Venezuela/ Un cóctel imprevisible. Debacle petrolera y elecciones parlamentarias [Ociel Alí López]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de agosto 2020

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Venezuela



Debacle petrolera y elecciones parlamentarias

Un cóctel imprevisible



A poco de haber aprobado una impopular suba de los precios de la gasolina y
de liquidar el monopolio estatal de su venta, ahora dolarizada, el gobierno
venezolano decidió convocar a elecciones parlamentarias para diciembre. La
oposición se muestra, una vez más, dividida y atada a una estrategia
diseñada fuera del país.



Ociel Alí López, desde Caracas

Brecha, 7-8-2020

https://brecha.com.uy/



La llegada de los buques iraníes que llevaron combustible a Venezuela a
fines de mayo y alimentos a mediados de junio, desafiando la política de
sanciones de Estados Unidos, produjo, en el corto plazo, una pequeña
victoria del gobierno de Nicolás Maduro en la escena internacional. Pero por
sobre todas las cosas marcó de manera ineludible el comienzo de una era
pospetrolera para el país caribeño.



Es que por esas fechas el gobierno se vio obligado a tomar dos decisiones
que había eludido desde hace muchos años y que eran anatema para el
chavismo: el aumento y la dolarización del precio de la gasolina. El
gobierno anunció el 30 de mayo un esquema de precios de la gasolina que
cuenta con dos modos de venta. Uno va dirigido a unos 1.200 expendios
públicos que venden de manera limitada y extrasubvencionada a quienes poseen
el llamado carnet de la patria, que permite beneficiarse de algunas
políticas de asistencia estatal: 120 litros mensuales por vehículo (60 para
las motocicletas), a tan sólo 3 dólares el total. El otro modo contempla
unos 200 expendios, donde empresarios privados pueden vender gasolina
libremente a 0,5 dólares el litro. El gobierno anunció los nuevos precios
tanto en bolívares como dólares y aclaró que en el modo de venta privada el
pago se efectuará «a través de tarjetas, divisas o del petro», lo que en los
hechos significa oficializar el pago en moneda estadounidense.



El precio irrisorio del modo público, que según el gobierno será de vigencia
transitoria, posibilitaría, según advirtieron varios analistas, acentuar los
problemas ya existentes de reventa, corrupción y contrabando. Pero la
verdadera novedad del anuncio radicó en imponer de hecho el modo privado,
dolarizado, como la principal forma de abastecimiento para el venezolano
promedio, en contraste con la histórica tradición de venta monopólica
estatal a precios prácticamente simbólicos.



Lo cierto es que desde hace años, varios estados, especialmente los
fronterizos con Colombia, venían sufriendo fuerte escasez de combustible a
causa del contrabando. Para surtir sus vehículos, los pobladores debían
pasar horas y hasta días en las enormes colas (véase «Aguafuertes
maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Con el paso del tiempo, el flagelo se fue
viralizando por todo el territorio nacional y llegó a Caracas justo cuando
comenzaba la cuarentena por el coronavirus, el 17 de marzo.



Adiós al país petrolero



Con los buques en puerto seguro, luego del primer envío (1,5 millones de
barriles de gasolina y aditivos para refinación) empezaron a surtirse
algunas gasolineras, pero aún no se sabe a ciencia cierta si estas
transferencias de gasolina del exterior se podrán estabilizar y si la
actividad de las refinerías venezolanas podrá volver a la normalidad. En
ambos escenarios es clave la gestión de los iraníes y su capacidad de evadir
las acciones de Estados Unidos, donde un juzgado del distrito de Columbia
emitió a mediados de julio una orden de decomiso de los cargamentos con
rumbo a Venezuela.



Las refinerías venezolanas se habían venido paralizando paulatinamente a lo
largo del último año, en la medida en que la estatal venezolana PDVSA
entraba en un espiral imparable de crisis. Este fenómeno ha convertido al
otrora país petrolero en uno dependiente de gasolina importada y a una
economía basada en la renta de los pozos en una apenas sustentada en las
remesas de los emigrantes y la explotación del oro (véase «¿Estabilización o
desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), además del escaso petróleo que
todavía pueda vender.



La crisis de PDVSA se debe a una ola de problemas de diversa índole y de
larga data. La compañía arrastraba desde hacía años severos problemas de
gestión, falta de inversión, escasez de mano de obra calificada y
corrupción, entre otros, que venían reduciendo paulatinamente su producción
(véase «Asfixiar al ahogado», Brecha, 13-IX-19). En los últimos tiempos, los
violentos altibajos en los precios internacionales del petróleo y la
competencia del fracking bajaron el flujo de caja de la compañía a mínimos
históricos. Además, las pugnas internas del oficialismo llevaron a la cárcel
a dos de sus presidentes nombrados por Maduro y al exilio al nombrado por
Hugo Chávez. Un cuarto titular de la empresa estatal fue destituido a
comienzos de este año.



Como si todo esto no fuera suficiente, en 2019 las sanciones internacionales
a Venezuela, que hasta el momento se habían limitado a las cuentas en el
extranjero de algunos funcionarios, se dirigieron a partir de entonces
contra PDVSA. Amparándose en ellas, la Casa Blanca ejerce fuerte presión
contra navieras, empresas privadas y gobiernos de terceros países con el fin
de llevar al mínimo las exportaciones de la estatal y su suministro de
insumos.



PDVSA viene transitando así un vía crucis donde produce lo mínimo necesario
para el consumo interno, y a veces ni siquiera. Retomar el impulso de la
producción a gran escala ya parece un escenario quimérico. Según datos de la
OPEP, a comienzos de junio la petrolera venezolana producía poco más de 500
mil barriles diarios, cuando durante 2012 extraía casi 3 millones diarios.



La línea amarilla



Es esta situación la que ha obligado a Maduro a cruzar la línea amarilla de
los aumentos elevados en el precio de la gasolina para consumo interno. Lo
que en cualquier país es una decisión lógica u ordinaria, en Venezuela ha
marcado un hito. Hasta ahora, a los mandatarios sucedidos en los últimos 30
años les había temblado el pulso a la hora de realizar un aumento en los
precios de la gasolina, puesto que había quedado grabado en el imaginario
colectivo lo ocurrido en el año 1989, cuando el entonces presidente, Carlos
Andrés Pérez, intentó llevar los precios al nivel internacional y
desencadenó la oleada de protestas más grandes en la historia del país,
recordadas como el Caracazo o Sacudón, el gran acontecimiento-hito de donde
emergió Chávez y el chavismo, aún en el poder. Ahora, en 2020, no sólo es
aumento lo que se resuelve, sino también dolarización, asumida por primera
vez de manera pública por el presidente y que acompaña un proceso de
dolarización más amplio ya en marcha en la economía venezolana.



Quienes con más ahínco discutieron el aumento y la dolarización de los
precios de la gasolina fueron los propios chavistas. La oposición,
especialmente la neoliberal, siempre estuvo de acuerdo con llevar la
gasolina a precios internacionales, mientras el chavismo tradicionalmente
defendía precios acordes a un país petrolero. Pero en 30 años las cosas han
cambiado. Ya puede decirse que Venezuela no es más un país petrolero. Quizás
el chavismo irá comprendiendo que desde hace tiempo se debían haber tomado
medidas para ahorrar la majestuosa subvención a la gasolina que financiaba
sobre todo los carros privados de las clases medias y altas.



Aunque es improbable que tenga éxito una convocatoria de la oposición
establecida que vaya contra estas medidas, es factible ver protestas en los
lugares que no han sido surtidos. Pero un estallido como el del 89 no
dependerá de este aumento o de la dolarización, sino en todo caso de la
falta de suministro. Y no tanto de gasolina, sino de diésel y gas doméstico,
consumidos masivamente por los sectores populares. El diésel se utiliza en
el transporte público y en el de alimentos, así que mantener su
abastecimiento es el principal reto del gobierno (véase «Maduro camina sobre
un campo minado», Brecha, 30-IV-20). Su subvención fue ratificada a
comienzos de junio, a la par que se anunciaba el aumento en la gasolina.



El actual aumento golpeará sobre todo a los motorizados, a los pescadores
artesanales y a quienes aún tienen vehículos privados en áreas populares,
entre otros sectores. De todas formas, todos ellos ya compraban la gasolina
más cara en el mercado negro, donde cuesta de 2 a 4 dólares el litro, lo
mismo que repuestos y lubricantes, también en dólares, tan es así que el
transporte privado que ha logrado sobrevivir a estos años de crisis lo ha
hecho en tanto ha podido proveerse de la divisa estadounidense. Pero el
verdadero temor que ha generado la medida es que sea un pistoletazo para el
aumento desconsiderado y dolarizado de los servicios públicos.



Nuevas elecciones parlamentarias



En ese marco de crisis y en medio de la pandemia de covid-19, mediante tres
decisiones diferentes realizadas entre junio y julio, el Tribunal Supremo de
Justicia intervino las directivas de los partidos opositores Primero
Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. De esa manera, procedió a
nombrar como sus presidentes a dirigentes que venían manteniendo
negociaciones, más o menos abiertas, con el Ejecutivo nacional.



El 13 de junio, en otra cuestionada medida, el Tribunal Supremo de Justicia
también nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que no
pudieron ponerse de acuerdo las facciones internas de la Asamblea Nacional,
órgano encargado por la Constitución de designar a los integrantes del CNE.
La nueva conformación del ente de contralor electoral incluye la
participación de actores de partidos políticos minoritarios de oposición que
desde finales de 2019 decidieron sentarse en una mesa de diálogo nacional
con el gobierno. Hasta ahora, las decisiones del CNE han sido tomadas en
consenso entre miembros de esa corriente opositora y el oficialismo. El
organismo ha anunciado el 6 de diciembre como fecha de realización de las
próximas elecciones legislativas.



El 24 de junio, el presidente Maduro anunció además la posibilidad de un
referendo revocatorio presidencial a celebrarse en 2022. Se trata de un
instrumento contenido en la Constitución al que se puede someter a
cualquiera de los cargos obtenidos en elección popular. Si bien la propuesta
no ha generado mayores expectativas, sobre todo debido a que en 2016 un
referéndum de esas características fue bloqueado por el propio oficialismo
mediante el anterior CNE, es la primera vez que se prefigura un escenario de
este tipo desde el propio partido de gobierno.



¿Abstenerse o no abstenerse?



El conjunto de medidas y decisiones institucionales no ha recibido
reacciones contundentes de las corrientes mayoritarias de las fuerzas
opositoras, quienes se han mostrado impotentes a la hora de responder, no
sólo por la desmovilización generada por la pandemia y las medidas de
cuarentena, sino también por su desgaste político y el cúmulo de derrotas
sufridas desde el intento fallido de golpe del 30 de abril de 2019 –en el
que muchos líderes de los partidos opositores participaron de manera
pública–, hasta el también fallido intento de desembarco de paramilitares a
comienzos de mayo, la llamada Operación Gedeón. Derrotas enmarcadas en la
estrategia de los sectores más radicales, que gastaron toda la pólvora en el
nombramiento de un interinato, el de Juan Guaidó, que hasta ahora no
presenta ningún saldo a favor en cuanto a presión y movilización interna.



Con toda esta armadura institucional electoral en marcha, con las tarjetas
de los partidos activadas, con múltiples colores y marcas políticas, sólo
hay algo que aún no termina de verificarse y para ello habrá que esperar al
día de las elecciones: si los militantes y votantes de la oposición
realmente se entusiasman con la situación de desgaste en la popularidad del
oficialismo y deciden acudir a las urnas, o si, por el contrario, rechazan
el nuevo escenario electoral, armado por las instituciones oficiales con
actores opositores minoritarios, y deciden no participar. Es que el
liderazgo opositor ha denunciado este escenario como anticonstitucional y ha
decidido no presentarse a los comicios de diciembre. La alta abstención de
54 por ciento con la que se eligió a Maduro en las presidenciales de mayo de
2018 dejó el camino abierto para el interinato de Guaidó y la vía violenta
para intentar la transición política. Una alta abstención el 6 de diciembre
próximo podría mostrar que no sólo el partido de gobierno, sino incluso todo
el sistema político afín están en entredicho, y que los votantes opositores,
que crecieron enormemente en las legislativas de 2015, no aceptan la
cooptación de sus partidos.



Pero parte de la oposición también recuerda lo ocurrido en las
parlamentarias de 2005, cuando se llamó a no votar y se dejó sólo en el
Poder Legislativo al chavismo. Gracias a ello terminó ocupando finalmente
todas las instituciones, y con el paso del tiempo aquella decisión de
abstenerse ha concitado la autocrítica de distintos voceros opositores. Para
intentar persuadirlos en esta ocasión, Maduro ha dejado el anzuelo con la
jugosa carnada de un posible referendo revocatorio para 2022. ¿Podrá la
nueva oposición navegar hasta allá o naufragará antes de tiempo? ¿Cumplirá
su palabra el gobierno? Todo está por verse.

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