Perú/ Se impone Vizcarra. Del caos destituyente al ciclo constituyente [Dossier]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Vie Oct 4 17:33:18 UYT 2019


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Correspondencia de Prensa

5 de octubre 2019

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Perú

 

Se impone Vizcarra

 

Habrá elecciones parlamentarias en enero próximo

 

Mariana Álvarez Orellana *

Rebelión, 3-10-2019

http://rebelion.org/

 

El presidente peruano Martín Vizcarra, se afianzó en el poder tras disolver
el Congreso, apoyado por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, pese al
rechazo del propio Legislativo, dominado por fujimoritas y apristas, que en
respuesta quiso imponer a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante
"interina". 

 

Pero ante la falta de apoyo institucional, urgida por la OEA y con la calle
exigiendo “que se vayan todos”, La “autoproclamada” Aráoz, representante de
la oligarquía y el empresariado renunció por tuit al nombramiento y pidió
adelantar las elecciones generales, considerando que “no hay las condiciones
mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso". 

 

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones
coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a
Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es
rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según todos los sondeos
de opinión. Recientes manifestaciones populares exigieron “que se vayan
todos” los políticos. 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA), de cara a la desestabilización
que se podría generar en el país, esta vez no reconoció a la autrproclamada,
e instó el martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la
decisión de Vizcarra se ajusta a la Constitución, en vez de intervenir en la
controversia. 

 

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la
calma, así como a "actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático",
a la espera de qué sector se imponía. 

 

El choque entre poderes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso,
controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular,
Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a
elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la
Constitución. 

 

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un "autogolpe de
Estado" y la noche del lunes el Congreso disuelto declaró la vacancia
temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la
vicemandataria Araoz, quien recibió inmediatamente el apoyo de las centrales
empresarias. 

 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su
"enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático
perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave
incertidumbre". 

 

Fuerza Popular, mayoritario en el Congreso, es el partido de Keiko Fujimori,
hija del encarcelado exdictador genocida Alberto Fujimori. Keiko actualmente
está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero. 

 

La crisis política en Perú se intensificó hace tres años, cuando el banquero
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko
Fujimori en las elecciones presidenciales, pero el fujimorismo ganó una
abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a
Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018. 

 

La corrupción institucionalizada 

 

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del
Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en
el caso de corrupción de la constructora trasnacional brasileña Odebrecht. 

 

Precisamente, el ex jefe de esta trasnacional en Perú, Jorge Barata, comenzó
este miércoles a revelar en Curitiba el nombre de 71 “codinomes”, entre
ellos los de varios parlamentarios. E ntre marzo del 2010 y el mis mes de
2011 se registraron nueve entregas de dinero por 455.776 dólares para la
llamada Campaña Legislativa, y se espera que Barata identifique para qué o
quiénes fueron. 

 

El presidente había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al advertir
que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar
el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con
lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición. 

 

La respuesta legislativa fue suspender al presidente por “incapacidad
temporal” como primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz. 

 

El presidente denunció que el proceso de elección de jueces era poco
transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado
para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto
de confianza. La del lunes fue la tercera. 

 

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a
Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores
regionales, así como de la Asociación de Alcaldes. 

 

El mandatario ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción
en un país donde los cuatro presidentes anteriores fueron acusados de
recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht: Pedro Pablo
Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, y Alan García, quien se suicidó
el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser
arrestado en su domicilio. 

 

En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que "el
cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un
problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años". Dijo
que la iniciativa busca dar paso a una "nueva elección parlamentaria, y que
sea finalmente el pueblo el que decida. 

 

En abril de 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue
calificado de "autogolpe" y asumió plenos poderes dictatoriales con apoyo de
los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este
paso… y obtuvo el respaldo castrense.

 

Hasta las elecciones pautadas ahora para fines de enero funcionará la
Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya
perdieron sus privilegios. 

 

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores
culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra. Los integrantes del
disuelto Congreso perderán su inmunidad parlamentaria en 30 días según la
Constitución. 

 

* Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana,
analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,
www.estrategia.la) <http://www.estrategia.la/> 

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La crisis peruana

 

Del caos destituyente al ciclo constituyente

 

Hugo Cabieses/Oscar Ugarteche *

Brecha, 4-10-2019

https://brecha.com.uy/

 

Al menos desde diciembre de 2016, el Perú oficial está en una crisis de
Estado. La sociedad marcha desde entonces de un proceso destituyente a uno
constituyente. Toda la institucionalidad oficial está en crisis. Lo que ha
sucedido entre el domingo 29 de setiembre y el miércoles 2 de octubre
–cuando el presidente de la república, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso
y este pidió la vacancia presidencial por incapacidad moral, y la
vicepresidenta de la república, Mercedes Aráoz, juramentó en el Congreso,
recién disuelto, y renunció menos de 24 horas después– es la expresión
dramática y de opereta del desacuerdo entre dos sectores oficiales de poder,
con la población mayoritariamente expectante.

 

La coyuntura

 

El primer eje de la situación actual está relacionado con el nombramiento
por el Congreso de jueces del Tribunal Constitucional, con la intención de
usar ese órgano para liberar a Keiko Fujimori, lo que desató una crisis
alimentada por la corrupción pública, privada y de los políticos en general.
Pero el segundo eje es el cansancio social generado por el piloto automático
del “modelo” neoliberal con “silla giratoria” impuesto por el fujimorismo en
los noventa, que ha significado:

 

1. La captura corrupta del Estado, la concentración de la riqueza y la
tierra, y la ofensiva sobre las políticas sociales, con impacto en la
distribución del ingreso, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad
social.

 

2. La ofensiva sobre el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la
biodiversidad y el aire, que proporciona ganancias extraordinarias a las
grandes empresas y a la corrupción privada y pública, mediante la
apropiación de la plusvalía social recaudada por el Estado.

 

3. La ofensiva sobre los derechos conquistados históricamente por los
trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores, entre
otros sectores.

 

4. La dominación de corazones y mentes por la ideología neoliberal.

 

Desde hace 30 años, los sectores más duros, conservadores y reaccionarios
tienen el control del gobierno y el poder absoluto en Perú. El
convencimiento sin fisuras de estos sectores es que el tiempo económico es
siempre anterior y más importante que el tiempo político, social, ambiental
y ético. En el fondo, su único interés es proteger las ganancias del gran
capital y mantener el esquema de corrupción sistémica que instalaron en el
país, buscando “blindarse” de los alcances de casos como el Lava Jato. Lo
excepcional es que en Perú se investigue y castigue a los culpables, a
diferencia del resto de los países.

 

En este contexto, la resistencia popular peruana, explosiva pero
desarticulada, va generando un escenario destituyente, pero sin sujeto
político popular capaz de abrir en el corto plazo un proceso constituyente
que transforme el Estado, la economía y la sociedad.

 

Los actores 

 

Las izquierdas y el movimiento popular aún se encuentran en plena crisis,
con una caída de lo viejo y una lenta emergencia de lo nuevo. Se está
produciendo un proceso de reagrupamiento y recomposición de los
proyectos/organizaciones que atraviesa el conjunto de las izquierdas y el
movimiento social, aunque se requiere una mayor acumulación de fuerzas para
acometer tareas estratégicas.

Los actores políticos y sociales actualmente existentes en el país son los
siguientes:

 

1. El fujimorismo. Un populismo de derechas, ultraconservador, sostenido
sobre redes corruptas, criminales y clientelares, que, desde la mayoría
parlamentaria y en alianza con otras fuerzas políticas, viene generando las
condiciones para la concentración política y el desplazamiento del poder de
las elites tecnocráticas o su asimilación en un posible gobierno.

 

2. Los empresarios de la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería y
Petróleo (Snmp), que han capturado, desde 1992, diversos flancos del Estado
a través de sus técnicos de lujo o “pilotos de bombardero”, que arrojan
bombas sin importarles qué sucede abajo e impulsan la “silla giratoria”
(conflictos de intereses).

 

3. El centro liberal. Alianza para el Progreso, Acción Popular, el partido
Morado y otros capaces de aglutinar a las clases medias o los sectores
emergentes asustados con la crisis.

 

4. Las izquierdas. Divididas y enfrentadas por apetitos de poder, incapaces
aún de actuar más allá de la lógica de frente en una apuesta de construcción
ciudadana y popular más amplia.

 

5. Los gremios de izquierdas. En crisis o marginales, debido a que atienden
las demandas de sectores asalariados reducidos, sin la capacidad de
renovarse política, organizativa y tácticamente.

 

6. Los activismos ecologistas, indigenistas, Lgtbi y feminista. Atrapados en
lógicas testimoniales sectoriales y vanguardistas, con dificultades para
entablar un diálogo con las grandes mayorías.

 

7. El senderismo, el antaurismo (de Antauro Humala, hermano de Ollanta,
preso desde 2005, por intentar un levantamiento armado contra el gobierno) y
el radicalismo. Aún marginales, pero con mucha voluntad política y avanzando
en sectores sociales organizados de algunas regiones y ciudades.

 

En el escenario actual no parece definirse claramente una nueva polarización
ni una alternativa política a la profunda crisis que vive el país. La
debilidad y la incapacidad del gobierno y la irresolución de las
contradicciones ancladas en la lucha contra la corrupción a nivel
institucional no han sido resueltas. En la fase actual está en juego la
lucha abierta no sólo contra la corrupción, sino además por un nuevo ciclo
político: una economía para todos y una nueva representación política tanto
en el Congreso como en el gobierno nacional. 

 

*  Hugo Cabieses, licenciado en economía, asesor técnico de la Confederación
Campesina del Perú y de la Mancomunidad Regional Amazónica, ex asesor
parlamentario y ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente (2011). Oscar Ugarteche, doctor en
economía y relaciones internacionales, coordinador del Observatorio
Económico de Latinoamérica (Obela), del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Unam.

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