Uruguay/ Expuestas, precarizadas y sin ingresos. Trabajadoras sexuales y emergencia sanitaria [Stephanie Demirdjian]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Mar Mar 31 04:13:34 UYT 2020


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Correspondencia de Prensa

31 de marzo 2020

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Uruguay



Trabajadoras sexuales y emergencia sanitaria: expuestas, precarizadas y sin
posibilidades de trabajar



Las mujeres reclaman la ayuda del Estado mientras tejen redes de solidaridad
para poder alimentar a sus hijas e hijos.



Stephanie Demirdjian

La Diaria, 30-3-2020

https://feminismos.ladiaria.com.uy/



Una de las principales sugerencias que hacen los gobiernos, los
profesionales de la salud y los organismos internacionales para evitar la
propagación del coronavirus es pedirle a la gente que se quede en casa. Pero
para las trabajadoras sexuales esa no es una opción, ya que viven y
sostienen la vida de sus familias del trabajo que realizan cada día puertas
afuera.



La llegada del virus al país hizo que, en la mayoría de los departamentos,
todas sus posibilidades laborales mermaran. Los boliches, bares y whiskerías
cerraron de manera temporal apenas sintieron los efectos del distanciamiento
social. Tampoco pueden estar en la calle sin que las pare la Policía. En
algunas localidades los boliches siguen abiertos, pero, incluso así, los
clientes habituales no los frecuentan porque en general son mayores de 60
años. Como son una de las poblaciones de riesgo, suelen estar en cuarentena
voluntaria. El resultado es la incertidumbre de no saber de dónde rescatar
plata para comer y dormir.



“La realidad es que si los negocios no abren y no laburás, no tenés de dónde
generar ingresos. Eso es lo que nos está pasando a la mayoría”, explica a la
diaria Karina Núñez, referente a nivel nacional de la Organización de
Trabajadoras Sexuales Organizadas (Otras). En su voz están las voces de
todas las demás. “Tenemos compañeras que se han tenido que ir a vivir con
sus hijos a las whiskerías, que están cerradas, porque no han podido pagar
los alquileres de las pensiones donde se quedan”, cuenta. “Tenemos
compañeras que fueron sacadas como perros de los lugares donde trabajaban
porque no los habilitaban para abrirlos y las dejaron en la calle para que
se manejaran como pudieran, ni siquiera les dieron plata para el pasaje de
vuelta a casa”, sigue Karina, y toma aire para seguir enumerando casos
similares, que se multiplican.



La situación es la misma para todas las trabajadoras sexuales del país, con
alguna variación según la localidad. En Tacuarembó, por ejemplo, durante los
primeros días de emergencia sanitaria se podía hacer “una salidita”, y ahora
ya no “porque salís a la calle y la Policía te para, te pregunta qué estás
haciendo y te hace regresar a tu casa”, aseguró Daniela, una de las
referentes del departamento. “Acá somos entre 15 y 20 mujeres que estamos
sin trabajar. Tengo compañeras que tienen tres o cuatro hijos, algunas
además tienen nietos, y están pasando mal de verdad. Además, los clientes
que tenemos son personas mayores, que son las que más se están cuidando”,
explica la trabajadora.



Desde un boliche abierto pero vacío de Villa del Carmen, departamento de
Durazno, Natalia piensa en cómo va a pagar todas las deudas que tiene
pendientes: “La gente no sale a la calle y no hay trabajo. No tenemos ni
para comer. Debo 3.000 pesos a la niñera, que ya no me quiere cuidar a los
chicos; debo dos facturas de luz, que no sé si no me la cortan esta semana;
tengo una vivienda de Mevir y debo un año”.



En Sarandí del Yií a unos 40 kilómetros de ahí, los boliches también siguen
abiertos y las mujeres van a trabajar “corriendo un riesgo tremendo”, dice
Mariana, una de las referentes de esa ciudad. En esta localidad, las
trabajadoras sexuales tienen permitido trabajar “con la autorización del
comisario”, explica Karina. “Lamentablemente no hay suficiente gente, pero
por lo menos no se les prohíbe salir a buscar la plata diaria”.



¿Qué pasa con las medidas sanitarias para quienes continúan trabajando en
este marco de emergencia? “Es a suerte o verdad. La que quiera salir a
arriesgarse a hacer un peso para llevar a la casa se la juega”, dice Karina.




El Estado es responsable



El trabajo sexual es un oficio feminizado en todas partes del mundo. En
Uruguay, el Registro Nacional del Trabajo Sexual tenía anotadas 12.358
personas en 2018, de las cuales 11.559 eran mujeres, según datos de la
Dirección Nacional de Policía Científica. La gran mayoría son madres
solteras y jefas de hogar. Para ellas, dejar de trabajar significa no poder
pagar las facturas y el alquiler del lugar donde viven, y por eso muchas
están al borde de quedarse en situación de calle.



Pero, sobre todo, dejar de trabajar es no tener manera de alimentar a sus
hijas e hijos. Este aparece como el principal problema que plantean las
mujeres. En algunos casos, las niñas y los niños tienen garantizado el
almuerzo en las escuelas y los Centros de Atención a la Infancia y la
Familia a los que asisten, pero se complica la provisión de las meriendas y
las cenas, así como durante los fines de semana. “Trato de conseguirles de
un lado y del otro algo para que les hagan de comer a esos niños. [...] Voy
pidiendo el pan en las panaderías y pedí algún litro de leche que nos puedan
dar en algún tambo”, cuenta Jacquelin, referente de las localidades de Cerro
Colorado, Reboledo y Battle y Ordóñez (departamento de Florida). “Pero la
situación sigue igual, se cerraron toditos los comercios y los bares, y las
mujeres están sin trabajar”.



El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció la semana pasada
algunas medidas para distribuir alimentos a las personas que viven las
situaciones de mayor vulnerabilidad, en el marco de la crisis sanitaria:
dijo que duplicaría la cantidad de alimentos destinada al Sistema Nacional
de Comedores, el monto de la Tarjeta Uruguay Social –por única vez– y las
canastas que reparte el Instituto Nacional de Alimentación (Inda) en las
oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). También
adelantó que aumentará las asignaciones familiares.



Bartol explicó que la población beneficiaria de las “canastas de emergencia”
–destinadas a quienes no tienen ingresos o están desocupados, en situación
de calle, tienen alguna incapacidad o son derivados de alguna otra
institución– incluye a personas que hasta el momento no habían contado con
apoyo del Mides. También a trabajadoras y trabajadores “que no están
registrados de manera formal”, según dijo en la conferencia de prensa del
viernes. Es el caso de muchas de las trabajadoras sexuales con hijas e hijos
a cargo, que además de ser informales no reciben asignación familiar y
tampoco cuentan con la tarjeta del Mides.



Karina Núñez se comunicó con Bartol para alertar sobre la situación de estas
compañeras y pedir la ayuda del ministerio. El jueves pasado, el ministro se
contactó para decirle que “podría” incorporarlas en el sistema de canastas,
aunque no precisó cómo ni cuándo. Karina le pasó un formulario en el que se
inscribieron 619 trabajadoras sexuales de todo el país. Forman parte del
registro mujeres cis y trans.



Hasta el día que llegó la respuesta del ministro, la información que habían
recibido las trabajadoras sexuales acerca de las canastas de emergencia
había sido –por lo menos– confusa. En Sarandí del Yi, por ejemplo, les
dijeron que el Inda iba a repartir canastas “el miércoles”, pero cuando las
mujeres se acercaron a la oficina del Mides “les dijeron que era un error”,
cuestiona Mariana. En otras localidades, el número de atención que creó el
ministerio para atender a quienes soliciten ayuda alimenticia (0800 7263) no
funcionaba.



La Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social
denunció el jueves en un comunicado “múltiples dificultades en el desarrollo
de las tareas de los distintos servicios y programas” a raíz de la falta de
“solvencia y claridad” de las medidas anunciadas por la cartera. Entre otros
ejemplos, el sindicato aseguró que quienes atienden el nuevo servicio
telefónico “no cuentan con criterios técnicos para entregar una canasta de
emergencia” y que “muchos programas ya entregaron todas las canastas
disponibles” y no se sabe “cuándo se recibirán más”.



Por otro lado, representantes de las intendencias de Montevideo, Canelones y
Paysandú confirmaron el viernes a Karina que entregarán canastas de
alimentos a las trabajadoras sexuales que realizaron solicitudes en esas
comunas.



“Unidas se puede”



Durante las últimas dos semanas, a la espera de las respuestas del Estado,
las trabajadoras sexuales tejieron redes comunitarias para conseguir
alimentos. De ahí surgieron distintas iniciativas, entre ellas la que lidera
la Red de Mujeres a Contracorriente, que recibe donaciones de dinero para
comprar canastas. Para evitar viajes y traslados que puedan retrasar la
llegada de los alimentos al interior del país, el colectivo optó por otra
modalidad: contactarse con los almacenes de las localidades y hacerles
transferencias.



“Se está haciendo un voucher de compra por 600 pesos en los almacenes,
entonces cada una de las compañeras gasta ese dinero en lo que necesite. No
puede comprar ni alcohol ni cigarrillos, ni realizar recargas electrónicas.
Son sólo productos básicos”, explica Karina. “Después les pedimos el ticket,
la firma y que nos manden una foto para certificar. Lo hacemos lo más
transparente posible, porque si bien está bueno poder recibir apoyos, una de
las premisas es que con las cosas claras llegamos a todos lados”, asegura la
fundadora de Otras. Este sistema se encuentra con obstáculos en algunas
ciudades donde los comercios no realizan transferencias, no trabajan con el
banco de referencia o simplemente no quieren colaborar. Porque, sí, el
estigma y la discriminación hacia quienes ejercen el trabajo sexual siguen
siendo moneda corriente.



En Montevideo, las trabajadoras se organizaron para reunir donaciones de
alimentos no perecederos y artículos de higiene en la sede del PIT-CNT. El
viernes pasado se armaron y repartieron las canastas para asegurar
especialmente la comida de las hijas y los hijos de las trabajadoras durante
el fin de semana. Cada canasta incluía un paquete de harina, uno de azúcar,
uno de polenta, lentejas, una lata de legumbres, una de arvejas y otra de
salsa de tomate.



Las demás iniciativas que hay nacen en los territorios desde las
trabajadoras sexuales para las trabajadoras sexuales, que se juntan a armar
ollas populares. En Paysandú, las 25 trabajadoras sexuales que están
paralizadas se contactaron para analizar cómo salir adelante, juntas. “Ahora
se nos ocurrió poner un poquito cada una y hacer entre todas una olla para
que nuestros hijos puedan comer, pero no tengo idea de hasta cuándo lo vamos
a poder hacer. Tenemos una situación ya casi extrema de no saber para qué
lugar vamos a agarrar para que a nuestros hijos no les falte la comida, ya
que somos el único sustento que tienen y nosotras no podemos hacer nuestro
trabajo. Ya no sabemos qué puertas tocar para tener una ayuda”, plantea
Cintia, referente del departamento.



Todas, en todo momento, agradecen y se agradecen, porque se saben juntas.
“Gracias a todas las compañeras”, insiste Natalia. “Todas tenemos
situaciones diferentes y muy difíciles, todas tenemos niños chicos, todas
tenemos que pagar niñera. Está muy complicada la mano. Ojalá que podamos
salir adelante con el apoyo de todos. Vamo arriba que se puede”, dice, y se
corrige: “Unidas se puede”.

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