Uruguay/ Ritos de la ciudad informal. La Coordinadora Nacional de Asentamientos [Luciano Costabel]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de julio 2020

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Uruguay



La Coordinadora Nacional de Asentamientos



Ritos de la ciudad informal



Miles de personas viven en asentamientos irregulares en Uruguay. Sus
necesidades son heterogéneas, pero la falta de soluciones generales y la
incertidumbre por la tenencia del suelo los une. En un contexto en el que
las vulneraciones de los derechos se sienten en la carne, “organización” es
la palabra que surge en el encuentro con el otro.



Luciano Costabel

Brecha, 3-7-2020

https://brecha.com.uy/



La historia no es nueva. Un pibe, como tantos otros, se trepa a una columna
del tendido eléctrico urbano. Lleva un cable en la mano para hacer un
enganche. Al hacer la instalación recibe una descarga y queda temblando.
Carina, que lo ve, piensa: “Queda pegado o se mata con la caída”. Pero no:
por suerte, no le pasa nada y sólo queda el susto. El enganche es exitoso y
una nueva vivienda accede a la luz. Al menos hasta que pase un camión y se
lleve puestos los cables eléctricos que cuelgan a baja altura o una tormenta
deje todo el asentamiento de nuevo en la oscuridad.



Valle Edén es uno de los más de seiscientos asentamientos irregulares que
existen actualmente en Uruguay. Formado en 2002 sobre un predio privado en
la zona de Puntas de Manga, alberga a unas trescientas familias,
distribuidas en 227 viviendas. Accedieron a la energía eléctrica regular
recientemente, después de 16 años de ocupación. Las calles de balasto y los
baches tapados con piedras abren el camino entre los muros de material. El
asentamiento, dividido en varios pasajes que no se conectan entre sí, tiene
tres entradas principales.



La casa de Carina queda casi al final de una calle ciega, tiene dos pisos y
es un poco más grande que las otras. Su llegada a Valle Edén se dio por unos
conocidos que le ofrecieron un terreno para instalarse, pero la concreción
le llevó tres años. Cuando los vecinos comenzaron la ocupación, ella era muy
chica y en ese entonces “primaba la ley del más fuerte”. Finalmente, en 2005
compró un terreno, en el que trabajó durante mucho tiempo para construir su
hogar. Primero, una pieza y el baño; más tarde, otra habitación, la cocina y
el cuarto de su hija. Hoy, con 34 años, siendo jefa de hogar y trabajando en
una cooperativa de venta y confección de prendas, es una de las referentes
territoriales del asentamiento junto con otras tres vecinas.



Ha sido difícil sostener la organización, pero hace pocos meses lograron la
financiación que permitió instalar las pocas luces que hoy iluminan el
asentamiento y ahora concursan por un fondo para hacer actividades
culturales. Anteriormente, una victoria producto de la perseverancia les dio
la posibilidad de construir 13 pozos negros (aunque eran 40 las familias que
los necesitaban), tarea impostergable para solucionar el problema, todavía
vigente, de las calles empantanadas en mierda cada vez que llueve.



Pero las problemáticas de los vecinos de Valle Edén no son singulares. Con
diversas formas y distintos grados de profundidad, son compartidas por las
más de 180 mil personas que viven en asentamientos irregulares, ubicados en
terrenos públicos y privados, en Uruguay.(1) Según un relevamiento realizado
durante 2018 por la organización Techo, el 41 por ciento de ellas todavía no
accede a la energía eléctrica de forma segura, una de cada tres no tiene
agua potable de forma constante y el 85 por ciento no cuenta con conexión
regular a las redes de saneamiento. Tienen, además, otras necesidades
básicas insatisfechas y otros riesgos habitacionales, que determinan un
variado abanico de situaciones.



En los últimos 15 años, los gobiernos del Frente Amplio (FA) han buscado,
mediante distintos programas (Plan Juntos, Programa de Mejoramiento de
Barrios, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo), dar respuesta a un conjunto
de vulneraciones que se materializan en estas comunidades, que van más allá
de lo habitacional y se han ido gestado durante décadas. En ese sentido, al
término del ciclo progresista algunos de los principales indicadores
mostraban mejoras en términos absolutos, como la disminución de la
desigualdad y la pobreza. Además, en el territorio se concretaron mejoras en
las condiciones urbanas de muchos barrios y se realizaron 91
relocalizaciones desde 2005. Pero parecería que el progreso de las
condiciones materiales no ha sido suficiente para tocar las problemáticas
estructurales que hacen a la desigualdad y, como resultado, los perdedores,
en su mayoría, siguen siendo los mismos.



Para Carina, hay realidades con las que no se puede transar. Lo que se ha
hecho hasta hoy, dice, “es tapar el sol con un dedo”. La búsqueda de
soluciones reales y la experiencia por su militancia de 15 años en el
Sindicato Único de la Aguja le dieron una respuesta alternativa a limitarse
a esperar por las autoridades: organizarse. A la misma conclusión llegó
Aldo, del asentamiento Las Cabañitas. Diferentes procesos los llevaron a
consolidar dos organizaciones por separado que tenían los mismos objetivos.
Cuando Carina se enteró de ese otro movimiento, la lógica de la acción
colectiva no le dejó dudas. Después de algunas reuniones la unificación era
una realidad. “Con Aldo nos complementamos: él habla desde el lado de la
organización y yo, sobre el tema de género”, explicó Carina.



La llama y el fuego



La Coordinadora Nacional de Asentamientos funciona desde mediados de 2018.
Se formó con la idea de unificar en una sola voz las distintas
reivindicaciones de quienes viven en los asentamientos para que sonaran más
potentes. La irregularidad en la tenencia de la tierra como una situación
compartida marcó el rumbo. Sin embargo, los reclamos van mucho más allá del
acceso y la regulación de la tierra: incluyen la vivienda y el acceso a los
distintos servicios. Se vinculan con poder vivir dignamente y no sobre una
montaña de basura, en un lugar que el día de mañana puede inundarse o
prenderse fuego y que está siempre bajo la amenaza latente del desalojo. Se
relacionan también con luchar contra la segregación material y simbólica;
con los cuidados de los niños y las niñas; con el acceso al trabajo, las
becas de estudio, la educación y la cultura; en definitiva, con el acceso a
sus derechos.



Pero la fuerza de los reclamos se cuenta en números y la acumulación es un
desafío. El proceso es lento, por la falta de medios. Junto con otros
compañeros, Carina y Aldo recorren asentamiento por asentamiento, ayudan a
los vecinos a organizarse, comparten con ellos sus experiencias. En otras
ocasiones atienden pedidos que surgen de las propias comunidades. “Cuando
nos invitan, es que existe algún interés para conocer cuáles son los caminos
que deben seguir. Si eso pasa, es porque hay una pequeña llamita encendida y
lo que queda es provocar el fuego”, dijo Aldo. El combustible de la
Coordinadora es ser una organización propiamente de asentados, nacida en el
interior profundo de la vulnerabilidad: “Si no vivís en un asentamiento, es
difícil entender qué se siente ir dejando pedacitos de dignidad por el
camino para seguir subsistiendo. Es triste y desgastante. Entonces los más
pobres optamos por un comportamiento de manada y vamos solucionando las
cosas entre nosotros”. Este razonamiento inspira a Aldo desde hace más de 25
años.



La ocupación circular



La Coordinadora Nacional de Asentamientos tuvo una antecesora en la década
de los noventa. Pero, a diferencia de la organización actual, la anterior
sólo abarcaba Montevideo y el área metropolitana de la capital. Se formó
luego de la explosión de ocupaciones que comenzó a principios de esa década.
Aldo, que ya entonces era un referente en ocupaciones de asentamientos, fue
invitado a participar de ella, junto con profesionales y organizaciones,
para darles soluciones a los miles de personas que llegaban desde el centro
de la ciudad hasta la periferia. “Se hicieron tres reuniones, en las que
participaron unos miles de personas, pero faltó apoyo y voluntad política”,
recordó. La organización trabajó un tiempo, pero la efervescencia se disipó.
Muchos de quienes se asentaron por esos años todavía esperan una solución y
regularizar su situación habitacional.



Diferentes investigaciones académicas señalan que los factores determinantes
de la explosión de esas ocupaciones fueron tres: la pérdida del empleo, una
fuerte suba de los alquileres y el acceso de la izquierda al gobierno de
Montevideo, lo que constituyó una oportunidad política para los ocupantes
organizados. En la actualidad estos no parecen ser los factores incidentes
en la formación de nuevos asentamientos irregulares. Un informe técnico
realizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (Mvotma) en 2018 presentó varias hipótesis sobre los posibles
motivos asociados a la ocupación irregular de suelos. Los indicios
detectados refieren a la circulación de los propios asentados. Un mercado
irregular de suelo y vivienda se renovaría constantemente con la ocupación
de nuevos lotes. A esto se suma la mayor tasa de natalidad, característica
de los hogares más pobres. El círculo se cierra cuando los pibes nacidos en
un asentamiento tienen edad para formar su propio hogar. Los asentamientos
irregulares se siguen creando. Las respuestas que no llegaron en la década
de los noventa ahora enfrentan nuevas preguntas. La organización cambió su
dimensión y acumuló experiencia; sus reivindicaciones se mantienen. El
primer paso es el acceso al suelo.



Momento cero



Desde hace varios años, cuando paga sus cuentas mensuales, Carina guarda en
una caja, de forma ordenada, cada uno de los recibos. Vive en Valle Edén
hace casi quince años, pero por el momento lo hace sobre un terreno que no
es suyo. En 2008 el FA aprobó la ley de ordenamiento territorial y
desarrollo sostenible, que en uno de sus artículos establecía la
prescripción adquisitiva. Quienes vivieran en asentamientos irregulares
desde hace más de cinco años y cumplieran con determinadas condiciones
tendrían la posibilidad de regularizar su ocupación, pasando a ser
propietarios del terreno que habitaban. El derecho a la vivienda parecía
cobrar otro lugar respecto al derecho de propiedad.



Sin embargo, las condición de que sólo pudieran valerse de la norma quienes
estuvieran bajo la línea de la pobreza impidió, en los hechos, que se
aplicara. Tuvieron que pasar 11 años, con una ley modificativa mediante,
para que finalmente un asentamiento iniciara el proceso de regularización.
Fue durante la primavera del año pasado.La felicidad se palpaba en el
asentamiento 23 de Octubre. Después de un año y medio de trabajo, 124
familias sentaban un precedente e iniciaban el primer proceso de regulación,
mediante el mecanismo de la prescripción adquisitiva quinquenal.



La tarea no fue fácil. La organización barrial se hizo cargo de los
honorarios de los profesionales necesarios y la Coordinadora colaboró en el
proceso. Debieron juntar la mayor cantidad posible de pruebas para demostrar
todos los elementos solicitados por la ley para cada una de las familias.
Recibos de agua y de luz, comprobantes de pagos de la contribución
inmobiliaria, certificados de que los niños iban a la escuela cerca del
lugar. Todo cuanto pudiera ayudar a la Justicia a confirmar lo que los
vecinos del 23 de Octubre saben desde hace años: que esa es su casa. Para
Aldo, el sentido de la regularización está en poder planificar tu futuro y
el de tu familia: “Porque el más pobre es el que menos fuerza puede hacer
para acceder a sus derechos. Si vivís con esa espada de Damocles sobre tu
cabeza, que es la posibilidad de ser desalojado, es bastante más jodido
todavía”.



En una foto del 10 de octubre del año pasado, publicada en las redes
sociales de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, se ve a los vecinos
del asentamiento 23 de Octubre abrazados y felices. Entre ellos, de remera
blanca y pantalones negros, está Carina. Sonríe más que los demás, como si
fuera ella quien estuviera por regularizar su situación. Pero todavía no le
toca. Es una sonrisa que mezcla solidaridad, satisfacción y la confirmación
de que la respuesta a la que llegó hace años era la correcta: “Para que las
cosas pasen, hay que unirse entre los vecinos y organizarse”.



El proceso iniciado por los vecinos de Valle Edén todavía está en marcha y
se encuentra en la etapa de análisis de las carpetas presentadas, en las que
se define qué pruebas se admiten. Sea cual sea el resultado, es un primer
mojón para solucionar la problemática habitacional de los asentados y
demuestra, de forma apenas discreta, que los destinados sistemáticamente a
perder a veces también pueden ganar.



Nota



1) Tanto esta cifra como la de la cantidad total de asentamientos en el país
ha sido discutida entre el Mvotma y la organización Techo. El número 180 mil
corresponde al umbral inferior de la estimación de Techo, que se asemeja a
la cifra manejada por el Mvotma de manera informal.



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De cara a un nuevo gobierno



Respecto a la problemática de los asentamientos, en el acuerdo programático
firmado por la coalición multicolor de cara al balotaje de noviembre se
definió la necesidad de desarrollar una política “activa de regularización y
de creación de unidades barriales sostenibles, incorporadas al tejido urbano
y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua
potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica”. En
dicho documento se abandona lo explicitado en el programa de gobierno del
Partido Nacional sobre el objetivo de llegar tendencialmente a una situación
de “asentamiento cero” en un horizonte de diez años. Tampoco se incluye la
batería de acciones a tomar, descritas en el programa de los blancos.



Para Beatriz Rocco, docente y referente en el área de Hábitat y Territorio
de la Facultad de Ciencias Sociales, se debe esperar para ver en qué medidas
concretas se traduce la preocupación observada en los programas de la
oposición durante la campaña electoral. Podrían ir desde “erradicar los
asentamientos con base en dar títulos de propiedad hasta repetir la
construcción de núcleos básicos evolutivos [como sucedió en los noventa],
cuando se hicieron viviendas que al poco tiempo revelaron deficiencias”,
ejemplificó. Dijo, además, que, para atacar las problemáticas de los
asentamientos en su complejidad, se debería llegar al territorio con un
shock de políticas transversales, integrales y con presupuesto. “Tenés que
realizar una mejora urbana, pero también elaborar políticas de empleo y de
cuidados, y posibilitar el acceso a la salud y a una educación adecuada.
Esto implica que los distintos ministerios tengan esto en la mira; es decir,
que destinen presupuesto”, concluyó.



Desde la Coordinadora Nacional de Asentamientos manifestaron que no han
tenido ningún acercamiento o convocatoria por parte de las autoridades del
nuevo gobierno. “Hemos sido citados por el Pit-Cnt y por sectores políticos
del FA, pero del PN y del PC no tenemos novedades”, confirmó Aldo.



Agregó que con la aprobación de la Luc se esperan cambios significativos en
materia de vivienda. “Imaginamos que algunas de las plataformas del
Ministerio de Vivienda desaparecerán”, puntualizó. A través de sus redes
sociales, expresaron su rechazo a las modificaciones que se introducen en el
régimen de arrendamientos sin garantía y desalojos exprés, al considerar que
tendrán consecuencias negativas para los sectores más vulnerados de la
sociedad.



El próximo 12 de julio, referentes de la coordinadora participarán en una
mesa de mediación por el proceso de desalojo en el asentamiento Santa
Catalina, donde actualmente viven 850 familias. Están citadas para esa
instancia autoridades de la Intendencia de Montevideo, la Agencia Nacional
de Vivienda y del Mvotma, entre otros.

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