Uruguay/ Diez años de impunidad. El incendio en la ex cárcel de Rocha, un crimen de Estado [Angelina De los Santos - Ernesto Herrera]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

5 de julio 2020

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____



Uruguay



Diez años de impunidad



El incendio en la ex cárcel de Rocha, un crimen de Estado



Gobernaba el Frente Amplio, José Mujica como presidente. Otro tupamaro
oficial, Eduardo Bonomi, dirigía el Ministerio del Interior, mientras que
Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) era el intendente del
departamento de Rocha. Los tres “compañeros” subidos al podio de la función
pública. No obstante su responsabilidad política, ninguno de ellos rindió
cuentas por la masacre. Tampoco las cúpulas policiales de la época. Diez
años después, aquel crimen de Estado, que le costó la vida a 12 presos,  se
mantiene impune, como tantos otros ocurridos en “democracia”. Los familiares
y los sobrevivientes exigen justicia y castigo a los culpables. Testimonian,
no se resignan, aunque están, como en julio de 2010, casi en soledad, a la
intemperie. Es que la solidaridad popular escasea cuando se trata del
llamado “mundo del delito” y de su secuencia infernal: las cárceles de la
miseria.



El patético edificio, dónde sucedió el horror, ya fue clausurado. Los presos
trasladados a un predio cercano. Apenas un toque cosmético, disfrazado de
sensibilidad. Nada cambió desde entonces. Los  anuales  informes sobre el
universo penitenciario, describen la crueldad de un sistema “inhumano”,
“degradante”, “mortificante”, “ruinoso”: torturas físicas y psicológicas,
enfermedades graves sin atención médica, malnutrición, cloacas inmundas,
hacinamiento, asesinatos, suicidios, corrupción policial, chantaje a las
familias, circulación del narcotráfico. Los diagnósticos se amontonan, sin
modificar mínimamente la espantosa realidad. Ninguna medida a favor de las
condiciones de vida de los “privados de libertad”. Ningún avance en los
procesos de “rehabilitación”, tantas veces enunciados por los operadores
políticos y judiciales.



Al finalizar el 2020 habrá, según estimaciones del actual gobierno, 13 mil
presos y presas, la tasa porcentual de encarcelamiento más alta de América
Latina después de Brasil. De cada diez que recuperan la libertad, seis
reinciden en la práctica infractora. También seis de cada diez pasan a estar
en “situación de calle” no bien cruzan las rejas. A muchos, casi nadie les
brinda cobijo. Abandonados por el Estado y despreciados por gran parte de la
sociedad (tanto la progresista como la conservadora), vuelven a los hábitos
adquiridos. No tienen otra chance. Su única alternativa es resistir, a cómo
de lugar. Intentando sobrevivir en medio de un paisaje hostil. Donde el
horizonte de “movilidad social” está borrado para “personas rotas” o
“irrecuperables” como ellas.



Los dos artículos que publicamos, escritos en momentos distintos, dan cuenta
de una tragedia provocada por la irresponsabilidad criminal del Estado, de
sus autoridades políticas, policiales y judiciales. Fue motivo de rabia e
indignación - para muy pocos - en aquel año de masivos festines deportivos.
Registran a su vez, el calvario de familiares y sobrevivientes. Son un
ejercicio de memoria, la cual persiste y vuelve a interpelar. Porque la
maquinaria trituradora que mató a los 12 presos en Rocha, sigue cumpliendo
la misma función de castigo y “limpieza social”, destruyéndole las
posibilidades de futuro a miles de personas, en su mayoría jóvenes,
desempleados y pobres. Dato imprescindible a tener en cuenta, para que la
narración histórica no congele la necesaria e impostergable acción
solidaria, con todos los presos y presas y sus entornos afectivos.
(Redacción Correspondencia de Prensa)



*****



Diez años del incendio en la ex cárcel de Rocha, diez años de desidia



Angelina De los Santos

La Diaria, 4-7-2020

https://ladiaria.com.uy/



El 8 de julio se cumplen diez años del incendio en la ex cárcel de Rocha.
Sobrevivientes y familiares de los 12 muertos continúan exigiendo justicia.
El Estado aún no asume la responsabilidad de la tragedia carcelaria más
grande de la historia de Uruguay, y en muchas de sus prisiones continúa
propiciando la muerte violenta de los reclusos.



Él dice “sigue todo igual, porque nunca hicieron nada”, y una no sabe si el
que habla es él o la mismísima furia. Hace diez años, Fernando Méndez
sobrevivió al incendio que mató a 12 personas en la ex cárcel de Rocha, pero
todavía hoy espera que se reconozca que lo que pasó se podría haber evitado
y que los responsables sean juzgados. ¿Qué puede ser, si no rabia, una
década de injusticia?



“Alguien tiene que pagar, de la misma forma que nosotros cuando cometemos un
delito tenemos que pagarlo. Yo ahora quiero que paguen quienes cometieron un
delito conmigo”, dice Méndez. Él es uno de los 20 hombres que en la
madrugada del 8 de julio de 2010 estaba encarcelado en la celda 2 de la ex
cárcel de Rocha, donde algo o alguien desató el fuego. Se suponía que en esa
celda, por sus dimensiones, no debía haber más de ocho personas. Era una
pieza de casi 40 metros cuadrados, tenía siete ventanas tapadas con nailon y
cartón, y un bañito con una abertura circular, del tamaño de un CD, que
hacía de ventilación. A lo largo y ancho había ocho ranchadas (espacios de
intimidad separados por mantas colgadas) y un tendedero de cables eléctricos
enganchados con clavos a maderas.



La jueza Marcela López, que archivó el caso penal en 2012, no elaboró una
relatoría clara sobre qué sucedió esa noche, y permitió la coexistencia de
declaraciones contradictorias sobre las que no indagó; propuso que una manta
cayó sobre una resistencia de ladrillo y alambres conectados a un
tomacorriente y que eso generó el incendio, que la guardia perimetral dio
aviso del fuego, y que los policías que estaban adentro inmediatamente
abrieron la celda. No encontró responsables penales.



“Sé que hay culpables, pero ¿dónde están?”, pregunta Nelba Recalde, madre de
Alejandro Gómez, que tenía 22 años cuando el fuego lo abrasó. “Yo sé clarito
quiénes son y qué hicieron”, dice Mariela Sosa, madre de Matías Barrios, que
murió con 19 años. Eduardo Mederos, que compartía celda con Méndez, Gómez y
Barrios, también piensa que alguien tiene que pagar: “Tiene que haber un
culpable, no puede quedar así. ¡12 muertes! No me entra en la cabeza”.



Desde el 10 de junio el ex parlamentario del Partido Nacional por Rocha José
Carlos Cardoso tiene en su poder una carta escrita por Sosa y el padre de
Matías, Mario Barrios, que se comprometió a entregar al presidente de la
República, Luis Lacalle Pou. Allí los padres de Matías escribieron que
quieren que se conozca la verdadera historia de la tragedia, y le solicitan
al presidente que “por favor efectúe todo lo que esté a su alcance para que
el expediente se desarchive y continúe la investigación, antes de que se
cumplan los diez años”. Para ellos “sería inadmisible ver que una tragedia
de esa magnitud, con 12 víctimas fatales, quede sin ningún responsable”.

Una década después de la tragedia, sobrevivientes y familiares de los
muertos continúan reclamando justicia, porque están convencidos de que la
versión judicial de los hechos difiere de lo que pasó. Méndez asegura que el
incendio fue generado por un compañero de celda que acuchilló a otro y “tocó
fuego”, porque enseguida, después de salir de entre las llamas, vio cómo
escondía el cuchillo. Sobrevivientes y familiares están convencidos de que,
sea cual sea el origen del fuego, hubo muertos porque la Policía demoró en
abrir. Mantienen la esperanza de reabrir el caso penal, que prescribirá este
8 de julio.



Las mismas contradicciones, el mismo desasosiego



Las sospechas sobre la negligencia en el accionar policial no surgieron
porque sí. Méndez, otros sobrevivientes y algunos muchachos que estaban
presos en las celdas de enfrente a la 2 y vieron qué pasó, declararon ante
López que Franco Machado (“el llavero Stuart”) demoró en abrir la puerta de
la celda porque su superior, el comandante de guardia Daniel Machado (“el
Carqueja”), le ordenó que no lo hiciera. Dicen que el llavero los destrancó
minutos después, de puro desobediente.



Esto mismo dijo en octubre de 2015 el comisionado parlamentario
penitenciario de entonces, Álvaro Garcé, cuando fue llamado a testificar en
el juicio civil y reveló cuál había sido “la razón para que se diera la
orden de no abrir el pabellón”: un “incidente anterior donde los guardias
quedaron con el temor” de que los reclusos intentaran fugarse. “Me consta
que hubo una demora justamente en virtud de esa orden. La orden existió de
acuerdo a lo que declararon los funcionarios”, dijo Garcé. En julio de 2018
ratificó su testimonio públicamente durante una entrevista en un programa de
televisión de Teledoce. Sin embargo, en el informe sobre el caso que
presentó el 13 de junio de 2010 escribió otra cosa: que los funcionarios
negaron la versión dada por los internos y que aseguraban que no había
habido demora.



Lo cierto es que el fuego se desató en un edificio que fue regimiento de
caballería en el siglo XIX y que está a dos cuadras de la plaza
Independencia de Rocha, en el centro de la ciudad. Al momento del incendio,
era un “inadecuado y obsoleto edificio” que recluía a más de 130 personas en
un espacio donde se suponía que cabían sólo 50, según el informe de Garcé.
En 2004, el Servicio Paz y Justicia había pedido su clausura; dos años
después lo hizo Garcé, pero recién en 2012 la cárcel fue trasladada a las
afueras de la ciudad. Mientras tanto, los reclusos continuaron presos allí,
entre ellos Méndez, que después de haber pasado 51 días internado en el
Centro Nacional del Quemado, fue encarcelado en la celda contigua. Hasta hoy
el edificio mantiene los marcos de las ventanas carbonizados, escombros y
cenizas.



Diez años sin asumir que propician la muerte



Las cárceles son lugares que favorecen la muerte. Sólo en los primeros siete
meses de 2020 en esos establecimientos han muerto 27 personas, 22 de forma
violenta: nueve se suicidaron, 13 fueron asesinadas. En las prisiones
uruguayas se muere más y más joven que afuera, según el estudio Muertes en
las cárceles uruguayas, elaborado por la socióloga Ana Vigna y el sociólogo
Santiago Sosa. La muerte “ocurre de modo sigiloso y dosificado, sin generar
mayores alarmas en la ciudadanía y sin presentar mejoras significativas en
los últimos años”, concluyeron tras el análisis de los casos de personas que
murieron bajo custodia penitenciaria entre 2006 y 2017.



Las condiciones en que están encerradas estas personas es uno de los
problemas que, según el actual comisionado, Juan Miguel Petit, desembocan en
violencia y muertes. Pese a que en la última década han mejorado, algunas
prisiones continúan siendo más sobrevivibles que otras. En Artigas y
Tacuarembó persisten las ranchadas. En varios sectores de las cárceles
metropolitanas los presos se siguen calefaccionando con resistencias y
tapando las ventanas y boquetes en las paredes con nailon, igual que
hicieron los que estaban presos el día del incendio en la ex cárcel de
Rocha. Según el comisionado, 27% de las cárceles tiene “condiciones de trato
cruel, inhumano y degradante”, donde la “condición humana se ve seriamente
afectada”.



Pese a que el Estado es garante de la integridad física y de la vida de
quienes encarcela, y es responsable de la seguridad en las cárceles por
mandato constitucional, aún no ha asumido responsabilidad por lo sucedido
diez años atrás en Rocha. No ha pedido disculpas a las víctimas, pero sí ha
presentado recursos absurdos para dilatar los juicios civiles y las ha
obligado a gastar tiempo, dinero y energía en defenderse en largos y
dolorosos procesos judiciales. Uno de los abogados, que prefirió no ser
nombrado, aseguró que parte de la responsabilidad de que el juicio aún hoy
no haya logrado una resolución la tiene el Ministerio del Interior (MI), ya
que “la actuación procesal de sus representantes” evidencia “la intención de
dilatar el juicio de modo de que pasara el tiempo”. Los familiares de las
víctimas fatales y sobrevivientes ahora sólo quieren que el calvario
judicial termine de una vez.



“¡Qué rabia! Estoy harta. Asqueada del manoseo”, dice Sosa. Su hartazgo
llegó después de años de angustia y de haber transitado múltiples
situaciones “ridículas”. La última se dio este jueves: ella y Mario Barrios,
el padre de Matías, viajaron a Montevideo para que un perito les hiciera la
primera evaluación psicológica. Servirá como prueba para el juicio civil de
varias familias y sobrevivientes contra el Estado, que empezó en 2010 y aún
está en etapa probatoria. Un día antes, el miércoles a las 17.45, Sosa y
Barrios recibieron la notificación de que debían realizarse el estudio. Esa
pericia había sido pedida al comienzo del caso por sus abogados, y después,
por contar con pruebas que evidencian el daño sufrido y con los informes de
sus psicólogos tratantes, la habían desestimado como prueba. Sin embargo, el
MI les exigió –diez años después de la muerte de su hijo– que se la
hicieran.



La responsabilidad del Estado “es clarísima” para uno de los policías que
cumplían funciones en la Jefatura de Rocha el día del incendio. Conociendo
la interna, considera que “es culpable de una negligencia total, mandando a
la guerra a la Policía y a los reclusos”. También lo es para Diego Camaño,
abogado penalista e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales
del Uruguay, que recientemente estudió el caso. “El Estado tiene que hacerse
responsable, tendría que pedirles perdón a los familiares, indemnizarlos.
[...] Todo eso el Estado lo puede hacer voluntariamente. En situaciones así
entiendo que es lo que corresponde desde el punto de vista legal y ético”,
comentó. Petit dijo que “sin duda” tendría que hacerse responsable. “El
Estado, para estar plenamente legitimado y para llamar a los ciudadanos a
rendir cuentas, también tiene que tener sus cuentas en orden y no las tiene
con la enorme población penitenciaria”, indicó. Por ello en el informe que
elaboró en mayo para la Comisión Especial de estudio de la ley de urgente
consideración propuso que sea reparado todo daño causado por la omisión del
Estado en cumplir con su mandato constitucional. Los legisladores no lo
incorporaron.



El Estado, hoy gobernado por el Partido Nacional –acérrimo denunciante de la
negligencia estatal en 2010–, no tiene respuestas ante lo sucedido. El
ministro del Interior, Jorge Larrañaga, prefirió no hacer declaraciones.
Tampoco contestaron las solicitudes de entrevista el ex ministro Eduardo
Bonomi ni el actual senador Charles Carrera, en ese momento director general
de Secretaría del MI. Aníbal Pereyra, ex intendente de Rocha y miembro del
Movimiento de Participación Popular, al igual que Bonomi y Carrera,
considera que el Estado no ha pedido disculpas porque “el problema de fondo
es que la Justicia no pudo determinar claramente qué fue lo que sucedió”.



Memoria, ¿para qué?



Hasta ahora y “lamentablemente”, el Estado uruguayo “no tiene la costumbre”
de hacerse responsable de los crímenes o negligencias que perpetra, dijo
Mariana Mota, jueza e integrante del Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Mota considera que
asumiendo la responsabilidad, analizando y recordando qué sucedió, el Estado
podría reconocerse en el error y modificar políticas públicas. “Es
importante ese vínculo entre la memoria y el presente, y poder modificar
actuaciones para que en el futuro esas cosas no vuelvan a ocurrir. Esos son
los mecanismos que habilitan la memoria”.



Desde 2013, cuando la Intendencia de Rocha compró el predio donde estaba la
ex cárcel, ha habido varias ideas sobre qué hacer con ese espacio. Pereyra
aseguró que “sea cual sea el desarrollo urbanístico que se defina”, allí
habrá “una referencia clara” que “recordará [la tragedia] desde el punto de
vista de la memoria”. El director de Arquitectura y Planificación Urbana de
la intendencia, Gino de León, precisó que en octubre de 2018 se elaboró un
plan maestro para la construcción de las sedes del Poder Judicial y la
Fiscalía. Se prevé dividir el terreno en tres; una sección será una plaza
donde estará el memorial, otra será destinada a las oficinas judiciales, y
el restante quedará a disposición de la intendencia para futuros planes.



Una década perdida



Méndez tenía 29 años cuando zafó de la muerte. Desde el Chuy y a través de
una pantalla enumera las casi infinitas formas en que el fuego y después, y
principalmente, el ninguneo estatal le arruinaron la vida. “Hace diez años
estoy quemado pero a veces me miro y... me siento incómodo. Me miro y no
quiero estar así. Yo no estaba así”, dice mientras se mira las manos. Se
quemó 73% del cuerpo. Tiene injertos de piel en todo el cuerpo, y tres dedos
doblados. Sufre de hemorroides y vértigo. No puede respirar profundo.
Algunos días todavía sueña con fuego, gritos y tumbas. Aún hoy, y sin nunca
haber contado con el apoyo de un psicólogo, pelea por dormir en paz. También
pide que el Banco de Previsión Social le vuelva a conceder una pensión por
invalidez, que le fue negada en 2018 porque ahora no es lo suficientemente
inválido: en las hojas médicas se lee que le faltan diez puntos
porcentuales.



Mederos tenía 44 años cuando zafó de la muerte, era “el viejo” de la celda y
así lo habían apodado. Quedó ciego de un ojo y sordo de un oído. Arrastró
una depresión muy fuerte hasta fines de 2016; cuenta que abrir un lavadero
de autos lo ayudó a sobrevivir. “El tiempo mata todo. Y es eso. Pasaron los
años y como que se van cerrando las heridas”, dice él, que enseguida aclara
que no se puede olvidar del incendio. “Es imposible, me marcó mucho”.



Susana Cabral mantiene intacto el cuarto de su hijo, Alejandro Rodríguez,
que murió en el incendio con 25 años. Sosa, la madre de Barrios, también.
“No me pienso quedarme con los brazos cruzados hasta que paguen”, asegura
Sosa. Pasaron diez años, y siguen exigiendo justicia. ¿Qué puede ser, si no
rabia, una década perdida?



*****



Un crimen de Estado



12 presos mueren calcinados en la cárcel departamental de Rocha



Ernesto Herrera

Correspondencia de Prensa, 13-7-2010



Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la selección uruguaya de fútbol
dejó de ocupar la atención mediática. Como en cualquier día anterior al
campeonato mundial de Sudáfrica, la "crónica roja" volvió al centro de los
impúdicos noticieros televisivos.



Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento
de Rocha (unos 250 kilómetros de Montevideo), doce presos murieron
calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que
pueda sorprender. El 1º de enero de 2009, en el Penal de Libertad
(departamento de San José) los muertos por quemaduras habían sido dos; el 24
de agosto del mismo año, en el Comcar (Montevideo), cinco presos habían
fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial llegó
"demasiado tarde". Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una
pena de muerte extrajudicial.



Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del
horror. La desesperación y la impotencia ante la muerte que acecha a sus
compañeros de reclusión. Los gritos desgarradores que claman por el rescate.
Ningún guardia-cárcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el
lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra
el Estado infractor y su criminal violación de los derechos humanos.



Según las fuentes más confiables el siniestro ocurrió en la madrugada,
cuando un calefactor de fabricación casera (para abrigarse del frío
invernal) tomó contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como
paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector Nº 2 del
establecimiento penitenciario. En “pocos minutos” el fuego había consumido
las camas de madera, los colchones de polifón, los recipientes de plástico.
El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. “Los cuerpos
calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el baño, cuando intentaban
escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo
consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua”.
(1) En el lugar había dos extintores de fuego como prevención de un
incendio…pero ninguno estaba cargado.



La cárcel de Rocha - un vetusto edificio construido hace 100 años - ocupa el
segundo lugar en el ránking de penales más hacinados del país. Cuenta con 70
plazas y aloja a 174 “reclusos”, dijo el comisionado parlamentario Álvaro
Garcé en su último informe de agosto del año pasado. Es decir, tenía un
hacinamiento de un 290%. La mayoría de los presos fallecidos eran jóvenes
(entre 18 y 25 años de edad) y oriundos de Rocha.



Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por “causas violentas”.
La situación llegó al límite de lo “aceptable”. A tal punto que la tragedia
de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobación el
proyecto de “Ley de Emergencia Carcelaria” enviado por el gobierno. Bajo el
discurso de la “humanización carcelaria”, el proyecto prevé la distribución
de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales
mientras se construyen “nuevas y modernas cárceles” en “asociación
público-privada”, estos es, en la connivencia entre Estado y capitales
privados. En todo caso, la “humanización carcelaria” pasará,
indefectiblemente, por la órbita del mercado.



Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una
sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente José Mujica
pidió “disculpas” a los familiares de los presos por el “horrible” hecho. Y
a otra cosa. Su ministro del Interior, el también tupamaro Eduardo Bonomi,
le echó la culpa a la “sobrepoblación carcelaria” y salió a defender la
actuación de la guardia policial: “si hubieran demorado más estarían todos
muertos”. Esto quiere decir que no habrá sanciones para ningún jefe
policial. Como mucho, algún chivo expiatorio de bajo rango pagará la
“omisión de funciones”. Igual que en otros tantos casos.



Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados,
la izquierda y los organismos de derechos humanos estarían reclamando la
renuncia del ministro y la remoción de los mandos del sistema carcelario. Y
el “castigo a los culpables”. El escándalo político sería mayúsculo. Pero
bajo el reino del “progresismo”, todo se trata con “equilibrio” y sin
intentar “tomar ventajas políticas de una tragedia”. El clima de “consenso”
así lo exige. Ni la “oposición” de derecha se atreve a sacar los pies del
plato. Menos aún ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en
empresas y bancos públicos, corte electoral y tribunal de cuentas.



En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus
testimonios son una denuncia inapelable.



Susana Cabral, madre de Alejandro Rodríguez, de 26 años, procesado por
homicidio afirma: "los dejaron morir, dicen que se les prestó atención, pero
¿cómo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?". En la puerta de la
cárcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a
punto de desmayarse. María Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Núñez
Casuriaga, de 20 años de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra
vez: "¡me hijo murió!". Familiares de las víctimas denunciaron que hubo una
demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las
autoridades de la cárcel no habían aprobado su apertura. (2)



Rubén Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: "Hubo negligencia de la
Policía y de la Cárcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de
sierra el agua, dado que hacían un sun (pequeño aparato para calentar el
agua). El entierro de mi hijo lo pago yo", dijo en respuesta al ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, que había anunciado que el Estado se hacía cargo
de los costos. Otro padre de un recluso procesado por tráfico de
estupefacientes al que le faltaban unos días para salir en libertad,
exclamaba ayer en la puerta de la cárcel: "¿Y ahora qué hago? Por fumar
cuatro porros estaba en la cárcel y no puede ser que ahora esté muerto.
Estoy soñando, no puede ser, no es verdad y ahora qué hago". (3)



El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas
de familiares, amigos y vecinos los acompañaron. En un departamento
gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad.



Como patético contraste, la farándula. El “sistema político” prepara el
“homenaje” a la selección de fútbol que regresa el lunes de Sudáfrica. En
las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levantó el imponente estrado.
Donde el presidente de la República recibirá a los jugadores de la
“hazañoso" cuarto puesto en el mundial de fútbol. Para compartir con ellos
el clima de “unión nacional” que una gesta deportiva ha generado. Porque
según Mujica, “Es indudable que ha sido un sacudón para la sociedad
uruguaya. La selección de fútbol se ha convertido en un elemento de
identificación mucho mayor que todos los discursos de la campaña electoral.
El país se sintió unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos
identifique así”. (4) Todos contentos.



Cárceles de la miseria



En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusión son “peores que en la
cárcel de Black Beach” de Guinea Ecuatorial. (5) Así definía el austriaco
Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situación en
la cárcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), albergó a
miles de presos políticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de
marzo 2009, Nowak señalaba en su informe que el Penal de Libertad es "una de
las peores cárceles del mundo”, y aconsejó que ese penal "debe ser
clausurado lo antes posible".



El emisario internacional dijo en aquella ocasión, que antes de arribar al
país sabía que la situación carcelaria era grave, pero lo que encontró fue
"mucho peor" de lo que pensó en un principio. "Todos nos quedamos en estado
de shock cuando fuimos a ver ‘las latas’ (módulos de acero) del Penal de
Libertad donde muchas personas están detenidas en forma abrumadora", dijo el
relator de la ONU. Agregó que no estuvo en ningún sitio "donde los detenidos
dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas
están encerradas en pequeñas jaulas y no durante horas sino por muchos
años". Además, criticó la denominación "Libertad" de ese Penal: es “cínica”
para un centro de reclusión "reconocido en el mundo como un sitio donde se
practicó sistemáticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente
este penal sigue existiendo y con el mismo nombre".



También indicó que en la mayoría de las cárceles del país, la celdas
construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con pésimas condiciones
higiénicas y de alimentación, con acceso restringido al agua que fuerza a
los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de
plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. El acceso médico
es limitado, por lo que "los presos tienen que infligirse cortes en el
cuerpo para poder ver a un doctor". Según las conclusiones preliminares de
su informe, la situación de violencia intercarcelaria es "alarmante", y
lamentó que el régimen de visitas se vea "socavado" por las "requisas
humillantes" a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibió
"pocas denuncias de tortura" probadas con exámenes forenses, sí constató
"numerosas y creíbles" denuncias de malos tratos y “uso excesivo” de la
fuerza por parte de la policía en las cárceles, comisarías y centros de
detención de menores y adolescentes.



El lapidario informe del relator de la ONU - que reafirmaba lo que el
Servicio Paz y Justicia venía denunciando sistemáticamente - cayó como una
bomba en el pacato “sistema político” que se jactaba de ser una excepción
“democrática” en América del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la
“Suiza de América”, del “país de clase media”, “integrador y tolerante”,
cedió paso al “bochorno tercermundista” de Guinea Ecuatorial.



Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabaré Vázquez,
declaraba el sistema penitenciario en “emergencia humanitaria” y que esa
sería una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos.
Pasaron cinco años y nada cambió. En marzo 2010 asumió la presidencia José
Mujica, denunciado la “vergüenza nacional” de la cárceles. Prometió
“humanizar” la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.



Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la población
carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a
9.100 personas “privadas de libertad”. “Se trata de un incremento del orden
del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la población carcelaria
aumentó en 1.000 personas. Al día de hoy, “la tasa de encarcelamiento es de
unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de
América Latina, que es de 145 cada 100 mil”. Del total de presos en los
distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61%
reincidentes. De ellos, sólo el 44,4% ha recibido una condena y el resto
está en condición de “procesado sin sentencia”. (6)



La población carcelaria se destaca por su baja edad (la mayoría de los
presos tiene menos de 30 años) y mala escolaridad. El 58,83% de los
encarcelados censados no culminó sus estudios, sean estos del nivel que
sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte
presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo
industrial-secundario: “El 61,35% de la población censada pertenecía a
ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y
subocupado”. (7)



Es decir, los inquilinos de las cárceles uruguayas son, ampliamente,
víctimas de la miseria producida por la “fractura social”, o sea, víctimas
de la fábrica social de pobres…y de presos. Mejor dicho, blanco de los
brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.



Lejos de toda concepción humanista, tanto el “progresismo” como la
“oposición” de derecha coinciden más allá de los matices. Proponen más
policías, más “vigilancia preventiva”, y endurecimiento de las penas. Y más
encierro: construyendo “nuevos módulos carcelarios” y reciclando
establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración
de la dictadura



El objetivo “securitario” son, evidentemente, las “clases peligrosas”. Esas
que deambulan en medio de la pobreza, entre la “apropiación de lo ajeno” y
la limosna. Que “asolan contra los bienes y la propiedad privada” y generan
la “inseguridad ciudadana”. Que sobreviven sin sindicatos corporativos que
las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni
ámbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso
dominante, y la estrategia represiva, en el “núcleo duro” de la “pobreza
estructural” se concentra el delito. Allí apuntan las políticas de
criminalización.



Basta ver la condición social de los presos muertos en Rocha para hacerse
una composición de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.



Notas



1) Ultimas Noticias, 9-7-2010.

2) El País, 9-7-2010

3) Ibdem.

4) Entrevista a Mujica, “El fútbol, la crisis de la utopía y lo
transitorio”, Brecha, 9-7-2010.

5) Black Beach: este presidio de Guinea Ecuatorial fue descrito por Amnistía
Internacional como "una sentencia de muerte lenta y prolongada". Allí los
presos son víctimas de torturas, palizas, violaciones y fusilamientos e
incluso muerte por inanición.

6) Brecha, 17-3-2009, y 29-5-2009.

7) Derechos Humanos en Uruguay. Servicio Paz y Justicia (Serpaj), diciembre
2008.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20200705/5ff68cd8/attachment-0001.htm