Venezuela/Debates/ ¿Por qué volvió a fracasar la oposición? [Manuel Sutherland]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de setiembre 2019

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Venezuela/Debates



¿Por qué volvió a fracasar la oposición?



Pese a la peor crisis en la historia del país, la oposición venezolana no
encuentra la forma de apartar del poder a Nicolás Maduro. La confianza en
que el derrumbe económico haría crujir las bases de apoyo político-militar
del chavismo se mostró nuevamente excesiva tras el nuevo ciclo iniciado con
la (auto)proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado», un cargo
que no aparece en la Constitución. Al cabo de unas semanas de exitismo, el
gobierno parece haber recuperado parcialmente el control de la situación y
la oposición se encuentra ante el dilema de participar, debilitada, de una
nueva mesa de diálogo.



Manuel Sutherland *

Nueva Sociedad, julio-agosto 2019

https://nuso.org/



En 2019 la oposición venezolana tuvo su mejor febrero en años. De manera
fulgurante, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ascendió al
Olimpo de la alicaída política venezolana con su (auto)proclamación como
presidente «encargado». En ese mes apareció en las portadas de los diarios
más importantes del mundo. Pero cinco meses después, tras los aclamados
sucesos relativos a la «ayuda humanitaria» y la intentona de alzamiento
militar, el panorama parece muy distante del optimismo opositor de esas
jornadas. La esperanza de un derrocamiento fácil y rápido del régimen de
Nicolás Maduro parece haberse anegado, otra vez, en un mar de deslices
políticos, con un activo, pero no menos errático, apoyo internacional. ¿Cómo
pudo desvanecerse el enésimo intento de correr al chavismo del poder?



Un 2019 auspicioso para una oposición alicaída



El 10 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de proclamación de Maduro
para un segundo periodo presidencial, de acuerdo con los resultados de las
elecciones adelantadas del 20 de mayo de 2018, que la oposición había
tachado de fraudulentas debido, principalmente, a que el gobierno impidió la
inscripción de los candidatos con cierta posibilidad de triunfo. Solo dejó
participar a postulantes que en las encuestas mostraban escaso potencial
electoral. Quizás por ello participó apenas 46% del padrón electoral; fue la
abstención en elecciones presidenciales más alta de la historia reciente.
Los grupos de poder no quisieron negociar con el candidato a quien el
gobierno dejó inscribir, Henry Falcón, y abandonaron de plano la lucha
electoral sin ninguna propuesta alternativa en el horizonte. Debido a esto,
la oposición tachó a Maduro de «usurpador» y denunció que a partir del 10 de
enero de 2019 Venezuela quedó bajo una presidencia ilegítima que el mundo no
debía reconocer.



En el corazón del plan de desconocimiento, la oposición se rearmó en torno
de la denuncia de usurpación y, al mismo tiempo, de vacío de poder en el
país. Con ello, empezó a difundir la necesidad de juramentar a Guaidó, en
ese entonces escasamente conocido, como presidente de la nación. Para ello
se amparaban en el artículo 233 de la Constitución, que establece los
criterios a seguir ante las «faltas absolutas» del presidente. En realidad,
estas se originan en muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal
Superior de Justicia (Tsj), incapacidad física o mental permanente. En estos
casos, si la ausencia se produce antes de que el presidente pueda tomar
posesión de su cargo, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el
cargo. Si ocurre después, debe hacerlo el vicepresidente, con la misión de
llamar a elecciones en los siguientes 30 días, como efectivamente sucedió
cuando Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013.



Blandiendo el artículo 233 y una interpretación sui generis, la oposición
determinó que había una especie de usurpación y «falta absoluta», al mismo
tiempo, en la silla presidencial. Por ende, también argumentó, con suma
laxitud, que la toma de posesión fue ilegítima y, por ende, no existió. De
allí derivó la «legitimidad» de Guaidó. Aunque nadie entendió muy bien esta
exégesis de la Constitución, se suscitó una enorme algarabía en las filas
opositoras. Esa alegría se sustentaba en una serie de apoyos mediáticos del
ala más conservadora de la derecha estadounidense y en un fervoroso impulso
del presidente Donald Trump. Ello desembocó en un juramento realizado en una
plaza luego de una multitudinaria marcha realizada el 23 de enero, fecha
emblemática para la democracia venezolana por el fin de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez. Aunque la figura de «presidente encargado» no exista
en la Constitución, Trump y una serie de gobiernos salieron de inmediato a
reconocerlo formalmente y con un renovado entusiasmo.



De ahí en adelante vino una retahíla de portadas de medios internacionales
que aplaudieron y arroparon al joven «presidente». El equipo de Guaidó
elaboró un traslúcido mantra de gran simpleza: 1. cese de la usurpación; 2.
gobierno de transición y 3. elecciones libres. Una línea con nueve palabras
y una gran claridad. El gobierno estadounidense amenazó al chavismo si se
atrevía a «tocar» a Guaidó. La frase «todas las opciones están sobre la
mesa» se hizo viral, en relación con la posibilidad de una invasión militar
estadounidense al estilo del Día d, o, alternativamente, como operación
quirúrgica al estilo de la invasión a Panamá. La posibilidad de una
invasión, que nunca será incruenta, se hizo cada vez más popular entre
muchos opositores sin una reflexión sobre las consecuencias de una potencial
acción bélica. Guaidó insistía en que nadie le teme a una guerra civil y en
que la opción de la intervención no estaba descartada.



Un caballo de Troya sin ruedas



En la «comunidad internacional» corrían ríos de tinta tratando de explicar
algo tan sencillo como el misterio de la Trinidad. Los más connotados
analistas intentaron, como San Agustín a la orilla de la playa, explicar
cómo Guaidó era presidente de la República y de la Asamblea Nacional; en qué
consistía la usurpación y una «falta absoluta» que, de existir, obligaba a
llamar a elecciones presidenciales en febrero de 2019. En medio de estas
disquisiciones, la gente empezó a impacientarse, ya que la vertiginosa ruta
de salida de Maduro, alimentada irresponsablemente por ensueños de la Casa
Blanca y por guerreristas venezolanos en el exilio, parecía perderse en una
retórica tan combativa como estéril.



La ignorancia de Trump y la «comunidad internacional» sobre la especificidad
del caso venezolano es monumental. Parecen limitarse a leer los informes
interesados de los políticos opositores que les piden grandes cantidades de
dinero y les ofrecen pronósticos excesivamente optimistas. Los análisis que
traducen erróneamente el gigantesco desastre económico como debilidad
política llevaron a Trump a pensar en una fácil y rápida victoria sobre el
chavismo y a evadir el hecho de que el gobierno lleva 20 años aprendiendo a
resistir profesionalmente y que cuenta con macizos apoyos políticos,
económicos y militares de China, Rusia, Irán, Cuba y Turquía. La ferocidad
mediática de la «comunidad internacional» es inversamente proporcional a su
conocimiento de la situación concreta de Venezuela.



A mediados de febrero, el entusiasmo ya mermaba ligeramente. Los objetivos
parecían lejos de haberse cumplido y la oposición no encontraba una ruta
clara. En ese desbarajuste emergió la idea de convertir la necesaria ayuda
humanitaria en una especie de desembarco de Normandía contra la usurpación.
De ese modo se especuló con meter a militares disidentes dentro de los
camiones de la ayuda humanitaria, con esconder armas dentro de las cajas de
comida o con hacer pasar los camiones a la fuerza para que miles de personas
se montasen en ellos y redimieran a la población del yugo «comunista». En el
plano internacional, el operativo se vendió como una nueva caída del Muro de
Berlín impulsada por la presencia de presidentes como Sebastián Piñera, Iván
Duque y Mario Abdo, quienes se apersonaron en Cúcuta, del lado colombiano de
la frontera, pensando que iban a presenciar un desplome glorioso de la
opresión.



Este espejismo pintaba muy mal cuando las organizaciones especialistas en
ayuda humanitaria, como la Cruz Roja, se divorciaron del proyecto y
denunciaron lo innegable: la ayuda humanitaria no puede ser empleada como
una cuña para tumbar a un gobierno; más bien, debía tener el consentimiento
del gobierno y su cooperación para poder ingresar. Pensar que la entrada de
cuatro o cinco camiones cargados con mercancías de diversa índole y
acompañados por jóvenes con bombas molotov y resorteras traería el «fin de
la usurpación» era asombrosamente ingenuo. Los pasos de la entrada de la
ayuda humanitaria quedaban a más de 20 horas de la capital, incluso yendo a
buen ritmo. Creer que esa gesta causaría una deserción masiva de militares
que se pondrían a la orden de «la Libertad» era aún menos esperable, por más
ofertas monetarias que hubiera y que luego ni siquiera fueron honradas.



Como era de esperar, la operación fue un fracaso estrepitoso. Los camiones
no entraron y las masas que debían poner el cuerpo por la entrada de la
ayuda tampoco aparecieron. En ese marco, la oposición trató de explotar el
incidente de la quema de uno de los camiones. Cientos de medios de
comunicación salieron a decir que la «policía de Maduro» había quemado los
furgones. Guaidó, el asesor de seguridad estadounidense John Bolton y el
senador de Florida Marco Rubio salieron a criticar este gesto de malignidad.
Pero semanas más tarde, una breve investigación de periodistas del New York
Times desmintió esa información. En el video que publicaron aparecía cómo,
por accidente, un joven había lanzado la mecha de una molotov sobre las
cajas que portaba un camión y había causado el incendio.



Impasse



Desde enero de 2019 se planteó que con sanciones económicas cada vez más
fuertes y con multitudinarias marchas iba a ser suficiente para derrocar a
un gobierno cívico-militar con gran trabajo de inteligencia y un extendido
control social. En otros escritos hemos hablado de la tríada popular
clientelar que otorga al gobierno una especie de «biopoder» por el cual la
población más depauperada depende cada vez más del gobierno para asegurar su
reproducción biológica. Al contrario de lo que se cree, las sanciones
económicas no hacen sino cimentar ese vínculo y le otorgan al gobierno una
excusa para deshacerse de su responsabilidad por la crisis más fuerte que ha
vivido el país en su historia. A pesar de que las primeras sanciones
financieras empezaron en agosto de 2017, al gobierno y a la «izquierda
lumpenprogresista» les es fácil culpar a las sanciones por los pésimos
resultados económicos.



Las protestas de marzo estuvieron fuertemente influenciadas por el colapso
del sistema eléctrico nacional. En muchas zonas, la energía eléctrica falló
durante varios días seguidos. Aunque el agua, el servicio eléctrico, el gas
y la gasolina en las regiones alejadas de la capital habían venido fallando
regularmente desde hace años, el hecho de que Caracas se quedara sin luz y
sin agua por entre tres y cinco días fue algo inédito. Ello contribuyó a
frenar un poco más el leve ímpetu que aclamaba por una invasión e hizo
pensar a la gente que, efectivamente, se podía estar peor. Las protestas
amainaron y el éxodo de venezolanos cobró un fuerte impulso.



Abril comenzó con un renovado letargo político opositor. Las huelgas
generales o paros empresariales (como los realizados en 2001, 2002 y 2003)
estaban muy lejos de poder organizarse. El gran empresariado está
decididamente quebrado y sobrevive a muy duras penas. Ni hablar del altísimo
grado de informalidad en la economía, más la alta cantidad de trabajadores
estatales que harían fracasar el paro con cierta rapidez. Eso lo sabían las
principales cámaras patronales, que inmediatamente dijeron que no iban a
cerrar y que era suicida aventurarse a un lockout en estas condiciones.



La sublevación militar del 30 de abril



El 1o de mayo se había publicitado como otro día de marchas. Por un lado, el
«presidente obrero», durante cuyo mandato el salario real disminuyó 92% y
que tiene el arrojo de anunciar en tono celebratorio un incremento del
salario mensual de 6 a 12 dólares; y por el otro la marcha de Guaidó, quien
adoptó el «Plan País» como propuesta económica de un gobierno que no quiere
saber nada con un protagonismo obrero. En vista de las últimas marchas, era
predecible que no habría mucha gente de la oposición (que suele asumir un
discurso anticomunista) celebrando el Día Internacional del Trabajo. El
equipo de Guaidó no está a favor de fuertes subidas del salario mínimo. José
Guerra, economista líder del Plan País, propone un salario de 20 dólares al
mes, llevadero a 30 dólares a mediano plazo, por lo que les resulta difícil
levantar las reivindicaciones económicas más elementales que esgrime la
amplia base depauperada.



Por estas razones, y al parecer otras de orden más conspirativo, el intento
de sublevación en el marco de la «Operación Libertad» se adelantó al 30 de
abril, en completo secreto. Es sabido que varios dirigentes de Voluntad
Popular (Pp), el partido de Guaidó, no sabían del plan. La liberación de
Leopoldo López, el líder partidario, de su arresto domiciliario hacía
presagiar algo muy importante. Pero pocas horas después, cientos de
seguidores se desilusionaron al llegar a la base aérea militar La Carlota,
porque vieron con sus propios ojos que Guaidó y los pocos militares
insurrectos no habían logrado tomar la base y quedó en evidencia que los
militares implicados en la intentona eran muy escasos, con nulo poder de
fuego, y que al final solo participaron unas cientos de personas
completamente descoordinadas y en total desconocimiento de lo que ahí estaba
sucediendo realmente. Es curioso que vp no incluyera en su plan a otros
partidos políticos. Y fue así cómo, al final de la tarde, los promotores de
la intentona corrieron a refugiarse a las embajadas de Chile, Brasil y
España. No hubo combate ni gesta. El fiasco de este plan hundió aún más su
proyecto de cambio político.



Un junio lleno de baches



Las últimas marchas han sido poco numerosas, por lo cual Guaidó se ha
concentrado en giras por pueblos pequeños y cabildos en espacios reducidos.
La última táctica se llama «casa por casa» y, aunque la han seguido algunos
pocos líderes de partidos como Primero Justicia (Pj), la convocatoria es muy
pequeña y el apoyo popular activo parece ser escaso, a pesar de que la
mayoría de las encuestas reflejan que Guaidó tiene un muy significativo 40%
de intención de voto (Datanálisis) en una eventual contienda electoral.



Un asunto que también mermó (aún más) el apoyo al proyecto de Guaidó fue el
generoso pago de 70 millones de dólares por intereses correlativos al bono
Pdvsa 2020, por parte de una Asamblea Nacional que había estado en
desacuerdo con el bono en 2016. El argumento de la Asamblea fue que de ese
modo era posible retener en manos del «gobierno» de Guaidó activos
venezolanos en Estados Unidos. Pero es contradictorio que quienes pagaran el
bono dijeran que ese dinero para Citgo (Citgo Petroleum Corporation) es
«poco», ya que si el país está en crisis y le urgen los 20 millones de
dólares de la ayuda humanitaria, es paradójico que cancelen esos 70 millones
de dólares. El asunto central es que Guaidó no ha hecho públicamente nada
por obtener una orden ejecutiva de Trump o una resolución de la Organización
de las Naciones Unidas (onu) que declare inembargables los activos de
Venezuela, lo que permitiría alejar el peligro de confiscación por impago.
Algo así se aplicó en la víspera de la genocida invasión a Iraq con la orden
ejecutiva 13303 y con la resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la Onu.
A esto se sumaron las denuncias sobre el manejo poco transparente de la
ayuda humanitaria. El affaire Cúcuta ha sido devastador para la oposición.
La ayuda humanitaria por la cual el pueblo debía arriesgar su vida en la
frontera ha sido gestionada de una forma muy similar a la utilizada por el
gobierno para manejar la economía, con opacidad y deshonestidad. El propio
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos
(Oea), ha llamado a abrir una urgente investigación en lo que parece ser un
desfalco descarado. En la investigación del medio estadounidense
antichavista Panam Post se puede evidenciar una grave malversación de la
ayuda humanitaria. El dinero destinado a pagarles a los cerca de 300
militares que desertaron (con sus familias) por esas fechas y se fueron a
Cúcuta fue mayoritariamente hurtado. Ello se evidenció en la forma en que
los desalojaron de los hoteles y en las quejas de los militares por el
incumplimiento de las promesas de remuneración que les había hecho Guaidó.
Se cree que en abril ya había más de 1.200 funcionarios que habían desertado
en favor de Guaidó y estaban en Colombia. La trama de corrupción ha
salpicado directamente al «presidente encargado», quien decidió sustituir a
Gaby Arellano y a José Olivares, diputados exiliados desde hace meses en
Colombia y de peso en Venezuela, por los desconocidos Rossana Barrera
(cuñada de Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó) y Kevin Rojas, ambos
militantes de Voluntad Popular. Barrera fue acusada de peculado al pasar
como propias las facturas de hoteles que estaban siendo pagadas por el
gobierno de Colombia y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur). Luego, habría duplicado la cifra real de desertores
y organizado una cena para reunir fondos a través de un correo falso de la
«embajada» venezolana (de Guaidó) en Colombia. Se habla de cerca de 100.000
dólares malversados que podrían ser la punta del iceberg de una trama de
corrupción develada por el servicio de inteligencia colombiano. Peor aún es
que cerca de 60% de la ayuda en alimentos se ha dañado. Es insólito que, en
una frontera tan porosa, no se hiciera el más mínimo esfuerzo por distribuir
esa comida.



Más difícil de digerir es que la oposición apoye la implementación de las
sanciones económicas de EEUU. Gracias a ellas, cerca de 6.000 millones de
dólares están siendo retenidos en el extranjero, divisas que podrían usarse
para traer medicinas y alimentos. Esto equivale a más o menos 300 veces el
total de la «ayuda humanitaria». Es cierto que la administración de parte de
ese dinero por el régimen de Maduro podría desviarse en la compra de armas,
pago de deudas o corrupción. Pero podrían aplicarse alternativas de gestión
multiparticipativa de esos recursos, en las que se involucren organizaciones
internacionales como Caritas o la Cruz Roja junto con la Onu, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Fao) y venezolanos consensuados por ambos bandos en disputa, para tratar de
paliar los efectos de la crisis económica generada por la gestión económica
del chavismo y agravada por las draconianas sanciones económicas.



Una nota aparte es el fenómeno de «rebote económico» que con seguridad se
dará en el segundo trimestre. Siendo, probablemente, el primer trimestre de
2019 el peor de la historia económica del país, en especial por las
prolongadas fallas en el servicio eléctrico y la enorme inestabilidad
política, el segundo trimestre podría ser el primero en mostrar números
positivos en cinco años, debido a un rebote por la mejoría en los servicios
de energía, pero también por una apertura económica gradual, lenta y muy
tardía. Por ejemplo, la libre convertibilidad de la moneda ha permitido el
ajuste de precios al eliminar de facto los controles estatales (lo que
provocó una disminución de la escasez de productos) y esto se ha sumado a la
aprobación de la libre circulación del dólar como moneda de pago. Más aún,
el Banco Central de Venezuela dejó a mesas de dinero interbancarias la
responsabilidad de la fijación del tipo de cambio, que a la sazón debería
resultar de la oferta y la demanda de divisas en ese mercado. Todo ello
podría desinflar la tesis de la oposición de que un continuo empeoramiento
de la situación económica haría inevitable el estallido social que llevan
años esperando.



Oslo: un diálogo vergonzante



Las conversaciones en Oslo se vienen desarrollando hace más de un año con
miembros del chavismo moderado y con algunos integrantes de la oposición más
dialoguista. La novedad es la reciente inclusión del indispensable
antichavismo más beligerante. El asunto es que Guaidó y quien lo influye más
notoriamente en el terreno mediático, María Corina Machado, llevan años
denostando el diálogo, diciendo que esa jamás será la vía para salir de la
«dictadura». Para ellos, la única negociación posible es estimar cuál sería
la celda de Guantánamo donde vivirían Maduro y sus consortes. Ese
empecinamiento deja a la oposición sin salida, ya que una posible invasión
ha sido constantemente descartada por el halcón Elliott Abrams, asesor de
Trump sobre Venezuela, quien no solo ha dicho que no habrá bombardeos, sino
que la ruta es democrática. Incluso ha afirmado que el chavismo debe
regresar a la Asamblea Nacional y que entre todos deben construir una
transición pacífica.



En los hechos concretos, la oposición no tiene nada con que forzar al
chavismo a la rendición y tampoco cuenta con un impulso popular sólido y
organizado para ejercer presión política interna. Las sanciones serían lo
único que puede afectar al gobierno, pero eso difícilmente alcance para
hacerlo cambiar en su aspiración de permanecer eternamente en el poder y
concentrarlo de manera absolutista. El asunto clave es que las sanciones las
impone EEUU y la negociación más directa sería entre funcionarios de Trump y
de Maduro, donde la oposición podría terminar teniendo un peso muy relativo.
Y a esto se suma que detrás de Maduro están China, Rusia, Turquía y Cuba.
Este último país ha sido acusado de articular la postura chavista en Oslo y
de tratar de forzar una transición en la cual el actual ministro de la
Defensa, Vladimir Padrino López, encabece un gobierno de transición que
garantice la continuidad política del chavismo y la ayuda energética a Cuba.
Luego de la transición vendrían elecciones con un nuevo Consejo Nacional
Electoral. Todo esto no deja de ser una especulación, pero lo cierto es que
los negociadores noruegos tienen una relación cercana con los cubanos, ya
que fueron parte del acuerdo logrado en La Habana entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Estado colombiano.



Recientemente se desarrolló una nueva aventura golpista de índole militar.
En la tarde del 26 de junio el gobierno declaró, en tono de sorna, que
frustró otro intento de alzamiento militar. Apresó a más de 30 militares que
enfrentarán cargos de «traición a la patria», acusación generosamente
endilgada por jueces chavistas. Según lo que comentan los voceros oficiales,
miembros de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia están
involucrados en el caso. Como ha venido pasando, cada sublevación es
controlada con una increíble rapidez, lo que desmoraliza más a una fracción
de la oposición que a todas luces apuesta por el galgo equivocado e
invariablemente pierde con facilidad.



Días después del motín, Maduro contó que el principal conspirador era el
general Manuel Cristopher Figuera, ex-director del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), quien, según él, fue captado por la Central
de Inteligencia Americana (Cia) y luego dejó a sus tropas solas en la
sublevación. Figueras fue quien liberó a Leopoldo López la noche previa al
intento de golpe. Producto de esa «gesta», EEUU le revocó la sanción que
sobre él se había impuesto y dijo que era «un ejemplo a seguir». Según
Maduro, el gestor militar del fallido golpe estuvo trabajando como
infiltrado para la Cia lo que podría ser un invento o podría mostrar fisuras
dentro del poder militar y de inteligencia que sostiene al gobierno y que
ejerce el poder a través de los militares encargados de gestionar
ministerios y empresas claves (como Petróleos de Venezuela, Pdvsa). La no
realización del tradicional desfile militar del 24 de junio, día de la
Batalla de Carabobo en 1821 y fecha clave de la independencia, disparó todas
las alarmas entre los especialistas en el tema castrense. La realización, en
su lugar, de una muy modesta y adusta «parada» ha puesto a pensar a más de
uno en tramas palaciegas que parecen estar algo lejanas a la realidad de un
gobierno cada vez más militarizado.



La oposición más moderada apuesta al diálogo. El asunto es que no cuenta con
apoyo financiero y, por ende, no construye fuerza popular. Por ello, es
mediáticamente aplastada por el aparato comunicacional de los que sueñan con
una invasión. Una apuesta belicista que vende la caída de Maduro como
inminente resulta muy útil para pedir dinero en el extranjero, es una
mentirilla que gustosamente compra el anticomunismo internacional que vende
la farsa de una Venezuela hundida por ser un socialismo realizado. La
continuidad de la crisis les sirve mucho para explotar propaganda
antisocialista y aprovechar el auge de la emigración inexorable de millones
de personas que desesperadamente huyen de las penurias de la vida cotidiana
y la falta de perspectivas.



Mientras una fracción ultraderechista continúe abogando por vías virulentas
y amenazando con barrer a oponentes con violentas razzias, los resultados
serán cada vez más negativos para el resto de la oposición democrática y
pacífica, ya que cada escalada golpista trae tras de sí una derrota y un
incremento de la represión. El aumento de la pobreza provocado por las
sanciones es un estímulo poderoso para la emigración y esto le conviene
muchísimo al régimen, ya que facilita su control social. Con menos
habitantes, tiende a haber menor presión sobre los muy subsidiados servicios
públicos, menos protestas, más remesas y los recursos de la renta gastados
de forma clientelar son más rendidores. Un negocio redondo.



La izquierda crítica sigue siendo un convidado de piedra. Mientras, la
izquierda «lumpenprogresista» sigue haciendo buen dinero y sacando jugosos
réditos políticos de la solidaridad con Maduro. Atacan con toda justicia y
razón las amenazas de invasión militar y las sanciones económicas, pero
callan las causas reales de la feroz crisis económica en la que el gobierno
y sus aliados de la burguesía importadora-bancaria son los exclusivos
responsables. Minimizan el sufrimiento de millones y el estancamiento
económico en aras de un abstracto antiimperialismo que hace la vista gorda
ante las acciones de exacción y destrucción de recursos naturales que
realizan las empresas multinacionales de los países aliados al régimen. El
ecocidio que se realiza actualmente en el llamado Arco Minero del Orinoco es
solo una de las muestras de esta situación.



* Manuel Sutherland: es economista y director del Centro de Investigación y
Formación Obrera (CIFO), Caracas.

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