Argentina/ Deuda eterna, eterno sometimiento [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de agosto 2020

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Argentina



Deuda eterna, eterno sometimiento



El comunicado oficial del Ministerio de Economía que anuncia el acuerdo con
los lobos de Wall Street señala que el entendimiento comprende a tres grupos
de acreedores: Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos (encabezado por
Blackrock; Fidelity y Ashmore), el Comité de Acreedores de Argentina
(liderado por Greylock) y el Grupo de Bonistas del Canje (liderado por
Monarch; HBK, Cyrus y VR) y otros tenedores (tales como Pimco y Prudential).
Denominarlos “bonistas” o “acreedores” no es más que un eufemismo para
suavizar el poder de esta oligarquía financiera que recoge tributos en todo
el mundo mediante el poder del dinero.



Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 9-8-2020

https://www.laizquierdadiario.com/



Ese poder del dinero es el que les permite imponer sus condiciones sobre los
países atrasados, dependientes, con rasgos semicoloniales, como la
Argentina. Jerome Ross, en una entrevista con Ideas de Izquierda, graficó
como el poder concentrado de las finanzas internacionales convirtió a muchos
países, como Grecia, en una “colonia deudora”. Argentina no está muy lejana
de esa realidad hace décadas. Los nuevos bonos que se van a emitir se
terminarán de pagar recién en 2046.



Lo que más difundió el gobierno es que el valor presente neto de la deuda
disminuye desde U$S 100 a alrededor de U$S 55,8 [1]. Este es un cálculo
técnico engañoso, en tanto utiliza una “exit yield” [2] del 10 %, impuesta
por los especuladores. Pero una tasa inferior hace mayor el valor presente
neto. Quienes compraron bonos devaluados están consiguiendo una ganancia
patrimonial extraordinaria. Incluso los especuladores que compraron a valor
íntegro sabían que con las altas tasas de interés que obligaron a pagar al
país colocaban la soga al cuello de las finanzas públicas. Más
prosaicamente, del pueblo trabajador. Ahora tendrán un descuento mínimo de
capital y un recorte de tasa adecuado a las circunstancias.



Machaca el oficialismo sobre un ahorro de U$S 25.700 millones que tendrán
las arcas públicas hasta 2025 en el pago de bonos con jurisdicción
extranjera. Pero hay otro dato, intencionadamente poco difundido, el país
pagará hasta 2046, entre capital e intereses, unos U$S 110 mil millones
cuando la deuda canjeada es de U$S 66 mil millones. Es decir, un adicional
de U$S 44 mil millones en la mochila de las futuras generaciones.



Guzmán también concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los
especuladores. Estas cláusulas establecen las condiciones para un futuro
litigio en caso de impago. De este modo, les será más sencillo en el futuro
litigar en juzgados extranjeros, como el del fallecido juez neoyorquino
Thomas Griesa. La prórroga de jurisdicción en favor de tribunales
extranjeros fue habilitada por cambios en las leyes efectuados durante las
dictaduras de Juan Carlos Onganía y la genocida iniciada en 1976. Se trata
de una cesión de soberanía inadmisible a la que homenajearon todos los
gobiernos de la “democracia”.



El oficialismo también argumenta que despejó de pagos de deuda los próximos
años. Pero no es tan así. Desde el año próximo existen compromisos
significativos con el FMI y otros organismos internacionales: U$S 7.384
millones en 2021; U$S 20.573 millones en 2022; U$S 20.677 millones en 2023;
U$S 6.828 millones en 2024. Para tener un punto de comparación, el gobierno
de Macri pagó, en promedio, U$S 19.000 millones anuales.

Está claro que el camino no está despejado.



Desde septiembre, el oficialismo encarará la negociación con el FMI. Se sabe
que este organismo no concede quitas. Sí concede extensión de plazos de
pago. Es decir, el gobierno, eventualmente, podría conseguir despejar aún
más su panorama de pagos de los próximos años. Pero nada es gratis. El Fondo
exige, a cambio de la extensión de plazos, reformas estructurales en lo
previsional, laboral y tributario. Por si hiciera falta aclararlo, esas
reformas son en contra de la clase trabajadora y en favor de los
empresarios. Pero no se detiene ahí: también exige el comando íntegro de la
economía y la revisión permanente de las cuentas públicas.



La gestión de la miseria



La última semana se conoció un informe de UNICEF que estima que el país
llegará a diciembre de este año con el 62,9 % de la infancia en situación de
pobreza: el número de niñas y niños pobres se elevaría desde de 7 millones
en diciembre de 2019 a 8,3 millones a fin de año.



El Gran Buenos Aires ofrece una imagen concentrada de la grave realidad
social del país. La desocupación fue de 12,4 % en los 24 partidos del Gran
Buenos Aires en el primer trimestre (enero-marzo). Es decir, antes de la
implementación plena de la cuarentena. Cuando se observa el Gran Buenos
Aires, que comprende no solo a los partidos del Gran Buenos Aires sino
también a CABA, la desocupación de las mujeres hasta 29 años es de 26,2 % y
entre los varones hasta 29 años de 21,4 %. Para todo el país, la consultora
Ecolatina estima que la desocupación se va a ubicar por encima del 15 %
cuando se conozcan los datos oficiales del segundo trimestre del año.



Según un informe de junio (que releva la situación de mayo) del Observatorio
de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 58 % de los hogares del AMBA
perdieron ingresos, en algunos casos con una caída mayor al 50 %.

Toda la acción del gobierno de Fernández, aún en la actual catástrofe
social, e independientemente de los discursos, está condicionada por dar
prioridad al pago de la deuda. Ante una pregunta del Frente de Izquierda y
los Trabajadores-Unidad, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su
reciente informe de gestión en el Congreso, respondió que el presupuesto de
Salud para todo 2020 es de $ 240 mil millones. Mientras tanto, hasta
mediados de julio, el gobierno había pagado deuda por $ 350 mil millones. Es
evidente que no es compatible pagar la deuda y atender las necesidades
sociales.



Eterno retorno



Al menos por el cuarto de siglo por delante los pagos de la deuda harán más
aguda la restricción externa: es decir, la crónica escasez de dólares para
sostener algún intento de crecimiento y desarrollo económico. La restricción
externa brota de una estructura económica atrasada como la argentina, que
para sostener su actividad requiere de dólares para importar bienes
intermedios y maquinaria para la industria, e incluso también para el sector
agropecuario que gracias a su “modernización” en las últimas décadas
requiere cada vez más insumos y tecnología importada. Pero esa escasez de
dólares es acentuada por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y los
envíos de ganancias a sus casas centrales que hacen las empresas
extranjeras. La mayor extranjerización del aparato productivo es una de las
consecuencias de las políticas económicas de las últimas décadas: el capital
imperialista domina el 78 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre las
500 grandes empresas del país [3].



La crisis mundial tiene tres focos de potenciales crisis de deuda: economías
emergentes (países dependientes, semicoloniales, según los marxistas), deuda
de los hogares y de las empresas. En la actualidad existen cuarenta y dos
países que pidieron una moratoria al FMI. En las últimas semanas, Ecuador
concluyó un proceso de restructuración de deuda con los mismos lobos de Wall
Street. En el norte de África y Medio Oriente existe un llamamiento de
organizaciones políticas, movimientos sociales y militantes por la
cancelación de la deuda y los tratados de libre comercio. El oficialismo ni
siquiera intentó algo elemental, que incluso no se sale de los marcos
capitalistas, como impulsar un club de deudores.



La deuda es un mecanismo de dominación impuesto por los centros financieros
internacionales que, si bien está presente en toda la historia argentina,
adquiere una relevancia central desde la dictadura cívico militar iniciada
el 24 de marzo de 1976. En los últimos años de la dictadura, Domingo
Cavallo, por entonces al frente del Banco Central, nacionalizó deudas
privadas de los grandes grupos económicos, entre ellos Techint, Renault,
Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas
Pescarmona (Impsa), Ford y la familia Macri.



En campaña electoral, Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia en
diciembre de 1983, había prometido desconocer la deuda ilegítima de la
dictadura y constituir un club de deudores para negociar en mejores términos
con los acreedores. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun,
instruyó una auditoría de la deuda privada desde el Banco Central. Según
Alejandro Olmos Gaona (hijo de quien iniciara la investigación que culminó
en el fallo Ballestero) en 1985 Grinspun “se tuvo que ir porque los
resultados de esa auditoría eran escandalosos: mostraban cómo habían operado
esas empresas en perjuicio del país”.



Finalmente, la auditoría fue desarticulada por el nuevo presidente del Banco
Central, José Luis Machinea: el gobierno de Raúl Alfonsín convalidó así la
nacionalización de deudas privadas. Y el intento alfonsinista de club de
deudores no resistió el embate de los Estados Unidos, que con el Plan Baker
impuso pagar en los términos de los acreedores. Muchos años después, en el
2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó, a partir de la denuncia de
Alejandro Gaona Olmos (padre), que se detectaron 477 ilícitos en la
constitución de la deuda durante la dictadura. Ese fallo fue enviado al
Congreso, donde duerme el sueño de los justos.



El Plan Baker y luego el Plan Brady durante los años 1990 constituyeron
restructuraciones de la deuda que agudizaron la implementación de políticas
neoliberales y el despojo de los bienes públicos a través de las
privatizaciones. Para intentar evitar el estallido de la ingeniería del
Frankestein de la “convertibilidad” construido por Cavallo, se realizaron el
“blindaje” del año 2000 y el “megacanje” de 2001 (instrumentado por el mismo
Cavallo): ambas fueron operaciones fraudulentas con la colaboración del FMI,
el Banco Mundial y bancos privados. Con el “megacanje” la deuda pública se
incrementó en U$S 53 mil millones. En 2001, el desembolso del FMI que siguió
al “déficit cero”, una política de profundo ajuste fiscal, se evaporó casi
todo en la fuga de capitales.



En el año 2005, FLACSO publicó Fuga de divisas en Argentina [4]. Allí se
recogen los resultados de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de
Diputados sobre la Fuga de Divisas de la Argentina durante al año 2001, que
funcionó en los primeros meses del año 2002. Esa investigación concluyó que
el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través del Citibank, Banco de
Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del
Laboro y el HSBC (banco ahora contratado por Martín Guzmán para instrumentar
la restructuración). Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo
encerraban en el “corralito”.



La supuesta negociación soberana de la deuda del año 2005 liderada por el
entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue cuestionada por Claudio
Lozano, actual director del Banco Nación, en el libro La deuda ilegítima: a
esa reestructuración la llamó el “megacanje” de Néstor Kirchner, Eduardo
Duhalde, Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay (presidente del Banco Central
hasta 2004), indicando que fue un canje inconstitucional, ilegal y
sospechado en tanto permitía regularizar la deuda defaulteada (no pagada) en
diciembre de 2001 [5]: permitió regularizar los pagos comprometidos en el
“blindaje” y “megacanje”, que estaban sospechados de fraudulentos. Para
Lozano, en los hechos, fue una reestructuración sin quita, no solo porque
muchos bonistas habían adquirido los bonos a precios devaluados, sino porque
los alicientes del pago del denominado cupón PIB implicaron generosos
rendimientos en años que el país crecía a “tasas chinas”.



La fuga no se detuvo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández: los datos oficiales del Banco Central registran que la formación
de activos externos superó los U$S 100 mil millones. En el período que
transcurre entre 2003 y 2015 la fuga de capitales no fue financiada por el
endeudamiento externo, sino por el superávit del comercio exterior. No
obstante, la deuda siguió siendo relevante en los agregados macroeconómicos.



Durante los tres períodos presidenciales del kirchnerismo la deuda cambió su
composición en cuanto a la moneda (se incrementó el porcentaje del
endeudamiento en pesos) y en cuanto a los tenedores (con mayor presencia de
deuda en manos de organismos del Estado, como el Fondo de Garantía y
Sustentabilidad de la Anses y el Banco Nación). La utilización de fondos de
organismos públicos (en el caso de Anses, de los jubilados) y el superávit
comercial permitieron la política que la expresidenta, Cristina Fernández,
definió como de “pagadores seriales” de la deuda: pagaron USD 200.000
millones durante el período 2003-2015.



La definición de Lozano sobre lo oneroso del canje 2005 se puede corroborar
en lo que planteó el exministro de Economía, Axel Kicillof, en ocasión de
intentar cerrar el litigio con los fondos buitre en 2014. Eso fondos no
habían aceptado la reestructuración de 2005. En esa negociación Kicillof
ofreció las mismas condiciones del canje de 2005 y lo explicó así:



Argentina quiere pagarles en condiciones justas a todos los bonistas. Por
eso el señor Paul Singer –titular del fondo NML, principal litigante contra
la Argentina– puede venir y conseguir un 300 por ciento de ganancia si
compra los bonos reestructurados en las condiciones de los canjes que
lanzamos en su momento. ¿Esa ganancia es poco para él? Sí, es poco, porque
es un buitre” [6].



A mediados de 2014, a causa del litigio con los fondos buitre se creó, a
partir de la Ley de Pago Soberano impulsada por Kicillof, una Comisión
Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las
negociaciones relativas a la deuda externa pública.



Claudio Lozano publicó La deuda ilegítima, justamente, para recoger la
actuación de esa Comisión Bicameral. Lozano, por entonces diputado nacional,
mantuvo una intensa actividad en aquella Comisión y explica que “Por primera
vez, desde 1984, el Parlamento argentino parecía asumir la tarea, que, de
acuerdo a la Constitución, le hubiera correspondido al finalizar la
dictadura”. No obstante, la publicación del libro tiene lugar porque
“resulta imposible [resaltado del original] producir un informe que sea el
resultado de un trabajo de investigación colectivo hecho por los Diputados y
Senadores que lo integran”.



El 31 marzo de 2016, a través de la Ley 27.249, que habilitó el pago a los
fondos buitre, se disolvió la Comisión Bicameral creada en 2014 y se creó
una nueva con un mandato más acotado. En ese mes de marzo se presentó una
paradoja: el Congreso que nunca trató el fallo del juez argentino, Jorge
Ballestero, con los 477 ilícitos detectados en el proceso de endeudamiento
de la dictadura, accedió a votar una ley atendiendo un fallo de un juez de
Nueva York. Paul Singer y otros fondos buitre lograron con el ascenso de
Mauricio Macri al poder niveles de ganancias exorbitantes. Sergio Massa,
ahora en el Frente de Todos, levantó la mano a favor de los buitres. Lo
mismo que el peronismo del Senado.



Desde entonces, la nueva Comisión Bicameral se reunió solamente en dos
ocasiones. Una de esas oportunidades fue en abril de 2018. Allí Kicillof,
por entonces diputado nacional, se cruzó con Luis Caputo, por entonces
ministro de Finanzas: “usted tiene mucha información confidencial, mucha
información clasificada, mucha información central, para llenarse de guita”,
le disparó el diputado al ministro [7]. No le faltaban razones. La emisión
del bono a 100 años que realizó el exministro de Finanzas, Luis Caputo,
benefició a un fondo de inversión del cual él había sido accionista y a J.P.
Morgan, banco del que había sido empleado. Lo mismo ocurre con los bonos
“delivery” emitidos por el Estado argentino a pedido de los fondos de
inversión para canalizar recursos sobrantes en Nueva York y aprovechar las
tasas de interés que pagaba el país, como confesó un negociador de uno de
esos fondos.



Otro capítulo fraudulento del endeudamiento externo lo constituye el
préstamo más grande de la historia del FMI otorgado al gobierno de Mauricio
Macri en 2018: implicó un aval del gobierno de los Estados Unidos, presidido
por Donald Trump, a la continuidad de Macri en el poder. En un informe
reciente, el Banco Central afirma que el endeudamiento macrista financió una
fuga de capitales de U$S 86 mil millones en cuatro años, una gran parte con
el préstamo del FMI. Horacio Verbitsky develó que en esa fuga estuvieron
involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell,
Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más entre los 100
mayores fugadores.



En su momento, antes del cambio de gobierno, el acuerdo con el FMI fue
denunciado judicialmente por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo. La
diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, también denunció
judicialmente a Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne. Una de las
irregularidades más notorias fue la aprobación por parte del FMI, en abril
de 2019, de la utilización de reservas del Banco Central para financiar la
fuga de capitales, algo que está prohibido en los propios estatutos del
organismo multilateral. Todas las denuncias realizadas en campaña electoral
fueron adecuadamente calladas ahora que el Frente de Todos se convirtió en
gobierno.



No es casual que Caputo haya celebrado el acuerdo de Guzmán: tal vez porque
lo exime de rendir cuentas a la justicia o porque en sus empresas “offshore”
tenga bonos argentinos. Alejandro Olmos Gaona (hijo) explicó que Mario
Quintana, exvicejefe de gabinete de Macri y Santiago Bausili, exsecretario
de Finanzas, adquirieron bonos de la emisión del 2016, en probable uso de
información privilegiada. Están imputados penalmente por la Fiscalía Federal
N.° 6.



Sin una investigación y censo de acreedores es difícil saber quién tiene los
bonos. El acuerdo de Guzmán establece un indulto a los miserables que vacían
el país.



No repetir la historia



Como dijo León Trotsky, quien se arrodilla ante el hecho consumado es
incapaz de afrontar el porvenir. Es lo que ocurre con los gobiernos del
régimen capitalista argentino: peronistas, radicales, Juntos por el Cambio.
Siempre les resulta imposible enfrentar al capital financiero internacional.
Instalan la idea de que si no se paga la deuda se viene el mundo encima. El
problema es lo que pasa cuando se paga: el resultado es la decadencia
infinita.



¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los libertadores de América adoptaban
esa actitud frente a España? El abogado constitucionalista Jorge Francisco
Cholvis explica que en el Estatuto Provisorio sancionado por el general San
Martín en su carácter de “Protector de la libertad del Perú” instituye el
concepto de “deuda odiosa”. Ese texto establecía que “animado el Gobierno de
un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno
español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y
hostilizar a los demás pueblos independientes de América”. Cholvis afirma
que, de este modo, San Martín rechazó el pago de la deuda pública contraída
por los españoles en tanto fue utilizada para sostener el régimen colonial
[8].



Más adelante en la historia, la Doctrina Jurídica de Deuda Odiosa fue
desarrollada por Alexander Sack en 1927. Sack no era un revolucionario. Por
el contrario, tenía una perspectiva conservadora. Su doctrina establece que
una deuda puede ser categorizada de esta forma cuando cumple dos
condiciones: la primera es la ausencia de beneficio para la población, es
decir que ha sido contraída no en beneficio del pueblo y del Estado, sino
contra su interés y en beneficio personal de los dirigentes y las personas
próximas al poder; la segunda es la complicidad de los prestamistas, que
sabían (o estaban en condiciones de saber) que los fondos prestados no
beneficiarían a la población. Para Sack, la naturaleza despótica o
democrática de un régimen no se tiene en cuenta [9].



La única alternativa no es arrodillarse ante los hechos consumados. Son
varios los ejemplos históricos de repudio de la deuda, como ocurrió en las
gestas de las colonias de América Latina cuando se independizaron de España,
o de los trabajadores y campesinos de la Rusia soviética, que rechazaron
honrar la deuda de los zares. No hay posibilidad de cambiar el destino, el
eterno retorno al sometimiento al FMI y a los lobos de Wall Street, a ser
vasallos del imperialismo, el destino de la decadencia infinita, si no se
toma una profunda decisión soberana de rechazo al pago de la deuda y un plan
integral que reorganice la economía sobre nuevas bases: bajo el régimen del
endeudamiento eterno, en nuestro país la pobreza, de ser menor al 10 % en
los ’70, alcanzó un nuevo piso histórico de al menos un cuarto de la
población para expandirse a más del 50 % en momentos de crisis profundas,
como en 2001-2002 (un nivel que podría alcanzar nuevamente este año), lo
mismo que el desempleo, que se consolidó en un nivel más alto.



Este derrotero no es exclusivo de la Argentina, sino de la inmensa mayoría
de los países dependientes y semicoloniales cuyos gobiernos una y otra vez
han pagado las deudas eternas. La justificación, parafraseando a Margaret
Thatcher, es “no hay alternativa”, solo queda administrar la miseria porque
es lo que nos toca. Llegado este punto cabe recordar a quienes “osaron” no
aceptar estos preceptos y qué pasó. La Revolución rusa de 1917 bajo la
dirección de Lenin y Trotsky, justamente rechazó el pago de la deuda de los
zares, nacionalizó los bancos, el comercio exterior e implementó un programa
amplio de medidas, yendo más allá de la propiedad privada capitalista, así
como la planificación de la economía. Luego la burocracia stalinista liquidó
el poder de los soviets, minó la planificación, y muchas conquistas de la
revolución, sin embargo, incluso bajo la bota de la burocracia (y
atravesando dos guerras mundiales) un país que en 1917 tenía 100 millones de
campesinos pobres y un 85 % de analfabetismo, en la década del ‘60 era la
segunda potencia mundial. Otro caso fue la revolución china de 1949. La
burocracia terminó restaurando el capitalismo, sin embargo, China es el
único pulmotor económico de todo el último período de la economía global y
la segunda economía del mundo. Contradictoriamente, lo es gracias a que el
capitalismo se ha apropiado de conquistas que se hicieron contra él como la
unificación nacional lograda por la revolución.



La cuestión estratégica de fondo es cómo el pueblo trabajador puede
constituir su propio poder basado en la democracia de los trabajadores y
llevar adelante una opción estratégica de verdadera soberanía en la
perspectiva de una sociedad sin explotación y opresión. Un desconocimiento
soberano (no pago) no es lo mismo que la aventura de un default, como el de
Argentina en 2001. El default es una medida a la que recurren los Estados
capitalistas cuando se quedan sin recursos. Es una aventura porque es una
medida aislada y circunstancial, que les permite a los grupos empresarios
hacer lo que quieran, como fugar capitales o presionar para que suba el
dólar. Y con la devaluación vale menos la moneda y los salarios argentinos.



Por el contrario, un desconocimiento soberano apoyado en la movilización
popular debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que
impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren generar los
buitres. ¿Cuáles son esas medidas? Entre otras, la nacionalización de los
servicios públicos, la nacionalización de los bancos y el comercio exterior.
También la expulsión del FMI del país. Liberarse de la dependencia del
capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía
orientándola al desarrollo y la atención de las necesidades sociales más
urgentes. Toda América Latina sufre la opresión y saqueo por parte del
imperialismo. El pueblo trabajador argentino no está solo, como intentan
convencerlo los ideólogos de los hechos consumados. Cuenta con los pueblos
hermanos del continente para entablar una lucha común.



La nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos
privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares,
sino para preservarlos del robo de esos bancos) y la conformación de un
banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para
cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (escuelas, hospitales,
viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores
populares y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados
por la crisis, y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de
capitales.



La propiedad pública de los principales medios de producción permitiría al
conjunto de la población trabajadora participar en la planificación
democrática de la economía (no como ahora, que un puñado de dueños del país
y sus políticos deciden todo a su favor). Permitiría, además, utilizar los
recursos con los que cuenta la Argentina para resolver las necesidades de
las grandes mayorías.



O se lucha por una alternativa verdaderamente soberana o se naturaliza el
eterno retorno de vivir arrodillados ante los poderosos del mundo. *
Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la
UBA (Universidad de Buenos Aires). Milita en el Partido de los Trabajadores
Socialistas (PTS).



Notas



[1] Oficina de Presupuesto del Congreso, “Proceso de Reestructuración de los
Bonos bajo Ley Extranjera - Acuerdo con Principales Grupos de Acreedores”.

[2] Es la tasa de descuento que permite traer al día de hoy los flujos
futuros de pagos de capital e intereses de la deuda. Por ejemplo, U$S 100
dentro de un año, equivalen U$S 90 hoy si se aplica una tasa de descuento
del 10 %, o a U$S 95 si se le aplica una tasa de descuento del 5 %. Es
decir, que en la medida que la tasa es más baja, el valor actual de los
flujos futuros de pagos es más alto. Los especuladores impusieron que se
negocie con una “exit yield” del 10 %, pero con una tasa menor el valor
actual neto de la oferta de Guzmán es mayor.

[3] El dato corresponde a 2018 y surge de la última Encuesta Nacional a
Grandes Empresas que elabora Indec. Disponible en:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf .
<https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf>


[4] Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de
Divisas de la Argentina durante el año 2001 (2005). Fuga de divisas en
Argentina 2001 / Informe final, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI
Editores Argentina / Flacso.

[5] Claudio Lozano (2019), La deuda ilegítima. Renuncia del parlamento,
desafío de la democracia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autonomía.

[6] Casa Rosada Canal Youtube, (s.f.), “Axel Kicillof habló en Nueva York
tras las negociaciones con los fondos buitre”.

[7] La intervención completa puede verse en el este link.

[8] Jorge Francisco Cholvis, “Deuda externa - El general San Martín y la
deuda odiosa”, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).

[9] Éric Toussaint (2016), “La deuda odiosa según Alexander Sack y según el
CADTM”.

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