Cuba/ ¿Se hace camino al andar o se escoge el camino? [Ricardo Torres]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de julio 2020

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Cuba



¿Se hace camino al andar o se escoge el camino?



Ricardo Torres *

Portal Cubarte, 30-6-2020

http://cubarte.cult.cu/



La historia parece repetirse. Tres décadas después del cataclismo económico
que siguió al desmantelamiento del «socialismo real», Cuba atraviesa otra
gran crisis. Este artículo se focaliza en las restricciones económicas y
políticas que enfrentan las autoridades para concebir la recuperación y
proyectar el desarrollo económico en los próximos años.



La naturaleza eminentemente estructural de la crisis



El panorama es, sin dudas, desafiante. No por trillados, son menos molestos
estos caminos. De lo que no se carece, es de un diagnóstico serio. Hay una
colección suficiente de investigaciones que informan del carácter
principalmente estructural de las dificultades que aquejan al sistema
económico cubano. La economía ha mutado, exhibiendo una mayor
diversificación. A pesar de que el centro de gravedad sectorial del sistema
productivo se desplazó hacia los servicios transables[1] desde los noventa,
el modelo de acumulación continúa siendo esencialmente rentista. ¿Qué es una
renta? Se trata de un ingreso que no depende de los costos de producción, o
sea, se determina a partir de factores idiosincráticos del producto o
sector, [2] o a elementos extraeconómicos. Muy frecuentemente, la
apropiación del excedente tiene lugar por una pequeña fracción de los
productores o por un ente público, que luego la moviliza hacia objetivos
sociales y productivos. Las rentas terminan generando efectos perniciosos
sobre la estructura económica. [3] El divorcio de los flujos de las
condiciones de producción inhibe la innovación y el desarrollo empresarial.



En el caso cubano, después de la interrupción forzada de la década de los
noventa, se volvió a ubicar una parte notable del intercambio comercial
internacional bajo acuerdos políticos. [4] Esos convenios son los que
originan la renta.  Se constata la paradoja de que, si bien tuvo lugar una
transformación sectorial notable, de la cual emergió una estructura
productiva más alineada con ventajas competitivas adquiridas, esta reprodujo
las deformaciones anteriores. El ejemplo más cercano es el despegue de una
actividad exportadora como los servicios médicos, asentados en la
calificación y especialización de la fuerza de trabajo. El modelo de
negocios dominante los convirtió en algo bastante semejante a la renta
proveniente de un producto básico: poco empleo, escasos encadenamientos con
la economía interna, alto grado de homogenización, e ingresos desconectados
de los costos de producción, es decir, de la reproducción de la fuerza de
trabajo. La única forma de corregir estos problemas es el despegue de un
vigoroso tejido productivo doméstico. Este razonamiento propone desplazar el
centro de la discusión desde el qué, que es el enfoque tradicional dominante
en Cuba, hacia el cómo, que permite abordar cuestiones menos tratadas.



En esa línea, no es posible plantearse una transformación exitosa de la
estructura económica que se desligue de las deformaciones que induce en la
empresa la planificación centralizada y la estructura de propiedad vigente.
La preferencia por la renta controlada por el Estado y el monopolio sobre el
comercio exterior, se ha justificado mediante varios argumentos. Uno de
ellos invoca las restricciones que suponen las sanciones de Estados Unidos.
Bajo esa óptica, es necesario y legítimo buscar alguna compensación en
acuerdos preferenciales externos. Otro punto de vista sostiene la
pertinencia de esos esquemas sobre la base de los compromisos sociales del
Estado cubano. Se pierde de vista que, si este arreglo entorpece la
conformación de una estructura económica más diversificada y sostenible en
el tiempo, los recursos para la generosa política social se ven
comprometidos en un horizonte mediato. Hay otros aspectos menos atractivos,
pero igualmente relevantes. El logro de espacios favorables para la
inserción exterior, tiene consecuencias para la política en casa. De esta
forma, se logra una alternativa para posponer incómodas reformas domésticas.




Ahora se atraviesa un episodio que caprichosamente tiende a repetirse cada
30 años aproximadamente, precedido de un quinquenio de estancamiento.  La
manifestación de los problemas económicos más recientes ha transcurrido
primordialmente a través de dos fenómenos.  Por una parte, un endurecimiento
de las condiciones financieras externas, motivado por el declive económico
venezolano y las sanciones de Estados Unidos. Ante la imposibilidad de
reactivar el complejo productivo doméstico solo queda aceptar un nuevo
episodio de racionamiento y restricciones. Por otro lado, se verifican
crecientes desequilibrios macroeconómicos. Estos son solo la otra cara de la
misma moneda. Las falencias productivas no se pueden desvincular de la
inflación reprimida o el aumento del déficit fiscal.



Las restricciones de la política económica en el contexto actual



Ante la gravedad de la situación y las indiscutibles afectaciones al nivel
de vida de los ciudadanos, propios y extraños insisten en comparar el
escenario actual con el «periodo especial», aquel momento agrio vivido por
los cubanos en la primera mitad de los noventa. Incluso, se ha llegado a
plantear que entonces se usaron fórmulas que vuelven a ser válidas. No tan
deprisa. La sociedad cubana contemporánea es muy diferente a la de hace 30
años, y el mundo también.



Por una parte, existe un conjunto de condiciones objetivas que constituyen
lastres para cualquier propuesta. Primeramente, como se explicó
anteriormente, más allá de la coyuntura, la debilidad económica responde a
problemas de largo recorrido, cuya solución no es ni fácil ni inmediata. La
maduración de la reforma necesaria se ubica en el futuro mediato. En segundo
lugar, a diferencia de los noventa cuando Cuba logró encontrar espacios en
una economía mundial capitalista sí, pero en expansión; ahora la demanda
externa jugará un papel mucho menor. Los análisis más recientes estiman en
dos años el plazo necesario para una recuperación de los niveles de
actividad previos al impacto de la pandemia.  A esto habría que sumar que, a
pesar de que se puede contar como un acierto la reestructuración de la mayor
parte de la deuda externa en la década pasada, la caída de los ingresos en
divisas y los incumplimientos recientes sugieren el inicio de un nuevo
periodo de incertidumbre y tirantez en las relaciones del país con sus
acreedores. Si bien el impacto de la COVID-19 facilita la negociación, los
impagos preceden a estas circunstancias excepcionales. El propio hecho de
que la crisis económica sea tan profunda y generalizada, tiene el efecto
colateral de limitar el espacio fiscal de los países ricos para acomodar
demandas de estados insolventes. Esta dificultad se magnifica a partir del
hecho de que Cuba no será beneficiada con préstamos contingentes de
instituciones financieras internacionales de las que no es miembro. [5]



La incertidumbre se ha instalado en la economía mundial. Y hay procesos en
marcha cuyo desenlace y consecuencias son imprevisibles. Dos de ellos
revisten gran importancia para Cuba. Como país pequeño de economía abierta,
la desarticulación del comercio internacional es una muy mala noticia, se
pierde una palanca que estuvo disponible en la gran crisis anterior.  Pero
hay más. El colapso soviético fue catastrófico para Cuba, pero dejó intactas
a las economías occidentales, con las que la URSS tenía relaciones
económicas muy limitadas. El desacoplamiento entre Estados Unidos y China es
otra cuestión. Los lazos entre ambas potencias son muy fuertes, al igual que
los vínculos del Gigante Asiático con Europa. Una ruptura abrupta dañaría a
ambos polos, con los que Cuba mantiene intercambios muy importantes, aunque
de naturaleza diferente. Ni hablar de las réplicas del terremoto SARS-COV-2.
Una modificación de los patrones de viaje, impactaría directamente al
turismo internacional, una industria clave para Cuba.



Como consecuencia lógica, una premisa de los cambios a considerar debe ser
el empoderamiento de los actores y recursos domésticos. Los mayores
obstáculos para adelantar una política económica con carácter reformador
están en la propia configuración y evolución del proceso de toma de
decisiones. Una reforma económica como la que requiere la Isla comporta una
redistribución del poder. Desde 2010 se ha advertido un crecimiento de la
esfera de producción privada, ocupando segmentos hasta entonces dominados
por el sector público. Es comprensible que algunos se sobrecojan imaginando
las consecuencias políticas de semejante tendencia. Lamentablemente, el
dominio de lo “estatal” no se debía necesariamente a la superioridad
organizacional, técnica o productiva, sino a la implantación de un modelo
sostenido por un paradigma agotado y extemporáneo.  Los chinos y vietnamitas
se percataron de esa trampa mortal, e innovaron grandemente en nuevas
instituciones adaptadas a sus condiciones específicas.



La consolidación de un programa de recuperación basado en los documentos ya
aprobados en las máximas instancias del poder político y estatal enfrentará
no pocos obstáculos. Pero no todos se oponen por las mismas razones. La
burocracia ya ha sido identificada en el discurso público como un obstáculo
a la «actualización», aunque desafortunadamente su influencia no ha
disminuido. Este grupo, que cuenta con varios estratos, está convencido de
que tiene mucho que perder cuando los procedimientos administrativos ocupen
un plano secundario, y se hagan redundantes funciones y puestos de trabajo.
Se puede decir que a estas alturas nuestra burocracia «atiende más a la
estructura social que a los objetivos del conjunto de procesos sociales que
le dan sustento» (González, 2019:104). Las manifestaciones están por todas
partes. Son incontables las veces que instrucciones bien intencionadas han
sido desvirtuadas y virtualmente despojadas de su contenido, limitando su
capacidad transformadora.



Asimismo, como resultado del carácter limitado, incompleto e incluso caótico
que dominó la reforma empresarial desde los noventa, las entidades públicas
se han estratificado en varios niveles. Aparecen sujetas a reglas dispares,
que inevitablemente favorecen a unas en detrimento de las otras. Es
imprescindible llegar a comprender que en un panorama dominado por la
asignación central de recursos escasos, la proliferación de reglas de juego
asimétricas en el uso de estos genera rentas espurias que unos se apropian,
y que otros ceden. Se podría considerar como un caso de «arbitraje
institucional». Parece claro que los destinatarios de esas rentas son
beneficiarios del status quo.



Por otro lado, se observa un renovado activismo de ciertos grupos
semiorganizados, que se proyectan en la vida pública con la legitimidad
otorgada por algunas instituciones estatales. Con bastante frecuencia
arremeten contra los que defienden y promueven una reforma sustancial del
modelo económico cubano. Abundan las etiquetas peyorativas, y continuamente
dibujan alternativas binarias. Hay que escoger entre el modelo existente,
que es el único posible, y la barbarie capitalista neoliberal. Se usa como
bandera la ideología oficial para defender un paradigma moribundo, uno de
cuyos mayores problemas es la incapacidad de evolucionar. Eso de que este es
el único socialismo posible, tampoco es muy original. Ya Brézhnev usó el
ardid para aplacar las tempestades del pasado y conceder estabilidad a los
«cuadros».



Otros aspectos deben ser tenidos en cuenta, a partir de lo aprendido en la
última década. Por un lado, se puede decir que, al menos en el plano
económico, se verifica una limitada capacidad institucional para diseñar y
poner en práctica un programa coherente de transformaciones. Ello tiene que
ver, entre otros aspectos, con las notorias carencias en aspectos de
política económica básica, incluyendo el diagnóstico acertado de los
problemas estructurales. Por desconocimiento, o por conveniencia, se
esquivan las menciones al sistema de propiedad y los incentivos perversos
que genera en todo el sistema económico.  En ese sentido, las condiciones
para sostener el debate más avanzado sobre los problemas actuales y sus
posibles remedios, se hallan esencialmente en los medios académicos e
intelectuales.



Desafortunadamente, los académicos solo acceden a determinados estratos de
la toma de decisiones a través de tantas mediaciones que se diluye el
mensaje. El cambio de mentalidad al que se hace referencia es un cambio de
paradigma, que solo se consigue a través de discusiones profundas en grupos
plurales. No hay rectificación o aprendizaje entre iguales. Un tercer asunto
es la institucionalidad del cambio, que tiene que ver, pero no se limita
solamente al perenne dilema entre lo urgente y lo estratégico. ¿Qué ente
público está a cargo del diseño e implementación de la «actualización»? La
Comisión de Implementación y Desarrollo, creada en 2011, se ha hecho
prácticamente invisible. En las condiciones tan exigentes en que opera la
economía cubana, lo urgente siempre se impondrá ante lo estratégico. Y el
cambio no solo hay que diseñarlo e implementarlo, también hay que
comunicarlo adecuadamente. Una proyección pública transparente no solo es
orientadora, sino contribuye a movilizar apoyos y crear consensos mínimos.



Tanto ha cambiado en tan breve lapso, dentro y fuera, que la propia
«actualización» debe ser modificada. Esto era algo que se preveía en los
textos, pero se ha diluido en la práctica.



Los contornos bien conocidos, pero no tan efectivos



El mayor riesgo es que ante la magnitud de los problemas, se enquisten unas
prácticas en la formulación de la política económica que han probado ser
poco efectivas. Se pueden identificar al menos tres características que
permean el enfoque actual. En primer lugar, se reproduce el carácter
eminentemente administrativo en la toma de decisiones. El discurso público
parece medir la efectividad e inmediatez de la respuesta a partir de la
cantidad de «medidas» que se han adoptado en las distintas esferas. La
validez de la acción gubernamental no es una función de esos números o la
extensión de los documentos que resultan de las deliberaciones. Una
secuencia de cambios cosméticos, por muy larga que sea, no redunda en el
cambio del objeto.  El acento debe estar en el contenido y en el alcance de
cualquier modificación. Un ejemplo reciente se halla en la empresa estatal,
la que de acuerdo a la Comisión de Implementación y Desarrollo ha sido
objeto de más de 100 «medidas». En 2019 se añadieron otras 28, y no se puede
decir que se han logrado los objetivos previstos. Otro ejemplo son los
precios. En la Conceptualización se establece que «A partir de estas
premisas los precios son determinados, en su mayoría, de forma
descentralizada por los productores y comercializadores, atendiendo a la
demanda…» (Partido Comunista de Cuba, 2017)(p. 10). Sin embargo, no se trata
de que no se pudo establecer plenamente un sistema con estas
características, algo entendible, sino que ni siquiera se ha movido en esa
dirección. Ante los desequilibrios monetarios internos, la primera reacción
fue establecer topes de precios a los productos agropecuarios, lo que lejos
de resolverlos, ha agudizado los problemas.



Un segundo aspecto tiene que ver con el carácter parcial del enfoque. Es
común que ante situaciones excepcionales se proceda a identificar los
«cuellos de botella», «nudos» o sectores prioritarios, sobre los cuales hay
que actuar inmediatamente para garantizar la supervivencia inmediata. Por
ejemplo, ya desde 2019 pero acentuado en el discurso público en 2020, la
producción de alimentos y por consiguiente la agricultura han pasado a los
primeros planos. La lista de «elegidos» puede crecer en función de las
posibilidades reales y la naturaleza del problema, pero confirma la
tendencia perniciosa antes descrita. Cualquier proceso o sector económico en
Cuba está afectado por los fallos estructurales del modelo. En ese sentido,
la mirada con lupa puede proveer un escape transitorio, pero deja
desatendidas las verdaderas causas. Los desajustes de una rama productiva
seguramente tienen que ver más con dificultades sistémicas que con problemas
específicos. Por ello, no resulta sorprendente que una y otra vez se
consigan mejoras temporales antes que de que llegue la próxima tempestad.
Téngase en cuenta que la agricultura y todo lo asociado había sido
identificado como un aspecto central de la reforma.



Un tercer elemento estriba en el predominio de remedios superficiales. En
estos meses de confinamiento se ha podido observar una profusión de detalles
sobre hechos delictivos relacionados con el acaparamiento y la venta ilícita
de productos de todo tipo. Lo que llama poderosamente la atención es la
ausencia de una discusión seria sobre los orígenes y causas de estas
conductas. La escasez crónica y cíclica es un atributo conocido de las
economías de planificación central. Es una consecuencia del modo de
funcionamiento del modelo y los incentivos perversos que genera en los
actores económicos. Es un fenómeno económico, no moral o jurídico. Por si
fuera poco, se ha aprovechado una situación de emergencia para dar cuenta de
un fenómeno que ha existido en la sociedad cubana por lo menos desde el
mismo triunfo de la Revolución. Otro caso llamativo vuelve a ser el sector
agropecuario. Se conoce que la propia crisis financiera externa ha reducido
las disponibilidades de insumos claves para el cultivo y la cría de
animales. En esas condiciones, un incremento de la producción, o en su
defecto, al menos la estabilidad de los surtidos fundamentales se alcanzaría
solo a través de una mejora de la eficiencia general. Está bien documentado
que ello solo se logra a través de un choque en la estructura de incentivos,
que compense mediante garantías de ingresos superiores el mayor esfuerzo o
la restructuración de procesos que es inevitable en estos casos. En su
lugar, se vuelve a hacer uso de la arenga y la movilización política como
vías para alcanzar metas productivas. Asimismo, se promueven mecanismos
paralelos para dar respuesta a las carencias del monopolio estatal de la
distribución, Acopio.



Con todo, es muy probable que la respuesta contenga altas dosis de los
elementos anteriores. Pero no tiene que ser así.



Un epílogo



Las autoridades cubanas enfrentan varios desafíos claves en 2020.  Se
requiere alcanzar un control total de la epidemia que permita planear
seriamente y con relativa tranquilidad la recuperación inmediata y el
desarrollo perspectivo. El manejo de la emergencia sanitaria ha sido
ejemplar, a la altura de las capacidades médicas existentes. Pero en la
medida en que pase el peligro, las preocupaciones se centrarán en la
economía. A su vez, es un imperativo conjugar un programa económico de
emergencia que combine los aspectos propios de la coyuntura con la
aceleración de la reforma económica que ha estado estancada en los últimos
cuatro años. Esto es importante, entre otras cosas, porque en 2021 se
celebrará el VIII Congreso del Partido Comunista, máximo foro político
quinquenal, y hasta este momento, es muy poco lo que se puede mostrar en
términos del cumplimiento de los ya modestos acuerdos relacionados con la
reforma. El tercer elemento tiene que ver con el cumplimiento del cronograma
legislativo aprobado por la Asamblea Nacional. Quizá convendría adelantar
varios de las normas jurídicas que implementan acuerdos del VII Congreso,
las que han sido desplazadas inexplicablemente, dejando casi todo lo
existente bajo el pesado manto de lo transitorio o experimental. Totalmente
innecesario.



Lo que parece claro a estas alturas es que el proceso político que ha
generado todos estos rezagos, multiplicando los ya numerosos obstáculos al
desarrollo cubano, no puede ser el mismo que marque el ritmo de la reforma
pendiente. Ojalá la presión del momento no solo estimule la imaginación,
sino que, sobre todo, cambie la correlación de fuerzas en favor de aquellos
que prefieren escoger su camino.



* Ricardo Torres, profesor Titular, Centro de Estudios de la Economía
Cubana, Universidad de La Habana.



Notas

[1] Específicamente todas las actividades vinculadas con el turismo
internacional, junto a servicios médicos, educativos, transporte y
telecomunicaciones.

[2] Se refiere a características del mercado que implican un precio de venta
que se determina sobre la base de percepciones o expectativas de los
agentes, existencia de un productor con poder de mercado, entre otros.

[3] Existe una copiosa literatura sobre el rentismo económico y sus efectos
en la estructura productiva. El concepto en sí mismo se ha extendido. En las
condiciones concretas de Cuba se podría pensar en las remesas, o los
ingresos del presupuesto que resultan del mero hecho de que el Estado es
dueño de las empresas estatales. Para una discusión con acento en América
Latina ver (Schuldt & Acosta, 2004).

[4] Entre 2005 y 2015, Venezuela representó entre el 50-60 por ciento del
intercambio comercial total, incluyendo los servicios médicos. En 2016,
PDVSA envió solo el 45 por ciento de los volúmenes de años anteriores. En
agosto de 2017, CUPET asumió el control total de la refinería de crudo de
Cienfuegos, que había sido reactivada por una empresa mixta con PDVSA, desde
la que se refinaba petróleo de ese país y se exportaban derivados.

[5] Cuba es miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), un banco relativamente pequeño, pero con bien gobernado y que puede
ofrecer algún respaldo en estas circunstancias. También es miembro del Banco
Internacional de Inversiones, heredero de un banco de desarrollo de los
antiguos países socialistas.



Referencias



González, M. (2019). Paredes de cristal. La burocracia y sus peligros en el
socialismo. Temas, 98, 102-109.

Partido Comunista de Cuba. (2017). Conceptualización del Modelo Económico y
Social Cubano. La Habana.

Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto. (2004). Petróleo, rentismo y
subdesarrollo ¿una maldición sin solución? Nueva Sociedad, 204, 71-89.
Buenos Aires, Argentina, Editorial Nueva Sociedad.

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