Paraísos de Dinero y Fe/ Crimen organizado, beneficios a iglesias y negocios turbios [Investigación]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de agosto 2020

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Paraísos de Dinero y Fe



Cómo el crimen organizado ha explotado beneficios a iglesias para operar
negocios turbios



Esta investigación de casi un año de medios periodísticos de nueve países
encontró (1) que, amparados en las leyes de libertad de culto, algunas
iglesias y/o sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus
fieles, cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa.



Rebekah Ward/Beatriz Muylaert/Matthew Albasi/Giannina Segnini *

La Diaria, 17-8-2020

https://ladiaria.com.uy/



“Ya estoy cansada de droga, de terapia y todo lo que me han hecho”, dijo una
mujer morena apoyándose en dos muletas. El pastor Jorge estaba acurrucado en
el borde del escenario, mientras le sostenía el micrófono. Y luego, se lo
acercó a él mismo: “Pero hoy vino Cristo con su mano poderosa, solamente con
respirar soltó las muletas, ¡Déle gloria a Dios! Coge tus muletas, coge tu
lecho y anda”, tronó el pastor en el auditorio.



El video que documentó el culto de sanación fue subido a YouTube en 2012 y
muestra luego a otro feligrés quien, señalando su brazo izquierdo, toma el
micrófono y dice. “Tenía un dolor intenso así, aquí, cuando el pastor
comenzó a orar, pues yo sentí un calor tremendo y comencé a sacudir”, y
movía su brazo.



El ‘Pastor Jorge’ que tanta devoción despertaba en la gente es Jorge
Mercedes Cedeño, quien tenía su propia ministerio al este de la República
Dominicana: “El Rugido del León”. Ésta también tenía presencia en Colombia y
el dominicano visitó ese país en varias ocasiones como predicador invitado,
según relatos noticiosos de la época. Quien lo recibía era un colega
colombiano, Orlando Arce Ortiz, quien decía ser obispo anglicano. Ambos
pertenecían además a la ONG Organización de Paz Colombiana.



Los dos fueron capturados por la policía colombiana en mayo de 2015, como
sospechosos de lavado de dinero a través de las iglesias y de la ONG. La
Fiscalía General de la Nación de Colombia acusó luego al ‘Pastor Jorge’ de
“usaba su condición de líder religioso para adquirir bienes en el exterior a
cambio de grandes sumas de dinero que eran enviadas a su país como supuestas
ofrendas de feligreses”. A Arce Ortiz, los fiscales lo acusaron de
administrar la logística, el papeleo y las conexiones políticas en las
operaciones de lavado.



Ambos se declararon culpables de manejar las finanzas y comprar propiedades
para lo que entonces se conocía como Los Urabeños, un grupo liderado por
Dairo Antonio Úsuga David u “Otoniel”. Hoy llamado Clan del Golfo por el
gobierno colombiano, se trata de uno de los grupos criminales más peligrosos
del país, responsable de cientos de secuestros y asesinatos de civiles
inocentes, y con una tropa de unos 1600 hombres, según información de la
policía.



Crearon una religión y engañaron a los feligreses que honestamente creían en
sus pastores. Normas laxas o inexistentes que protegen a las religiones le
permitieron a esta red internacional salirse con la suya por varios años.



El Rugido del León es solo uno de numerosos casos en las Américas que
reflejan la forma en la que iglesias de barrio y algunas grandes
congregaciones religiosas se han servido de refugios seguros para ocultar
dineros de origen ilícito y amasar fortunas, usando como frente las
donaciones de sus seguidores. Son paraísos de dinero y fe.



En una investigación transfronteriza de un año, Columbia Journalism
Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación
Periodística (CLIP), OCCRP y nueve medios de comunicación de la región
encontraron otros casos –algunos comprobados y otros en investigación – que
sugieren que habría conexiones entre iglesias o líderes religiosos con
actividades financieras ilícitas.



La alianza periodística elaboró una base de datos con casos judiciales e
investigaciones de las autoridades recientes que relacionaban blanqueo de
dinero y delitos adyacentes – como el tráfico de drogas – con grupos
religiosos de cualquier denominación en las Américas. Esta documentación
resultó de búsquedas sistemáticas en fuentes especializadas online, fuentes
públicas y entrevistas de los socios con autoridades judiciales en nueve
países. Ese fue el punto de partida de esta historia.



El fenómeno delictivo que refleja la base de datos no es en absoluto
representativo de todas las iglesias y organizaciones religiosas del
continente americano. Muchos líderes religiosos prestan un servicio valioso
a sus comunidades. Sin embargo, el análisis de casos confirmó que varias
congregaciones están abusando de la confianza de sus fieles, utilizando sus
centros de culto para cometer o esconder crímenes.



“A lo largo de los años, ha habido instituciones religiosas que ha sido
usadas para lavar dinero”, dijo Mark Califano, un ex viceprocurador de
Justicia de Estados Unidos y hoy jefe legal de la firma Nardello & Co. “Y lo
que ha permitido que esto suceda es el lugar especial y protegido del que
gozan en la mayoría de las sociedades”.



Otro experto en el tema, Warren Cole Smith, CEO de Ministry Watch, una
organización evangélica independiente y sin fines de lucro, coincide y
explica que las iglesias, al igual que otras industrias cuyos ingresos son
en dinero en efectivo, tienen ciertas vulnerabilidades.



“Muchas de estas organizaciones también recaudan dinero internacionalmente.
Y la recolección de dinero en efectivo, especialmente en otros países, lo
hace aún más complicado”, anotó Cole Smith.



Existen leyes y prácticas que buscan darle una protección especial a la
libertad religiosa para evitar posibles injerencias indebidas del Estado en
sus asuntos. Por ello mismo, limitan la capacidad que cualquier Estado tiene
de investigar a las iglesias cuando sospecha de malos manejos. Esto puede
resultar particularmente favorable para quienes abusan de esas normas laxas
para cometer crímenes financieros.



La vigilancia de los gobiernos nacionales a las organizaciones religiosas de
países como Guatemala, Estados Unidos, Perú y Brasil es mínima, según
encontró esta investigación que revisó la legislación de estos y otros
países americanos. En ellos, las iglesias gozan de exenciones en impuestos y
no están obligadas a rendirle cuentas al Estado. Como los estados no se
inmiscuyen en sus asuntos, las entidades religiosas tienen mayor libertad
para manejar sus finanzas que otras instituciones sin ánimo de lucro.



“A través de diferentes mecanismos, inadvertidamente hemos convertido a
estas entidades en una suerte de intocables en Estados Unidos”, dijo a este
equipo periodístico Marci A. Hamilton, una profesora de estudios religiosos
de la Universidad de Pennsylvania y crítica de la libertad religiosa
extrema.



“La razón por la cual los grupos religiosos se prestan tanto para el
blanqueo de dinero, invirtiendo los beneficios, es que en sus declaraciones
de impuestos no tienen que especificar de dónde sacaron el dinero ni qué
hicieron con él”, dijo Hamilton. “Sus espacios públicos cierta
característica de caja negra”.



Emilio Guerberoff, fiscal del Fuero Penal Económico Federal de Argentina le
dijo a Infobae, socio de esta colaboración investigativa: “Puede haber un
choque de intereses entre la libertad de culto religioso y la prevención del
lavado de dinero, puesto que, al recibir donaciones anónimas a través de los
diezmos, cuyo origen puede no estar justificado, las iglesias pueden
convertirse en una perfecta máquina de lavado, sin que el dinero parezca
tener un origen delictivo, ya que supuestamente proviene de seguidores”.



Fraude enérgico en Utah



En los pocos casos en los que destacados líderes eclesiásticos han sido
condenados por blanqueo de dinero, los jefes de sus organizaciones
religiosas – y, de hecho, las propias iglesias— rara vez son puestos bajo el
mismo nivel de escrutinio.



En Utah, altos líderes de una rama mormona fundamentalista han salido con
sentencias reducidas de una batalla judicial por uno de los fraudes más
cuantiosos contra el erario público de la historia de Utah. El reciente
caso, ante una Corte Federal Penal de Salt Lake City, demostró que lavaron
dinero a través de las cuentas de la iglesia como parte de un esquema
fraudulento de más de 500 millones de dólares, según reporteó Columbia
Journalism Investigations, socio de la investigación periodística Paraísos
de Dinero y Fe.



El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) incentiva la
producción de combustibles renovables ofreciendo incentivos impositivos a
quienes los produzcan localmente.



El esquema de Utah consistía en simular la producción de combustible
renovable, aunque los Kingston realmente estaban comprando y vendiendo el
mismo combustible renovable a través de un círculo nacional e internacional
de empresas. Una vez que lo pasaban, la compañía de Kingston, Washakie
Renewable Energy, presentaba declaraciones de impuestos falsas que lo
calificaban para recibir pagos en forma de cheques del Tesoro de los Estados
Unidos por su trabajo de transformación del combustible.



La Orden, también conocida como la Cooperativa del Condado de Davis, fue
fundada en 1935 y ahora está dirigida por Paul Kingston. Su iglesia, la
Iglesia de Cristo de los Últimos Días – que no debe confundirse con la rama
principal de la iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días – es una comunidad religiosa muy unida.



Se calcula que tienen entre 2.000 y 6.000 miembros que viven en la región de
Salt Lake City. Es conocida por ser una de las pocas ramas mormonas que
todavía practican la poligamia.



En 2019, dos hermanos Jacob e Isiah Kingston, en cargos altos dentro de La
Orden se declararon culpables de defraudar al gobierno federal de Estados
Unidos por 511 millones de dólares por haber reclamado falsamente créditos
de energía renovable y fueron condenados en abril de 2020.



El Estado incautó los bienes a los miembros de esa orden que resultaron
implicados, pero disfrutan de una sentencia menos larga, a cambio de haberle
entregado al Estado evidencias en contra de su cómplice, quien no pertenece
a la iglesia. Se trata de Lev Dermen, un armenio-americano veterano del
crimen organizado, quien ha tenido lazos con altos funcionarios de los
gobiernos de Turquía y de Belice y con funcionarios corruptos en Estados
Unidos.



Jacob Kingston y Lev Dermen. Foto por la oficina del Fiscal de los Estados
Unidos. Las ganancias de este fraude se lavaron a través de la iglesia y
otras entidades de Jacob, y pasaba por cuentas en todo el mundo vinculadas a
las numerosas conexiones de Dermen en países como Turquía, Estados Unidos,
México y Belice.



A medida que su caso se desarrollaba en la Corte Federal, los antiguos
miembros del grupo aportaron información sobre otros fraudes. La secta
religiosa fue acusada de robar fondos de programas federales como la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por su sigla en
inglés) y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Adultos (CACFA, por su
sigla en inglés).



En el pasado, los miembros han sido condenados por fraude a la asistencia
social y también por incesto.



Ex feligreses consultados por CJI, un socio de esta investigación
periodística, han asociado estos delitos con la doctrina de La Orden
conocida como “desangrar a la bestia”, por la cual se les alienta a
desfalcar agentes externos al grupo, incluso el gobierno de los Estados
Unidos. Kent Johnson, portavoz de la Cooperativa del Condado de Davis (la
iglesia) negó tajantemente que sigan esta doctrina.



“La Cooperativa tiene una larga historia de lo contrario (...) los miembros
de la iglesia muchas veces se ven bajo un escrutinio, sujetos a auditorias e
investigaciones, nueve veces mayor que el promedio de la población”, dijo
Johnson, citando un estudio de la iglesia.



Los dos hermanos Kingston condenados en este caso más reciente aceptaron un
cargo que describe una conspiración de lavado de dinero que utilizó a esta
iglesia y a otras entidades relacionadas con la Orden. Durante el juicio no
se demostró que la Cooperativa (iglesia)—como organización — hubiese
aprobado el uso de sus cuentas para cometer el fraude.



Cuando CJI le preguntó a la iglesia sobre su papel en el fraude, el portavoz
Johnson, dijo: “Que yo sepa, cualquier dinero pagado a las empresas
propiedad de miembros de DCCS [la Cooperativa o iglesia] fue por servicios
legítimos prestados o para reembolsar dinero prestado al Sr. (Jacob)
Kingston o a entidades relacionadas con WRE ".



Si bien los documentos judiciales ya revelan el origen ilícito de algunos
fondos de la Orden, los fiscales planean investigar más a fondo. La oficina
del Fiscal de los Estados Unidos en Salt Lake City cree que sus próximos
pasos de la investigación “involucrarán el rastreo y seguimiento de los
ingresos hacia y a través de estas cuentas bancarias de entidades
relacionadas con la Orden”, según dijo su portavoz Melodie Rydalch. (Ver
nota El fraudulento Reino de Dios)



Por el momento, siguen gozando de las protecciones constitucionales de ese
país en su calidad de grupo religioso registrado con estatus oficial de
iglesia.



Dos miembros de alto rango de La Orden usaron cuentas bancarias de la
iglesia para lavar el dinero del fraude con energía renovable y están
cumpliendo condena. Ni el líder máximo de la iglesia Paul Kingston, ni la
Cooperativa Davis (la iglesia) han sido implicados legalmente.



La iglesia sigue apareciendo en la lista de iglesias exentas de impuestos
del Servicio de Impuestos de Estados Unidos (IRS es su sigla en inglés).
Este equipo periodístico quiso ampliar la información con el IRS, pero éste
respondió que la ley federal impide a la institución comentar públicamente
sobre contribuyentes.



Así las cosas, la Iglesia de Cristo de los Últimos Días puede seguir
certificándole a sus donantes que está exenta de impuestos ante el IRS, y
que por lo tanto puede recibir donaciones sin reportarle al gobierno.



La santa defensa



Las pruebas contra los dos pastores de República Dominicana y Colombia, en
el caso mencionado arriba, fueron recabadas meticulosamente por fiscales
colombianos contra el crimen organizado desde marzo de 2013.

Según los documentos presentados en la audiencia de sentencia del juez, la
dupla utilizó la figura de las donaciones de los feligreses en múltiples
ocasiones para explicar por qué Jorge Mercedes Cedeño llevaba grandes
cantidades de dinero en efectivo.



En una ocasión, la policía de El Poblado, un barrio rico de Medellín, la
segunda ciudad más grande de Colombia, detuvo al “Pastor Jorge” de República
Dominicana, cuando descubrió que llevaba 300 millones de pesos colombianos
en efectivo (alrededor de 110,000 dólares de la época). Pero fue liberado
después de que Arce Ortiz llamara a sus contactos en la policía y respaldara
la historia de su compañero pastor de que el dinero provenía de donaciones.



Cuando llegó el momento de la sentencia, los abogados defensores de ambos
hombres sacaron a relucir sus credenciales religiosas, pidiendo clemencia.
El abogado de Arce Ortiz pidió que su “calidad de Obispo de la Iglesia
Anglicana” fuera tomada en cuenta a su favor. Pero Arce Ortiz nunca fue un
obispo de la corriente principal de la iglesia anglicana - un hecho que ni
la corte ni la prensa tuvieron en cuenta en ese momento.



El colombiano Arce Ortiz, alias “El Obispo”, se presentaba como un líder
activo en la iglesia de Víctor Manuel Cruz Blanco. Esta iglesia es la
Provincia Iglesia Anglicana del Caribe y La Nueva Granada, un retoño de la
iglesia anglicana cuya historia se remonta a una pequeña parroquia en
Indiana. La iglesia informó públicamente que excomulgaron a Arce Ortiz por
herejía y falso arrepentimiento en febrero de 2012, un año antes de que las
autoridades colombianas empezaran a investigarlo.



La otra credencial que presentó como prueba de sus afiliaciones religiosas
en la corte - una “tarjeta” emitida por la Iglesia Anglicana Misionera
Mundial - alude a una iglesia que parece haber sido creada por el propio
Arce Ortiz.



Por su parte, los abogados de alias “Pastor Jorge”, argumentaron que el juez
debía ser indulgente con el acusado ya que él no era “un hombre con
tendencia a cometer delitos”, basándose en el hecho certificado de que es
“un misionero evangelista en su propio país”.



Los investigadores tuvieron amplias pruebas de que ambos hombres utilizaban
sus funciones de pastores ante las congregaciones, evangelizando y
dirigiendo misiones humanitarias. Aún así, funcionarios públicos dominicanos
se esforzaron por mostrar que Jorge Mercedes Cedeño no estuvo nunca
relacionado con el establecimiento religioso reconocido.



“Pudo haber tenido algo muy particular, individual, alguna imitación, pero
no es parte de ninguna de las iglesias organizadas”, dijo Francisco
Domínguez Brito, entonces Procurador General de la República Dominicana, en
una conferencia de prensa en 2015, justo después de que el pastor fuera
condenado en Colombia.



Según las normas jurídicas y sociales de la mayoría de los países de
América, incluida la República Dominicana, no se exige a los dirigentes
religiosos ninguna afiliación o certificación formal para verificar su
pertenencia a una iglesia, más allá de que siga las normas internas.



Narcos, políticos y pastores



Esta investigación encontró además que en la costa de San Marcos, en
Guatemala, donde el narcotráfico es poderoso y constituye una de las
principales actividades económicas, ha habido una estrecha relación entre
este fenómeno y algunos pastores evangélicos.



Hay narcotraficantes evangélicos que financian iglesias, que son incluso
pastores de estas iglesias o que reclutan a pastores para utilizarlos en sus
estructuras.



Juan Alberto Ortiz López, conocido por su alias “Chamalé” dominó el tráfico
de drogas en la costa del Pacífico de Guatemala por dos décadas. Menos
conocido era su papel de mecenas religioso. Los pastores, a quienes les
llevaba dinero o materiales de construcción para erigir nuevos templos, le
pusieron el apodo de “Hermano Juan”.



Fue especialmente generoso con las Iglesias Torre Fuerte, la red de iglesias
del pastor Noé Mazariegos que se extendía desde San Marcos hasta el estado
mexicano de Chiapas. A Mazariegos se le concía como alias “El Apóstol”, y
según la fiscalía guatemalteca hizo parte de la organización de Chamalé y
fue acusado de ordenar el asesinato de su cuñado y de otras persona que lo
acompañaba. Chamalé y su estructura mafiosa exportó al menos 144 000
toneladas de cocaína, según estableció la justicia estadounidense que lo
condenó en 2014.



El pastor Mazariegos “se convirtió en su mano derecha, su consejero para
asuntos religiosos y de negocios”, explicó a Nómada, socio guatemalteco de
esta colaboración, un periodista y activista de la región, quien no da su
nombre por motivos de seguridad. Esta cercanía con la religión ayudó a
Chamalé a construir una ruta hacia el poder.



Según la reportería de Nómada, el traficante de drogas a menudo participaba
en eventos cristianos durante los cuales se reunía con alcaldes, políticos y
funcionarios de la región. Un asesor de una campaña presidencial en las
elecciones del 2007, quien pidió que no se le identificara, dijo incluso que
su candidato había asistido a un acto religioso en Tapachula (México) por
invitación de Chamalé.



Chamalé aprovechó sus conexiones con las iglesias en el tribunal
estadounidense donde fue juzgado. Hombres religiosos lo defendieron,
alegando que había ayudado a sus iglesias, y pidieron su liberación. El
pastor Raúl Timoteo Méndez López testificó que había recibido una ayuda
significativa del narcotraficante para apoyar a su congregación.



“Creo y estoy convencido de que es un ministro de Dios, que es un hombre que
Dios levantó para servir a su pueblo”, dijo Méndez López en una audiencia en
julio de 2015.



Incluso para la audiencia de sentencia, cuando ya se sabía que se había
declarado culpable, llegaron una pila de cartas y testimonios dando fe de la
religiosidad del traficante de drogas y de su papel crucial en la religión
local.



Aunque Chamalé nunca dirigió realmente una iglesia desde el púlpito, uno de
sus principales sucesores, Érick Súñiga, alias “El Pocho”, fue a la vez
pastor, político y narcotraficante.



Aunque carecía de formación específica o estudios superiores, Erik Suñiga
comenzó a presentarse como pastor y lider de su propia iglesia en 2012.
Foto: Facebook Ministerios Restauración y Paz.



Súñiga era ya un narcotraficante en ascenso, cuando se hizo evangélico de la
iglesia Bethania y con su apoyo salió elegido alcalde de Ayutla, municipio
de San Marcos, en 2008. Ya siendo alcalde, en 2012, creó su propia iglesia
llamada Ministerios Restauración y Paz, donde predicaba. Seis años después,
luego de una profecía de un predicador extranjero que lo visitó y le dijo
que debería dejar de predicar en la iglesia local, para perseguir sus
objetivos políticos bendecidos por Dios, Súñiga dejó de predicar
regularmente en su iglesia. No obstante, según fuentes consultadas en
terreno por Nómada, socio de esta investigación, ésta siguió siendo el
centro de su doctrina y le ayudó a consolidar el poder en la región. Súñiga
se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue acusado ante una Corte
Federal en Texas de llevar cocaína a ese país desde 2008.



“Alcalde guatemalteco corrupto acusado en el Distrito Este de Texas”, se lee
en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos del 19 de diciembre de 2019. “El Tesoro sanciona a un alcalde
guatemalteco”, escribió la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. La
Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, incluso viajó a Plano
(Texas) en enero y describió ante la prensa cómo las investigaciones habían
demostrado que el hombre utilizaba a su personal en la Alcaldía para atender
su red de tráfico de drogas. Sin embargo, ni durante el proceso judicial, ni
en la acusación, se mencionó que Súñiga fuera pastor, dirigente de una
iglesia o fundador de una religión



En diciembre de 2019, Erik Súñiga y dos de sus hermanos fueron incorporados
a la lista OFAC, que designa a extranjeros sometidos a sanciones por Estados
Unidos. Poco después, Pocho se entregó a la justicia. Foto: Office of
Foreign Assets Control.



Érick Súñiga murió en abril de 2020 cuando estaba en custodia de las
autoridades estadounidenses. Aunque no se informó oficialmente de la causa
de su muerte, el narcotraficante y pastor padecía cáncer de páncreas. Al
momento de su muerte, la Iglesia Restauración y Paz en Ayutla todavía
celebraba servicios y predicaban allí varios de sus pastores.



Los pastores y el narcotráfico en Guatemala no estaban enredados sólo en el
Pacífico guatemalteco. Jorge René García Noguera, conocido como JR, emergió
en el departamento de Zacapa, a unos 150 kilómetros de la capital, como
narcotraficante de nueva generación, discreto y con un emporio empresarial
exportador de frutas y productor de leche. JR estudió para pastor, publicó
tres libros sobre el cristianismo y llegó a fundar su propia productora
multimedia de contenidos cristianos, EnÉl.



En 2017, en presentación pública junto a varios de los principales pastores
guatemaltecos, convirtió a EnÉl en ministerio. Con este ministerio, cultivó
relaciones con otras iglesias guatemaltecas, como Lluvias de Gracia e
iglesias en el exterior, entre ellas una fundada por familiares suyos en
Perú.



Pero no duró mucho. A fines de ese mismo año, una corte de la Florida lo
pidió en extradición acusado de ser intermediario entre narcos colombianos y
mexicanos en la cadena de tráfico de cocaína al norte. JR se escondió por un
tiempo y EnÉl dejó de figurar públicamente hasta desaparecer. Un año después
se entregó voluntariamente en Estados Unidos y hoy paga una condena de 20
años, que puede ser reducida, por colaboración con la justicia. En su
proceso, parientes cristianos y pastores pidieron clemencia a la corte y
juraron que era un hombre bueno que había hallado a Dios desde 2013. No
obstante, al aceptar sus cargos, JR reconoció que había traficado cocaína
hasta 2017.



Respondiendo a la posibilidad de que los narcotraficantes guatemaltecos
estén usando sus iglesias directamente para lavar dinero, el ex ministro de
Gobernación Francisco Rivas aseguró que “es probable que esté sucediendo,
por la forma en que se manejan estas iglesias y por alguna información que
hemos recibido... pero no lo hemos investigado como un fenómeno criminal”.



Llama la atención que en ese país sólo un líder religioso ha sido condenado
por lavar dinero a través de una iglesia. Saturnino Molina, un fraile
franciscano de El Salvador, que fue atrapado en Guatemala tratando de viajar
a Israel con dólares, euros y quetzales en efectivo que sumaban más de 16
mil dólares. A pesar de ser condenado por lavado de dinero, el fraile
siempre sostuvo que el dinero no declarado era el producto de la venta de
rosarios y de las donaciones de sus feligreses.



Las reglas



En muchos lugares, empezar una iglesia es tan fácil como decir que existe.
Para evitar interferir en las libertades religiosas, los gobiernos son a
menudo ambiguos al definir lo que realmente significa constituir una
iglesia. En algunos países, como Estados Unidos, el término legal “iglesia”
se refiere a las congregaciones de todos los credos.



Algunos países como Costa Rica, Argentina, México y Colombia exigen que las
iglesias se registren. Otros, como Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y
Guatemala no lo exigen. Y algunos, como Brasil, piden requisitos en función
del tamaño de la iglesia. En muchos países latinoamericanos, la iglesia
Católica, dada su larga historia en esta región, está regulada por códigos
especiales.



No obstante, en varios países las iglesias deben registrar su existencia
ante las autoridades para poder actuar como una entidad legalmente
constituida, si sus líderes así lo deciden. Así, en Colombia, deben
registrarse en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del
Interior; en Estados Unidos, en el Servicio de Impuestos Internos (IRS); en
Perú, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El registro suele ser
un proceso continuo y, al inscribirse, las iglesias obtienen un número de
identificación único y reciben un certificado de exención de impuestos.



En Argentina, las iglesias inscritas oficialmente en el Registro Nacional de
Cultos están exentas del pago de impuestos. En julio de 2019, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) simplificó el proceso
para obtener el certificado de exención del impuesto a las ganancias y
dispuso que ya no debían presentar balances anuales ni declaraciones juradas
ante ese organismo fiscal, como se exigía anteriormente.



En Estados Unidos, las iglesias están automáticamente exentas de impuestos,
aun cuando no se registren ante la autoridad federal de impuestos. Pero la
certificación les permite confirmar su exención a los donantes. En general,
incluso cuando están registradas, el propósito religioso se considera un
derecho fundamental y las iglesias tienen exigencias de divulgación
financiera diferentes, por lo general menores, que otras organizaciones sin
fines de lucro.



Más recientemente, algunos países, como Argentina, Uruguay y Guatemala, han
establecido normas para que las iglesias prevengan o detecten el blanqueo de
dinero como parte de las leyes anti-lavado de cada país. Estos controles
pueden incluir que las iglesias identifiquen a sus donantes por encima de
determinado monto, que conozcan el origen de los fondos donados y que
denuncien transacciones sospechosas ante un organismo gubernamental.



A pesar de dichos controles, la supervisión de estos países para saber si se
están cumpliendo estas exigencias ha sido en la práctica, relativo. En
Argentina, las entidades religiosas no fueron históricamente consideradas un
sector de “alto riesgo” en la prevención del blanqueo de dinero por la
Unidad de Información Financiera (UIF). Esto implicaba que entraban en la
ronda de controles de rutina, junto a otros sectores, a no ser que hubiera
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las entidades bancarias. De
2010 a 2020, hubo solo una sanción administrativa del organismo
gubernamental anti-lavado contra una institución religiosa.



En febrero de 2019, después de un sumario abierto cinco años antes, la
Iglesia Universal del Reino de Dios y tres de los integrantes de su órgano
de administración recibieron una multa de 240.000 pesos argentinos (unos
6.200 dólares al cambio de ese momento), tanto la institución como cada uno
de ellos, por no cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero.
(Ver La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina bajo sospechas de
lavado de dinero)



Sin embargo, esta política de prevención se revisó después de que el
presidente argentino Alberto Fernández asumiera el cargo en diciembre de
2019. La UIF le imprimió un cambio a su dirección con el nuevo jefe, Carlos
Cruz.



“Las iglesias están sujetas a un control proactivo y entre los nuevos
lineamientos de política criminal del organismo, vamos a vigilar de cerca
sus movimientos de dinero, ya que algunas congregaciones confesionales han
sido utilizadas para lavar dinero”, dijo el director de la UIF consultado
para esta investigación. “Es un tema no sólo de la UIF de Argentina, sino
también de otros países que proceden con atención”.



En Guatemala, es la Intendencia de Verificación Especial (IVE) quien vigila
a las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas las iglesias, que reciben o
envían fondos del exterior. Sin embargo, hasta finales de 2019, solo se
reportaban ante la IVE 156 entidades de este tipo, cuando solo contando las
iglesias legalmente registradas hay unas 3,200. Entre 2014 y 2019, la IVE
recibió nueve reportes de transacciones sospechosas de todas las
organizaciones sin ánimo de lucro que supervisa, ninguna de las cuales
prosperó en una denuncia por lavado de dinero ante la fiscalía, según datos
proporcionados por la IVE.



Algunas iglesias operan de manera informal, por lo que se desconoce la
cantidad exacta de entidades religiosas en todo el continente americano. Por
lo general, los países no llevan directorios oficiales de entidades
religiosas, lo que hace aún más difícil obtener un cálculo continental. Sin
embargo, el número de iglesias registradas ante las agencias de recaudación
de impuestos está aumentando en algunos países.



En Estados Unidos, había 1.327.714 organizaciones religiosas, de
beneficencia y similares registradas en el Servicio de Impuestos Internos
(IRS), según el dato más reciente disponible que es de 2018. En el 2001,
había solo 865.000 registradas. No hay información más detallada y el IRS
respondió una solicitud de información de Columbia Journalism
Investigations, indicando que no tiene disponible datos de entidades
registradas con estatus de iglesia.



En Brasil, el número de iglesias se ha duplicado en 15 años, llegando a
25.022 registradas en 2018, según información obtenida por la Agência
Pública, socio de esta colaboración. En Argentina, según la respuesta que
obtuvo Infobae a un pedido de información pública, hay 6.330 entidades
religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, de las cuales un
tercio de ellas – 2.096 – lo hicieron en los últimos 10 años. El número de
inscripciones se duplicó en el 2019, respecto del 2010.



Es necesario anotar que el número de iglesias está distorsionado por el
abuso de los registros: organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras
entidades se registran falsamente como iglesias. Por ejemplo, en 2012, la
policía brasileña detuvo a un grupo delictivo que utilizó una cuenta de una
iglesia para mover 400 millones de reales (aproximadamente 100 millones de
dólares) de dinero sucio procedente de delitos contra el sistema financiero.
Según el comunicado de prensa de la policía federal, la iglesia, Igreja Ação
& Distribuição (Iglesia Acción y Distribución), sólo existía como entidad de
fachada legal. Nunca tuvo edificio – la dirección indicada albergaba un
gimnasio— ni seguidores. El comunicado de prensa afirma que “la entidad
religiosa fue creada para gozar de inmunidad fiscal, lo que reduciría la
probabilidad de supervisión, en opinión de los miembros del grupo”.



Incluso entre las iglesias que parecen tener seguidores y una doctrina, los
tipos de operaciones etiquetadas como “religiosas” no están tan bien
definidas. Esta permisividad en la categoría ha permitido algunos argumentos
excéntricos en los tribunales estadounidenses. Una mujer sostuvo ante el
tribunal que su red de prostitución debía ser protegida de la intervención
legal ya que estaba fundada en una creencia religiosa.



En 2016, un tribunal estadounidense encontró a la líder del Templo de la
Diosa Fénix (Phoenix Goddess Temple), Tracy Elise, culpable de prostitución
y lavado de dinero. Pero mientras las autoridades afirmaban que su casa de
prostitución usaba la religión como fachada, Elise insistió en que su
condena interfería con su derecho fundamental a la libertad religiosa, ya
que “fue finalmente condenada por delitos derivados de prácticas religiosas
que ella había declarado”.



Su Templo de la Diosa en Phoenix ya no existe, pero la lucha de Elise
continúa. Fue liberada por tiempo cumplido y continúa apelando la condena.
Ese es uno de los pocos casos recientes en los que Estados Unidos ha
investigado una iglesia.



Según Rob Boston, asesor principal de Americanos Unidos por la Separación de
la Iglesia y el Estado, es más probable que las agencias gubernamentales
investiguen iglesias no convencionales. “Alguien que se inventa una iglesia
falsa para cubrir sus actividades ilegales es diferente de las iglesias
legítimas que están cometiendo una irregularidad”, dijo. “A esos primeros
les cuesta más pasar desapercibidos”.



Incluso los casos menos frecuentes en que respetados pastores de
organizaciones religiosas muy conocidas han sido objeto de investigaciones
judiciales, pero su duración y complejidad han revelado la cantidad de
salvaguardas con que las normas actuales protegen la autonomía y las
libertades de las iglesias. (Ver Líderes religiosos bajo sospechas de
finanzas poco santas).



Los gobiernos saben que hay organizaciones religiosas e iglesias que abusan
de la protección legal que se les da y cometen graves delitos. Los más de 60
casos judiciales e investigaciones oficiales que esta colaboración encontró
en una búsqueda limitada de registros públicos, revelan que esto, en efecto,
está sucediendo.



¿Qué tan extendidos están estos abusos? No lo sabemos y, de acuerdo con más
de diez fuentes diferentes consultadas para esta historia, la información y
los datos sobre irregularidades financieras cometidas por instituciones
religiosas es muy escasa, y muchos delitos pueden pasar desapercibidos.



Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos ha elegido no aprobar leyes más
duras para escrutar mejor a las organizaciones religiosas, probablemente
porque no quieren poner en riesgo protecciones duramente ganadas para que
las organizaciones religiosas florezcan libremente.



Están aún menos dispuestos a correr ese riesgo ahora que existen
organizaciones religiosas arraigadas al poder político en las Américas.



La paradoja es que, al proteger los derechos de las iglesias y de sus
líderes hasta el punto de permitir que el abuso quede impune, muchos
creyentes verdaderos quedan desprotegidos de estafadores que usan su fe para
socavar los mismos principios que dicen creer.



Una escena resume esta contradicción: el asombro y las lágrimas de los
seguidores dominicanos de la iglesia Rugido del León, cuando se enteraron de
que sus pastores, en quienes tanto confiaban, eran en realidad testaferros
de una organización del más temible crimen organizado.



* Con la colaboración de Asier Andrés, Mariel Fitz Patrick, Rute Pina, Raúl
Olmos, Flávio Ferreira, Romina Mella, Joseph Zárate, Mercedes Agüero R,
María Teresa Ronderos, Nathan Jaccard, Andrés Bermúdez Liévano, Lucas Silva
y Emiliana García.



Nota



1) Paraísos de Dinero y Fe fue realizada en conjunto por Columbia Journalism
Investigation, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística,
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Nómada (Guatemala),
Canal 13 Noticias (Costa Rica), IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina),
Agencia Publica (Brasil), Folha Sao Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay), El
Tiempo (Colombia) y OCCRP (Europa), con el apoyo de la Seattle International
Foundation.

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