Argentina/ Default, lobos de Wall Street y un póker con las cartas marcadas [Pablo Anino]

Dom Mayo 24 23:15:38 UYT 2020

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Correspondencia de Prensa

24 de mayo 2020

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Argentina

Default, lobos de Wall Street y un póker con las cartas marcadas

Pablo Anino *

Ideas de Izquierda, 24-5-2020

https://www.laizquierdadiario.com/

Argentina entró en default técnico este viernes 22 de mayo debido a que el
Gobierno decidió no pagar U$S 503 millones de intereses correspondientes a
un bono denominado Global. ¿A cuánto equivale ese dinero? Al pago mensual
del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 3,5 millones de personas.
Hasta que llegó este viernes, Alberto Fernández sí había decidido pagar
entre U$S 4.000 y U$S 5.000 millones a los especuladores, diez veces más que
el impago del Global: el equivalente a 35 millones de IFE está ahora en las
cuentas bancarias de los miserables, solo por los vencimientos de los
primeros meses del año. La deuda muestra a toda hora ese tipo de
disyuntivas: atender la necesidad de millones que no tienen nada o
arrodillarse ante los que les sobra todo.

Para los lobos de Wall Street (llamados así en alusión a la película de
Martin Scorsese donde el desenfrenado corredor de bolsa Jordan Belfort lleva
una vida de lujos y excesos) la cesación de pagos es apenas una “anécdota”,
como la definió Martín Guzmán. Para el ministro de Economía se trata de un
capítulo más en un tira y afloje con BlackRock, Fidelity, Templeton,
Ashmore, Pimco y otros fondos de inversión que manejan recursos gigantescos.
Solo BlackRock gestiona un volumen de dinero que supera en casi veinte veces
la generación de riqueza anual de la economía argentina. Recientemente, la
Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos puso en manos de BlackRock la
gestión de millonarios recursos para administrar el salvataje de empresas en
la tormenta económica del coronavirus. Según relata Magdalena Rua en el
portal “El Cohete a la Luna”, por su propia cuenta, este fondo tiene
participación accionaria en un tercio de las 205 empresas más grandes del
planeta. En nuestro país, posee acciones de Pampa Energía, Globant, YPF,
Grupo Galicia, Telecom y otras compañías. No es un dato menor: tiene
incidencia en los núcleos estratégicos del aparato productivo.

El default rige a partir del viernes a las 18 horas de Buenos Aires o 17
horas de Nueva York. Es que, para el tramo de la deuda que ahora se está
negociando (bajo ley extranjera), que es el de mayor importancia, la hora y
todas las condiciones las impone el norte: allí las calificadoras de riesgo
deciden si el país hace las cosas bien o mal, allí la Securities and
Exchange Commission (SEC) regula las emisiones de bonos argentinos, allí
nuestro país deposita los dólares para que bancos yanquis paguen a los
bonistas y allí los jueces se preparan ante eventuales juicios.

¿Por qué es así? Entre muchas cuestiones, porque en gran parte de las
emisiones de deuda en moneda extranjera los gobiernos argentinos aceptan la
prórroga de jurisdicción: esto significa que frente a cualquier litigio se
concede que quien dirima sea un juez de Nueva York o, eventualmente, de
Londres. En febrero de este año, el Congreso le dio el aval a Guzmán para
que establezca la prórroga de jurisdicción en la oferta en curso para
reestructurar la deuda. Lo mismo hicieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna
con el canje 2005, lo cual habilitó al fallecido juez neoyorquino, Thomas
Griesa, para trabar los fondos argentinos en 2014. La prórroga de
jurisdicción es un requisito que ponen los fondos especulativos, una
práctica que se extendió durante el neoliberalismo y que Argentina incorporó
en su legislación a partir de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la
última dictadura genocida. Hay abogados que la consideran inconstitucional.
Se trata lisa y llanamente de una cesión de soberanía. No cabe duda: la
deuda es un mecanismo de dominación de los centros financieros imperialistas
sobre las economías dependientes y atrasadas, como la de estas pampas.

Cuando en 2014 Griesa condujo al país a la enésima crisis de deuda, Axel
Kicillof trajinó nervioso las calles neoyorquinas: ofrecía 300 % de
ganancias a los buitres. Como en el canje de Néstor, les decía. Los buitres
prefirieron esperar un gobierno más dócil. En otro andarivel, la situación
social era tensa. La economía llevaba meses de recesión. La multinacional
estadounidense Donnelley abandonó el país con una quiebra fraudulenta: la
mañana del 12 de agosto dejó un cartelito en la puerta de su imprenta de
Garín con un número de teléfono para que los trabajadores reclamen su
indemnización. La maniobra de Donnelley fue denunciada no solo por los
trabajadores. En un acto público en Casa Rosada, Cristina Fernández afirmó
que Donnelley había sido transferida desde NML (el fondo buitre propiedad
Paul Singer, el beneficiario del fallo de Griesa) a BlackRock. La conclusión
era contundente: señaló que quieren una “situación de zozobra en un país al
que quieren ver de rodillas”. Y anunció que el Gobierno iba a denunciar a la
empresa por “alteración del orden económico y financiero”, utilizando por
primera vez la Ley Antiterrorista.

En aquél 2014, un tiempo después de esta denuncia, se supo que BlackRock,
además, poseía acciones de YPF, una empresa con mayoría accionaria estatal
¿No estaba informada Cristina que los terroristas eran socios de YPF? Parece
que no. En la última semana, en el tiempo actual, ahora en 2020, abundan las
crónicas periodísticas que indican que la negociación de Guzmán tiene
perspectivas de destrabarse gracias a la gestión de Miguel Galuccio, ex CEO
de YPF durante el gobierno de Cristina. ¿Qué pasó? La expresidenta le habría
encomendado una gestión ante Laurence “Larry” Fink, el magnate dueño de
BlackRock, para acercar posiciones.

El 31 de julio es la fecha en que los bonistas podrían tener más
posibilidades de establecer una acción colectiva contra el país en los
juzgados de Nueva York: es que en ese momento entraría en default un segundo
bono, el Discount, emitido en el canje de 2005. Si no se precipita un
acuerdo antes, el juego de póker de Alberto Fernández y Martín Guzmán con
los lobos de Wall Street seguirá al menos hasta ese momento. Pero, a decir
verdad, las cartas están marcadas.

Mucha información para llenarse de guita

Finalmente, con Mauricio Macri en el poder, los buitres consiguieron lo que
quisieron. En marzo de 2016, la Cámara de Diputados aprobó una ley para
habilitar el pago. Esa ley contó con los votos del macrismo, Sergio Massa,
Diego Bossio –elegido diputado en las listas del Frente para la Victoria–,
el GEN de Margarita Stolbizer, los “socialistas” santafecinos y al
Movimiento Popular Neuquino (MPN). En la otra Cámara, 54 senadores votaron a
favor de los buitres: no solo los macristas, que eran minoría, no solo los
del Frente Renovador de “ventajita” Massa, que eran poquitos, sino también
más de la mitad de la bancada del Frente para la Victoria, que en diputados
había votado en contra, pero que en senadores aportaron la mayoría. Macri lo
hizo, casi todos lo votaron.

En un contexto mundial ya por entonces caracterizado por tasas de interés
cercanas a cero o negativas, luego de quince años de litigio los fondos
buitre obtuvieron, dependiendo el momento en el que habían adquirido los
bonos a precios de remate, más de 1000 % de rentabilidad o un exorbitante 38
% anual. Los datos los ofrece el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un
artículo de hace tres años titulado “Reestructuración de deuda soberana en
una arquitectura financiera-legal con huecos” [1]. Las tasas que obtuvieron
los buitres dejarían pasmado a Shylock, el usurero de la obra teatral El
Mercader de Venecia, que exigía a Antonio, su deudor, una libra de su propia
carne si no pagaba.

Para Macri constituyó “un hito importante, el cierre de una etapa”. Para ser
precisos, se reabría otra: la del megaendeudamiento; la de la “bicicleta
financiera”. En abril de 2016, para cancelar la deuda con los buitres, se
realizó una de las más grandes colocaciones de bonos en moneda extranjera de
la historia para un país emergente (dependiente, con rasgos semicoloniales,
según los marxistas). La gestión de esa colocación estuvo en manos de
Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS. Los dos
primeros bancos habían sido los jefes de Alfonso Prat Gay y Luis Caputo. O,
visto de otra forma, estos eran sus exempleados. Pero en ese entonces,
dirigían el Ministerio de Hacienda. Los bancos estaban de los dos lados del
mostrador.

Todo el endeudamiento macrista es una estafa. El ejemplo más notable es la
emisión de un bono a 100 años, que fue realizada por el “Messi” (perdón Lio)
de las finanzas, Luis Caputo, de manera secreta y en beneficio de bancos
internacionales (los sospechosos de siempre) y de un fondo de inversión del
que él había sido el gestor: Noctua. En una de las pocas reuniones que tuvo
la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, en abril de 2018, Axel
Kicillof cuestionó a Caputo: “usted tiene mucha información confidencial,
mucha información clasificada, mucha información central, para llenarse de
guita”, lanzó el entonces diputado nacional.

La política de endeudarnos hasta que duela se derrumbó por esos días debido
a las turbulencias internacionales y a que los especuladores exigían más
ajuste: a pesar de los despidos de miles de estatales, los tarifazos, el
robo a los jubilados con el cambio en la movilidad jubilatoria votado,
represión mediante, en un Congreso militarizado en diciembre de 2017, el
capital financiero quería más sangre. A fines de abril de 2018, J.P. Morgan
decide retirar un volumen importante de recursos del país. Significó una
salida abrupta que desató una corrida cambiaria, un rebrote inflacionario y
la caída del salario real. Otra vez quedaban en evidencia los lazos entre
deuda, ajuste y condiciones de vida, como en el hecho de Donnelley en Garín.

Macri corrió a los brazos del FMI, que otorgó su mayor préstamo de la
historia, sin atender un detalle: el acuerdo no pasó por el Congreso. No
solo eso: el Fondo autorizó desde abril de 2019 al Banco Central a financiar
la fuga de capitales, algo que prohíbe sus propios estatutos.

Ahora el Gobierno de Alberto Fernández está en medio de una compleja
negociación de deuda sin establecer una investigación de lo actuado por el
macrismo. Aun cuando días atrás el Banco Central comprobó que la mayor parte
del endeudamiento macrista financió la fuga de capitales, no se tomó ninguna
vía de acción para reparar esa situación. Ni siquiera se dieron a conocer
los nombres de las 10 mil personas y empresas que realizaron la mitad de
toda esa fuga. Solo a partir de información develada por Horacio Verbitsky
se supo que el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera
General Deheza figuran en el listado de vaciadores del país. No hay que ser
Sherlock Holmes para asegurar que la mayor parte de esos dólares terminaron
en paraísos fiscales, las guaridas donde ocultan sus patrimonios para evitar
pagar impuestos.

Los dueños de la Argentina tienen fugados U$S 400 mil millones en el
exterior: es el equivalente a lo que produce el país durante un año. El
equivalente a un PBI. Si esos recursos no se hubieran fugado, sin caer en la
simplificación de soluciones mágicas, no es exagerado decir que la realidad
sería distinta. El circuito de endeudamiento y fuga es una constante desde
la última dictadura. Es una marca característica de la asociación entre la
burguesía local y el capital extranjero. El atraso productivo, la escasez de
inversiones, la “restricción externa” (es decir, la falta de dólares para
sostener el crecimiento), el débil desarrollo de las fuerzas productivas, no
emergen de la naturaleza, sino de una clase social parasitaria.

Una historia oscura

La utilización del mecanismo del endeudamiento para ejercer el dominio sobre
estas pampas no es, obvio, ninguna novedad: reconoce su origen en el primer
empréstito de Baring Brothers a Bernardino Rivadavia en 1824. No obstante,
es claro que durante la dictadura, pega un salto de cantidad y calidad: dio
inicio a una etapa más agresiva del capital financiero internacional y al
despliegue de las políticas neoliberales. Los países latinoamericanos
experimentaron un incremento exponencial de su endeudamiento, una política
impuesta por los centros imperialistas frente a la ausencia de salida
rentable para capitales acumulados. La deuda también se acrecentó por la
nacionalización de deudas privadas. Los últimos años de la dictadura,
Domingo Cavallo, entonces al frente del Banco Central, nacionalizó deudas de
Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias
Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford y los Macri, entre otras nobles
familias. Si se tira del hilo, esa deuda la sigue pagando hasta hoy el
pueblo trabajador. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó en un
fallo 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. El
Congreso nunca trató ese fallo, pero sí votó, como se mencionó, pagar a los
fondos buitres lo que decía un fallo de un juez de Nueva York.

La deuda se recicló en diferentes etapas hasta el día de hoy. El Gobierno de
Raúl Alfonsín terminó de convalidar la nacionalización de deudas privadas,
bajo la impronta de José Luis Machinea, que como Cavallo volvería a ser
funcionario con Fernando de la Rúa. En los ‘80 y ’90, primero con el Plan
Baker y luego con el Plan Brady (ambos nombres de titulares del Tesoro de
los Estados Unidos para que no queden dudas de quién manda), las
renegociaciones de la deuda facilitaron las políticas neoliberales y el
despojo de las empresas de servicios públicos a través de privatizaciones a
“precios cuidados”. El “blindaje” a cargo de Machinea en el 2000 y el
“megacanje” de Domingo Cavallo de 2001 están sospechados de fraudes con la
colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados (los de siempre).
En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” de Cavallo (para
que no queden dudas de una “conducta intachable” fue votado por el peronismo
en el Senado) se evaporó prácticamente todo en la fuga de capitales. Existen
investigaciones que indican que, en los últimos meses con De la Rúa al mando
del Titanic, el 80 % de la fuga fue organizada por el Citibank, Bank Boston,
Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA. Mientras vaciaban el país,
al pequeño ahorrista lo encerraron en el “corralito”.

El canje de 2005 es caracterizado por Claudio Lozano, actual funcionario del
Banco Nación, como el megacanje de Kirchner - Duhalde - Lavagna - Prat Gay
(quien hasta 2004 fue presidente del Banco Central). El mismo Lozano señala
que es un canje inconstitucional e ilegal. Es que cada reestructuración de
deuda convalidó la estafa previa. En 2005, lo que se buscaba era
reestablecer el pago de los compromisos asumidos con el “blindaje” y el
“megacanje”, que habían sido defaulteados en 2001, con todo el régimen
político capitalista aplaudiendo de pie la decisión de Adolfo Rodríguez Saá
en el Congreso de la Nación.

Desconocimiento soberano

Sobran los motivos para establecer un desconocimiento soberano (no pago) de
la deuda odiosa ¿Por qué es una deuda odiosa? Porque fue contraída contra
los intereses del pueblo trabajador. La prueba más evidente es el incremento
de la pobreza en el largo plazo: menos del 5 % de los hogares era pobre en
1975; en el segundo semestre de 2019, casi el 26 %. Macri puso en
funcionamiento la “máquina de la pobreza”, pero todos los gobiernos desde la
dictadura a esta parte son corresponsables. No solo eso. Siempre, pero en
particular en el último ciclo de endeudamiento, los fondos especulativos
actúan bajo plena conciencia que en las altas tasas de interés que perciben
gracias al afamado “riesgo país” está implícita la posibilidad de una
cesación de pagos. Justamente, ese es el “riesgo país” que asumen. Además,
las altas tasas de interés contribuyen a generar el ahogo de las cuentas
públicas: en 2019, el 20 % del presupuesto fue destinado a los servicios de
deuda. La contrapartida fue el ajuste fiscal. A los bonos que emitía Caputo
se los llama delivery porque en varias ocasiones contrajo deuda a pedido de
los fondos de inversión: repitiendo el esquema de la dictadura, en algunas
colocaciones se endeudó al país por necesidad de los centros financieros de
canalizar excedentes de capital sin posibilidad de realizar en otros lugares
del mundo ganancias equivalentes a las que obtenían en Argentina.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández se apresta a pagar sin
investigar la estafa de Cambiemos. Un desconocimiento soberano, como plantea
la izquierda, no es lo mismo que la aventura de un default, como el de
Argentina en 2001 o el que puede ampliarse en los próximos meses si las
negociaciones se van de cauce. El default es una medida a la que recurren
los estados capitalistas cuando se quedan sin recursos. No comprende una
acción soberana, sino la expresión de una quiebra económica y social: la
crisis del 2001 condujo a niveles históricos de pobreza y desocupación.

Un default en los términos capitalistas es una aventura porque constituye
una medida aislada y circunstancial, que solo ocurre cuando como en 2001 los
gobiernos hacen hasta lo imposible por pagar con el hambre y la sed del
pueblo trabajador. Es una aventura porque se libra a los capitalistas para
hacer lo que quieran, como hacen ahora fondos de inversión y grandes
empresarios, que vacían al país fugando capitales con operaciones como el
“contado con liqui” o con el “dólar bolsa”, que el Gobierno no logra detener
debido a las tibias medidas que toma. O, como hacen las multinacionales
agroexportadoras (que comercian soja, maíz, trigo y otros productos
agropecuarios al mundo) y los grandes productores sojeros, que retienen las
ventas al exterior para limitar el ingreso de dólares al país, presionar a
que suba su cotización y, luego, facturar más. Se sabe que cuando aumenta el
dólar, aumenta la inflación y el poder de compra del salario se derrumba.
Lejos de la aventura de un default, un desconocimiento soberano, impulsado
mediante la movilización popular, debe ser acompañado con medidas que
impidan la fuga de capitales y eviten el caos económico ¿Cuáles son esas
medidas? Entre otras, la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
También la expulsión del FMI del país.

Una salida de fondo

El sistema bancario privado es una asociación ilícita: roban con los
intereses que cobran en las tarjetas de crédito y préstamos personales; con
los créditos UVA tienen con la soga al cuello a miles de deudores
hipotecarios. Privilegian hacer ganancias prestándole al Estado (Tesoro y
Banco Central) y sus rendimientos se multiplican a la par del descalabro
económico. En 2019, mientras se hundía la economía y aumentaba la pobreza,
los bancos privados vieron incrementar 160 % sus beneficios. En la
actualidad, incluso boicotean (con la complicidad del Banco Central) la
política oficial que busca canalizar créditos baratos a las empresas para
contrarrestar los efectos del coronavirus. A la vez que existe un “cepo” de
U$S 200 para la compra de divisas del pequeño ahorrista, los grandes pulpos
financieros (bancos, fondos de inversión, grandes empresas) son los que
especulan, se llevan los dólares al exterior y hacen subir la cotización. No
es nuevo en la historia que los bancos comprenden una asociación ilícita. En
1989 con el Plan Bonex o en 2001 con el “corralito” confiscaron, en
complicidad con los gobiernos de Carlos Menem y De la Rúa, a los pequeños
ahorristas.

Como se mencionó, está comprobado que HSBC, J.P. Morgan, BBVA, Citibank,
Banco Galicia y otros bancos organizaron la fuga de capitales de los
empresarios más ricos del país a paraísos fiscales. En el caso de J.P.
Morgan y del HSBC fueron exempleados que develaron la “banca paralela” que
tienen esos bancos para evadir impuestos y fugar capitales, no solo de
Argentina, sino en todo el mundo. Pero eso no importa. El HSBC fue premiado
por el Gobierno: Guzmán lo eligió, junto al Bank of America, como agente
colocador en la reestructuración de deuda en curso. Van a ganar generosas
comisiones si se cierra un acuerdo. La expropiación de los bancos privados y
la conformación de una banca pública única, bajo gestión de los
trabajadores, es una necesidad para preservar el ahorro nacional, canalizar
recursos a la actividad económica, otorgar créditos hipotecarios y
personales baratos, asistir al pequeño comerciante y productor fundido por
la crisis. Pero también para cortar de raíz con la especulación y terminar
con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

La nacionalización del comercio exterior también es una necesidad imperiosa,
en un país donde se privatizaron hasta los puertos y los agroexportadores
“monopolizan” los dólares que la economía necesita para atender necesidades
sociales. Lo mismo rige para los servicios públicos: no pueden seguir siendo
un negocio. Deben ser un derecho elemental de toda la población. Entre los
ganadores de la era macrista se encuentran Marcelo Mindlin de Pampa Energía
(la compañía donde BlackRock es accionista) y Nicolás Caputo, dueños de
Edenor y Edesur. Ambos son amigos del expresidente Macri. Las
privatizaciones de las empresas públicas son una herencia noventista que en
lo esencial no es cuestionada por el régimen político capitalista. Es
necesaria la creación de una empresa pública única que gestione todo el
sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas, desde
la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y
distribución a los usuarios, que sea administrada por los propios
trabajadores y que sea controlada por usuarios populares. El oficialismo
habla desde el inicio de la cuarentena acerca de un proyecto de impuesto a
las grandes fortunas. Pero el proyecto no aparece. El Frente de Izquierda y
los Trabajadores-Unidad presentó el único proyecto a las grandes fortunas
que existe hoy en el Congreso. Ahora es cuando se tiene que imponer un
impuesto a los ricos. Lo contrario, es dejar que los miserables se salgan
con las suyas.

La izquierda realiza un planteo de conjunto para cortar la dependencia del
capital financiero internacional, atacar los intereses de los capitalistas,
terminar con la decadencia nacional y reorganizar la economía, mediante la
planificación democrática de trabajadoras y trabajadores, para orientar
todos los recursos al desarrollo y la atención de las necesidades sociales
más urgentes. Es un programa que solo puede ser conquistado mediante la
transferencia del poder a la clase trabajadora.

* Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente
en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Milita en el Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de
radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.

Nota

[1] Guzmán, Martín (2017). Reestructuración de deuda soberana en una
arquitectura financiera-legal con huecos. Buenos Aires. Disponible en:
http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/ed1047.pdf

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