Estados Unidos/ COVID-19. ¿No hay cuidados sin dinero? [Yann Mens]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de marzo 2020

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Estados Unidos



COVID-19



¿No hay cuidados sin dinero? *



Yann Mens

A l´encontre, 24-3-2020

https://alencontre.org/ameriques/

Traducción de Viento Sur

https://www.vientosur.info/



“En Estados Unidos se han producido ya más de 41.000 casos y más de 500
muertes. El lunes 23 fue el primer día en el que Estados Unidos informó de
más de 100 muertes en un solo día” (Washington Post, 23 de marzo de 2020).



En ausencia de un seguro de enfermedad universal, algunas y algunos
estadounidenses afectados por el Covid-19 podrían dejar de buscar
tratamiento por temor a no poder pagarlo.



Bravucón e ignorante como siempre, fiel a su estilo, Donald Trump habló por
primera vez de esta amenaza, que no entendía, con desprecio, considerando el
11 de febrero que el virus probablemente desaparecería en abril bajo el
efecto del calor. De nuevo, el 5 de marzo ha cuestionado la tasa de
mortalidad del Covid-19 estimada por la Organización Mundial de la Salud
(3.4%), antes de decidir, sin embargo, un primer programa de ayuda de 8 mil
millones de dólares de apoyo a los Estados federales y a las ciudades para
prevenir y prepararse para la epidemia. No ha sido sino hasta el 13 de
marzo, después de que Wall Street realmente se desplomara, cuando declaró un
estado de emergencia nacional.



Aunque el 19 de marzo, California, seguida después por media docena de otros
estados, decidió el confinamiento de su población, las autoridades federales
aún no han implementado la medida para todo el país, como es el caso de
Italia o Francia. Sin embargo, a partir del 23 de marzo, la presencia del
Covid-19 estaba constatada en los 50 Estados del país. El número total de
casos identificados se elevaba a más de 35.000 y el número de muertes a 428
[al día siguiente, el 24 de marzo, las cifras han aumentado a 46.145 y 582
respectivamente, y su ritmo de aumento es uno de los mayores del mundo,
ndt].



Los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses están preocupados en primer
lugar por su salud, pero también por su capacidad financiera para soportar
las consecuencias de la pandemia. Según una encuesta reciente, el 62% de los
estadounidenses temen que ellos o un familiar se enfermen. El 36% teme no
poder pagar los test o los tratamientos relacionados con el Covid-19. Y
entre las personas activas laboralmente, el 53% teme ver caer sus ingresos
debido al cierre de sus empresas o la reducción del número de horas
trabajadas.



Ya en el límite de sus capacidades en tiempos normales, equipado con menos
médicos y camas de hospital por habitante que el promedio de los países de
la OCDE, mientras que es mucho más costoso y menos eficiente (esperanza de
vida, mortalidad maternal e infantil), ¿podrá el sistema de salud
estadounidense absorber el impacto del Covid-19?



“Acoplar la curva”



Una expresión está floreciendo a través del Atlántico en este momento:
“Flatten the curve” [Acoplar la curva, ndt]. La curva que hay que extender y
aplastar es la del número de casos de personas enfermas, para que no exceda
la capacidad del sistema hospitalario. Según las proyecciones de ciertos
expertos que basan su hipótesis en una tasa de infección del 40% de la
población, si el número de casos se concentra en seis meses, y suponiendo
que la mitad de las camas actualmente ocupadas se pueda liberar para acoger
los casos de coronavirus, faltarían 1.4 millones de camas ordinarias de
hospital y 293.000 camas de cuidados intensivos.



Las zonas rurales parecen estar relativamente mejor dotadas de las primeras,
pero son escasas las segundas. En las zonas urbanas, es todo lo contrario.
En el caso de que la epidemia se propague a una intensidad menor pero
durante un período de doce meses, las carencias serían menos considerables.



Una de las formas de aplanar esa curva es identificar lo más rápidamente
posible a las personas infectadas y enfermas. Y en particular para poder
aislarlas cuando lleguen a las estructuras hospitalarias. El ejemplo de
epidemias pasadas muestra que son causadas por la concentración de personas
en un lugar de difusión importante del coronavirus.



Test, los retrasos en el encendido



Pero eso significa poder administrar los test. El asunto comenzó mal en los
Estados Unidos. Se descubrió que una parte importante de los test enviados
por la administración federal responsable de las cuestiones epidemiológicas,
el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), eran
defectuosos porque un agente químico no funcionaba como se comprobó cuando
los laboratorios que los recibían los sometió a un test de verificación.



Además, durante varias semanas, la CDC monopolizó el análisis de los test
así recolectados antes de acordar permitir, el 2 de marzo, que otros
laboratorios lo hicieran a su vez. Estos disfuncionamientos han llevado a
los laboratorios de investigación de Seattle, en particular, a fabricar sus
propios test en un intento de acelerar el control de la pandemia. Sin
embargo, en la actualidad, los test aún no están disponibles en cantidades
suficientes en los servicios de emergencia.



Y a veces son pequeños detalles los que bloquean la máquina. Los modelos de
torunda de algodón, esos cepillos largos y finos que recolectan muestras en
la nasofaringe, que están homologados en los Estados Unidos, se fabrican
principalmente en dos fábricas, una de las cuales se encuentra en el estado
de Maine, pero la otra en Lombardía, es decir en el epicentro del
coronavirus. Eso no ha impedido a su personal acelerar el ritmo de
producción.



Del mismo modo, los stocks de equipos de protección para el personal de
salud no son suficientes. Ante el riesgo de ver a médicas y enfermeras
enfermarse a su vez, algunos expertos sugieren llamar a los profesionales
que se hayan jubilado en los últimos cinco años para que atiendan a otros
pacientes que no estén afectados por el Covid-19. O recurrir a la
telemedicina dentro del hospital para limitar el contacto entre los
cuidadores y los pacientes aislados.



Coste de la atención



Si la falta de infraestructura de salud y personal calificado preocupa a las
autoridades, las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos también se
centran en el costo potencial de los test y tratamientos en un país donde no
existe un seguro de salud universal. El sistema de salud se basa
principalmente en el sector privado, tanto en términos de beneficios médicos
como de seguros. De hecho, la salud representa uno de los artículos de mayor
gasto para los consumidores (8%). Y la distribución del gasto en salud es
más desigual, ya que solo el 5% de los estadounidenses concentraron el 50%
en 2017.



Por supuesto, más de la mitad de los estadounidenses tienen seguro de salud
relacionado con su trabajo o el de un miembro de la familia. Sin embargo,
estas coberturas van acompañadas de un verdadero de suplementos, así como de
franquicias y honorarios excluídos del seguro (surprise billing) para los
médicos especialistas que imponen costes muy importantes a los y las
asegurados, con el riesgo de que renuncien a recibir tratamiento.
Especialmente dado que algunos de estos costes a cargo del asegurado pueden
aumentar durante la pandemia, a menos que la ley prohíba este aumento a las
aseguradoras. En el contexto de Covid-19, la no utilización de la asistencia
sanitaria obviamente representaría un gran peligro para la salud de la
sociedad en su conjunto, favoreciendo la propagación de la enfermedad.



Además, las primas de seguro son muy caras y muchos asalariados y
asalariadas no podrían soportar la carga solos en caso de pérdida de empleo,
lo que es probable que suceda en el contexto de la pandemia, cuando la
posibilidad de encontrar rápidamente un nuevo trabajo para beneficiarse de
la cobertura es más hipotética.



En caso de que su empleador ya no los cubra, los ciudadanos estadounidenses
pueden intentar, a veces sujetos a límites de tiempo, recurrir a uno de los
mecanismos públicos reservados para ciertas categorías de la población. Con
respecto a las personas que trabajan, el más importante es Medicaid, que
beneficia al 23% de los estadounidenses, pero está reservado para hogares de
bajos ingresos. Además, como es administrado por los Estados, con el apoyo
del Estado Federal, sus criterios de elegibilidad varían mucho de uno a
otro.



Los límites de la reforma de Obama



La reforma del seguro de salud, la “Affordable Care Act”, promulgada en 2010
bajo la presidencia de Barack Obama, había previsto la extensión del
beneficio de Medicaid [Programa de asistencia sanitaria para las personas de
bajos ingresos, ndt] a todas las personas cuyos ingresos fuesen inferiores
al 138% del nivel de pobreza estimado a nivel federal (es decir, 38.000
dólares para una familia de 4 personas), pero en 2012, el Tribunal Supremo
dio a los estados federados la libertad de no aplicar esta extensión. 37
estados han extendido el beneficio de Medicaid , pero 15 lo han rechazado.



Los estadounidenses que no tienen seguro privado a través de su empleador,
pero cuyos ingresos son demasiado altos para ser elegibles para Medicaid
pueden, desde la reforma de Obama, beneficiarse de ayudas públicas en forma
de créditos fiscales para contratar un seguro privado de forma individual,
pero con la condición de que sus ingresos estén comprendidos entre el 100% y
el 400% del nivel federal de pobreza.



Otro dispositivo público, el programa federal de Medicaid, cubre a 60
millones de personas mayores de 65 años y también a algunas personas
discapacitadas. Según la legislación actual, algunos beneficiarios se
arriesgan a tener que pagar suplementos y franquicias si son tratados con
Covid-19. Especialmente porque hay dos variantes de Medicaid, una en la que
la persona asegurada paga sus primas al Estado federal, otra en la que pasa
a través de aseguradoras privadas, con diferentes condiciones de cobertura.



Finalmente, en un país donde el seguro de salud no es obligatorio, alrededor
de 28 millones de personas no tienen cobertura aunque la mayoría de ellos
trabajan. Este es particularmente el caso en los Estados que no han
extendido el beneficio de Medicaid. Y para profesiones (chóferes, cajeras,
empleadas de tiendas, etc.), muchos de los cuales no podrán tener recurso al
teletrabajo. Una vez más, la perspectiva de que estos no asegurados no sean
examinados mediante test, o tratados por no tener que pagar la factura,
plantea un gran riesgo para la salud pública en los Estados Unidos. Casi una
cuarta parte de las no aseguradas serían elegibles para Medicaid y otros
dispositivos públicos, pero lo ignoran.



Además de los test y los tratamientos, las y los estadounidenses que se
verían afectados por Covid-19 o cuyos próximos se verían afectados se
enfrentarán a pérdidas de salario por los días que no trabajan, en un país
donde no hay ley sobre la baja por enfermedad, aunque una docena de Estados
y algunas ciudades la han introducido. La gran mayoría de los 35 millones de
estadounidenses que trabajan en las PYME no tienen acceso a La misma, pero
también el 11% de los 60 millones de asalariados/as de las empresas con más
de 500 asalariados/as.



Test gratuitos y baja por enfermedad



Para mitigar algunos de estos riesgos, la semana pasada el Congreso con el
apoyo de Donald Trump adoptó la Primera ley familiar de respuesta al
coronavirus de las familias, que Donald Trump firmó el 18 de marzo. Prevé
test Covid-19 gratuitos para todos los estadounidenses, estén o no cubiertos
por un seguro de salud e independientemente de su método de cobertura, sin
franquicia ni suplemento a cargo.



Para ayudar a los estados que gestionan Medicaid a financiar esta medida, se
incrementará la parte que abona el Estado federal. Este apoyo es tanto más
importante porque las reglas institucionales de muchos Estados federados
requieren que presenten un presupuesto equilibrado, lo que significa que
cualquier gasto dedicado al Covid-19 corre el riesgo de amputar otras áreas.
Sin embargo, esta gratuidad no se aplica, por el momento, a los
tratamientos.



El texto también está destinado al personal de empresas con menos de 500
asalariadas/os, que generalmente no se benefician de licencia remunerada por
enfermedad. A partir de ahora tienen derecho a dos semanas de vacaciones
pagadas en caso de que ellas o sus próximos se vean forzados a la cuarentena
o al aislamiento, o se vean afectados por los síntomas del Covid-19.



Los empleadores en cuestión se beneficiarán de un crédito fiscal para
financiar esta medida, al igual que los autónomos que también tendrán
derecho a estos quince días de baja por enfermedad. Pero las empresas con
menos de 50 asalariados, muchas de las cuales operan en el comercio
minorista y otros servicios, que sin duda están en funcionamiento a pesar de
la pandemia, pueden solicitar exenciones si esta medida pone en peligro su
viabilidad. Y a priori nada está previsto para las 6,7 millones de empresas
con más de 500 asalariados y asalariadas que no tienen el beneficio de la
baja por enfermedad.



La introducción de la baja por enfermedad para las PYME, incluso de forma
temporal e incompleta, es una pequeña revolución en los Estados Unidos, ya
que muchas voces en el Partido Republicano se han opuesto desde hace mucho
tiempo porque esa carga podría obligar a estas empresas a endeudarse en
exceso, incluso a la bancarrota.



El Congreso comenzó a considerar el 22 de marzo otro programa excepcional
previsto por la administración Trump por un importe aproximado de 1.800
millones de dólares de ayuda a los hogares y a las empresas. Pero los
demócratas se han opuesto hasta ahora a su adopción, por estimar que era
demasiado favorable para las grandes empresas. Con respecto a las familias,
el plan se traducía en su versión original en abonos de 1.000 dólares por
adulto y de 500 dólares por niño. ¿Será esto suficiente para tranquilizar a
todos aquellos y aquellas que están preocupados por no tener los medios para
cuidarse?.



* La versión original se ha publicado en la web de Alternatives économiques.
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