Nicaragua/ La resistencia bajo el estado policial [Confidencial]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

10 de setiembre 2019

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net>

  _____



Nicaragua



Edificios, universidades y hoteles permanecen vigilados por patrullas y
antimotines



La resistencia bajo el estado de sitio



“La presión no debe disminuir. Debemos mantener despierto a este volcán”,
dice “Franco”, un protestante que realiza piquetes exprés con amigos



Confidencial, 10-9-2019

https://confidencial.com.ni/



En una oficina ubicada en el centro de Managua, un grupo de jóvenes se reúne
para planear otro “piquete exprés”. El mes pasado estos mismos muchachos,
todos licenciados, realizaron dos acciones de protesta con éxito, es decir,
sin agresiones ni detenciones policiales. “Lo hacemos con mucho cuidado,
porque no queremos perder nuestro trabajo y tampoco que nos manden a El
Chipote”, explica “Franco”, quien con este grupo continúa “resistiendo” a
pesar del estado policial de facto impuesto por la Policía Nacional desde
septiembre de 2018.



“Franco” ha participado en las protestas desde el 18 de abril del año
pasado. “Salimos a la cinco de la tarde y con el grupo fuimos hasta Camino
de Oriente. El resto es historia. Me refiero a la muerte, destrucción y
agresión que vino de la Policía y del dictador”, recuerda. El joven de 28
años, aceptó hablar con Condidencial bajo condición de anonimato, y asegura
que él y su grupo continúan protestando porque “la presión no debe
disminuir”. “Debemos mantener despierto a este volcán”, valora.



Para ejecutar con éxito el “piquete exprés”, “Franco” y sus compañeros,
tendrán que trazar una estrategia que no los exponga ante los antimotines.
El patrullaje y el número de efectivos han incrementado en la zona donde
esperan protestar, ha estado custodiada de forma permanente. “Son las ganas
de querer hacer patria. Solo en este país no podés agitar tu bandera porque
ahí no más te echan preso. Es ridículo”, critica “Franco”, quien presuroso
envía unas imágenes del asedio que existe en los alrededores del lugar donde
está reunido con sus amigos.



Desde septiembre de 2018, la Policía de la dictadura de Daniel Ortega
ejecuta un estado policial de facto que impide a los nicaragüenses realizar
protestas en contra del régimen sandinista. Hasta la fecha, se han prohibido
siete convocatorias de distintas organizaciones civiles. Y esta semana, el
Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos ha hecho otra solicitud,
sobre la cual aún esperan respuesta.



La institución policial prohibió las marchas a través de una orden policial
que amenaza con detener y procesar a las personas y organismos que convoquen
a las manifestaciones de protesta cívica. “Serán responsables y responderán
ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos
desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta
promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, alertó la nota de
prensa difundida en medios oficialistas.



Los puntos de asedio permanente



La Policía no solo rechaza las solicitudes para realizar movilizaciones.
También patrulla las calles de la capital, y las de distintos municipios del
país, para evitar que los protestantes lancen globos azul y blanco, y ondeen
banderas de Nicaragua. En Managua, hay patrullas permanentemente en todas
las rotondas. Tienen una patrulla sobre el boulevard y al menos seis
efectivos armados.



La presencia policial se ha extendido a los alrededores del Centro Pellas,
LaFise de Carretera a Masaya, Invercasa, la Universidad Centroamericana
(UCA) y el hotel Holiday Inn, donde la Alianza Cívica, la Unidad Nacional
Azul y Blanco, y demás organizaciones civiles y políticas, realizan
reuniones o conferencias de prensa.



En los puntos antes mencionados, la Policía ubica a aproximadamente a 20
efectivos. En algunos sitios, también hay una patrulla estacionada. Además,
regularmente transitan por el sector otras cinco camionetas cargadas de
antimotines, que son los mismos que circulan por distintos puntos de la
capital.



En Masaya, León, Jinotepe y Matagalpa, la vigilancia policial se extiende a
las iglesias, y está conculcado el derecho de libertad de reunión.



La misión de los oficiales es sofocar cualquier intento de protesta. Si
algunos ciudadanos lanzan globos azules y blancos, entonces ellos deben
atraparlos y explotarlos. Si colocan banderas de Nicaragua con el escudo
apuntando hacia abajo, ellos tienen que voltearlas o simplemente
decomisarlas. Y si tienen la posibilidad de capturar a los “causantes de tan
grave atentado terrorista”, lo golpean para “reducirlo” y lo trasladan a El
Chipote o la estación más cercana.



“No tenemos ningún derecho”



“Cada vez que las madres de los presos políticos queremos salir a pedir
auxilio al pueblo, que nos apoyen, que nos ayuden a protestar por nuestros
hijos secuestrados, nos agarra la Policía, los antimotines, todo el aparato
que tiene este hombre, nos maltrata nos masacra, nos atropella”, afirma
Martha Alvarado.



La manifestante agrega que la situación que vive el país es “increíble” y
cuestiona cómo se puede “vivir en paz” en un país en el que se te acusa de
terrorista si realizás una movilización pacífica. “No sé cómo podemos vivir
en este estado policial, nosotros no tenemos ningún derecho a protestar, a
marchar”, reclama.



Para José Merlo, otro ciudadano que se opone al régimen de Ortega, es
reprochable la actuación de la Policía, pues considera que, en lugar de
proteger a los ciudadanos, están intimidando, amenazando y golpeando.



“Yo soy del criterio que el pueblo ya tomó una decisión y nadie lo para,
haga lo que haga. Podrá matar, llenar cárceles y cementerios, pero el pueblo
ya tomó una decisión y es sacar a la dictadura”, opina Merlo.



Acuerdos incumplidos



La libertad de movilización y manifestación es uno de los acuerdos firmados
en la ahora suspendida Mesa de Negociación con la Alianza Cívica, que no ha
cumplido el régimen orteguista. El estado de sitio policial, comprueba que
el dictador no tiene voluntad para cumplir con lo firmado.



Diana Lacayo, ama de casa y opositora al régimen, estima que Ortega no
pretende cumplir con los acuerdos. Para esta mujer, la dictadura “no tiene
palabra” y en cambio busca continuar oprimiendo al pueblo hasta las próximas
elecciones.



“No podemos vivir en un estado de sitio. No podemos manifestarnos,
expresarnos. En cualquier momento nos atacan y nos llevan presas. Es que
este hombre desde un inicio no quería cumplir, y ahora menos. Yo no le
creo”, sostiene Lacayo.



En una entrevista en el programa Esta Semana, la representante de la Alianza
Cívica, Azahálea Solís, coincidió en que los derechos de movilización y
expresión siguen cercenados, en alusión al estado policial que prevalece en
el país. “Hay que camuflarse para hacer reuniones… Nosotros no podemos
aceptar que no tengamos derecho a manifestarnos”, asegura.



Para Juan Sebastián Chamorro, también miembro de la Alianza Cívica, el hecho
de que Ortega continúe con el asedio policial, deja en evidencia la
incongruencia de su Gobierno y lo expone ante la comunidad internacional
como la fuerza política que no quiere una salida a la crisis nacional.



“Pusimos al descubierto la incongruencia de un Gobierno que dice ser
demócrata, y que apoya las libertades, cuando en realidad hace lo contrario.
Ellos mismos firmaron el acuerdo del 23 de marzo y ellos mismos lo están
violando. De tal forma que esto constituye evidencia del incumpliendo de los
acuerdos que están suscritos en la Constitución Política”, explica Chamorro.



Elecciones adelantadas sin estado policial



A finales de agosto, la Alianza Cívica presentó una propuesta de trece
reformas al sistema electoral, que incluye a su vez cinco reformas a nivel
constitucional para adelantar los comicios generales, municipales y
regionales, prohibir la reelección, y establecer el sistema de segunda
vuelta.



La propuesta de reforma es concebida por los opositores como un punto de
partida para sentar “una unidad nacional”, en un momento en que la dictadura
pretende imponer su propia reforma de manera unilateral. A la par de la
exigencia de reformas electorales y adelanto de elecciones, los ciudadanos
demandan como condición la suspensión del estado de sitio.



Para Edwin Carcache, líder estudiantil, Ortega mantiene el asedio policial
permanente porque teme la unidad nacional del pueblo. Añade que, a pesar de
tener “todo en contra”, no dejarán de luchar para lograr la libertad de
Nicaragua.



“Ortega está celoso, Ortega está con miedo de ver que este músculo del
pueblo quiere cuanto antes llegar a elecciones. A eso es lo que le tiene
miedo Ortega, por eso el estado de sitio que vemos actualmente. Él no va a
permitir que la ciudadanía vaya a una urna receptora de voto, pero como
ciudadanos estamos conscientes del riesgo y vamos a luchar para conseguir
nuestros objetivos”, afirma Carcache.



En la calle, la ciudadanía también está enterada del riesgo que supondría ir
a elecciones bajo un estado policiaco. “No podemos ir a elecciones con un AK
en el pescuezo. Aquí no hay seguridad para nadie. Por lo menos yo —opina
Alvarado—, que vivo en contra de este Gobierno porque me secuestró a mi hijo
por protestar, a mí me ven entrar a una urna a votar y te aseguro que se me
va a hacer imposible”.



Para esta ciudadana, la solución pasa por realizar reformas electorales una
vez que se haya liberado a los otros presos políticos que continúan en las
mazmorras del régimen. Y también es fundamental que no exista un estado
policial de facto y que el proceso electoral se realice sin “este hombre en
el poder”.

  _____





---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20190910/e0ebf695/attachment-0001.htm