Colombia/ Una guerra vieja que sigue matando. Las Farc disidentes retoman las armas [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de setiembre 2019

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Colombia



La vuelta a las armas de las FARC disidentes



Una guerra vieja que sigue matando



Con los acuerdos de paz de 2016 incumplidos por el gobierno y el exterminio
de líderes sociales en ascenso, Colombia no logra cerrar la fase final de un
conflicto que la mayoría de su población quiere dejar atrás. Aunque la casi
totalidad de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc) permanece desmovilizada, un puñado de dirigentes de rango medio
encabezados por Iván Márquez anunció la última semana su vuelta a la lucha
armada, en lo que parece una salida individual para algunos de ellos,
apremiados por la justicia.



Decio Machado, desde Quito

Brecha, 6-9-2019

https://brecha.com.uy/



En junio de 2016 el entonces aún presidente de Colombia Juan Manuel Santos
indicaría en el Foro Económico Mundial realizado en la ciudad de Medellín:
“Tenemos información amplísima de que ellos (las Farc) están preparados para
volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra
rural”. Eran los momentos previos al plebiscito por los acuerdos de paz que
se realizaron el 2 de octubre de ese mismo año y en el que el No se
impondría por medio punto porcentual sobre los partidarios de terminar con
la guerra.



Tras la victoria uribista en aquella consulta popular que puso en vilo estos
acuerdos alcanzados entre el gobierno de Santos y el mayor de los grupos
insurgentes levantado en armas desde 1964, la primera reacción de las Farc
fue la aparición en La Habana de sus dos principales dirigentes, Rodrigo
Londoño –alias Timochenko– e Iván Márquez, quienes indicaron: “Las Farc
mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la
palabra como arma de construcción hacia el futuro”. Tres años después de
aquellos episodios, el pasado 30 de agosto, varios comandantes acompañados
por una veintena de disidentes de la guerrilla desmovilizada hacían
despertar a Colombia con un video emitido en la madrugada que confirmaba las
sospechas de muchos durante los últimos meses: un sector de las Farc vuelve
a la guerra.



En el centro del video, Iván Márquez, tras de él, un cartel de fondo que
dice “Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer”, y a su
alrededor otros comandantes de rango medio, como Jesús Santrich, Aldinever
Morantes, Iván Merchán –alias Iván el Loco–, Henry Castellanos –alias
Romaña–, Enrique Marulanda y Hernán Darío Velásquez –alias el Paisa–.
Márquez, con pistola al cinto y leyendo un largo y grandilocuente comunicado
en el que se marca una línea de tiempo desde Simón Bolívar hasta nuestros
días, indica: “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia
(lugar de fundación de las Farc) bajo el amparo del derecho universal que
asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la
opresión (…). Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la
traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”.



Una ruptura anunciada



La lentitud en su aplicación y el escaso cumplimiento de los acuerdos de paz
firmados en la capital cubana han sido una constante durante todo este
período posguerra. Las Farc enfocaron su negociación en la creación de lo
que llaman “Territorios Campesinos”, zonas que serían territorios de
propiedad de la colectividad manejados por líderes comunales. Sin embargo,
hasta el momento, la reincorporación económica, social y política de los
miles de militantes de la guerrilla fariana avanza extremadamente despacio.
En paralelo, y según el Instituto Kroc, una de las instituciones encargadas
de verificar el cumplimiento de lo acordado en La Habana, el acceso al uso
de la tierra mediante la formalización masiva de pequeñas y medianas
propiedades rurales no supera el 3 por ciento; los programas de desarrollo
con enfoque territorial tienen una aplicación estimada del 9 por ciento; los
planes nacionales para la reforma rural integral se han consolidado tan solo
en un 4 por ciento, y los programas de sustitución de cultivos ilícitos con
tratamiento penal diferencial llegan a no más de 12 por ciento.



En lo referente a la participación política, las Farc pactaron que, en 16 de
las zonas más afectadas por el conflicto, el Estado crearía
circunscripciones transitorias de paz donde regirían condiciones especiales.
En la actualidad, la aplicación de la ley de garantías y promoción de la
participación ciudadana para movimientos y organizaciones sociales se estima
implementada en un 13 por ciento; la implementación de consejos
territoriales para la reconciliación y la convivencia apenas llega al 17 por
ciento; la formulación de planes de atención inmediata no supera el 10 por
ciento, y la participación ciudadana a través de medios de comunicación
comunitarios mediante la promoción de la democratización del uso del
espectro electromagnético no se ha realizado.



Si a lo anterior se le suma las dramáticas cifras, validadas por la
Defensoría del Pueblo, sobre los 480 líderes sociales y 150 guerrilleros
desmovilizados que han sido asesinados desde enero de 2016 –momento del alto
el fuego–, no queda otra que reconocer que Iván Márquez tiene razón a la
hora de denunciar que en Colombia los acuerdos de paz están siendo
incumplidos y que se repite un proceso similar al que ya ocurrió con la
Unión Patriótica. Esa formación legal de izquierda, tras su fundación en
1985 por miembros desmovilizados de las Farc y el Partido Comunista de
Colombia tras los acuerdos de paz negociados con el gobierno de Belisario
Betancur, sufrió un proceso de exterminio que implicó el asesinato a manos
de paramilitares y de fuerzas de seguridad de entre 3 mil y 5 mil de sus
integrantes.



Ahora bien, viendo la composición de la comandancia disidente congregada en
torno a Márquez, la vuelta a las armas de este reducto fariano –el 90 por
ciento de los desmovilizados se mantiene, hasta el momento, fiel al acuerdo
de paz– bien parecería una salida individual para algunos de sus
protagonistas. Ese es, en primer lugar, el caso del propio Iván Márquez.
Este comandante lleva enredado en las Farc cerca de medio siglo y en los
años ochenta se sometió a los mencionados acuerdos de paz con Betancur,
dejando las armas y siendo investido como congresista de la República. Tras
el intento fallido de la Unión Patriótica por democratizar Colombia, Márquez
volvería al monte y participaría en diferentes procesos de paz, y sería el
jefe negociador en La Habana. Tras la muerte del comandante en jefe
guerrillero Alfonso Cano, en 2011, disputó internamente su dirección frente
a Rodrigo Londoño, Timochenko, y quedó definitivamente relegado al segundo
puesto de la estructura de mando.



Pese a distinguirse dentro de la guerrilla como un líder más político que
militar, Márquez tiene 73 procesos pendientes. Entre ellos, la masacre de La
Chinita, en la que el 23 de enero de 1994 el V Frente de las Farc asesinó a
35 civiles durante una fiesta popular en Apartadó, en el Urabá antioqueño.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos lo acusa de “establecer las
políticas de las Farc” para “dirigir y controlar la producción, manufactura
y distribución de cientos de toneladas de cocaína”. Según evolucionen esos
procesos, en caso de detención podría ser extraditado.



Algo similar sucede con Jesús Santrich, quien protagonizara el más grande
entuerto judicial pos acuerdos de paz. Por sus condiciones físicas y su
pérdida de visión casi completa, su aporte a la guerrilla es más ideológico
que militar, aunque fue impulsor de la radio clandestina de las Farc y
dirigente del Bloque Caribe, subdivisión militar de la insurgencia que
operaba en el norte del país. Tuvo un papel destacado como negociador en La
Habana y fue detenido en abril de 2018, acusado de narcotráfico, de forma
muy discutible y controvertida, por Estados Unidos. Consciente del riesgo de
ser extraditado, pasó a la clandestinidad a comienzos de julio pasado y
sobre él existe una orden de captura internacional.



Otros comandantes en discordia son Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, y
Henry Castellanos, alias Romaña. El Paisa comandó durante más de dos décadas
la principal fuerza de elite del grupo insurgente y fue uno de los hombres
de confianza del Mono Jojoy, líder del Bloque Oriental de las Farc. Tiene
una decena de condenas por homicidios y terrorismo, además de 27 condenas
por secuestro. Se le acusa, entre otros, del asesinato en el año 2000 de
quien fuera presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes
de Colombia y miembro del Partido Liberal, Diego Turbay Cote, y de su
familia; del secuestro en 2002 de la ex congresista Gloria Polanco y sus
hijos, cuyos esposo y padre fueron asesinados en 2005 tras no poder pagar el
rescate; del secuestro y asesinato en 2009 del gobernador del departamento
de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, o de atentados como el coche bomba en el
club El Nogal, en 2003, en Bogotá, en el que fallecieron 36 personas y 200
quedaron heridas. En paralelo, Romaña tiene abiertos más de 70 procesos en
su contra por delitos relacionados con secuestro, terrorismo, narcotráfico y
homicidios.



Ni el Paisa ni Romaña apoyaron inicialmente el proceso de paz, y se
incorporaron a las negaciones de La Habana cuando estaban ya bastante
avanzadas. De igual manera y pese a los acuerdos establecidos en función de
la justicia especial para la paz, ambos podrían terminar declarando en el
Palacio de Justicia, según cómo evolucione cada uno de sus procesos
judiciales.



La viabilidad de la vuelta a las armas



Pese a que está todavía por verse la capacidad de convocatoria de Iván
Márquez y su grupo entre los guerrilleros desmovilizados, pocos son en
Colombia quienes piensan que sea viable rearticular a las Farc al día de
hoy. La vuelta a las armas del grupo disidente encabezado por Márquez
aparece como un proyecto llamado al fracaso y desfasado respecto a la
realidad actual del país. Colombia, a pesar de la violencia que emana de su
oligarquía rural y que se ceba sobre dirigentes sociales comunitarios e
insurgentes desmovilizados, vive la fase final de una historia que la ha
acompañado durante más de medio siglo. Si para algo valió el acuerdo de paz
fue para concienciar a gran parte del país de que la guerra, sea impulsada
desde un bando o desde el otro, no es una salida. De acuerdo con datos de la
reciente Encuesta Mundial de Valores, a más del 70 por ciento de los
colombianos le preocupa que continúe la guerra interna.



Las propias Farc habían negociado la paz en 2016 forzadas por su
debilitamiento paulatino, que mucho tiene que ver también con la
colaboración de la inteligencia estadounidense en el conflicto. Desde los
sucesos de Angostura de 2008 (cuando un bombardeo militar colombiano a un
campamento de retaguardia en Ecuador asesinó al comandante guerrillero Raúl
Reyes), la detección de computadoras conectadas y dispositivos electrónicos
móviles permitió localizar a los escuadrones de la guerrilla, modalidad con
la que se la golpeó notablemente.



Ahora, se estima que los liderados por Márquez podrían movilizar
inicialmente a entre 1500 y 2 mil insurgentes de los 13 mil desmovilizados
de las Farc contabilizados por el Alto Comisionado de Paz. Buena parte de
esa minoría propensa a volver a las armas estaría aún en los espacios
territoriales de capacitación y reincorporación, donde fueron acogidos los
guerrilleros al comenzar el proceso de desmovilización. La mayoría de los
farianos, sin embargo, ocupa ya nuevas áreas de agrupamiento, a las que se
han ido con sus familias en busca de asegurar su subsistencia económica.
Esas cifras coinciden con diversos informes internacionales auspiciados por
Naciones Unidas que establecen que, en los procesos de desmovilización de
grupos insurgentes, entre el 10 y el 15 por ciento de sus miembros termina
volviendo a las armas.



Por otro lado, Márquez anunció en su grabación que las restituidas Farc
guerrilleras buscarán aunar esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional
(Eln), otro grupo armado de orientación marxista-leninista que aún mantiene
su actividad militar en determinadas zonas selváticas de Colombia,
especialmente en territorios aledaños a la frontera con Venezuela. Dado el
cierto apoyo que durante los últimos años ambos grupos guerrilleros han
recibido desde Caracas, cabe pensar que desde el Palacio de Miraflores se
les ve como posibles aliados estratégicos en caso de que la República
Bolivariana sufra algún tipo de intervención militar extranjera.



Al mismo tiempo, el mensaje de Iván Márquez busca cambiar algunas formas
farianas clásicas, aunque sin por ello modernizarse. Márquez dice, por
ejemplo, que el objetivo de las nuevas Farc no es atentar contra la policía
o las fuerzas armadas, sino contra la mafiosa oligarquía colombiana. Tal
cual se decía en un comunicado del M-19 –grupo insurgente adscripto al
socialismo democrático y desaparecido en marzo de 1990– a finales de 1987:
“Guerra a la oligarquía, paz a las fuerzas armadas”. Nada nuevo bajo el sol.



La negociación de los últimos acuerdos de paz en Colombia duró más de seis
años y conllevó la redacción de un documento de más de 300 páginas, que en
la práctica se ha incumplido. El propio presidente Iván Duque ha manifestado
en múltiples declaraciones su escasa voluntad por darle vigor al proceso de
paz. Pese a los incumplimientos gubernamentales, el paso dado ahora por el
reducto de comandantes disidentes liderados por Márquez beneficia
precisamente a los opositores a los acuerdos de 2016, encabezados por el ex
presidente Álvaro Uribe. El pasado jueves 29, apenas conocido el regreso a
las armas de Márquez, Uribe hizo un llamado inmediato a derogar todos los
pactos en materia de justicia transicional y a la quita del rango
constitucional al acuerdo de paz.

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