Bolivia/ Chance de reelección. La economía a favor de Evo Morales [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de octubre 2019

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redacción y suscripciones

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Bolivia

 

«Es la economía, estúpido» 

 

Si Evo Morales aún tiene posibilidades de ser reelegido en 2019 –pese a su
desgaste político–, ello se debe a la economía. Es allí donde la oposición
tiene más dificultades para enfrentar a un gobierno que combinó crecimiento
sostenido con baja inflación. Pero ¿en qué consiste el «modelo boliviano»?
¿Cuáles son sus potencialidades y límites?

 

Fernando Molina *

Nueva Sociedad, setiembre/octubre 2019

https://nuso.org/

 

Mientras corría 2018, pocos apostaban a que Evo Morales podría ganar una
tercera reelección. En primer lugar, porque el presidente boliviano venía de
una derrota en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016: 51%
de la población había rechazado el cambio a la Constitución que él propuso y
que habría levantado la prohibición, contenida en esta, para que se
reeligiera una vez más. En segundo lugar, porque acababa de sortear esta
derrota a la manera tradicional de los caudillos latinoamericanos: ordenando
al Tribunal Constitucional que lo habilitara mediante una «interpretación»
de la Constitución que, en los hechos, la cambia al aceptar la posibilidad
de la reelección indefinida. Esa habilitación despertó la ira de los
sectores medios de la población, donde está más enraizada la ideología
liberal –alternancia presidencial e igualdad ante la ley–. De estos sectores
había surgido el Movimiento 21-F para rechazar la legitimidad de la
candidatura de Morales para las elecciones del 20 de octubre de 2019.

 

En la segunda mitad de aquel 2018, el presidente aparecía empequeñecido en
las encuestas, mientras el ex-presidente Carlos Mesa, que aún no se había
postulado, subía sostenidamente y era considerado el «hombre que podía
ganarle a Evo». Al mismo tiempo, el movimiento 21-f cometía el error de
concentrar sus esfuerzos en tratar de impedir que Morales se convirtiera en
candidato, algo que no tenía fuerza suficiente para lograr. A comienzos de
2019, el mandatario boliviano había logrado adelantar el comienzo del
proceso electoral y ocho frentes opositores habían decidido, pese a todo,
entrar en las elecciones. En este momento, el movimiento 21-f comenzó su
retirada, sumándose a la fragmentación electoral de la oposición. También
empezaba una tendencia que duraría toda la campaña: el estancamiento de los
números de Mesa, que no avanzaba en las encuestas, mientras Morales subía
lentamente, pero con seguridad, desde una posición de empate con el
ex-presidente hasta otra que le garantizaba ganarle en la primera vuelta.
Este comportamiento no se debía a que todos los decepcionados de Morales
retornaran al redil –y por eso el Movimiento al Socialismo (mas) no obtenía
resultados como los de 2014, cuando logró 63%– sino a que muchos
«perdonaban» al líder indígena por un conjunto de factores que expondremos a
continuación. No hay que olvidar, además, que la derrota en el referéndum
fue por escaso margen contra toda la oposición unificada en el «No».

 

En primer lugar, la mayoría seguía aprobando su gestión de gobierno, aunque
por margen estrecho; en segundo lugar, su imagen personal, aunque era más
rechazada que en cualquier momento desde que se volvió presidente, seguía
siendo más fuerte que la de cualquier otro político boliviano. En parte,
estas cifras se debían a un fenómeno de identificación étnica y social:
proporcionalmente, el presidente lograba casi el doble de votos en las
pequeñas ciudades y en el campo que en las grandes urbes, como La Paz,
Cochabamba o Santa Cruz de la Sierra. Mientras más indígena y económicamente
más modesto es un elector, más probabilidades existen de que vote por el
mas.

 

Sin embargo, el factor fundamental del apoyo electoral al mas sigue siendo
aquel que el consultor político James Carville, en la primera campaña de
Bill Clinton, refería con una pintoresca y muy conocida frase: «Es la
economía, estúpido». Según una encuesta preelectoral de Ciesmori, 36% de los
bolivianos piensa que la situación económica del país es hoy «buena» y 27%,
que es «regular»1. Pese a la crisis de Argentina y Brasil y al débil
comportamiento de la economía sudamericana en general, el pib de Bolivia
crecerá más de 4% este año, un resultado menos elevado que el de años
pasados, pero todavía capaz de despertar ilusiones. 43% de la gente cree que
hoy está «un poco mejor» que hace un año (10% mucho mejor; 21%, igual), en
agudo contraste con las opiniones de los analistas opositores respecto a la
situación, según las cuales esta es crítica por la pérdida de casi 2.000
millones de dólares anuales de reservas como consecuencia del déficit
comercial del país, que se debe, sobre todo, a la caída de los precios
internacionales del gas2. Se supone que en los próximos años esta pérdida
deteriorará el nivel de las reservas de divisas a un punto peligroso para la
estabilidad financiera del país, excepto si el nuevo gobierno implementa
políticas de «ajuste», es decir, reduce la inversión pública y disminuye las
importaciones –en su mayoría, de productos industriales–, lo que ralentizará
el crecimiento3. Obviamente, el voto se explica siempre por las percepciones
populares y no por las de los expertos de los centros de investigación. Y
40% de los votantes considera que su situación personal y familiar estará
«un poco mejor» dentro de un año; 15%, que estará «mucho mejor», y 13%,
«igual»4.

 

Las evonomics

 

¿En qué han consistido hasta ahora las evonomics? Básicamente, en la
combinación de estatismo en las «áreas estratégicas» de la economía, como el
gas y la electricidad; en una alianza con el sector privado a cargo de las
grandes (agro)industrias nacionales, el comercio de gran escala y las
finanzas; y en un «pacto de coexistencia pacífica» con la masa de pequeños
emprendimientos artesanales y comerciales, que ocupa a más de 60% de la
fuerza de trabajo, pero no cumple con las leyes laborales e impositivas del
país. Esta es la «economía plural» que promueve la Constitución y que se ha
beneficiado en su conjunto del superciclo de las materias primas que
benefició a la economía latinoamericana entre 2004 y 2014. Las diferencias
con el manejo chavista de Venezuela son, como puede verse, enormes.

 

Bolivia ha tenido siempre una economía primaria y exportadora, por lo que
generalmente ha reaccionado con gran sensibilidad a los cambios del comercio
mundial. Adicionalmente, en este periodo de prosperidad, gracias a las
políticas nacionalistas del gobierno, una buena parte de la riqueza
extraordinaria que el país obtuvo por la venta de gas a Brasil y Argentina,
así como por las exportaciones de minerales –alrededor de 100.000 millones
de dólares– quedó dentro de las fronteras5. El «modelo boliviano» considera
la existencia de dos sectores: uno «generador de excedentes», compuesto por
las actividades petrolera, minera y eléctrica, y otro sector «generador de
ingresos y empleos», conformado por las manufacturas, la actividad
agropecuaria, la construcción, el turismo, etc. El modelo se basa en la toma
del primer sector por parte del Estado, que así se convierte en el principal
actor de la economía, y luego en la transferencia de los excedentes de este
al segundo sector por la vía del gasto público y la redistribución
económica, es decir, de la ampliación de la demanda. Se diferencia así de lo
que ocurría en los años 90, bajo el neoliberalismo, cuando los excedentes
salían de la economía nacional por fuga de capitales y por el pago de las
utilidades de los inversionistas extranjeros6. 

 

Luego de revertir la orientación del flujo del excedente por medio de la
nacionalización, el Estado debe usar este flujo para: a) industrializar las
materias primas, b) animar y transformar el sector generador de empleo e
ingresos y c) garantizar la igualdad social7.

 

En el periodo de aplicación de este modelo, se incrementaron el consumo y
las actividades destinadas a satisfacerlo, así como el bienestar social. La
extrema pobreza monetaria (medida en ingresos de menos de dos dólares al
día) cayó de 38% a 18% y hoy es de solo 10% en las ciudades. Al mismo
tiempo, Bolivia se convirtió en un país de ingresos medios, donde «solo» 30%
de la población gana menos de cuatro dólares por día8. El shock de liquidez
también convirtió a las principales industrias de cerveza, gaseosas, cemento
y telecomunicaciones en empresas de porte considerable, mayoritariamente en
manos de conglomerados extranjeros. Asimismo, impulsó enormemente a los
bancos nacionales, cuyo patrimonio aumentó 3,6 veces entre 2008 y 2017, de
700 millones a 2.550 millones de dólares, y cuyas utilidades en el mismo
periodo se incrementaron 2,7 veces, de 120 millones a 330 millones de
dólares anuales9.

 

El «milagro» de la bolivianización

 

Luis Arce Catacora, ministro de Economía desde el inicio del gobierno de
Morales –excepto por una pausa de un año por enfermedad– es el principal
artífice de las evonomics. Para Arce, la estabilidad, es decir, el
equilibrio macroeconómico, es «un patrimonio del pueblo boliviano» y debe
conservarse. No tiene que ser una tarea del Fondo Monetario Internacional
(fmi), como ocurría en el pasado, sino de un programa monetario y fiscal
aprobado por el Ministerio de Economía y el Banco Central, que defina la
cantidad de dinero que pone el Banco Central en la economía, a fin de
alentar la actividad económica sin crear presiones inflacionarias10.

 

Este programa ha sido facilitado en la pasada década por la abundancia de
las reservas internacionales acumuladas durante el boom de ingresos del
exterior, pero también por lo que probablemente es el mayor logro financiero
de la gestión de Arce: la «bolivianización» de la economía, es decir, la
vuelta de los bolivianos a su moneda en detrimento del dólar. Gracias a
ambos factores, las políticas monetaria y fiscal han podido ser
constantemente expansivas y han alentado un crecimiento continuo del pib que
ha sido el mayor de la historia del país. En 2019, Bolivia vivirá su
decimoquinto año continuo de crecimiento, a un promedio anual de algo menos
de 5%, el más alto por un tiempo tan prolongado.

 

En los años 90, en cambio, las autoridades monetarias no podían impulsar el
crédito interno, que estaba casi completamente dolarizado. Por esta razón,
el nivel de las reservas de divisas internacionales –que en esa época era
mejor que en otras previas, pero estaba limitado por la debilidad de las
exportaciones– se convirtió en una rienda cuyo largo marcaba la amplitud
máxima a la que podía crecer la economía. A comienzos de los 2000, solo 3%
de los depósitos del sistema financiero estaba nominado en bolivianos y el
resto estaba en dólares. En 2015 era casi al revés: 94% de los depósitos
estaban en bolivianos y solo 6% en dólares11. ¿Qué pasó?

 

El programa de estabilización de la economía que se aplicó en los años 80
había combatido la inflación dolarizando la economía. Había inyectado en el
mercado los dólares de los ahorristas, algo que era fundamental para evitar
la devaluación del peso boliviano, que, a su vez, era el principal detonante
de la inflación. Estos dólares habían pasado a manos de la gente, que los
había comprado para defender sus ahorros de la acción combinada de la
devaluación del boliviano y la inflación. Eran un recurso clave, pero había
que sacarlos al mercado para poder aprovecharlos.

 

¿Cómo se logró que la gente pusiera sus dólares en movimiento? Se autorizó
toda clase de transacciones (depósitos, ahorros, préstamos, compraventas) en
la divisa extranjera. Y se liberó a los bancos de cualquier encaje –o
reserva– legal en moneda extranjera, es decir, se les permitió convertir el
100% de los dólares que tenían depositados en préstamos. Por supuesto, esto
incentivó a las instituciones financieras a trabajar con dólares. En cambio,
no existía ningún incentivo para hacerlo en bolivianos. De ahí la
dolarización de la economía, que estabilizaba la moneda pero impedía el
crecimiento. En 2002, el Banco Central hizo un intento de cambiar esta
situación: trató de separar el precio de venta del precio de compra de los
dólares, de modo que comprar divisas se encareciera, pero no consiguió
imponer la medida por las protestas del público.

 

Fue Arce –y el equipo económico de este gobierno– quien cambió estas
condiciones de la siguiente manera: primero, la entrada de gran cantidad de
dólares por el boom de las exportaciones les permitió revaluar el boliviano
(cada dólar comenzó a cambiarse por menos bolivianos), por un tiempo
suficientemente largo como para dar la señal de que tener dólares
significaba perder dinero. Luego, se estabilizó el tipo de cambio en 6,97
bolivianos, que es el precio fijo del dólar desde 2011. Si se toma en cuenta
la inflación, esto significa que con el transcurso del tiempo cada dólar
puede comprar cada vez menos cosas en el mercado interno.

 

Los estímulos cambiarios se complementaron con un mayor encaje bancario en
dólares y la transformación del impuesto a las transacciones financieras, a
fin de que solo gravara las operaciones en moneda extranjera. Estas medidas,
en un contexto de gran confianza en la economía nacional y con una gran
cantidad de reservas internacionales de respaldo, obraron el «milagro». Hoy
la moneda que se usa para casi todo, excepto para ahorrar sumas mayores a
largo plazo, es el boliviano. Y esto se ha logrado sin prohibir el uso del
dólar, lo que probablemente habría sido contraproducente, pues podría haber
despertado viejos temores de la población.

 

La bolivianización ha permitido que las autoridades monetarias mantengan un
volumen expansivo de crédito para los actores productivos, incluso desde que
las reservas internacionales comenzaron a caer, en 2015 (v. gráfico de la
página 12).

 

Ahora bien, la bolivianización necesita que el tipo de cambio sea de hecho
fijo, porque si no fuera así y ocurrieran devaluaciones, estas podrían
llevar a las personas, deseosas de no perder su capacidad de compra, a usar
nuevamente el dólar. Se ha dicho que tal es el talón de Aquiles de la
política monetaria actual, ya que les quita a las autoridades la herramienta
de la devaluación como medio para abaratar el costo de las exportaciones y
enfrentar escenarios como el actual, en el que los países vecinos han
realizado esta maniobra cambiaria y por tanto ponen productos más baratos en
los mercados clientes de Bolivia y en el propio mercado nacional. La
devaluación también sirve para multiplicar la cantidad de moneda nacional
que puede circular con el respaldo de una misma cantidad de divisas
extranjeras; al mismo tiempo, tiene efectos negativos, pues incrementa la
inflación y aumenta el peso de la deuda de los nacionales en dólares.

 

Arce no cree que la estrategia devaluatoria funcione en Bolivia. Piensa que
la industria local no se beneficia claramente de un boliviano más barato,
porque es muy dependiente de maquinarias e insumos importados, y un
boliviano barato tiene menos capacidad para importar. Además, teme sus
efectos sobre la inflación y la deuda en moneda extranjera. Por esto en los
últimos años ha resistido la presión de los exportadores para devaluar el
boliviano.

 

¿Enfermedad holandesa?

 

Según los historiadores de la economía boliviana, los periodos de
prosperidad de la historia nacional respondieron a procesos de ampliación e
intensificación del comercio internacional de materias primas, cuando
subieron los precios internacionales (plata, estaño, gas) y Bolivia
aprovechó la oportunidad que se le presentaba para venderlas a altos
precios. La existencia de un vínculo causal entre ambos hechos es, hoy, una
teoría generalmente aceptada. En la década de 1990, se pretendía relacionar
el crecimiento económico con el ahorro y con la disponibilidad de capital,
porque se consideraba que la atracción de inversión extranjera constituía la
variable clave. La experiencia nacional en esa misma década y las dos
posteriores mostró que a países como Bolivia el capital les llega, sobre
todo, a través de booms exportadores, que se acompañan de «shocks de
liquidez» y aumentos del nivel de las reservas de divisas.

 

Durante un auge, la mayor disponibilidad de dólares expande la demanda
agregada del país, lo que impulsa sus importaciones legales e ilegales y
también sus actividades internas –sobre todo las «no transables», las que
pueden eludir la competencia de las importaciones–; ambas dinámicas generan
ocupación y bienestar como los experimentados por Bolivia en este tiempo.

 

Al mismo tiempo, los picos de actividad económica alentados por la inserción
exitosa del país en procesos comerciales internacionales están asociados a
fenómenos ambiguos: a) la reprimarización de la economía, a causa de la
altísima rentabilidad de la exportación de materias primas; b) la
insatisfacción de la demanda agregada ampliada por parte de la industria y
la agricultura nacionales, lo que presiona sobre las importaciones y –en el
campo de las políticas– induce a la adopción de un tipo de cambio fijo,
orientado a controlar la inflación. Otros fenómenos asociados son: c) el
crecimiento de las actividades «no transables», tales como la construcción,
los servicios financieros, los restaurantes, los viajes, el entretenimiento,
etc.; d) la apreciación de la moneda nacional, a causa del drástico ingreso
de divisas y de una política cambiaria «plana» y e) la caída de las
actividades exportadoras «no tradicionales» o manufactureras, como
consecuencia de la apreciación monetaria, que eleva los costos laborales12.

 

Tales fenómenos, junto con otros que no vamos a detallar aquí, corresponden
a un anatemizado paradigma de crecimiento, que la literatura económica
denomina «enfermedad holandesa». Una denominación que debemos manejar con
pinzas, ya que implícitamente sugiere la existencia de un modelo de
crecimiento «normal», sostenible y autopropulsado, que sería el industrial,
frente al cual el crecimiento de los países no industriales con recursos
naturales, como Bolivia, representaría la anormalidad y la adversidad
propias de una «enfermedad».

 

Quizá sea tiempo de aceptar que el estilo «holandés» de expansión económica,
con todas las características que hemos anotado, es inevitable para
economías que, como la boliviana, se basan en la explotación de recursos
naturales no renovables. No hay razones para creer que aquello que ha
sucedido una y otra vez a lo largo de la historia vaya a cambiar
radicalmente en el futuro. Admitir esta realidad y, por tanto, la
persistencia de este tipo de crecimiento, ha sido una de las ventajas del
gobierno, que explotó la necesidad nacional de «vivir de los recursos
naturales» a su favor. Esta, y no otra, es la principal fortaleza del
llamado «Modelo Económico Social Comunitario Productivo». Simultáneamente,
la debilidad de este ha sido seguir con docilidad el designio extractivista,
sin tratar de aprovechar los recursos que la extracción proporciona para
diversificar gradualmente la economía y superar su dependencia, aunque hay
que reconocer que este no es un objetivo sencillo de lograr. Sin embargo, no
cabe duda de que este modelo, con sus múltiples errores, logró establecer
una línea de crecimiento que se extendió al periodo de la «posprosperidad»,
lo que plantea, sin duda, un desafío a sus críticos.

 

¿Cómo lo logró? Con una política de impulso del crédito y de continuación de
los altos niveles de inversión pública que se habían logrado en el pasado.
En 2018, la inversión pública ha sido responsable de todo el déficit fiscal,
que este año ascendió a 8% del pib, algo más que los años anteriores (hay
déficits desde 2015). El problema es que esta política, simultáneamente,
mantiene altas las importaciones en un contexto en el que las exportaciones
no pueden crecer, por la caída de los precios y por diversos problemas
productivos que no se mencionan aquí. Durante el súper ciclo de precios, las
importaciones pasaron de 20% a 30% del pib en los años más exitosos
(2013-2014), y ahora se encuentran en 26% del pib (9.900 millones de
dólares)13. Esto también implica una fuga de divisas, solo que por otra vía
más productiva. Como señalamos, en los últimos cuatro años el país ha
comprado del extranjero bienes y servicios por aproximadamente 2.000
millones de dólares más que el valor de los bienes y servicios que ha
vendido, déficit que ha generado un deterioro continuo de sus reservas de
divisas.

 

Una de las principales restricciones que limita el crecimiento de los países
latinoamericanos es la necesidad de divisas extranjeras –en concreto, de
dólares estadounidenses– para comprar en el mercado internacional muchos de
los insumos y bienes básicos que necesitan sus aparatos productivos (y para
respaldar con una moneda «fuerte» –es decir, convertible internacionalmente–
sus propios medios de pago). Junto con los demás países de la región,
Bolivia está obligada a comerciar en una moneda que no le pertenece, así que
su capacidad internacional de compra depende de su simétrica capacidad de
obtener dólares mediante sus exportaciones. ¿Por qué llamar a este obvio
condicionamiento una «restricción»? Entre 2016 y 2018, 53,1% de las
importaciones bolivianas fueron de suministros industriales y bienes de
capital; cada año, más de la mitad de las divisas que se usan para importar
se gastan en compras de materias primas y maquinarias destinadas a poner en
movimiento y ampliar el aparato productivo nacional, a nutrir la manufactura
y la construcción de infraestructura. La causa es obvia: dado el escaso
desarrollo industrial del país, estas importaciones no son sustituibles por
productos nacionales. De modo que la actividad en las ramas económicas
fundamentales, su ampliación cada año y los efectos de este crecimiento
sobre la economía dependen de que haya divisas para la importación. Cuando
estas divisas no están ampliamente disponibles en la economía, como comienza
a ocurrir en la actualidad en Bolivia, esta escasez relativa pesa como una
restricción, también relativa, que pone un límite a los procesos productivos
internos y, con ello, al crecimiento global. El país incluso puede verse en
la necesidad de detener temporalmente su crecimiento con el propósito de
disminuir la necesidad de importar y, así, conservar por más tiempo sus
reservas de divisas, de modo que estas cumplan la función financiera, de
respaldo monetario, que también cabe que tengan. Sin suficientes divisas, la
única salida posible es una devaluación, la cual, como hemos explicado,
socavaría la bolivianización y, con ella, todo el modelo de crecimiento
actual.

 

Hace unos días, la fundación liberal Milenio presentó su habitual informe
sobre la economía boliviana14, en el que se afirma que hoy está «sobre el
tapete la necesidad de ajustar las importaciones, tanto del sector público
como del sector privado, lo cual –inevitablemente– conllevaría un mayor
debilitamiento del crecimiento económico»15.

 

Esta implicación puede ser aún de mayor alcance si tomamos en cuenta que
otros dos componentes fundamentales del proceso productivo también tienen
que ser importados, es decir, que se accede a ellos mediante el empleo de
divisas: ciertos combustibles y lubricantes (gasolina, diésel y derivados)
con los que Bolivia no cuenta o que no puede producir en cantidad suficiente
en el último tiempo por la caída general de la actividad hidrocarburífera
del país, y el equipo de transporte, que se importa en su totalidad y que,
en parte, se destina a labores productivas. Si sumáramos estas importaciones
a las otras, podríamos decir que más o menos 81% de las compras nacionales
en el extranjero son gastos inflexibles del crecimiento, es decir, gastos
que no es posible recortar si al mismo tiempo se desea mantener o mejorar el
ritmo de la expansión económica.

 

Esta es la razón por la que hasta ahora el gobierno no procuró tales
recortes, pese a la necesidad de adaptar el nivel de las importaciones al
hecho negativo que representó la caída de los ingresos de divisas por
exportaciones desde 2015, el año en que comenzó la caída de los precios
internacionales de las materias primas. En el programa que presentó para las
elecciones del 20 de octubre, Morales reconoce que el «proceso de cambio»
que dirige se ve desafiado por las turbulencias económicas internacionales
actuales, en particular por la caída de los precios de las materias primas,
y propone medidas que incrementen los ingresos de divisas, como la expansión
del turismo y las exportaciones de electricidad, y otras que eviten la
salida de divisas, como la «sustitución de importaciones» por parte de
empresas estatales. Sin embargo, no está claro cómo se ejecutarían estas
ideas con la premura necesaria para evitar una crisis. En principio, si el
nuevo gobierno boliviano no tomara ninguna medida, las reservas se
reducirían a un nivel peligroso para su papel de respaldo financiero en unos
tres años, más o menos. En tal caso, antes podría ocurrir un ataque
especulativo que las agotara, generado por la psicología del «escape hacia
el dólar»... Pero es muy improbable que el gobierno no haga nada mientras ve
cómo las reservas se consumen. Le quedan varios recursos por emplear antes
de que la situación se descontrole: puede obtener divisas aumentando el
endeudamiento externo del país, que todavía es bajo (28% del pib), lo que
parece lo más probable, y también puede tener suerte y encontrar más gas con
alguno de los proyectos de exploración que están en marcha y aumentar con
ello sus ingresos. Estas soluciones, sin embargo, para ser tales, dependen
críticamente del tiempo que demande su ejecución frente al tiempo de
conservación de un nivel adecuado de reservas internacionales. 

 

* Fernando Molina es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de
El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009)
e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la
Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País. 

 

Notas

 

1.Pablo Ortiz: «Casi la mitad de las personas aprueba la gestión de Morales»
en El Deber, 23/7/2019.

2.Fundación Milenio: Informe de Milenio sobre la economía 2019, Fundación
Milenio / Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2019.

3.Ibíd.

4.P. Ortiz: ob. cit.

5.Germán Molina: «¿En qué se gastó el dinero de la bonanza?», Fundación
Pazos Kanki, La Paz, 2019 (inédito).

6.Luis Arce Catacora: Modelo Económico Social Comunitario Productivo
Boliviano (MESCP), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, La Paz, 2015.

7.Ibíd.

8.Ministerio de Comunicación: «Mensaje presidencial. Informe 12 años de
gestión, 22 de enero de 2018», separata de prensa, La Paz, 1/2018.

9.F. Molina: «La mala salud de hierro de Bolivia» en El País, 16/12/2018.

10.L. Arce Catacora: ob. cit.

11.L. Arce Catacora: ob. cit.

12.Gover Barja, Bernardo X. Fernández y David Zavaleta: Disminución de
precios de los commodities y fuga de capitales en un contexto de «enfermedad
holandesa» y «bendición/maldición de los recursos naturales»: El caso
Bolivia, Universidad Católica Boliviana, La Paz, 2016.

13.Instituto Nacional de Estadística (INE): Resumen estadístico 1/2019.

14.Fundación Milenio: ob. cit.

15.Ibíd.

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