de ‘The New York Times‘ hace especial referencia al
señor Nicacio Martínez, comandante del Ejército. ¿Cuáles son los
antecedentes, según Human Rights Watch, que complican al señor Martínez en
este asunto?

 

J.M.V: Como denunciamos en nuestro informe, el comandante del ejército,
Martínez Espinel, fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada
(que operó en Cesar y La Guajira) entre octubre de 2004 y enero de 2006. La
Fiscalía abrió investigación sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados
de la Décima Brigada Blindada en 2005.

 

Hay un caso muy preocupante: en febrero de 2005 las tropas de la Décima
Brigada Blindada, en particular del batallón La Popa asesinaron a una niña
indígena de 13 años. Las tropas reportaron que se trataba de guerrilleros de
las FARC. El propio Martínez Espinel firmó un documento aprobando un pago de
1,000,00 de pesos colombianos por los “excelentes resultados” de esa
operación. Pero los tribunales han concluido que se trataba de una menor
inocente, que fue ejecutada a sangre fría para inflar los resultados
operacionales.

 

-SEMANA: ¿Qué similitudes tiene la denuncia del ‘New York Times‘ con el caso
del general Montoya, investigado por falsos positivos?

 

J.M.V: Durante el gobierno de Uribe, y en especial cuando el general Montoya
fue comandante del Ejercito, se estableció un sistema perverso de
incentivos. El factor más importante para evaluar el rendimiento de los
comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas.
Los comandantes que no cumplían con las metas establecidas por los altos
mandos podían perder sus cargos. Quienes cumplían con las metas, en cambio,
recibían distintos premios, incluyendo beneficios económicos, vacaciones,
comisiones en el exterior y felicitaciones.

 

El sistema de incentivos que denuncia la publicación tiene elementos muy
similares, puesto que al parecer se incluyen cuotas en el número de bajas y
habría vacaciones adicionales para los oficiales que logren estos
resultados.

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