Uruguay/ Nada crece a la sombra. Censo sobre las condiciones de salud de las mujeres presas [Amanda Muñóz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de noviembre 2019

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Uruguay

 

Nada Crece a la Sombra trabaja en un censo para relevar la salud de todas
las mujeres presas del país

 

La falta de acceso a estudios básicos, como el PAP, a una dieta adecuada y a
atención en salud mental asoman como las principales carencias.

 

Amanda Muñoz 

La Diaria, Fin de Semana, 23-11-2019

https://ladiaria.com.uy/

 

En un salón del piso 4 de la cárcel de mujeres de Montevideo, la Unidad
Penitenciaria Nº 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), un grupo
de mujeres están sentadas, tienen en sus manos lapiceras y un formulario de
consentimiento informado. Al frente está el sociólogo Marcos Baudean,
integrante del colectivo Nada Crece a la Sombra, que les lee lo que ellas
firmarán: el aval, o no, para participar en un estudio descriptivo sobre el
estado de situación de las mujeres privadas de libertad en Uruguay. Les
explica que les tomarán medidas físicas, tests rápidos y que les harán una
encuesta que puede tener preguntas difíciles; les pide que sean honestas.
Algunas aceptan participar en las medidas pero evaden el formulario; otras
firman el aval para todo de antemano, conformes con una propuesta que
entienden que las beneficiará, a ellas y a cualquier mujer que llegue a
estar en reclusión.

 

Una a una, las mujeres van pasando por los siete puestos. En el primero tres
enfermeros toman la presión arterial, y en el siguiente otros enfermeros les
hacen un test de glicemia y otro de VIH. Estudiantes de la Facultad de
Medicina que participaron en el curso Abordaje a Poblaciones Vulneradas,
impartido por Nada Crece a la Sombra y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
en setiembre y octubre, son los encargados de los puestos cuatro, cinco y
seis, destinados a medir el peso, la talla, y el perímetro abdominal. “¿Te
acordás cuánto pesabas la última vez que te pesaste?”, preguntaban las
estudiantes; las mujeres respondían, a veces festejaban al conocer el nuevo
número, otras se preocupaban. El último puesto era el del control
odontológico. “¿Todo bien? ¿Te duele algo en la boca?”, preguntó el dentista
a una mujer. “Las muelas”, respondió ella y él le fue dictando a su colega,
que completaba la ficha diagnóstica, las piezas cariadas y ausentes –muchas,
por lo general– las que tenían reparaciones y las que estaban bien. Mientras
aguardaba, una de las mujeres respondió que la atención odontológica en la
Unidad Nº 5 es mala: “No te hacen tratamiento de conducto, no te arreglan
las caries, y si tenés una mínima caries ya te sacan las muelas, te van
dejando sin dientes. En las caries, como podrás ver, te ponen pasta y no te
las arreglan”, mostró.

 

El formulario –validado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)–
relevaba datos personales, el nivel educativo, oficio o profesión; el tiempo
de reclusión (incluso de adolescente); si recibía visitas; el consumo de
tabaco, alimentación, sedentarismo, antecedentes personales de hipertensión
arterial, diabetes, colesterol, sobrepeso y obesidad, antecedentes
familiares, salud sexual y reproductiva, enfermedades adquiridas, lesiones
graves sufridas en el último año, y consumo de alcohol y otras sustancias.
Se las consultó también por intentos de autoeliminación y sobre el acceso a
la atención de salud en la cárcel. El tiempo estimado de aplicación del
formulario era de unos 20 minutos, pero en algunos casos lo excedía.
Desirée, estudiante de 6º año de Medicina, explicó: “algunas tardan más
porque te empiezan a contar, y está bueno escucharlas”.

 

Todo esto transcurrió el jueves, cuando el estudio alcanzó a unas 170 de las
360 mujeres de la Unidad Nº 5. La tarea continuará el lunes: abarcará a
mujeres de otros módulos de la Unidad Nº 5 y también a las que están en la
Unidad Nº 9, que es la de las madres que viven con sus hijos. Luego irán al
interior. Hay cerca de 500 mujeres presas en todo el país.

 

Foto y acción

 

Este diagnóstico es impulsado por Nada Crece a la Sombra, un proyecto que
lleva propuestas socioeducativas a las cárceles para generar cambios de
comportamiento y facilitar la reinserción social. La situación sanitaria en
las cárceles es un gran problema en Uruguay, y por eso esta organización
resolvió estudiar las condiciones de salud de las mujeres privadas de
libertad, con el apoyo de varios socios: la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, el INR, el
Comisionado Parlamentario, el SMU y Naciones Unidas.

 

¿Qué es un diagnóstico participativo en salud? “Es una estrategia que pone
en el centro a las personas involucradas; ellas participan en todo el
proceso”, respondió Daniel Márquez, médico y coordinador de Nada Crece a la
Sombra. Baudean agregó que el diagnóstico implica hablar con todas las
partes involucradas, con las autoridades, con el proveedor de salud y con
las mujeres privadas de libertad a través de técnicas más flexibles, como la
entrevista, la entrevista grupal y la observación de las situaciones que
puedan afectar la salud. “Nos da una perspectiva más profunda que esperamos
que pueda ayudar a ASSE y al INR a encauzar la situación del cuidado de la
salud de las internas”, agregó.

 

“El diagnóstico te da una foto de cómo es la situación de salud del 100% de
las mujeres privadas de libertad en Uruguay, y a partir de ahí podés
planificar acciones de gestión que hagan redirigir los recursos y gestionar
en base a las necesidades de las personas”, añadió Márquez. La información
terminará de analizarse y se publicará en marzo de 2020. Carlos Taroco,
director de la Unidad Nº 5, se mostró expectante ante las recomendaciones
que surjan del estudio.

 

Márquez comentó que hasta ahora se tenían hipótesis de cuáles eran los
principales problemas de salud, pero que es necesario que sean confirmadas
mediante un estudio científico como este. La idea es ver cómo inciden las
condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad y el frío, pero también la
alimentación y el encierro, y agregó que muchas veces se termina
medicalizando la reacción natural del ser humano ante el encierro.

 

Los problemas exceden el plano individual: son de salud pública, dijo
Márquez. “Las personas que están acá, si tienen una alta carga de
enfermedad, cuando salen son mucho más caras para el Estado, porque salen
con casi ninguna pieza dental, con un riesgo cardiovascular muy elevado y
con una carga de enfermedad muy elevada, que luego requiere muchos más
costos. Repercute además en un problema de seguridad, porque salen con una
alta carga de enfermedad de salud mental y de enfermedades
infectocontagiosas. Son pocas mujeres, están en un lugar donde no hay mucho
movimiento, y podríamos hacer una gestión de salud óptima, efectiva y bien
eficaz. Ellas podrían salir saludables, y eso genera menos riesgo para el
afuera”, remarcó.

 

Carencias y perspectiva

 

Hace cerca de dos años que la cárcel de mujeres no tiene ginecólogo. Por eso
Tatiana, una estudiante de Trabajo Social que participó en el curso de
Abordaje a Poblaciones Vulneradas, dijo que no está garantizado el derecho
de la atención a la salud. Para hacerse los controles, las mujeres deben ser
trasladadas a centros de salud con ginecólogos, y eso no es sencillo. Ni
siquiera lo es ir a la enfermería o a la emergencia que funcionan dentro de
la cárcel, porque para eso la mujer tiene que ser llevada por un operador
penitenciario, y no siempre están disponibles. Una de las enfermeras que
aplicaba el test de VIH explicó que los diagnósticos están, pero que muchas
mujeres insulinodependientes no asisten a los tres controles diarios de
glicemia porque no tienen quién las conduzca, o porque no lo consideran
importante.

 

Márquez opinó que la accesibilidad es el principal problema. “Acá las
personas no tienen automovimiento para cumplir necesidades básicas, mucho
menos para poder tener una consulta cuando la requieren”. Entiende que el
problema está en “pensar este sistema de atención a la privación de libertad
como si fuera igual a un sistema de afuera, porque no estamos teniendo en
cuenta que las personas están todo el tiempo limitadas”.

 

Las mujeres también cuestionaron la alimentación. Una de ellas relató que le
habían indicado una dieta que consistía en comer medio pollo por semana,
cocido en caldo con verduras, pero que se la suspendieron porque
restringieron esos menúes para quienes tienen VIH. Lo que predomina es el
guiso, y las verduras, fuera de los tubérculos, prácticamente no existen.
Márquez lamentó la fragmentación en distintas instituciones: el equipo de
salud recomienda una dieta, pero el servicio de alimentación está a cargo
del INR. Una de las mujeres también reclamó que se ofrezcan tratamientos
adecuados a las personas con adicciones. “Yo no veo que haya una ayuda más
que pastillas, pastillas, pastillas, y no es así”, dijo.

 

“Los médicos necesitamos estar más formados todavía en una atención integral
a la salud y no simplemente en la medicalización”, sostuvo Márquez, y por
eso este diagnóstico integró a 30 estudiantes del curso de Abordaje a
Poblaciones Vulneradas. Desirée expresó: “Todos tenemos el compromiso de
trabajar para lograr disminuir las brechas, para lograr que el derecho a la
salud llegue a todos como tiene que ser”. Dijo que le gustaría que la
Facultad de Medicina hiciera un proyecto de este tipo. “No hay nada como
aprender de verdad y saber de las distintas personas, por qué llegaron a
donde están”, agregó.

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