Cuba/ El nuevo giro económico [Samuel Farber]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de noviembre 2020

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Cuba

 

El nuevo giro económico de Cuba

 

Samuel Farber *

La Joven Cuba, 11-11-2020

https://jovencuba.com/

 

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria
economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de
políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras
mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

 

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla
es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a
Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de
su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una
respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para
detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como
suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote
de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas
igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana
de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la
mayoría de esos lugares.

 

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras
tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en
el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales
e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para
adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de
los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la
pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países
como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado
recientemente al poder.

 

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a
cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el
funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de
la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

 

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente
agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte
por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos
cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo
período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el
envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo
significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses
de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla
se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una
campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por
primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996
(aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata
Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen
propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de
los años 60.

 

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan
actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la
administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

 

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe
Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del
presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las
relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un
gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van
desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con
Venezuela.

 

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba
durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump,
quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor
para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro
un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las
sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso
han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser
el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que
una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

 

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la
agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho
tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es
difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para
lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las
relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley
Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la
composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del
próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas
republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros
negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los
Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas
relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

 

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente
los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo
crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y
agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para
mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de
vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y
mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido
desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un
proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a
una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción
tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

 

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la
crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán
que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el
cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de
la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión
del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un
esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor
dinamismo y crecimiento de la economía.

 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

 

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una
década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la
existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya
emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello
incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan
tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por
períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son
dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

 

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las
esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la
transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y
apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más
lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado
Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y
medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y
discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha
afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

 

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas
en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se
mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está
programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como
privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder
Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se
formularán ya este año.

 

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas
medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países
latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy
extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana
empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las
microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más
nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que
contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define
oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios
numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a
200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

 

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas
privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable
que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de
administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su
planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de
estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los
sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya
lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados.
Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para
representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los
empleadores.

 

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

 

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha
estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código
elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido
cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo
como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados
estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no
idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

 

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los
empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya
hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y
hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos
porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

 

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un
mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta
días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime
la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que
ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el
acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea
aplicable al sector económico de las PYMES.

 

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

 

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha
relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es
decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las
actividades empresariales de importación y exportación.

 

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales
especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda
con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de
procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

 

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación
privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al
impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las
cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios
en comparación con el año anterior.

 

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la
economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un
brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que
las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el
permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a
menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

 

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas
en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del
país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no
se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de
importación/exportación propuestas por el sector privado.

 

La racionalización del sistema monetario

 

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de
importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas
afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en
particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también
está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la
unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha
vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en
las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra
finalmente durante los próximos meses.

 

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía
con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio
entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital
foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional
para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos
económicos, y para evaluar los datos económicos.

 

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de
dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos
cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y
el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar—
que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1
CUC.

 

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la
falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha
dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en
tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos,
incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con
pesos cubanos.

 

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas
magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de
monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de
pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u
otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los
cuales provienen de remesas desde el exterior.

 

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de
unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria
cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el
economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán
que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios,
subsidios, salarios y pensiones.

 

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que
se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de
complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente
del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a
25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del
económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una
tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero
ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

 

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno
tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto
impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del
subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio
especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación.
Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible
que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al
peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor
disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si
se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los
trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su
gobierno.

 

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció
por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena
Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por
Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará
sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los
cubanos podrán realizar en el sector privado.

 

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la
apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de
personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo
se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123
grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser
un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de
ocupaciones permitidas en el sector privado.

 

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas
permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que
relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por
ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha
definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

 

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural
como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados
mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren
alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de
acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado
seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para
mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de
septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en
las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán
exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso
para esto y para otros cambios económicos.

 

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la
economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente
nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de
la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente
mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por
ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento
de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la
baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la
urbana por mucho tiempo.

 

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola
generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la
producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este
durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que
una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores
privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a
créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros
implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras
cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el
83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo,
esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como
del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática
dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para
varios países que componían el bloque soviético–.

 

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel
productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder
adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control
democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido
históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo
que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

 

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho
al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

 

El contexto político

 

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición
de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que
conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se
retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido
por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero
forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

 

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que
abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy
pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como,
por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al
extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta
liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización
política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha
continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero
para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las
salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en
conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para
lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150
disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

 

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas
adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de
Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al
propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de
arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en
especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el
gobierno.

 

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con
su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus
cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los
sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las
del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión
y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su
cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba.

 

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la
Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia
política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y
otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz
hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal
vehículo para las voces críticas y disidentes.

 

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional
dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del
sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El
ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un
hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en
1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de
aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún
el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará
oficialmente en 2021.

 

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de
la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un
tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro
del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que
ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno
Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del
Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango
también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín,
miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el
general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven
de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

 

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel
Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y
cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de
que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el
general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl
Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial
de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa
turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o
en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de
la economía.

 

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales
quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han
desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de
ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre
del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras
instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los
gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más
autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del
anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de
negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas
empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en
desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

 

Oposición, desafiliación y descontento

 

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma
exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha
sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica
plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios
del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores
de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los
cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros
países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida
para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de
limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

 

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en
la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con
respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que
crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de
los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el
mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en
1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial
retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica
crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen
cubano.

 

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado
notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un
famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde
advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que
el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

 

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la
COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez
de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los
«coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término
comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en
las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez
más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a
quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una
forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de
productos para revenderlos a precios exorbitantes.

 

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que
despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse
en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de
primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o
importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción
agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una
alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que
funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al
incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe,
pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

 

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente
desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política
—y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen
antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte
de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los
últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la
oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de
Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su
xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los
Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular
ninguna novedad política significativa en la isla.

 

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya
expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas,
pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y
opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado
unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras
medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los
trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán
como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de
Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

 

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se
desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con
sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado
unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la
existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente
socialista y democrática en Cuba. 

 

* Samuel Farber :nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia
Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros,
recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books,
2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise
and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018). E Autor e investigador.
Profesor Emérito en el Brooklyn College de Nueva York. Este análisis fue
originalmente publicado en inglés en la edición on line de la revista
socialista New Politics (https://newpol.org/cubas-new-economic-turn/).

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