Ecuador/ Primer balance. Se abre un nuevo ciclo de resistencia popular contra el neoliberalismo [Mario Unda]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de octubre 2019

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Ecuador

 

Primer balance 

 

Se abre un nuevo ciclo de resistencia popular contra el neoliberalismo

 

Mario Unda *

Quito, 14-10-2019

 

Hace pocas horas finalizó el diálogo entre el gobierno y el movimiento
indígena con el anuncio de que se dejaba sin efecto el decreto 883, emitido
el 2 de octubre, para ser reemplazado por un nuevo decreto, que debe ser
redactado por representantes del movimiento indígena y del gobierno. En
consecuencia, se levantó el paro. Se puede hacer por ahora un primer
balance, provisorio, claro.

 

Vuelve la resistencia popular

 

La resistencia popular, que había sufrido años de represión y persecuciones
bajo la era de Rafael Correa, volvió a instalarse. En los 11 días de
paralización se movilizaron diversos sectores sociales: al principio, los
transportistas, los indígenas y los obreros. Los transportistas anunciaron
un paro que duró dos días y que terminó tras la negociación de un incremento
de los pasajes. Pero eso no detuvo la oleada social: el movimiento indígena
y el movimiento sindical, que ya venían preparando acciones en contra de las
políticas del gobierno, ocuparon la escena, y atrajeron la solidaridad de
estudiantes de varias universidades que organizaron brigadas de atención a
la salud y el cuidado de albergues, especialmente para mujeres y niños
indígenas; luego se activaron grupos feministas y finalmente, los últimos
dos días, amplios sectores de las clases populares y medias de la población
urbana. Como ya había ocurrido antes, el pueblo se construye en la
confluencia de la lucha, un poco de manera organizada, otro poco de manera
espontánea. Como toda confluencia de estas características, su futuro está
por definirse, y será un elemento central de la realidad en el futuro
inmediato.

 

Confluencias y fragmentaciones del movimiento popular

 

La confluencia de esta hora presenta ciertas diferencias respecto a las
anteriores, que se habían articulado alrededor de un movimiento social: los
estudiantes en la década de 1970; el movimiento sindical en los primeros
años de la década siguiente; el movimiento indígena entre 1992 y 2002; o la
explosión de la clase media urbana en 2005. Ahora, sin embargo, el eje fue
una difícil e incompleta confluencia de indígenas y obreros. 

 

Parte de los efectos del ataque del correísmo a los movimientos sociales fue
el debilitamiento de las proximidades entre ellos, el afloramiento de
suspicacias y el predominio de particularismos. En estos 11 días de lucha se
pudo observar igual la tendencia a la aproximación cuanto los límites que
ella enfrenta. Por eso el gobierno, aunque fue derrotado, alcanzó a mover
fichas, aunque sea y por de pronto para ganar tiempo. Su táctica fue siempre
dividir la movilización atendiendo demandas particulares: la subida de
pasajes desmovilizó a los transportistas. Luego intentó separar a los
indígenas de los obreros: en un momento dado, el gobierno y los medios de
comunicación dejaron de referirse a las demandas del movimiento sindical y
se concentraron en la oferta de compensaciones para el campo; al principio
no obtuvieron resultado, pero finalmente lograron separar a los dos actores
centrales del movimiento popular en los diálogos: el domingo se reunieron
con los indígenas para tratar el decreto 883 y pospusieron para el martes un
posible diálogo con el movimiento sindical, que se dará ya seguramente sin
el calor de la movilización popular masiva. Al mismo tiempo, busca separar a
los trabajadores públicos del resto del movimiento sindical, anunciando su
disposición a revisar las medidas que les afectan particularmente:
reducciones salariales y de vacaciones.

 

El gobierno ha mostrado así su disposición a negociar fragmentos del paquete
con el fin de mantener la posibilidad de implementar los núcleos centrales
del modelo neoliberal: las privatizaciones y la sobreexplotación del trabajo
y de la naturaleza. El tiempo dirá si tiene o no éxito en su empeño. Y el
tiempo dirá también si los movimientos populares logran, después de esta
intensa jornada, reemprender acercamientos y lazos indispensables para
enfrentar los desafíos que vendrán. La construcción de un claro horizonte
político y de un programa de acción son indispensables para avanzar en este
camino.

 

Un primer enfrentamiento con las tendencias represivas y antidemocráticas de
la burguesía

 

El gobierno de Moreno, tras un andar vacilante en un inicio, fue
convirtiéndose en expresión de la voluntad neoliberal de los grupos
monopólicos y del FMI. Esto ocurrió en medio de una serie de episodios de
tira y afloja, en que el gobierno cedía cada vez más a los deseos de las
cámaras empresariales, pero sin aplicar por completo las medidas
solicitadas, de manera que su accionar siempre fue considerado por ellas
como insuficiente. La firma de la carta de intención con el FMI selló el
desplazamiento del gobierno hacia el neoliberalismo, pero demoró en la
aplicación de las medidas exigidas. La misma carta de intención con el FMI
explicaba el motivo: el anexo 3 se refería a los riesgos de desatar
protestas sociales con las medidas que se implementarían.

 

Esto permitió el despliegue de dos tendencias: la primera, la rápida
solidificación del bloque en el poder, con un discurso único esgrimido por
el gobierno y el FMI, los gremios empresariales y sus intelectuales
orgánicos, el gobierno norteamericano y la gran prensa, todos apuntando a
una rápida implementación de medidas "dolorosas pero necesarias"; eso se
tradujo en una intensa campaña a través de los medios de comunicación en el
último medio año.

 

Por otra parte, pareciera que el bloque en el poder llegó a la pronta
conclusión de que su programa sólo podría imponerse de manera violenta. A
medida que pasaba el tiempo, la virulencia, la inflexibilidad, las amenazas
y atemorizamiento ganaron espacio en sus pronunciamientos. El clímax llegó
en estos días de conflicto, y desnuda claramente la naturaleza represiva y
antidemocrática de la burguesía y del neoliberalismo. No se trató solo de
las acusar a los manifestantes de vándalos, delincuentes y terroristas, sino
de amenazarlos con aplicarles el código penal inventado por Rafael Correa,
que prevé penas de tres años de cárcel por participar en protestas, sino que
el ministro de defensa, el exmilitar Oswaldo Jarrín, lanzó una abierta
amenaza de reminiscencias fascistoides: habló de utilizar armas letales
contra las personas movilizadas y recordó que los militares están preparados
para la guerra. A tomo con esto, la Federación Nacional de Cámaras de
Industrias del Ecuador circuló un manifiesto en que exige al gobierno "Una
acción inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar
el orden y la paz social en estricta aplicación del estado de excepción",
así como "La judicialización de los autores, cómplices y encubridores , así
como de los autores materiales e intelectuales de los delitos que se han
cometido, bajo el amparo del Código Orgánico Integral Penal"
(https://www.elcomercio.com/actualidad/federacion-industrias-accion-protesta
s-ecuador.html).
<https://www.elcomercio.com/actualidad/federacion-industrias-accion-protesta
s-ecuador.html> 

 

Las acciones gubernativas iban en la misma dirección: a las pocas horas de
iniciadas las protestas se decretó ya el estado de excepción por 60 días
(reducido a 30 por una complaciente Corte Constitucional), y le siguieron la
militarización y el toque de queda. Que no se trataba únicamente de bravatas
lo demuestran las cifras ofrecidas por la defensoría del pueblo: entre el 3
y el 13 de octubre la represión gubernamental causó por lo menos 7 muertos,
1340 heridos y más de 1150 detenidos. Se trata de la mayor violencia
ejercida contra la protesta social en los últimos 30 años.

 

Sin embargo, ni la represión ni la amenaza lograron detener la movilización.
La última medida de toque de queda, establecida por las Fuerzas Armadas
entre las 3 de la tarde del sábado y las 3 de la tarde del domingo, ni
siquiera pudo aplicarse: el "cacerolazo", convertido en verdaderas fiestas
populares en los barrios de Quito, impidió de hecho su aplicación. Queda, no
obstante, una constatación: la implementación del modelo neoliberal
recurrirá a la violencia más brutal para aplicarse y los grupos de poder han
desnudado su naturaleza violenta y criminal. Además, esa mentalidad violenta
ha comenzado a permear en ciertos grupos de sectores medios.

 

El populismo y la crisis de la democracia

 

Dos asuntos más para concluir estas primeras reflexiones. El primero: parece
ser que el retorno al neoliberalismo no logrará fácilmente estabilizar su
reinado, y la “crisis estructural” del Estado, de la que hablaba en su
momento Agustín Cueva (1), vuelve a ponerse frente a nosotros como horizonte
ineludible. Si la crisis de los 25 años de la etapa neoliberal anterior nos
trajo el populismo correísta, la crisis del populismo nos lanza nuevamente
al neoliberalismo; pero esta nueva oleada neoliberal nace ya en crisis: la
violencia cada vez más desbocada de las clases dominantes y de su gobiernos
son el signo primero; la resistencia social es la respuesta que desde ya se
está gestando. El resultado no puede ser otro que democracias frágiles y
restringidas.

 

El segundo: como nos lo mostró esta jornada de lucha intensa, también la
construcción del pueblo será un campo de conflicto. Competirá allí la
derecha, combinando su violencia reencontrada con intentos de movilizaciones
de masas. Competirá allí también el populismo correísta, que demostró en
estos días tener aún capacidad de incidencia en sectores urbanos populares,
como lo había demostrado hace poco, en las elecciones locales de marzo de
este año. Y competirá también el movimiento popular, es decir los
movimientos sociales autónomos, probablemente alrededor de los obreros y de
los indígenas, que serán puestos en el centro del conflicto por los intentos
de implementar el modelo neoliberal. Qué tendencia logre predominar marcará
el tono y el color de los tiempos que vendrán -que ya comenzaron a venir.

 

La derecha y el neoliberalismo han perdido una primera batalla, pero
¿podemos suponer que se van a detener allí? Es improbable. Recién finalizado
el diálogo, se abre la disputa por el contenido del nuevo decreto que
reemplazará al 883: eso ya nos dirá algo. ¿Se cumplirá el martes el ofrecido
diálogo del gobierno con los trabajadores?, ¿qué destino tendrá? ¿Cuáles
serán los siguientes movimientos del bloque neoliberal en el poder?
¿Sostendrán a Moreno o preferirán deshacerse de él? ¿Logrará el movimiento
popular encontrar y construir los caminos para acercamientos y
articulaciones o se extraviará en los límites estrechos de los intereses
corporativos? Lo único cierto parece ser que ha comenzado un nuevo ciclo de
resistencia popular contra el neoliberalismo. Ha comenzado con una gran
fuerza, pero tendrá una labor mucho más esforzada por delante. 

 

* Sociólogo, activista del movimiento urbano-popular. 

 

Nota 

 

1) Agustín Cueva (1937-1992), sociólogo e historiador ecuatoriano, fue
animador de los debates sobre la “teoría de la dependencia”. Obtuvo el
Premio Ensayo de Editorial Siglo XXI por su obra El desarrollo del
capitalismo en América Latina, en la cual propone, desde una visión
marxista, un análisis de la “transición latinoamericana al capitalismo” en
el siglo XIX, por la vía "junker", exploró lla formación social “como
coexistencia de varios modos de producción”, Fue presidente de la Asociación
Latinoamericana de Sociología y Jefe de la División de Estudios Superiores
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. (Redacción de
Correspondencia de Prensa) 

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