Nicaragua/ La legalización de la represión arbitraria. [Mathias Schindler/Mariana Sánchez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de diciembre 2020

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Nicaragua



La legalización de la represión arbitraria



Mathias Schindler/Mariana Sánchez

Viento Sur, 25-12-2020

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El día 21 de diciembre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó,
gracias a la mayoría de diputados orteguistas, la llamada Ley de los
derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación
para la paz. De acuerdo a esta ley, todos los nicaragüenses “que encabecen o
financien un golpe de estado, […] fomenten o insten a actos terroristas, […]
inciten a la injerencia extranjera, […] pidan intervenciones militares, […]
demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de
Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos
de la nación” recibirán el título de “Traidores de la Patria” por lo que “no
podrán optar a cargos de elección popular”. Se puede criticar a la oposición
en Nicaragua por muchas razones, pero ninguna de sus componentes ha
propagado o ejecutado actividades violentas o terroristas. Al contrario,
siempre ha defendido la lucha cívica y constitucional. Las sanciones
internacionales que pide o apoya la oposición nunca fueron dirigidas contra
Nicaragua sino contra personas individuales culpables de crímenes de
corrupción, de enriquecimiento ilícito o de represión contra el pueblo. Ya
sabemos que, en el vocabulario del régimen, “terrorismo” y “golpe de estado”
significan protesta cívica y manifestación pacífica, entonces está claro que
esta ley en realidad es un instrumento jurídico para impedir la
participación de cualquier persona de la oposición política a las elecciones
contempladas para el noviembre del año 2021. Y amenaza a todas y a todos,
independientemente de su orientación política o de su afiliación partidaria,
porque todas y todos los opositores se han expresado alguna vez públicamente
en contra del régimen o han participado en alguna actividad crítica pública.
Dada la situación actual de división de la oposición y su organización
políticamente fragmentada y débil, es muy poco probable que haya elecciones
democráticas y legítimas en Nicaragua el próximo año.



En septiembre y octubre de 2020, el presidente Daniel Ortega impulsó tres
iniciativas de leyes para amenazar, impedir y castigar las actividades
opuestas a su gobierno. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros debe
asegurar el control gubernamental total sobre todas las actividades de
personas u organizaciones (y empresas) que reciben dinero del extranjero de
Nicaragua. A través de la Ley Especial de Ciberdelitos el gobierno quiere
controlar todas las publicaciones electrónicas y criminalizar las
declaraciones críticas contra el régimen. Además, el presidente está
preparando una enmienda constitucional que introduce la cadena perpetua para
los llamados crímenes de odio.



Estas leyes son tres facetas de la misma política de amenazas contra todas
las actividades independientes de la ciudadanía, contra la expresión y la
divulgación de opiniones críticas contra el gobierno y contra todos los
intentos de formar una oposición política frente al régimen dictatorial del
presidente Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.



Con los votos de la bancada mayoritaria del FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional), la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de
Regulación de Agentes Extranjeros el 15 de octubre de 2020. Esta ley exige
que todas las personas, organizaciones o empresas nicaragüenses que reciben
financiamiento de fondos extranjeros de cualquier índole tendrán que
registrarse como “agentes extranjeros” en una lista llevada por el gobierno.
Los que no cumplan con este requisito se arriesgarán a condenas severas.



Un control totalitario de los nicaragüenses y de las organizaciones sociales



Un detalle particularmente represivo y antidemocrático de esta normativa es
que prohíbe a los “agentes extranjeros” ocupar cargos públicos o trabajar en
la administración pública. De esta manera, la población va a encontrarse
dividida en dos grupos: los partidarios del gobierno, que gozan plenamente
de todos los derechos civiles, por un lado, y, por otro lado, personas
probablemente críticas con el gobierno, cuyos derechos constitucionalmente
garantizados se verán ferozmente restringidos, por la mera razón de que sus
proyectos reciben apoyo del extranjero.



Esto significa que las organizaciones internacionales que apoyan proyectos
humanitarios o sociales en Nicaragua no estarán autorizadas a realizar
transacciones financieras hasta que todos sus empleados se hayan registrado
como “agentes extranjeros”. No se les permitirá pagar salarios, ni comprar
materiales, ni pagar facturas. El banco que lleva sus cuentas también deberá
registrarse como “agente extranjero”. Incluso los empleados del banco que
gestionan las cuentas pertinentes y proporcionan asesoramiento financiero a
tales organizaciones deberán registrarse como “agentes extranjeros”. Además,
todos los proyectos apoyados desde el extranjero deberán presentar informes
mensuales sobre todas sus actividades y movimientos financieros a las
autoridades nicaragüenses para aprobación. Este requisito es imposible de
cumplir dada la administración estatal completamente burocratizada de
Nicaragua. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) declaró
que a través de esta ley el gobierno ejercerá un “control totalitario” sobre
todos los ciudadanos, los medios de comunicación independientes del gobierno
y las organizaciones de la sociedad civil.



La Ley de regulación de los agentes extranjeros es, en gran parte, una copia
de una ley que entró en vigor en Rusia bajo el mandato de Putin, en 2012.
Esta ley también estipula que todas las ONG que reciben apoyo financiero del
extranjero deberán registrarse como “agentes extranjeros”. El gobierno de
Ortega justifica esta legislación pretextando impedir que instituciones o
personas extranjeras interfieran en los asuntos internos de Nicaragua. Esta
ley pone al mismo nivel a gobiernos y empresas extranjeras, servicios
secretos, terroristas, fundaciones, actividades de lavado de dinero,
comercio de armas y a las organizaciones solidarias sin fines de lucro. La
ley permite, en la práctica, que cualquier movimiento popular independiente
pueda ser registrado, controlado e intervenido por el Estado.



Esta ley busca también criminalizar a los periodistas y a los medios de
comunicación, que el gobierno hostiga desde abril de 2018 (cierre de varios
medios escritos o audiovisuales, remesas de papel para imprimir bloqueadas
en las aduanas impidiendo que los periódicos salgan, periodistas perseguidos
y detenidos…), así como todo ciudadano que, a través de las redes sociales,
se atreva a expresar una opinión crítica y no conforme con el relato
oficial. Esto constituye un nuevo ataque contra la libertad de la prensa en
un país donde el presidente controla ya 8 de las 11 cadenas de televisión y
donde los locales de dos de los principales medios independientes de
oposición, Confidencial y 100 % Noticias, siguen ocupados por la policía.



La Secretaría de las Organizaciones no Gubernamentales Internacionales
(SONGI) reúne a 32 organizaciones que trabajan en solidaridad para el
desarrollo de Nicaragua desde hace más de 30 años. En los últimos años,
estas organizaciones han apoyado proyectos de solidaridad por un monto anual
de unos 25,5 millones de dólares, que han beneficiado a unas 550.000
personas, incluso en los rincones más remotos del país. En una carta abierta
al gobierno de Nicaragua, SONGI expresa su temor de que la ley “podría
llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación
solidaria” porque es imposible poner en práctica todas las regulaciones
previstas. Con palabras menos diplomáticas diríamos que esta ley es un
ataque frontal contra todos los proyectos caritativos apoyados por las ONG
internacionales.



La “ley mordaza” para acallar toda crítica



El 27 de octubre de 2020, la mayoría parlamentaria del FSLN aprobó la Ley
Especial de Ciberdelitos. Esta ley enumera en 31 artículos los más diversos
delitos que van desde el “acceso indebido a sistemas informáticos” o el
“fraude informático” hasta la “transferencia de información pública
reservada” o la “propagación de noticias falsas” que podrían provocar
“alarma, temor, zozobra en la población”. Cada artículo estipula la condena
prevista en caso de irrespeto : entre uno y diez años de prisión. Las
formulaciones son tan generales e imprecisas que su interpretación permite
una alta discrecionalidad por parte del sistema jurídico.



La ley – llamada “ley mordaza” por la gente – también obliga a todas las
compañías especializadas en la comunicación electrónica a conservar todas
las informaciones y dados personales para que el Estado pueda perseguir a
las personas que supuestamente hayan cometido “ciberdelitos”. Con esta ley,
cualquier opinión, comentario, crítica, caricatura o información que
critique al gobierno en un correo electrónico, a través de Facebook,
Twitter, Instagram, en páginas web o por cualquier otro medio digital puede
ser usado por el orteguismo para enjuiciar y encarcelar “legalmente” al
autor o a la autora.



La condena de cinco a ocho años de cárcel se aplicará, entre otros casos, a
la publicación de una información pública reservada (artículo 25) y la pena
más fuerte de seis a diez años está reservada para el “espionaje
informático” si pone “en peligro la seguridad soberana del Estado” (artículo
13). Conociendo la interpretación orteguista según la cual asambleas de
grupos opositores o manifestaciones pacíficas independientes constituyen
actos de terrorismo en contra del orden público, se puede deducir fácilmente
que la Ley Especial de Ciberdelitos está dirigida contra todo aquel o toda
aquella que se atreva a expresar un desacuerdo o una crítica contra el
régimen, bajo cualquier forma y a través de cualquier medio electrónico.



Modificar la Constitución para perseguir a la oposición



El tercer componente de este paquete legislativo es la iniciativa
presidencial para hacer adoptar una Ley Contra el Odio, que castigará
“crímenes de odio” con la cadena perpetua. Para poner en práctica este
proyecto hace falta reformar la Constitución Nacional de Nicaragua que hasta
hoy día establece, en su artículo 37, una condena máxima de 30 años de
prisión. El 10 de noviembre 2020 la Asamblea Nacional aprobó, gracias a la
mayoría orteguista, la reforma constitucional correspondiente (que tiene que
ser confirmada en segunda lectura en 2021).



El día 15 de octubre, en un discurso público, Ortega había reconocido
claramente el verdadero objetivo de esta ley : perseguir y reprimir a la
oposición política azul y blanco, a quienes llamó “criminales”, “cobardes”,
“terroristas” y “hijos del demonio”, que merecen ser “castigados” con
condenas mayores por sus “crímenes de odio”.



La brutal violación y el posterior asesinato de dos niñas menores, cometidos
en una zona remota del país, sirvió de pretexto para esta iniciativa de
reforma constitucional. Un acto particularmente demagógico ya que Ortega
mismo ha abusado y violado a su propia hijastra Zoilamérica Narváez durante
muchos años.



Estas tres leyes constituyen una amenaza global contra cualquier actividad
independiente o cualquier expresión crítica de parte de la población por la
amplitud de los delitos y de los crímenes que abarcan. Según las
organizaciones de derechos humanos, su redacción imprecisa facilita la
arbitrariedad judicial y sirve para crear un fundamento jurídico para la
represión estatal vigente.



Un fundamento jurídico para la represión de Estado



Preparándose para las elecciones previstas para noviembre de 2021, el
orteguismo quiere dar a la opinión pública internacional la imagen de un
estado de derecho. En realidad, estas leyes quieren intimidar a las fuerzas
de la oposición, obligarlas a la autocensura y forzarlas a auto acusarse a
sí mismas registrándose como “agentes extranjeros”. Las penas anunciadas en
caso de no cumplimiento constituyen amenazas muy graves, que van desde
multas financieras, confiscación de la propiedad privada, prisión hasta
cadena perpetua.



Estas leyes van a dificultar dramáticamente las condiciones de actuación de
las fuerzas opositoras al régimen Ortega-Murillo. Según la exposición ante
la sub comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo de Mónica
Baltodano el 16 de noviembre de 2020 (una de las comandantes guerrilleras
del FSLN que luchó contra la dictadura somocista), la situación actual de
Nicaragua está caracterizada, entre otros hechos, por la retención de 115
hombres y 3 mujeres como presos políticos, la derogación de la personaría
jurídica de varias organizaciones no gubernamentales, el veto al regreso de
organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, la existencia de
grupos paramilitares y de choque fieles a Ortega que continúan sus
actividades, más de 100 000 nicaragüenses exiliados, la falta de condiciones
mínimas para realizar elecciones libres, la falta de libertad de la prensa y
de condiciones para organizar manifestaciones públicas.



En esta situación todos los organismos opositores de Nicaragua se han
manifestado varias veces en favor de sanciones internacionales contra la
dictadura Ortega-Murillo. Tanto el gobierno de los EE.UU. como la Unión
Europea han adoptado medidas políticas y económicas contra el régimen (sin
restringir la ayuda contra la pandemia de Covid-19 ni la ayuda de emergencia
después de los huracanes Eta y Iota). La izquierda internacional sabe que
los gobiernos de los EE.UU. y de la UE no se mueven por ideales
democráticos, sino por sus propios intereses políticos, económicos y
estratégicos. Como lo demuestra la profunda amistad de estos estados con la
dictadura medieval de Arabia Saudita.



Sin embargo, si las fuerzas opositoras de Nicaragua piden sanciones
internacionales contra el régimen dictatorial orteguista y en favor del
restablecimiento de condiciones humanas y democráticas, la izquierda
internacional debería apoyar esta demanda. A la par, la izquierda tiene que
hacer un esfuerzo por defender las libertades democráticas en los otros
países centroamericanos. En los EE.UU. – y también en Europa – hay
corrientes políticas que no quieren apoyar las sanciones de los países ricos
en contra de un país pobre, explicando que esto significaría asumir una
posición proimperialista. Sin embargo, la solución no puede ser seguir
apoyando a una dictadura feroz, sino que implica extender la reivindicación
democrática más allá de Nicaragua. Además, tomando en cuenta los daños que
han provocado las intervenciones económicas y militares de los EE.UU.
durante las décadas pasadas en toda América Central, y sobre todo en
Nicaragua, hay que intentar lanzar una potente campaña pidiendo reparaciones
estadounidenses para Nicaragua y para Centroamérica a modo de indemnización
por todo el daño y el sufrimiento constatado. (Artículo publicado en
Antidote n°7 Amérique latine. Syllepse: https://www.syllepse.net

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