Bolivia/ Crisis política, sanitaria y económica. "Áñez deberá irse tras el 18 de octubre sí o sí" [Karen Gil - Jhonny Pardo - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de agosto 2020

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Bolivia



Tensión política y pandemia



En suspenso



Tras una nueva postergación de las elecciones, el gobierno de Jeanine Áñez
debió enfrentar en las últimas semanas masivas movilizaciones obreras y
campesinas, que bloquearon rutas y caminos y generaron graves disturbios en
las principales ciudades del país. La medida, no obstante, hizo peligrar las
chances del MAS de cara a las elecciones, cuando deberá enfrentarse a un
oficialismo impopular y cercado por una grave crisis sanitaria y económica.



Karen Gil, desde La Paz

Brecha, 28-8-2020

https://brecha.com.uy/



Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios
de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno
medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en
riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis
política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12
días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales
afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha
de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz
al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes
sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera
de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.



Trancazos y protestas



La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales
afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral
del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la
oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que,
tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y
convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de
nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones
(fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el
17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta
última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los
contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron,
según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más
alto desde marzo.



Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó
que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción
con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que
el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado.
El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de
Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno
de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una
estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre
ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la
actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas.
Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de
Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las
vías principales de seis departamentos del país.



Marcha atrás



Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las
fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno
(Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien
el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no
descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de
los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión
Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18
de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar
garantías de que así sea cumplido.



Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya
venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases
movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje
para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se
contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el
aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva
postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos,
«sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia;
el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en
referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una
evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para
desgastarnos», agregó.



El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los
piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las
movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su
secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba
«evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad
eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró
que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias
para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el
Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si
fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos
estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al
cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la
presidenta Jeanine Áñez.



Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina
afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país.
Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada
masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de
nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al
bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase
el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas
comunes, que ahora son la salud y la economía».



Balance y pérdidas



Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700
millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el
Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible
causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar.
Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales
murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de
Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se
registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural
que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las
ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por
homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto
de Unidad; entre ellos, Huarachi.



Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la
orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se
hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales;
en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del
Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez,
y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos
cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia
contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a
cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre
ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El
abuso», en este número).



Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón,
María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS
percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también
atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían
contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio
Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49
personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron
positivo en las pruebas rápidas.



Campaña en crisis



El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el
pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se
realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera
prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe
colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea»,
dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental,
Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos,
publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el
expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce–
empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por
ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener
una importante ventaja.



De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de
un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad
enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada.
Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron
ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han
dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses
por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos
económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que
el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de
apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los
movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún
más su mandato, sino que se sienten amenazados.



Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a
Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la
persecución política de los representantes de los movimientos sociales.
«Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del
comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar
cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una
persecución política», añadió.



Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi,
dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una
constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por
ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del
MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un
presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del
levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó
que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la
calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó
por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron
luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia.
Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano
militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos
para pedir la renuncia de Áñez.



Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble
rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como
objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la
instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis
sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año
pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía
se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que
queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que
la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la
informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que
varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las
pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas
que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman
antes.



***



Las masacres y las denuncias



La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año
pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales
del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la
entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había
insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la
Constitución y los resultados del referéndum de 2016.



Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país
que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno
transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.



Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la
vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares
en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de
noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles
indígenas muertos por bala y 230 heridos.



Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias
instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el
gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El
lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios
estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y
social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos
humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.



«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya
sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la
mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la
titular del organismo, Michelle Bachelet.



Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y
el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había
destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos
humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por
la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.



A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía
Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de
derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los
candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las
investigaciones penales de esos hechos.



***



Con Jhonny Pardo, líder sindical de los campesinos de Cochabamba



“Áñez deberá irse tras el 18 de octubre sí o sí”



El movimiento campesino de Bolivia fue un actor fundamental en los bloqueos
de carreteras que en las últimas semanas marcaron un nuevo capítulo de la
aguda crisis política que vive ese país. Brecha habló con uno de sus
referentes para conocer la visión de este sector sobre la situación política
actual.



Fabián Kovacic

Brecha, 28-8-2020



Tras el cese de los bloqueos que cercaron varias ciudades bolivianas durante
la primera mitad de agosto en protesta por la postergación de las
elecciones, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Cochabamba se mantiene en alerta. Sus integrantes, que forman parte de un
entramado de federaciones campesinas que afirma tener unos 4 millones de
afiliados, y que apoyan la fórmula del MAS, permanecen movilizados y en
asamblea. En medio de ese trajín, su secretario ejecutivo, Jhonny Pardo,
dialogó telefónicamente con Brecha.



—¿Habrá elecciones presidenciales en Bolivia en octubre?



No confiamos en el gobierno y sus intenciones de ir a las elecciones del 18
de octubre, porque ellos sólo quieren dilatar las cosas. Cuando apareció el
coronavirus, creyeron que eso los favorecería, pero mientras pasan los días
hay más muerte y miseria en el país. El coronavirus vino a agravar las cosas
para [la presidenta Jeanine] Áñez. Su único apoyo ahora son los Comités
Cívicos, que además están pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal
Electoral. Por eso le hemos pedido a la Asamblea Nacional que frente a
cualquier renuncia que se produzca en el Tribunal inmediatamente designe a
los reemplazos, porque el gobierno va a usar esto para buscar nuevamente la
suspensión de las elecciones.



—¿Qué puede pasar si se suspenden las elecciones de octubre?



La política del MAS no es el golpe de Estado. Este gobierno tiene que irse
expulsado por los votos. Pese a que nuestros candidatos Luis Arce y David
Choquehuanca lideran las encuestas, nosotros no confiamos en ellas. Porque
algunas son pagadas por ellos mismos para mostrar empates o incluso triunfos
ajustados de sus aliados.



—¿A quién se refiere cuando dice «ellos»?



Al imperio estadounidense, que quiere sostener a este gobierno en el poder.
Ya lo ha hecho infiltrando recursos y personajes a través de organizaciones
como la USAID. La parte de la oposición representada por Carlos Mesa y
Fernando Camacho cumple las órdenes de Estados Unidos, son como agentes de
la CIA en territorio boliviano.



---¿Y si hay elecciones en octubre y la presidenta Áñez no quiere dejar el
poder?



Áñez y el imperio estadounidense no van a querer entregar el poder el 18 de
octubre. Van a hacer lo imposible por conservarlo. Pero nosotros
consideramos que ese día Áñez debe dejar el gobierno sí o sí. A como dé
lugar. A partir de ese día las cosas no serán fáciles para el gobierno del
MAS, lo sabemos, pero estamos preparados para sostener a nuestros
gobernantes con el pueblo movilizado.



—¿Cómo toman ustedes las recientes acusaciones contra Evo Morales por
presuntas relaciones con mujeres menores de edad?



Eso lo tiene que determinar la Justicia. Pero para nosotros, el gobierno y
sus partidos cercanos están haciendo un uso político de acusaciones que para
nosotros resultan falsas. Usan esas acusaciones para desacreditar al MAS, al
movimiento social campesino, a los compañeros Lucho Arce y David
Choquehuanca y en especial a nuestro compañero presidente Evo. Es política
sucia.



—¿Están de acuerdo con las denuncias de Evo Morales acerca de que el golpe
de Estado fue por el litio?



—No se olvide de que cuando se produjo el golpe, nuestro país había firmado
acuerdos ventajosos con Alemania para explotar el litio. Pero no es sólo por
el litio, sino por todas las riquezas que este gobierno junto al imperio
estadounidense están saqueándole a Bolivia y al pueblo boliviano. Fue un
golpe económico con la intención de despojar también al pueblo de los
derechos conquistados en los últimos años junto con el gobierno de Evo
Morales.



—¿Cómo ve usted la unidad del movimiento social, teniendo en cuenta que en
los últimos tiempos ha habido diferencias de estrategia?



Las bases se unieron durante los recientes bloqueos y le demostramos al
gobierno de la señora Áñez que el pueblo boliviano está unido. Es cierto que
hubo desinteligencias y malentendidos hace algunos meses, pero frente a las
políticas saqueadoras de este gobierno nos hemos unido más. Hoy estamos
sólidamente unidos detrás de los compañeros que integran la fórmula del MAS.



—¿Qué puede decir de la situación social en este momento?



Es grave. No sólo el pueblo movilizado denuncia al gobierno. Los crímenes de
Sakaba y Senkata también fueron denunciados por la señora [Michelle]
Bachelet, del organismo de Derechos Humanos de la ONU. Y el gobierno de
Áñez, a través del ministro Arturo Murillo, ahora acusa a la ONU de no ser
imparcial.



—El informe de Bachelet también recuerda la responsabilidad de Evo Morales
en la crisis, por haberse presentado a las elecciones presidenciales a pesar
del referéndum en su contra.



Pero es que esa decisión del hermano Evo fue legal y constitucional. No
quiera ahora el gobierno de Áñez esquivar la responsabilidad de la masacre
por las balas policiales.



—¿Cómo planean seguir hasta el 18 de octubre?



Mire, ahora mismo le estoy hablando a usted desde un ampliado [asamblea
popular] donde estamos participando entre 500 y 800 hermanos del movimiento
campesino de la Subcentral Sivingani, en el municipio de Vila Vila,
Cochabamba. Nos mantenemos en estado de emergencia y movilización ante
cualquier intento de frustrar las elecciones. Y vamos a acudir nuevamente a
reclamar el respeto a la ley y al pueblo.

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