Nicaragua/ 2020: dolores de parto en la oposición. La juventud insurrecta busca abrirse paso [Equipo Envío)

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

12 de febrero 2020

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____  

 

Nicaragua

 

2020 Un año de dolores de parto

 

La unidad y la organización de la heterogénea oposición azul y blanco
experimentarán este año los dolores de un parto que está siendo prolongado y
complicado. Algo nuevo quiere nacer. La agenda de la juventud del siglo 21,
la que se insurreccionó en abril, la que despertó a todo el país, puja por
abrirse paso en medio del terrorismo de Estado y de la arraigada y rancia
cultura política. (Equipo Envío)

 

Revista Envío, febrero 2020

https://www.envio.org.ni/

 

Nicaragua está pariendo una nueva historia y por eso hay dolor, por eso hay
angustia, por eso hay sangre…” Así predicaba en su parroquia de Masaya,
alumbrada por mil candelas en la misa de Nochebuena, el padre Edwin Román.
40 días antes, había acompañado, arriesgando su salud, a diez mujeres que
hicieron una huelga de hambre en el templo para lograr la liberación de sus
hijos y familiares, presos políticos del régimen. La represión con que les
respondió la dictadura conmovió al país y volvió a colocar en la agenda
internacional los dolores del parto que vive Nicaragua desde abril de 2018. 

 

Alianza Cívica y UNAB: una buena noticia 

 

El 17 de enero de 2019 Nicaragua recibió la esperada buena noticia de que
comienzan “los dolores del parto” de la unidad: los desacuerdos entre las
dos organizaciones que han liderado durante meses diálogos, negociaciones y
movilizaciones, las que cuentan con mayor proyección nacional y con
reconocimiento internacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia (ACJD) y la Unidad Azul y Blanco (UNAB), anunciaron que
finalmente sellaban la unidad para conformar una Coalición Nacional que
enfrente a la dictadura. 

 

En un escueto mensaje que no menciona la palabra “dictadura” declaran que
“la reconstrucción de Nicaragua es posible”. 

 

Para lograrla indican los tres pasos que dará la Coalición: “El primer paso
que estamos dando para esta reconstrucción es unirnos todos sin exclusión
para repotenciar esta lucha”. Ese paso es un desafío en su relación con los
partidos políticos existentes. Todos, de una manera o de otra, han
colaborado antes de abril con Ortega y con el FSLN. Y todos, de una o de
otra manera, quieren participar en el fin de su régimen. ¿Qué concreción
tendrá ese “sin exclusión”? 

 

“El segundo paso fundamental -expresan- es impulsar las reformas electorales
que nos permitan una vida mejor para que, cívica y democráticamente, podamos
acceder a la comida, salud, educación y seguridad social”. Sin mencionar el
cómo y el cuándo de las elecciones aceptan que ésa será la salida, dando
también por seguro que se requieren reformas.

 

“El tercer paso -dicen- es hacer un llamado a todos los nicaragüenses a
sumarse a esta Coalición Nacional”. Al día siguiente de anunciar la unidad
inició ese llamado y se dijo que el 25 de febrero, aniversario de la derrota
de Ortega en 1990, estaría ya definitivamente conformada la Coalición
Nacional. 

 

El alto costo de la política represiva 

 

2019 fue un año de creciente exigencia de la sociedad clamando por la unidad
de la oposición frente al imparable estancamiento económico y al atolladero
político del que Ortega no parece querer salir... ¿todavía? No hubo análisis
que no señalara la falta de unidad entre los azul y blanco como una de las
ventajas con las que el régimen cuenta. 

 

Después del fracaso de la “mesa de negociación” (febrero-mayo), Ortega
mantuvo el estado de excepción no declarado: contingentes policiales armados
en las ciudades para evitar cualquier brote opositor y campesinos opositores
asesinados en las zonas rurales. Según un informe del Colectivo Nicaragua
Nunca + ante la CIDH, fueron 30 las víctimas entre enero y septiembre de
2019; según el Movimiento Campesino suman 100 desde el estallido de abril.
El régimen exhibe un déficit de reflejos políticos para responder al rechazo
social. Siempre es la misma su respuesta: represión, ¬ intimidación,
control... 

 

El costo es una economía estancada y una población emocionalmente dañada,
una sociedad en la que reina la indefensión ante todas las instituciones del
Estado y la desconfianza en barrios y centros de trabajo. 

 

La dictadura ya no le ofrece futuro ni al país ni tampoco a los suyos. Son
cada vez más quienes en sus filas sienten ya hastío y desazón por la falta
de horizontes. ¿Cuajarán todos estos descontentos en una implosión en el
centro del poder...?

 

Los azul y blanco y los simpatizantes defraudados -son una mayoría social-
comparten la convicción de que con él y con ella en el poder “esto no se
compone”. Un poder tan extremadamente centralizado en sólo dos personas, la
ausencia total de debate en el círculo del poder y los consejos de la
gerontocracia cubana, han esclerotizado al régimen. 

 

Autoconvocados de origen 

 

“Se acabó lo viejo... En Nicaragua es posible una nueva manera de hacer
política”, dice el mensaje fundacional de la nueva Coalición Nacional. No es
una afirmación poética. Es ésa la “criatura” que se espera del parto: debe
nacer “algo nuevo”. 

 

El estallido ciudadano iniciado en abril de 2018 fue probadamente masivo y
autoconvocado y, por eso, fue un acontecimiento político y cultural cuya
novedad aún no hemos terminado de dimensionar. 

 

Ningún partido político ni movimiento social encabezó ni dirigió una
rebelión que crecía y crecía. El 18 de abril estuvieron allí los de siempre:
feministas y representantes de los organismos de derechos humanos... y mucha
juventud. Muy pronto estuvieron más y en pocos días estaban todos.

 

No hubo ningún liderazgo público, de los ya conocidos o de los muchos que
emergían a diario en Masaya, en León, en Jinotepe, por todos lados, que
convocara a las protestas contra Ortega... El 20 de abril fueron muchísimos
los convocados por un niño de 15 años, Álvaro Conrado, sólo conocido hasta
entonces por sus profesores y sus compañeros de colegio…

 

En pocos días, “todos agarramos calle sin que nadie nos llamara”. Durante
más de cuarenta días y sus noches fueron miles de miles los que llenaban las
calles en marchas multitudinarias... creyendo que obligarían a Ortega a
rectificar o a renunciar o a adelantar las elecciones o a abandonar el
país...La autoconvocación se prolongó demasiado en el tiempo, entre otras
causas, por la crisis de representación que ya arrastraban desde hacía años
todos los partidos políticos. Todos. 

 

Que el movimiento fuera autoconvocado tuvo sus ventajas: nadie era
insustituible y la falta de un entramado territorial organizado no fue
impedimento para la masividad, más bien la facilitaba. Pero la prolongación
de la horizontalidad autoconvocada profundizó la desorganización debilitando
la correlación de fuerzas de los azul y blanco para hacerle frente a la
dictadura. 

 

Así nació la Alianza Cívica 

 

Las dos organizaciones que se han unido ahora para “reconstruir” Nicaragua y
anuncian que lo harán con “una nueva manera de hacer política” surgieron en
las distintas oleadas de las mareas de autoconvocados que produjo la
rebelión de abril. 

 

La Alianza Cívica nació en los primeros días de mayo. Fue convocada por los
obispos y respaldada enseguida por los empresarios -hasta entonces estrechos
aliados del gobierno- a petición del propio Ortega, quien presionado y
sorprendido por la masividad de las protestas que lo rechazaban, y que no
cesaban, propuso a los obispos resolver la crisis con un “diálogo” que
dirigieran los prelados. “Lo que Ortega quería era un diálogo por sectores y
sobre agendas sectoriales para eludir el problema central, la tragedia que
ya estábamos viviendo”… Ernesto Medina explica cómo obispos, empresarios y
todos los sectores rechazaron el diálogo sectorial. Así relató a Envío cómo
se forjó la Alianza Cívica https://www.envio.org.ni/articulo/5680

 

De parte de Ortega nunca hubo buena fe: sin renunciar a reprimir a bala las
protestas, el diálogo le permitiría ganar tiempo para organizar mejor el
aparato represivo. Los representantes de la dictadura fijaron su visión en
aquel diálogo: se negaron a aceptar las razones y las demandas de la
rebelión ciudadana que expresaban las calles y afirmaron -hasta el día de
hoy lo mantienen-, que se trató de un “golpe de Estado”. 

 

El gran logro de la primera Alianza 

 

De parte de los representantes de la Alianza hubo inexperiencia y un exceso
de emocionalidad. El pliego de demandas que le presentaron al gobierno era
extenso, inalcanzable.

 

Quisieron conseguirlo todo, cuando la correlación de fuerzas no lo permitía.
La postura timorata del sector empresarial -tan sorprendido como Ortega por
la masividad de la rebelión- también influyó en cómo se desarrollaron las
cosas. Pudo ser más enérgica, como la que vimos de parte de la gran empresa
boliviana al inicio de la crisis que culminó con la renuncia de Evo Morales.
¿Una posición más decidida del sector empresarial pudo haber mejorado la
correlación de fuerzas de los azul y blanco en aquel primer momento? Es muy
posible. Una más clara respuesta la dará el tiempo. 

 

A pesar de la mala fe de una parte y del optimismo de la otra, la firmeza de
aquella primera Alianza en exigirle al gobierno la presencia en Nicaragua de
organismos de derechos humanos internacionales como condición para iniciar /
continuar el diálogo fue trascendental en todo lo que sucedió después. 

 

Hasta el día de hoy Ortega se lamenta de haber permitido entrar al país a
los ojos y oídos de la comunidad internacional, que han documentado la
gravísima crisis de derechos humanos que el régimen ha provocado y los
crímenes de lesa humanidad que Ortega y sus cómplices han cometido,
haciéndolos sujetos de tribunales de justicia internacional. 

 

Así nació la Unidad Azul y Blanco 

 

Fracasado el diálogo que condujeron los obispos y concluida la “operación
limpieza” (mayo-agosto 2018), etapa en la que el régimen cometió de norte a
sur todo tipo de crímenes para deshacer los casi 200 tranques que hubo por
todo el territorio nacional, y así liquidar a sangre y fuego las protestas,
Ortega inició una nueva fase: “normalizar” el país con una represión por
goteo diario, manteniendo en las cárceles como rehenes a centenares de
capturados -condenados como terroristas- y en las calles un estricto y
represivo control policial. 

 

Iniciaba así el estado de excepción de facto. El 4 de octubre, 41
movimientos políticos y organizaciones civiles ya existentes, y nuevas
organizaciones territoriales nacidas dentro del amplísimo movimiento azul y
blanco autoconvocado, crearon la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que se
integró en primer lugar la Alianza Cívica. 

 

La Unidad Azul y Blanco nacía para “potenciar nuestras capacidades de
planificación, coordinación, organización y ejecución de acciones de
protesta y de denuncia” y anunciaba que la unidad “se materializará en cada
territorio de nuestra geografía, en el campo y la ciudad, y está abierta a
una diversidad de actores”.

 

Poco pudo cumplir de todo esto con el endurecimiento de la represión. En
octubre las movilizaciones fueron prohibidas por el régimen. La primera que
convocó la UNAB concluyó con 164 detenidos en Managua. La represión arreció
provocando exilios, capturas, encarcelamientos y más desasosiego social. 

 

La “segunda” Alianza Cívica 

 

En febrero de 2019, cuando parecía inminente la caída de Maduro en Venezuela
con el surgimiento del liderazgo político de Juan Guaidó, Ortega se vio
forzado a aceptar una mesa de negociación que le propusieron los cuatro
empresarios del gran capital nacional, con el respaldo del Nuncio y de la
OEA. 

 

La Alianza Cívica que llegó como contraparte a esa mesa era ya muy diferente
a la de mayo de 2018: tenía un sello predominantemente empresarial desde su
origen. Muy pronto, viendo que Maduro “aguantaba” y no caía, Ortega, que
tampoco negociaba de buena fe, liberó a un número de presos políticos,
líderes de las protestas, pero incumplió los acuerdos que firmó. El diálogo
2.0 concluyó en mayo, sin resultados. 

 

“Cuando salimos de la cárcel -dice Nahiroby Olivas, uno de los líderes
estudiantiles excarcelados entonces- pensamos que la gente seguía en las
calles, que podríamos volver a encabezar aquellas grandes marchas... pero ya
no había nada y comenzaron a perseguirnos, a asediarnos a todos... Soy
honesto, tuve miedo, tuve que irme de mi casa. Allí quedó mi hermanita de
trece años. Recibir sus llamadas diciéndome que los policías iban a entrar y
no poder hacer nada me hizo sentir culpable…”

 

Desde entonces el terrorismo de Estado continuó, arrastrando al país al
precipicio… 

 

“Separación estratégica” que nadie entendió 

 

Hasta el 17 de enero de este 2019, cuando anunciaron que se unían para
formar la Coalición Nacional, siempre hubo acercamientos y desencuentros
entre la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco. El régimen acentuaba los
conflictos. Los centenares de troles del régimen que dedican sus días a las
redes sociales contribuían activamente con todo tipo de noticias falsas y
rumores. También las redes azul y blanco perdían la brújula azuzando
divisiones con descalificaciones y “análisis” voluntaristas. 

 

Los días previos al anuncio de la unidad hubo mucha tensión. El 5 de enero
se realizó la elección del nuevo Consejo Político de la UNAB, que para
entonces había pasado de tener las 41 organizaciones que la fundaron a tener
92. “La proliferación de organizaciones no ha sido positiva. La mayoría de
ellas está compuesta por gente muy joven que está agarrando experiencia y
discuten mucho de temas importantes, pero no prioritarios”, dice el experto
electoral José Antonio Pereza. 

 

El 6 de enero, la Alianza y la Unidad anunciaron que se “separaban” para
definir mejor sus identidades. “Es una separación estratégica para seguir
trabajando en la unidad”, dijeron, provocando gran confusión y una enorme
decepción y desánimo. 

 

Un choque de agendas 

 

La “separación” entre ambas organizaciones revela, entre otros factores, los
dolores de un parto que no puede ser sencillo en un contexto tan adverso y
en un país tan arraigado en una cultura política tradicional. Revela el
inevitable choque entre la agenda del siglo 21 que viene en corazones y
mentes de la juventud millenials y la agenda de las élites económicas y
políticas que permanece en el siglo 20 y aún antes y que está presente no
sólo en la Alianza, también en la UNAB, en la que políticos tradicionales
tienen influencia. 

 

Todos coinciden en sacar a Ortega, en salir de la dictadura, pero falta
claridad en la estrategia para lograrlo y los liderazgos necesarios para
movilizar a la población. 

 

Hay nuevas agendas en el mundo de hoy. Al ver el profundo estallido social
que sigue sacudiendo a su país, un sacerdote chileno reflexiona: “En una
marcha de las mujeres llamó la atención que los temas eran muy diversos: no
sólo eran los de ellas, también estaba el tema indígena, el ecológico, el de
los mayores -su salud y las pensiones-. Han estallado todos los temas que
implican sensación de injusticia y sufrimiento”. 

 

La juventud del mundo, también la de Nicaragua, es cada vez más sensible a
temas nuevos, que nunca estuvieron en la agenda de las élites económicas y
políticas nacionales, las de todos los colores. 

 

No es la Alianza UNO de 1990 

 

Sin duda, el surgimiento de la Alianza Cívica fue un logro excepcional de la
rebelión de abril. 

 

Obispos y empresarios, dos poderes fácticos y actores tradicionales de la
política nacional, estrechos aliados de Ortega los empresarios, que
aceptaron el modelo corporativo que les ofreció la dictadura, se encontraban
y hablaban por primera vez con actores siempre excluidos de la política:
campesinos, jóvenes estudiantes, feministas, ambientalistas... 

 

Y aunque en el primer diálogo, y aún en el segundo, a la Alianza se
incorporaron universitarios y representantes de organizaciones sociales -en
el primero, campesinos-, siempre ha predominado en la Alianza una visión
institucional y gerencial de la política. Esto es visible en sus formas, que
tantas veces revelan el fondo. 

 

En cambio, en la Unidad Azul y Blanco -aunque no faltan ahí políticos con
las mañas de la vieja escuela- fueron confluyendo nuevos actores juveniles
que antes de abril no habían tenido ninguna participación ni en la política
ni siquiera en los movimientos de la sociedad civil. (Como para mucha gente,
para mí la política era lo que pasaba en la Asamblea y no sentía que yo
fuera un ser político… No sabía nada del feminismo, hasta miedo me daba…). 

 

Abril los despertó. Una mayoría de jóvenes y también de no tan jóvenes
llegaban con la página en blanco y con una agenda diferente, en la que
convergen otros valores culturales y otras preocupaciones: el medioambiente
y las relaciones de género tienen prioridad. Entre líneas, y aún en
desorden, se “lee” que su proyecto no tiene precedentes en la historia
política nacional. No están bien graduados los lentes que comparan la
Coalición Nacional de hoy con lo que fue la alianza política UNO en 1990. 

 

Las nuevas agendas de esta juventud 

 

“La reconstrucción de Nicaragua comenzó en abril de 2018”: así inicia la
proclama de la Coalición Nacional. 

 

Comenzó con la juventud, nadie puede negarlo. La rebeldía de abril fue
precedida por las protestas juveniles cuando anuncio que controlaría las
redes sociales, ecosistema en donde desde hacía años habitaba la juventud
(Yo empecé con esto el 17 de abril, fuimos ante la Asamblea a protestar
contra la ley que iba a censurar las redes). 

 

La insurrección de abril tuvo su última chispa en las reformas al seguro
social, pero tuvo un claro antecedente en las protestas juveniles por el
incendio sin control que devoraba la reserva Indio-Maíz ante la indolencia
del régimen (Yo ya había estado en las protestas por Indio-Maíz. Para mí esa
protesta significó hacer algo, después seguí en esto). A partir de abril, en
las protestas siempre estuvieron presentes jóvenes feministas y la juventud
que representa la diversidad sexual nicaragüense. 

 

Un “expediente” 

 

Un caso emblemático, que sintetiza la trayectoria de muchos otros jóvenes,
es el del chontaleño Ulises Josué Rivas, activista del movimiento nacional
contra la minería industrial en su departamento. Indignado por la apaleada
que recibieron en abril los ancianos al reclamar por la reforma al seguro
social, participó en todas las marchas de protesta y apoyó el tranque de
Santo Domingo (Chontales). 

 

Amenazado de muerte por los paramilitares tuvo que huir al exilio en Costa
Rica, y allí, para defender sus derechos y los de muchas y muchos como él, a
quienes se les rechazaba en los albergues para refugiados, fundó una
asociación en defensa de la comunidad de nicas gays y lesbianas. Cuando
regresó a Nicaragua para ver a su padre antes de morir fue detenido en la
frontera, capturado, torturado y apresado. Hoy se le acusa de delitos
comunes para mantenerlo en prisión. Son bastantes los que tienen un
“expediente” similar. 

 

“Se metieron con la generación equivocada” 

 

Esta generación de jóvenes entre los 15 y los 30, considerada durante años
por la gente adulta como apática, apolítica y “yoquepierdista” frente a la
destrucción institucional que venía realizando Ortega, fue la que despertó a
toda Nicaragua. 

 

Lo hizo movida por la “indignación empática” al ver atropellados a ancianos
en Managua y en León y al ver asesinados a otros jóvenes, compañeros de
universidad, de escuela o de barrio. “Se metieron con la generación
equivocada”: así retaba al régimen lo que escribió en un cartón una joven
que participaba en una de las muchas marchas de abril. 

 

Nadie esperaba tanta determinación en la juventud y una respuesta tan
represiva 24 horas antes de aquella tarde del 18 de abril. Ese día inició la
gestación de “algo nuevo”... que aún no termina de nacer. Y ese día, con la
autoconvocación de una creciente mayoría, comenzó a fraguarse una unidad
también autoconvocada y desorganizada que, con todos los altibajos que
provoca la represión y el cansancio, permanece hasta hoy en resistencia y es
mayoría social. 

 

Ivania Álvarez, joven electa en enero por la UNAB para su Consejo Político,
por el sector territorial -es de Tipitapa-, expresa así algo de lo que son y
quieren los jóvenes que lideran la Unidad Azul y Blanco: “Esto no es de
derecha ni de izquierda. Aquí no preguntamos por ideología. No sólo queremos
salir de este régimen, queremos otra forma de hacer política, salir del
autoritarismo, salir de eso que ha sido siempre, que uno o dos deciden.
Queremos que la política no sea mandar y obedecer. Necesitamos de rostros
jóvenes y también de la experiencia de los no jóvenes”. 

 

“Nuestra lucha e cívica y pacífica” 

 

Desde el primer momento de la rebelión de abril ha sido una constante la
opción por la lucha cívica, la decisión de hacer resistencia sin armas.
“Cívica y pacífica” son dos adjetivos con los que sella cualquier persona
azul y blanco sus declaraciones al hablar de la lucha. Para la permanente
violencia política que caracteriza la historia de Nicaragua esto ha sido
otra inmensa novedad. 

 

Pero, ¿cómo salir cívica y pacíficamente de una dictadura que niega la
realidad, no cesa de reprimir con armas y quisiera un enfrentamiento armado
para desnaturalizar la insurrección de abril y así sofocar definitivamente
la rebelión? 

 

Muy pronto la comunidad internacional señaló, y la población en rebeldía
tuvo que aceptar, que “la salida” no sería ni la renuncia de Ortega ni su
huida del país, entre otras cosas porque no existe una correlación de
fuerzas que lo obligue a hacerlo. 

 

“La ruta” tendría que ser electoral. Y mientras los azul y blanco y también
la comunidad internacional -durante unos meses- pidieron adelanto de
elecciones, Ortega nunca dejó de insistir en que concluiría su período
constitu-cional de cinco años y los comicios se celebrarían en noviembre de
2021. Ya a finales de 2018 aparecieron camisetas y gorras con el lema
“Daniel 2021” y ya se cantaba “El comandante se queda”. 

 

Más de veinte meses después de abril, el adelanto de las elecciones parece
ya descartado en la realidad, tanto dentro como fuera de Nicaragua. 

 

“Se alborotó el avispero” 

 

El inevitable horizonte electoral como salida de la crisis fue también un
factor que contribuyó a tensar las relaciones entre la Alianza Cívica y la
Unidad Azul y Blanco, y a “alborotar el avispero” en la amplia oposición
azul y blanco. Porque un proceso electoral significa escoger candidatos,
seleccionar unos liderazgos descartando otros, ponerse de acuerdo, renunciar
a aspiraciones -y a ambiciones-, significa humildad (“polo a tierra”) … y
Nicaragua es un país “con más caciques que indios”, con una arraigada
cultura de seguir a caudillos mesiánicos, con una propensión al
cortoplacismo y a soluciones mágicas y con escasa experiencia, desde la
familia y la escuela, en el debate de opiniones y en la búsqueda de los
consensos que exige la democracia o el camino que conduce a ella... 

 

La maquinaria del fraude 

 

Si las subjetividades de votantes -que demandan liderazgos fuertes- y de
votados -que se ofrecen como tales- complican el horizonte electoral, las
condiciones objetivas para llegar a unas elecciones mínimamente decentes,
sean en la fecha que sean, con las más básicas condiciones de transparencia
y justicia, están aún por construirse. 

 

Ni las máximas autoridades del sistema electoral, ni sus funcionarios
medios, ni la legislación electoral, ni las normativas vigentes para aplicar
esa legislación, garantizan elecciones capaces de resolver el terrible
conflicto económico y social en que Ortega ha sumido al país. Ni lo que hay
en el papel ni en la práctica las garantiza.

 

Desde 2006, cuando Ortega se alzó con la Presidencia en primera vuelta,
logrando que nunca se publicara el 8% de los votos y así evitar una segunda
vuelta -jugada a la que se prestó el político liberal Eduardo Montealegre,
reconociendo la misma noche de los comicios la victoria de Ortega para así
evitar la victoria de su rival liberal José Rizo- todo el aparato electoral
quedó bajo control absoluto de FSLN, convertido en una maquinaria de
producir fraudes, uno tras otro. 

 

Hoy, en la Constitución, que reformó a su medida Ortega en 2014, existe la
reelección indefinida, no existe ningún porcentaje mínimo para ganar la
Presidencia y quedó suprimida la segunda vuelta. 

 

EL complejo horizonte de la salida electoral 

 

En la medida en que la violenta represión de las protestas en 2018 fue
indicando que aunque “la ruta” era la salida de Ortega del poder, eso no lo
conseguirían las calles sino las urnas, muchos esfuerzos unitarios se
concentraron en cuáles deben ser las reformas electorales para que la
población recupere confianza en ir a votar. 

 

En las últimas elecciones presidenciales, la desconfianza total en el
sis¬tema provocó una abstención que superó el 70%, según los recuentos
artesanales que lograron hacer voluntarios de Ética y Transparencia y otros
organismos civiles asociados a este organismo nacional de observación
electoral. Tan alta abstención fue una clara señal del colapso en que se
encontraba ya el sistema electoral. Fue con tan mínima participación que
Ortega inició su cuarto período presidencial. 

 

El 12 de diciembre de 2019, la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y el
Grupo Promotor de las Reformas Electorales -un movimiento de la sociedad
civil que empezó a trabajar desde 2002, cuando el sistema electoral ya tenía
síntomas antidemocráticos por efecto del pacto Ortega-Alemán- anunciaron
públicamente un importante consenso sobre las reformas que el sistema
requiere para garantizar elecciones que den confianza al electorado. 

 

Semanas antes, en noviembre, José Antonio Peraza, experto electoral y
miembro del Grupo Promotor, habló en Envío sobre cuáles son las reformas
esenciales e indispensables para unas elecciones creíbles y legítimas: al
menos dos nuevos magistrados en el Poder Electoral, cambio en la composición
de quienes dirigen las juntas receptoras de votos, observación electoral
nacional e internacional a todo nivel, fiscalización de los partidos
políticos a todo nivel, publicación de los resultados en tiempo real… Señaló
también la importancia estratégica de conseguir la aprobación de un nuevo
partido político en el que puedan agruparse todos los azul y blanco.
https://www.envio.org.ni/articulo/5707

 

¿Ésta es “la ruta”…? 

 

A pesar de este consenso, persisten diferencias acerca de si se debe aceptar
que Ortega sea candidato a su cuarta reelección, incluso si debe haber
elecciones con él en el gobierno... 

 

Hay quienes piensan que a medida en que se acerque el proceso electoral, la
unidad azul y blanco será granítica y todos participarán en la Coalición
Nacional, sea cual sea la casilla en la que se agrupe. Hay quienes opinan
que habrá que ir a elecciones con mínimas reformas y contando con el estado
de excepción de facto que hoy existe y paraliza a tanta gente. ¿Y no es
legitimar a Ortega participar en unas elecciones con él en el poder y
decidiendo él cómo serán los comicios? 

 

Sobre las reformas electorales que haría Ortega, el 10 de enero lo único que
dijo el sancionado presidente del Legislativo, Gustavo Porras, es que esas
reformas están en la agenda parlamentaria y que se discutirán “con los
partidos políticos”. 

 

No mencionó la participación de la OEA, como quedó escrito en el memorándum
que firmó con el gobierno en 2017. Después, en la resolución de junio de
2019 la Asamblea General de la OEA reconoció a la Alianza Cívica como
contraparte de las negociaciones con el gobierno para hallarle una salida a
la crisis nicaragüense. Al terminar el año, y antes de que se anunciara la
conformación de la Coalición Nacional, se oyeron voces disonantes en el
sector empresarial de la Alianza Cívica. Agobiados por el declive económico,
quieren una pronta salida, sean como sean las elecciones. Con reformas o sin
reformas -dijeron-hay que ir ya a las elecciones y ya hay cinco casillas de
cinco partidos existentes en las que los azul y blanco pueden participar,
restando así importancia estratégica a la formación de un nuevo partido o
alianza con nombre, bandera, colores y casilla propia. 

 

Un sector de la clase empresarial estaría satisfecho con unas elecciones que
dejaran satisfecho a Washington. Pero Washington ha expresado en varios
momentos durante este conflicto que no reconocerá ningún proceso electoral
si no es transparente, competitivo y con observación internacional. Y para
que así sea son necesarias reformas al sistema electoral. 

 

Washington sabe que para garantizar estabilidad en Nicaragua el sistema
electoral requiere de profundas reformas previas. 

 

La economía en el fondo del barril

 

¿Puede el país llegar a elecciones en 2021 con la economía tocando el fondo
del barril? Terminadas las fiestas navideñas y de fin de año, y revitalizada
mínimamente la economía con remesas y aguinaldos, la economía continúa
estancada. 

 

El régimen atraviesa una cada vez más severa sequía de recursos para
sostener el gasto público y tuvo que hacer importantes recortes al
presupuesto. Mantiene, sí, un incrementado presupuesto para la Policía,
protagonista omnipresente de la represión, y exprime el bolsillo de la gente
con alzas en los combustibles, incrementos en la tarifa de electricidad,
multas de tránsito injustificadas… 

 

La crisis llegó también a las arcas de las alcaldías, castigadas desde 2018
con serios recortes a los reducidos presupuestos con que emprenden obras
municipales. 

 

El 10 de enero, al iniciarse las sesiones del Legislativo, en control de
Ortega, se anunciaron reformas a 33 leyes, la mayoría de contenido
económico, con el único objetivo de garantizar la supervivencia del régimen.


 

El derrumbe económico en cifras 

 

“En materia de crecimiento económico, en 2018 y en 2019, nos despeñamos y
ahora seguimos en una línea horizontal. El derrumbe económico que ya hubo
equivale a una caída de 9 años. Después de resolver el problema político,
para recuperarnos pueden pasar fácilmente 13 o15 años”, afirma con seguridad
el economista independiente Néstor Avendaño. 

 

Así sintetiza la crisis: “No hay confianza entre los agentes económicos del
país. Los consumidores ahorran y no gastan. Los empresarios ahorran y no
invierten. Y el gobierno ahorra y congela el gasto”. 

 

La sanción al negocio petrolero 

 

También anda mal la economía de la familia en el poder, que tuvo al
finalizar 2019 el golpe más certero de los recibidos hasta ahora. El 12 de
diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el
estratégico negocio petrolero de la familia: la
importación-exportación-venta de combustibles. 

 

Por la Orden Ejecutiva 13851, dictada para “bloquear la propiedad de ciertas
personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, el Departamento del
Tesoro sancionó a Rafael Ortega Murillo. 

 

De él dice el Departamento del Tesoro: “Rafael Ortega es el administrador de
dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia
Ortega. Y ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera,
material o tecnológica para bienes o servicios, en apoyo de la
Vicepresidenta de Nicaragua, quien fue sancionada el 27 de noviembre de
2018”. 

 

En 2009 la familia en el poder se apropió de la estatal DNP (Distribuidora
Nacional de Petróleo), privatizándola y haciéndola vértice del conglomerado
de negocios familiares. Según expertos, la DNP les dejó en ganancias 42
millones 600 mil dólares anuales durante una década. 

 

Con Rafael Ortega, el Departamento del Tesoro, sancionó además de a la DNP,
a la empresa de seguridad y vigilancia El Goliat, y a Inversiones Zanzíbar,
ambos negocios dedicados a “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”. 

 

Zanzíbar es una empresa “fachada” que creó Rafael Ortega para salvar de
eventuales sanciones las ganancias del negocio petrolero cuando la estatal
petrolera venezolana PDVSA, y de rebote Albanisa y todo el entrama¬do de sus
negocios en Nicaragua, fueran sancionados en enero de 2019 por el
Departamento del Tesoro. 

 

El mensaje al sancionar a Zanzíbar, una hasta ahora desconocida empresa de
exótico nombre africano, fue claro: para nosotros no hay nada oculto… 

 

Dos días después de anunciadas las sanciones, los inventarios de la DNP,
incluidas las 69 gasolineras que administraba en todo el país, fueron
nacionalizados, declarándolos “de seguridad soberana y de interés nacional”
y “devueltos” al Estado en una operación de urgencia realizada bajo total
secretismo, cuyas consecuencias para el Estado y la sociedad aún no se
conocen. 

 

El Ejército “ha jugado a lavarse la cara” 

 

Vienen más sanciones. ¿Al Ejército? ¿A militares del alto mando? ¿A sus
finanzas? Un día después de la sanción al negocio petrolero, el 13 de
diciembre, Mauricio Claver-Carone, asesor especial para América Latina del
Presidente de Estados Unidos, presentó el programa “América Crece”, una
iniciativa para el crecimiento económico de los países del continente, del
que Washington excluirá a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

 

Claver-Carone se refirió al papel del Ejército de Nicaragua con las palabras
más duras escuchadas hasta ahora de boca de un funcionario estadounidense
sobre la institución militar: “Van a venir más sanciones, más intensas y más
impactantes aún… Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirán sintiendo esa
presión. El círculo se les seguirá achicando. Las Fuerzas Armadas han
querido jugar un juego para lavarse un poco la cara, decir que ellos son
independientes de los grupos de represión que ha habido. Nosotros vemos
incrementarse más la complicidad de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Y
obviamente, buscamos que ellos tomen un papel civilizado, basado en su
Constitución, que el papel de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sea el de
proteger a la población de Nicaragua, no el de ser un brazo represor de
Daniel Ortega, que es lo que incrementalmente estamos viendo que está
ocurriendo”. 

 

Ortega desconfía del Ejército 

 

El 14 de noviembre, y en su discurso ante el Consejo Político del ALBA, y
lamentando la caída de Evo Morales, Ortega había señalado que “el Ejército y
la Policía son determinantes en situaciones como éstas”, refiriéndose a la
de Evo... y a la suya. 

 

El experto en seguridad Roberto Orozco comentó a Envío que el Ejército “sabe
muy bien del derrumbe institucional de la Policía y por pragmatismo no ha
seguido esos caminos y es la única institución que ha preservado
institucionalidad”. 

 

Orozco piensa que, tarde o temprano, al Ejército le tocará desarmar a los
paramilitares y si no lo hace, un nuevo gobierno tendrá que llamar a una
fuerza armada internacional. Y considera que a la hora de negociar su futuro
“el as que tiene bajo la manga el Ejército es que cumplía con la Ley de
Seguridad Soberana, que le obligaba a pasarle información de inteligencia al
Presidente, la que usó la Policía para la estrategia operativa de la
represión”. 

 

Orozco opina que Daniel Ortega desconfía del Ejército y afirma que lo ha
demostrado en sus discursos, recalcando que el de Nicaragua “tiene orígenes
revolucionarios” y que no se prestaría a ninguna “aventura golpista”. 

 

Observa que Ortega demuestra más confianza en la Policía, a la que ha
convertido en su guardia pretoriana y señala que hoy el Ejército tiene 14
mil oficiales en planilla y la Policía 16 mil, a los que se han sumado un
número no precisado de paramilitares. 

 

Del Ejército -dice- consiguió fidelidad institucional Ortega manteniéndole
negocios que ya tenía desde antes de asumir el FSLN el gobierno. Y añade que
“una importante razón para desconfiar del Ejército es que nunca ha roto sus
relaciones con el Comando Sur de Estados Unidos”. 

 

Más y más preguntas con respuestas inciertas 

 

2020 será un año nuevamente incierto, nuevamente desgastante para una
sociedad en resistencia durante una crisis tan prolongada. 

 

El parto no será sencillo. Va a costar mucho lograr que tantos intereses
como los que hoy están en juego en la oposición confluyan en la Coalición
Nacional. Y va a costar aún más conseguir cambiar la correlación de fuerzas
porque la dictadura está dispuesta a matar, a aniquilar todo lo nuevo que
quiere nacer. 

 

Nuevos interrogantes se abren al iniciarse el nuevo año. ¿Se unirán los
partidos políticos a la Coalición Nacional? ¿Lo hará el partido Ciudadanos
por la Libertad, que funciona a la sombra de Eduardo Montealegre? ¿Y el PLC
de Arnoldo Alemán, enemistado desde hace años con Montealegre? ¿Qué hará el
Movimiento Campesino, que representa a buena parte de la población rural, de
tradición liberal y de corazón antisandinista desde la guerra de los años
80, que se libró es sus tierras? Y si se llega a un acuerdo con estos dos
partidos políticos liberales -rivales entre sí-, ¿cuál será la
gobernabilidad de la Coalición? 

 

La Coalición insiste en que no es una organización sólo electoral. Pero,
¿bastará un proceso unitario, por amplio que sea, para reactivar las calles?
¿Por qué lo permitiría Ortega? ¿Bastarán las sanciones coordinadas de
Estados Unidos y de la Unión Europea para forzarlo a ceder? 

 

Y sin reactivar las calles, sin libertad de expresión y de movilización,
¿puede haber una campaña electoral y elecciones que generen confianza para
que la gente salga a votar masivamente? ¿Qué llevaría a Ortega a garantizar
las libertades necesarias para elecciones auténticas sabiendo que si son
libres las perderá y que le espera un tribunal de justicia? 

 

Y si la clase empresarial sigue apostando a elecciones de cualquier tipo y a
cualquier precio, bajo estado de excepción, ¿no se dividirá la Coalición? Y
si no se divide, ¿se decidirá por participar o por abstenerse en pleno, como
una medida de máxima presión sobre Ortega?

 

La lucecita del túnel 

 

“La oscuridad no puede prevalecer. Muchos dicen que no ven luz en este
túnel, pero en medio de esta oscuridad yo ya veo una lucecita”, dice el
padre Edwin Román desde Masaya, tal vez la zona más castigada del país.

 

Esa lucecita se alimenta con la persistencia de la memoria de todo lo que
significó abril de dolor y de despertar de la conciencia, de valor y de
ansias de libertad. Esa lucecita acompaña este parto, inevitablemente
doloroso.

  _____  

 



------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200212/9d5e5cd5/attachment-0001.htm