Italia/ Si los muertos de Bérgamo hablaran...[Alba Sidera]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de mayo 2020

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Italia



Si los muertos de Bérgamo hablaran...



La patronal de los grandes industriales dicta las líneas a seguir en la
desescalada italiana, ante un centroizquierda ausente y elitista, alejado de
los trabajadores.



Alba Sidera, desde Roma *

CTXT, 15-5-2020

https://ctxt.es/es/



Brusaporto es un pueblo de 5.600 habitantes del norte de Italia, en la
provincia lombarda de Bérgamo, devastado por la epidemia de covid-19. El
peculiar topónimo, que durante siglos fue Brusaporco, proviene, según una
leyenda local, de una revuelta popular. Desde hace muchas generaciones, los
mayores del lugar cuentan que a principios del siglo XIV un rico y tiránico
señor feudal de esa zona obligaba a sus súbditos a trabajar como esclavos.
Un día estos se hartaron de la explotación, cogieron al señorito, lo
llevaron a la plaza del pueblo y le prendieron fuego al grito de “Brüsa,
porco” (¡Arde, cerdo!, en bergamasco). De ese liberatorio clamor popular
contra el explotador nació, según el relato de los ancianos, el sentimiento
de pertenecer a un pueblo.



En Brusaporto hoy, como en toda la Bergamasca, se respira tristeza y rabia;
el pueblo ha perdido a muchos de sus mayores –y no tan mayores– por culpa
del virus de la covid-19. La situación llegó a ser tan dramática en las
últimas semanas que los habitantes pidieron al alcalde que las campanas
dejasen de doblar cada vez que había un nuevo fallecido. El sonido se había
convertido en demasiado habitual, y la angustia y la sensación de que
“estaban muriendo todos” –según explica la brusaportiana señora Anna Maria–
era insoportable. Los habitantes de la capital, Bérgamo, también cuentan que
uno de los peores recuerdos de la epidemia es el ruido incesante de las
ambulancias y las campanas, durante muchos días la banda sonora continua de
la ciudad europea más azotada por la epidemia. Esta semana empezó con más
malas noticias: en Bérgamo los nuevos contagios vuelven a crecer, y ya hay
oficialmente alrededor de 12.000 personas contagiadas en una ciudad de
120.000 habitantes.



La Bergamasca, donde la patronal de las grandes empresas, Confindustria,
presionó para que los focos de coronavirus no fuesen declarados zonas rojas
y no tener así que parar sus fábricas, ha entrado ya en la fase 2 del
desconfinamiento, como todo el país. Pero la sensación es que las presiones
económicas han hecho reabrir demasiado deprisa y sin tener ningún plan. La
tercera fase debería iniciarse el 1 de junio, pero en la práctica se
adelantará al 18 de mayo.



Los medios en poder de la patronal: su relato



En Italia, Confindustria no esconde su enorme poder. Es un actor decisivo en
el rumbo político y son sobradamente conocidas sus presiones públicas y
maniobras privadas. Posee medios de comunicación –algunos literalmente,
otros bajo su influencia– y tiene de su lado a buena parte del espectro
político. Por eso no es extraño que su relato sea, en general, poco
cuestionado, incluso en esta situación de la que, desde fuera, parecería que
no sale bien parada.



El 17 de abril, el prestigioso e influyente periódico económico Il Sole 24
Ore, propiedad de Confindustria, publicó un artículo para defender la
posición de los industriales y los sectores económicos que han presionado
para no cerrar la producción. Firmado por Paolo Becchi y Giovanni Zibordi y
titulado La economía parada y la duda sobre las muertes en Italia, era tan
tendencioso que el comité de redacción del histórico diario se desmarcó
públicamente de su contenido en un comunicado en el que pedían a la
dirección que prestase más atención a lo que se publica. En el artículo, los
autores criticaban el confinamiento, definido como “modelo Wuhan” y
calificado de demasiado estricto, y aseguraban sin pudor que no había
bastantes muertes para justificar ningún cierre. Afirmaban que “en el
período de enero a abril de este año, según los datos del Istat, no se ha
registrado un aumento general de la mortalidad en Italia respeto a los años
precedentes”. Pretendían basarse en datos sobre la mortalidad del Instituto
Nacional de Estadística italiano, cuando en realidad, el 17 de abril el
Istat todavía no los había hecho públicos.



Giovanni Zibordi es asesor financiero y trader, y su perfil de Twitter está
lleno de comentarios racistas contra “gitanos y negros”. Paolo Becchi es
profesor de filosofía del derecho y de 2013 a 2016 fue considerado uno de
los “ideólogos” del Movimiento 5 Estrellas. Cuando el partido del
multimillonario Beppe Grillo empezó a deshincharse y la estela de Matteo
Salvini se agrandó, el profesor Becchi comenzó a declararse decepcionado con
los grillini y dirigió sus simpatías hacia el líder de la Liga. La posición
de Becchi y Zibordi es, en su versión cruda y torpe, la que sostiene
Confindustria desde el inicio de la pandemia para justificar su posición
contraria al cierre de las fábricas.



Los números, sin embargo, son claros y desmienten a Confindustria y sus
portavoces. El Istat facilitó los datos del estudio sobre la mortalidad de
la epidemia el 4 de mayo y confirmó el aumento de muertos: este mes de marzo
hubo un 49,4% más de mortalidad en el país que en marzo del 2019. En la
ciudad de Bérgamo, el aumento ha sido de un 568%. El 91% del aumento de
mortalidad se concentra en las zonas de mayor difusión de la epidemia: 37
provincias del norte industrial, más Pesaro y Urbino. De los más de 31.000
muertos oficiales por coronavirus en Italia, la mitad son lombardos.



Por si fuera poco, el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) ha
elaborado un detallado estudio recogiendo los datos de contagio entre el 24
de febrero y el 21 de abril. Y ha certificado que en las provincias donde
las fábricas continuaron abiertas es donde se concentraron los picos del
contagio, superiores en un 25% al resto de provincias. Pero quizás lo más
preocupante es que casi la mitad de los nuevos contagios que se producen
todavía hoy en Italia se sitúan en la Lombardía, la región motora de la
economía productiva italiana que, en realidad, nunca cerró.



Confindustria no ha cambiado su posición ante la apabullante cifra de
muertes en las zonas industriales. El presidente de la patronal de la
Lombardía, Marco Bonometti, en una interesante entrevista para el digital
italiano TPI, realizada por la periodista Francesca Nava, admitió que se
opuso a que se declarasen zonas rojas en la región por motivos económicos y
negó la responsabilidad de las fábricas en los contagios.



Renzi, portavoz de los grandes industriales



La patronal de los grandes empresarios industriales tiene muy buenos aliados
entre la clase política. Uno de los que más se ha esforzado en hablar en su
nombre es el ex primer ministro Matteo Renzi, que fue secretario general del
Partido Democrático, de centroizquierda. Renzi, que en España apostó y se
identificó con Albert Rivera, después de intentar “desideologizar” el PD y
gobernar pactando recortes con Berlusconi, formó en septiembre de 2019 un
nuevo partido, Italia Viva. Es una pieza del gobierno de coalición, pero
tiene muy malas perspectivas de voto: ni siquiera es seguro que consiguiera
un diputado. No obstante, el ex primer ministro tiene mucho espacio en los
medios, e intenta ser influyente.



El rol que ha querido ocupar en esta pandemia es el del defensor de la
reapertura económica al coste que sea. Pidió que no se cerrasen las
fábricas, y que se reabrieran al cabo de una semana las pocas que sí lo
hicieron. “La salud es importante, pero ahora la prioridad es que las
empresas tengan liquidez”, llegó a decir en el pico de la pandemia. El 29 de
abril, en el Senado, superó a la extrema derecha populista en la utilización
de los muertos para justificar sus intereses. En medio de un encendido
discurso en defensa de mantener la producción y las fábricas abiertas, Renzi
soltó esto: “Si los muertos de Bérgamo y Brescia pudieran hablar, nos
pedirían que reabriéramos. ¡En su honor!”.



No podemos saber qué dirían los muertos de las zonas industriales de Bérgamo
y Brescia, pero sí sus familiares y seres queridos. No se han unido para
pedir que reabran más fábricas en su honor, sino justo para lo contrario:
para demandar  que se haga justicia y se juzgue a los responsables de esas
muertes que consideran que podían haber sido evitables. Y apuntan a los
políticos, tanto del gobierno regional como del gobierno central, que
sucumbieron a las presiones de los grandes empresarios para no declarar las
áreas industriales como zonas rojas.



Verdad y justicia



La idea de unirse nació en Brusaporto, de un padre y un hijo, Luca y Stefano
Fusco. El abuelo de Stefano murió por coronavirus en una residencia de
ancianos de Bérgamo. Dos semanas después de la muerte aún no sabían dónde
estaba el cuerpo de su familiar, hasta que descubrieron que había sido
incinerado lejos, en Cúneo. La gestión de las residencias de ancianos ha
sido un desastre, y es imposible saber cuántos mayores murieron por
coronavirus porque no se les hicieron pruebas. “Aunque solo una de esas
muertes hubiera podido evitarse, los responsables tendrán que pagar”, dice
Stefano.



Stefano abrió el grupo de Facebook “Nosotros denunciaremos: verdad y
justicia para las víctimas de la covid-19”. Al principio sólo incluía
miembros de Brusaporto, pero enseguida tuvo mucha difusión en toda
Lombardía. Ya supera los 50.000 inscritos y ha recogido miles de testimonios
de personas que han perdido a sus familiares y buscan justicia. Hace pocos
días se han constituido oficialmente como comité y disponen de un grupo de
abogados que gestiona las denuncias. Pocas declaraciones políticas causaron
tanta indignación entre los familiares de las víctimas de Bérgamo y Brescia
como las del ex primer ministro Renzi.



En el grupo se leen testimonios desgarradores. Hay bastantes casos de
víctimas que eran obreros de fábricas. Otros eran obreros jubilados desde
hacía poco, como el sindicalista metalúrgico Cesare Damiani. Muchos son los
muertos que contrajeron el virus en centros sanitarios gestionados en gran
parte por el sector privado, en la región símbolo de la privatización y la
corrupción sanitaria. Todos los datos indican que la epidemia en Lombardía
empezó en el hospital de Alzano Lombardo, y que la no declaración de zona
roja fue lo que amplificó de forma exponencial los contagios en la
Bergamasca.



Desde el comité se aclara que atacar a los médicos no es en absoluto su
objetivo. “Las denuncias no irán nunca contra los médicos y personal
sanitario, porque les consideramos las primeras víctimas”, explica Consuelo
Locati, abogada que gestiona las denuncias del comité.  Y añade que están
reuniendo el mayor número posible de testimonios y pruebas para que las
autoridades judiciales puedan obtener verdad y justicia.



¿Nadie al timón?



Ni las regiones ni el Gobierno central han sabido –o querido– parar los pies
a la patronal. El 9 de mayo, el ministro de Asuntos Regionales, Francesco
Boccia, hizo unas declaraciones que dan a entender el escaso control de la
situación que parece tener el Gobierno italiano. Decía Boccia en el Corriere
della Sera: “Según los últimos datos, cada día en Italia 300 personas se
contagian de covid-19 en su lugar de trabajo y diez mueren. Y el
confinamiento se ha suavizado solo desde hace una semana. Si se vuelve a
abrir sin reglas ni protocolos, ¿quién asumirá la responsabilidad de tutelar
la salud de los trabajadores?”. Suena extraño que esta pregunta se la haga
un ministro del Gobierno que, en teoría, es quien decide qué y cuándo abrir
y que es quien tendría que tutelar la salud de los trabajadores.



Quizás la pregunta cobre más sentido al conocer quién se ha ocupado de
dirigir la desescalada y la reapertura económica. El Gobierno de Giuseppe
Conte ha elegido nada menos que a Vittorio Colao, exconsejero delegado de
Vodafone. Él es el encargado de dirigir el equipo de expertos que dictan las
líneas a seguir en la decisiva fase 2, llamada “de convivencia con el
virus”, iniciada el pasado 4 de mayo. Colao fue el CEO de la multinacional
telefónica Vodafone de 2008 a 2018. Antes había trabajado para el banco de
inversiones norteamericano Morgan Stanley y para la sociedad de consultoría
McKinsey.



Según el Gobierno, el grupo de expertos liderado por Colao tiene la misión
de “modificar las lógicas de la organización del trabajo hasta ahora
consolidadas, y repensar algunos arraigados modelos organizativos de vida
económica y social”. Detrás de este enrevesado lenguaje no parece esconderse
precisamente la intención de tutelar la salud de los trabajadores.



Campo abierto para la extrema derecha



Con los sondeos en la mano, no habría posibilidad de un gobierno más a la
izquierda que el actual, que ni siquiera ha osado abolir los “decretos
Salvini”, símbolos del Ejecutivo anterior, que criminalizan la protesta y la
acogida de inmigrantes y que vulneran los derechos humanos. El Partido
Democrático necesita pactar con alguien para gobernar y, si excluye a la
extrema derecha, solo le quedan los grillini, sus socios actuales.



El centroizquierda gobierna en los ayuntamientos de Bérgamo y Milán. En el
inicio de la epidemia, ambos alcaldes del PD hicieron campaña para no cerrar
sus ciudades, menospreciando el peligro y anteponiendo la economía a la
salud, hasta que las muertes les explotaron en la cara. Milán es la joya de
la corona de ese sector moderado, moderno y elitista del centroizquierda
italiano. Y los vídeos de promoción de la ciudad en mitad de la pandemia son
una buena muestra: en ellos aparece una ciudad-escaparate, hecha a medida de
billete y no de persona. No es el Milán de los trabajadores hacinados en el
metro, de los riders de Glovo que abarrotan el último tren que les devuelve
a las periferias milanesas donde malviven, o de las empleadas de la limpieza
que no han descansado ni un solo día. En la publicidad institucional de
estos días aparecen aquellos a los que va destinada: los que probablemente
piden sushi a domicilio y pueden teletrabajar y salir a pasear en monopatín
eléctrico y publicarlo en Instagram.



Esa exquisita Milán smart city, de postal plastificada, vanguardia de
Italia, que mira a la excesiva, pomposa y arrabalera Roma desde lo alto de
sus rascacielos (en la capital casi no hay).



La comunicación del centroizquierda lombardo es esnob, de diseño, llena de
anglicismos. No conecta con la clase trabajadora, la que, como mínimo desde
los tiempos en que Matteo Renzi lideraba el PD, es más interpelada –y
seducida– por los populistas y la extrema derecha, que utilizan un lenguaje
más cercano y hacen discursos considerándola su target.



En Italia, los trabajadores de las fábricas que fueron obligados a trabajar
sin protecciones, y que viven con angustia no saber si han contagiado a sus
seres queridos porque no les hacen tests, y los familiares de los muertos
que podían haberse evitado no tienen quién les represente en el Parlamento.
Y esto, como siempre, termina por favorecer a la extrema derecha: cuanto más
desamparo, abandono y frustración, más fácil excitar el miedo y hacer
presentable, o incluso apetecible, el autoritarismo.



El relato del centroizquierda italiano en esta pandemia peca de abusar de
palabras como resiliencia y reinventarse. Las personas que han perdido su
trabajo precario y no saben cómo llegar a fin de mes no pueden sentirse
identificadas con ese tipo de mensajes. Los medios afines al Partido
Democrático celebran que Matteo Salvini haya perdido puntos en los sondeos
–que aún lidera–, sin mencionar en los triunfalistas titulares que esos
puntos los ha ganado su socia, Giorgia Meloni, del partido postfascista
Hermanos de Italia. Juntos llegan al 39% de los votos. Así que todo queda en
casa. La coalición de la extrema derecha capitaneada por Salvini ganaría
todavía por goleada unas elecciones. Gobernar al son de la patronal no puede
no traer consecuencias.



Regularización de migrantes para satisfacer al mercado



El miércoles 13 de mayo por la noche, el Gobierno finalmente anunció las
medidas del decreto para relanzar la economía. Se había bautizado como
Decreto Aprile (ya que se esperaba desde el 6 de abril), pero se atrasó
tanto que ha sido renombrado como Decreto Rilancio. El paquete de medidas
suma 55.000 millones de euros destinados a ayudar a empresas, autónomos y
familias. Se establece una renta de emergencia (de entre 400 y 800 euros)
para familias con ingresos inferiores a 15.000 euros y que no reciban otras
ayudas, y bonos para incentivar el turismo dentro del país y la compra de
bicicletas y monopatines eléctricos.



El decreto incluye la posibilidad de regularizar un número determinado de
trabajadores inmigrantes sin papeles: los que se ha calculado que serán
necesarios en los próximos meses (unos 200.000), y no los que se estima que
hay (670.000). A pesar de que la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova
–que fue jornalera–, se emocionó al anunciar el decreto, lo cierto es que la
medida, a la que los grillini se oponían, ha quedado bastante descafeinada
respeto a lo que proponía el PD.



Se ideó para los jornaleros esclavizados del sur, pero a última hora se
decidió incluir también a las trabajadoras del hogar y a las cuidadoras de
ancianos. La medida no convence a los colectivos que luchan por los derechos
de las personas sin papeles, como el Movimento Migranti e Rifugiati di
Napoli.



En primer lugar, porque no se trata de una medida humanitaria, sino que se
adopta porque el mercado tiene necesidad de mano de obra. “Sin facilitar el
acceso por vía legal de los jornaleros que llegan cada primavera-verano para
los trabajos temporales en el campo, en tiempo de fronteras cerradas, se
perderían las cosechas", según explica Coldiretti, la principal asociación
de agricultores de Italia.



La regularización irá ligada a un contrato de trabajo de seis meses. El
colectivo de inmigrantes y refugiados de Nápoles ha lanzado una campaña de
protesta bajo el nombre Nuestras vidas no duran seis meses. Consideran un
insulto la regularización, porque en vez de responder a la emergencia
sanitaria y social en la que se encuentran casi 700.000 personas sin
papeles, responde a motivos de conveniencia de los patrones y es un chantaje
económico, aseguran.



En Italia siguen vigentes los decretos Salvini, que abolieron el permiso de
residencia por motivos humanitarios. A todas las personas inmigrantes que
viven en Italia y que no han podido solicitar permiso de residencia por
razones humanitarias –o que ya lo tenían pero les caducó y se convirtieron
en 'ilegales'–, el decreto no les sirve: está pensado solo para satisfacer
las necesidades del mercado.



En segundo lugar, la disposición es útil para que los empresarios que tengan
a su cargo trabajadores inmigrantes en negro puedan regularizarlos sin tener
problemas. Pero sin incentivos es difícil que se acojan a ella: les sale más
a cuenta mantenerlos en negro y no pagar impuestos ni cotizaciones.



Por último, no se trata de ninguna medida inédita: en Italia se lleva a cabo
cada pocos años, cuando hace falta. Ha habido siete grandes
regularizaciones: de 1986 a 1998 se hicieron cuatro (y 790.000 personas en
total consiguieron papeles); en 2002 el gobierno de Berlusconi, Liga Norte y
los postfascistas de Alianza Nacional realizaron la más importante (con
630.000 personas regularizadas); el resto fueron en 2009 (300.000 personas)
y 2012 (120.000 personas).



* Alba Sidera es periodista y vive en Roma.

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