Argentina/ FMI al rescate: el infierno está encantador [Pablo Anino]

Dom Nov 15 12:20:18 UYT 2020

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Correspondencia de Prensa

15 de noviembre 2020

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Argentina

FMI al rescate: el infierno está encantador

Esta semana se conoció que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará
llegar a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Del menú de
opciones que ofrece el Fondo para esquilmar a los países, el acuerdo de
facilidades extendidas es el más duro en condicionalidades. Con un nuevo
acuerdo, el país estará sometido al menos hasta 2030, de manera directa, a
las directivas de Washington y al monitoreo por parte de los funcionarios
del organismo, que tomarán el timón de la economía. Con este anuncio se
consolidó el giro de un gobierno que exhibe grados crecientes de ortodoxia
en la política económica.

Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 15-11-2020

https://www.laizquierdadiario.com/

Esta semana se conoció que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará
llegar a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Del menú de
opciones que ofrece el Fondo para esquilmar a los países, el acuerdo de
facilidades extendidas es el más duro en condicionalidades. Con un nuevo
acuerdo, el país estará sometido al menos hasta 2030, de manera directa, a
las directivas de Washington y al monitoreo por parte de los funcionarios
del organismo, que tomarán el timón de la economía. Con este anuncio se
consolidó el giro de un gobierno que exhibe grados crecientes de ortodoxia
en la política económica. 

Esto se expresa en varias medidas: un Presupuesto 2021 que establece un
ajuste del 10 % en términos reales; reducción coyuntural de las retenciones
en favor del capital agroexportador; mayor libertad a los “mercados” para la
operatoria financiera del dólar paralelo; emisión de deuda en favor de los
fondos especulativos y, su contraparte, limitación del financiamiento por
parte del Banco Central; el anuncio de un plan plurianual de “consolidación
fiscal” (en el barrio le dicen ajuste); la interrupción del magro Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE); la reducción de la lista de Precios Máximos; y
la intención de descongelar tarifas de los servicios públicos.

El brutal ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador que
encara el Gobierno de Alberto Fernández ahora pretende ser disimulado con la
votación tardía de un “aporte extraordinario” de las grandes fortunas, que
en el mejor de los casos recaudará U$S 3.000 millones. Esa suma contrasta
con lo que pagó de deuda en lo que va del año: más de U$S 5.000 millones.
Mucho más contrasta con los U$S 17.000 adicionales que ofrendó Guzmán a los
lobos de Wall Street entre su primera oferta de abril y la última de agosto,
con la cual acordó la reestructuración de la deuda con acreedores privados.
No solo eso: el proyecto del Frente de Todos propone destinar casi la mitad
de los recursos a recaudar para subsidios empresariales y a la extracción de
hidrocarburos, fracking incluido. De este modo, el proyecto oficialista
termina siendo un “aporte extraordinario” que, en su mismo articulado,
retorna parte de lo recaudado a la misma clase social que tendría que
aportar.

En una sesión del 13 de mayo en el Congreso Nacional el oficialismo y Juntos
por el Cambio votaron en contra de debatir un verdadero proyecto de impuesto
a las grandes fortunas, el que presentó el Frente de Izquierda-Unidad. Con
este proyecto se podría recaudar entre U$S 15.000 y U$S 20.000 afectando los
intereses de los bancos y las grandes empresas, algo que la iniciativa
oficial no plantea. De esta forma, se podría otorgar un IFE de $ 30.000,
fortalecer el presupuesto de salud y construir 100 mil viviendas. Se trata
de dos orientaciones opuestas: mientras el proyecto oficial busca encubrir
un robo a las mayorías en favor de unos pocos, el proyecto del FIT-U se
ubica en un planteo de reorganización general de la economía en función de
atender las necesidades sociales, atacando los intereses del gran capital.

No es casual que el anuncio de la nueva fórmula de actualización de las
jubilaciones que enviará el Ejecutivo al Congreso haya coincidido con la
llegada de la misión del Fondo a la Argentina. La primera actualización de
marzo del año próximo se hará en función de la evolución de la recaudación y
de los salarios del último semestre del corriente año, afectados por la
recesión. Es decir, arrancará con el freno de mano puesto y robando
nuevamente a los jubilados, como ya se hizo este año: el IARAF estimó en $
72 mil millones el latrocinio ejecutado gracias a la suspensión de la
movilidad jubilatoria que votó el Congreso en diciembre de 2019. Los
jubilados no serán compensados por la pérdida del poder de compra en la era
Macri, que además les robó un trimestre de actualización en 2018. Mucho
menos por la pérdida de este año. Pasan los años, pasan las fórmulas, pasan
los gobiernos, quedan las jubilaciones de miseria. No obstante, para el
Fondo será insuficiente: querrá una reforma que, por lo menos, eleve la edad
jubilatoria.

La política de la pobreza

Noemí Brenta es doctora en Economía de la UBA. En su libro Argentina
atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006, destaca que:

El acuerdo stand by de 1976 por primera vez y única vez estableció como
condicionalidad la limitación de los aumentos salariales y el mantenimiento
de la libertad de precios. Estas son medidas usuales de los programas del
Fondo, para disminuir la demanda agregada reduciendo el salario real, pero
su impopularidad generalmente las disimula en los memorándums de política
económica” [1].

Justamente, uno de los mayores logros de la dictadura fue la destrucción del
poder de compra del salario.

Según los datos de un documento del Centro de Estudios sobre Población,
Empleo y Desarrollo (CEPED), entre 1974 y 1977 el salario real retrocedió 41
% [2]. Fue un golpe terrible del cual el poder de compra no se repuso nunca.
En las décadas posteriores se observan retrocesos notables en los períodos
de crisis aguda (1982; hiperinflación de 1989; quiebre de la convertibilidad
de 2001-2002) sin que las recuperaciones posteriores, en los momentos de
crecimiento económico, el salario se recupere del ataque histórico iniciado
en 1976. En 2006, donde concluye la serie de ese documento del CEPED, el
salario real era un 44 % inferior al de 1974. Existe otro documento del
CEPED [3] que permite empalmar la serie hasta 2017. A pesar de la
recuperación del poder de compra que se registró en el período
posconvertibilidad, en 2017, el salario real era casi un 20 % más bajo que
en 1974.

Desde 2018, cuando regresó el FMI al país, las estadísticas públicas del
Indec registran un nuevo derrumbe, que hasta la actualidad suma otra caída
adicional que se aproxima al 20 %. El alza de la inflación, que en octubre
de 2020 fue de 3,8 %, en un contexto donde el Gobierno anuncia más
liberalización de precios y contiene los aumentos paritarios, profundiza el
ataque al salario. La CGT y la CTA están actuando como cómplices del
derrumbe salarial aceptando paritarias miserables: llegan al extremo en el 7
% de (des)aumento otorgado en la administración pública nacional. El
derrumbe del poder de compra del salario es una medida que de alguna manera
resume el alcance de largo plazo de las políticas fondomonetaristas: es el
resultado del ataque a las condiciones laborales, el avance de la
precarización y la flexibilización laboral.

Durante la pandemia, Argentina fue uno de los países que menos gasto público
realizó para atender la emergencia por el Covid 19, no solo en comparación
con potencias económicas, sino en comparación con varios países de la región
(muchos de los cuales tienen un sistema de salud pública mucho más débil que
nuestro país). El porcentaje de recursos comprometidos en relación al
Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó por detrás del “esfuerzo” realizado en
El Salvador, Chile, Perú, Brasil y Paraguay.

El IFE de Argentina por $ 10 mil fue bimensual, resultando de una cifra
detrás de lo que otorgaron gobiernos derechistas de la región que tuvieron
una política sanitaria desastrosa. En Brasil, el “Coronavoucher” (el IFE
brasileño), convertido a pesos argentinos, originalmente fue de $ 16.800,
aunque en los últimos meses Jair Bolsonaro acordó recortarlo. Los números
grafican los efectos de enfrentar la pandemia operando bajo las
restricciones del sometimiento a la reestructuración de la deuda con los
lobos de Wall Street y a la negociación de la hipoteca fraudulenta que dejó
Mauricio Macri con el FMI. De este modo, no es casual que la CEPAL haya
informado que la región sigue siendo la más desigual del planeta y que
Argentina es uno de los tres países donde más creció la desigualdad durante
la pandemia. En estas condiciones, la pobreza se acerca peligrosamente al 50
% de población. No solo eso. UNICEF estima que en diciembre el 63 % de la
infancia estará en situación de pobreza: habrá 8,3 millones de niñas y niños
pobres a fin de año.

Deuda, privatización y extranjerización

El endeudamiento latinoamericano durante la década de 1970 fue una política
de los centros financieros imperialistas que poseían una gran masa de
capital disponible (los petrodólares y eurodólares) sin saber dónde colocar
de manera rentable. La colocaron en la región para aumentar su influencia:
la deuda pasó de U$S 20.900 millones en 1970 a ser U$S 243.000 millones en
1980 [4]. Ligado con este fenomenal endeudamiento aumentó la injerencia del
FMI y el Banco Mundial. El endeudamiento se había acordado a tasa de interés
variable. A fines de la década de 1970, el aumento de la tasa de interés
decidido por la Reserva Federal de los Estados Unidos provocó una
espectacular crisis de deuda, hizo volar por los aires todo el esquema
económico y condujo a la denominada “década perdida” de los años 1980.

Varios gobiernos de la región, incluido el de Raúl Alfonsín al inicio de su
mandato, coquetearon con la idea de un “club de deudores” para negociar en
mejores condiciones. Estados Unidos desarticuló esa iniciativa con el Plan
Baker en 1985. Luego habría otra iniciativa: el Plan Brady en 1989. Para que
no quede ninguna duda sobre quién manda, los planes llevaron los nombres de
dos secretarios del Tesoro: justamente, Baker y Brady. De ese modo, la deuda
fraudulenta que había contraído la dictadura y que había crecido al calor de
la nacionalización de deudas privadas (Techint, Renault, Pérez Companc,
Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona –Impsa–,
Ford y la familia Macri) fue reciclada en una reestructuración comandada por
el Tesoro yanqui en asociación ilícita con el FMI y el Banco Mundial. Baker
prometió un “programa para un crecimiento sostenido”. A todas luces, se
trataba de un “anuncio engatusador”, tal como lo define Brenta [5]. Con esos
planes se benefició a los bancos imperialistas (que eran los acreedores), se
profundizó la implementación de políticas neoliberales y el despojo de los
bienes públicos.

Fue Carlos Menem quien llevó las políticas neoliberales lo más lejos que
pudo. En un acto fallido, el entonces ministro de Obras y Servicios
Públicos, Roberto Dromi, sentenció que "nada de lo que deba ser estatal,
permanecerá en manos del Estado”. Así fue. Las empresas de servicios
públicos fueron regaladas al capital privado a precios de remate, situación
que mayormente pervive en la actualidad. Entre otras tareas, una de esencial
importancia para la clase trabajadora es recuperar esos recursos
estratégicos mediante la nacionalización de todo el complejo energético bajo
gestión de trabajadores y usuarios populares. Lo contrario es preservar el
régimen de las privatizadas que ahora vuelve al ataque con los tarifazos que
anticipa el descongelamiento que anuncia el Frente de Todos.

Los bancos públicos se redujeron de 33 en diciembre de 1994 a 15 en
diciembre de 2000. Los bancos privados de capital nacional se redujeron de
66 a 33. Los cooperativos de capital nacional pasaron de ser 38 a quedar
solo 2. Y los privados extranjeros crecieron en número de 31 a 39: además,
pasaron de controlar el 16 % de los depósitos a concentrar el 39 % [6]. El
desembarco a bandera desplegada del capital extranjero abarcó a toda la
economía. Perdura hasta la actualidad. De acuerdo a la última Encuesta
Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que elabora el Indec, en 2018, de las
500 grandes empresas del país, 313 tienen participación extranjera.

El Tesoro de los Estados Unidos tiene el voto mayoritario en el Directorio
del FMI: 16,51 % del total. De este modo, posee poder de veto. Brenta cuenta
que en 1983 el Congreso estadounidense aprobó una ley que instruyó a sus
representantes en el Fondo para lograr que los países firmantes de acuerdos
“eliminaran restricciones al comercio y a las inversiones extranjeras” [7].
El mandato es claro: promover una mayor extranjerización de las economías
dependientes, algo que a todas luces lograron en Argentina.

Como si esta historia no existiera, el Gobierno de Alberto Fernández
fantasea con la hipótesis de que el triunfo de Joe Biden mejorará las
condiciones de negociación del nuevo acuerdo con el Fondo. Claro que parece
lógico querer evitar negociar con el piromaníaco Donald Trump. Pero, tanto
el republicano como el demócrata, son partidos de la burguesía imperialista.
Todas las figuras que se nombran para ocupar el Tesoro del nuevo gobierno de
Biden provienen del mundo de las finanzas. Incluso llegó a circular que uno
de los postulados es Laurence “Larry” Fink, el titular de BlackRock. Este
fondo especulativo maltrató a Martín Guzmán durante la negociación de la
reestructuración de deuda privada: uno de sus negociadores dijo que ellos
podían esperar a que haya un nuevo ministro que haga más concesiones. No fue
necesario. Las concesiones las hizo el propio Guzmán.

Los tiempos del Fondo

El 8 de mayo de 2018, en un mensaje de menos de tres minuto, Mauricio Macri
anunció el regreso al Fondo. En junio, el préstamo que firmó el equipo
económico fue un stand-by, con condicionalidades en el terreno fiscal y el
monitoreo general de la economía. Ese acuerdo se tuvo que readecuar en
varias ocasiones por las turbulencias económicas. Ahora Guzmán negociará un
préstamo de facilidades extendidas. Según la página web del FMI, se trata
del tipo de préstamo más duro en condicionalidades: comprende exigencias de
reformas estructurales (laboral, previsional y tributaria) y condiciones
cuantitativas (ajuste) en las cuentas macroeconómicas [8]. Éric Toussaint
integra el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). En una
conversación con Ideas de Izquierda explicó que la relación de Argentina con
el FMI sigue la misma secuencia que con Grecia, que en 2010 firmó un acuerdo
stand by para luego, en 2012, verse obligada a negociar un acuerdo de
facilidades extendidas.

Solo dos veces en la historia nuestro país firmó acuerdos de facilidades
extendidas: uno en 1992, bajo la gestión de Domingo Cavallo; otro en 1998,
cuando el ministerio de Economía lo conducía Roque Fernández, un Chicago
Boy, es decir una figura de la ultraortodoxia neoliberal. El programa de
1992, detalla Brenta, promovió la privatización del sistema previsional en
favor de las AFJP, la eliminación del impuesto a las transacciones
financieras (impuesto al cheque), la eliminación del impuesto a las
ganancias (que sería reemplazado por otro equivalente más favorable a los
empresarios) y la supresión de las contribuciones patronales [9].

Estas dos últimas medidas no se aplicaron íntegramente, pero sí se redujeron
sustancialmente las contribuciones patronales, un perjuicio al
financiamiento del sistema previsional. En base a ese pecado original, hoy
el establishment sostiene, perversamente, que el sistema jubilatorio no es
sustentable. La maniobra es evidente: primero lo desfinancian, luego lo
declaran insostenible. La consecuencia “irremediable” es reformarlo para que
los jubilados sean más pobres. En simultáneo, aquel acuerdo de 1992
instrumentó el aumento del IVA, que era del 13 %, primero al 18 % y, luego,
al 21 %, que es la alícuota que sigue hasta la actualidad. Es decir, de
conjunto, se aplicó una reforma tributaria regresiva que cargó más la
recaudación sobre los consumos populares. Otra pesada herencia que ningún
gobierno cambió. Adicionalmente, el Fondo puso una condicionalidad “blanda”:
la privatización del Banco Nación, algo que tampoco pudo concretar, pero le
hubiese encantado.

Brenta indica que, entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81 % del tiempo bajo
la tutela del FMI. El desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en
abril de 2002. La pobreza, medida por ingresos, que en 1974 afectaba a mucho
menos del 10 % de la población trepó hasta alcanzar el 55 % en 2002. La
década de 1990, la más intensa de la economía comandada por el Fondo,
concluyó en una de las mayores tragedias en la historia del país: la crisis
de 2001. El Fondo logró superar su propio récord con la tragedia que provocó
en Grecia luego de la crisis de 2008: allí se sufrió la peor recesión de la
historia de un país que no haya estado en guerra [10].

Más reciente en el tiempo, varios países firmaron acuerdos de facilidades
extendidas: Ecuador, Pakistán, Angola, Jordania y Etiopía. Ecuador firmó en
2019 un acuerdo que desató un enorme rechazo en las calles. Este año tuvo
que firmar otro. Fue el 30 de septiembre. En esta ocasión, la actual titular
del FMI, Kristalina Georgieva (la compañera Kristalina, como les gusta
llamarla a algunos en el Frente de Todos) emitió un comunicado donde indica
que el país tendrá que hacer una “reforma tributaria progresiva a mediano
plazo”. En realidad, de progresiva no tiene nada: exige que suba el IVA en
tres puntos porcentuales; además de una adecuación de los impuestos a las
grandes sociedades y las rentas. El acuerdo también plantea una reforma
laboral en el ámbito privado, que se recorten salarios y empleos en el
ámbito estatal, y la racionalización del presupuesto destinado a la obra
pública. Además, propone una reforma en favor de la autonomía del Banco
Central, algo típico del dogma neoliberal.

El Gobierno de Fernández resaltará que un acuerdo de facilidades extendidas
le permite obtener varios años de gracia en el pago de la deuda. De hecho,
este tipo de préstamos “deben reembolsarse en plazos de 4½ a 10 años, con
pagos en 12 cuotas semestrales iguales”, detalla la web del Fondo. Pero no
serán años sabáticos, para tirar manteca al techo, sino donde deberá aplicar
reformas antiobreras. Luego de cuatro años y medio, hacia 2025, empezarán
los pagos fuertes, que podrían aproximarse a la friolera de U$S 10.000
millones anuales. A lo que hay que sumar el pago de la deuda con los
privados. Para empezar a juntar los dólares que permitan afrontar esa
hipoteca, desde ahora mismo todo el esquema económico estará sometido al
rigor del FMI.

El “marketing” de Guzmán, el hombre de la calma infinita que no se altera ni
cuando dice que les quitará el IFE a 9 millones de personas como ofrenda al
FMI, publicita que ahora será él quien fije el programa económico. En
realidad, el ventrílocuo de Guzmán es el propio Fondo, que requiere que los
países se hagan cargo de asumir la tarea sucia para intentar limpiar su
imagen. Así se entiende mejor porque el ministro buscará que el acuerdo sea
aprobado en el Congreso. Un artículo del CADTM explica bien las “piruetas
semánticas” de los organismos internacionales en la búsqueda fallida de una
nueva identidad. Obviamente, no cambiaron la lógica neoliberal inscripta en
su ADN [11].

En las redes financieras

Brenta establece un estudio pormenorizado de las características de los
acuerdos con el FMI. Hay un aspecto que ilustra lo sucedido en las últimas
semanas: señala que el enfoque monetario de la balanza de pagos del Fondo
indica que “los déficit fiscales deben financiarse con deuda pública en los
mercados de capitales” [12]. La limitación de los préstamos del Banco
Central al gobierno tiene el objetivo de que el financiamiento sea capturado
por el capital financiero, que de otro modo se pierde un jugoso negocio. Es
lo que piden los “mercados” cuando demonizan la emisión monetaria del Banco
Central. Es lo que está haciendo Guzmán, incluso antes de que el organismo
haya formulado un pedido.

Es notorio que, aunque todavía en una escala moderada, al poco tiempo de la
reestructuración de la deuda con privados en el mes de agosto, se reinició
el ciclo de endeudamiento. Las presiones devaluatorias de los últimos meses
se moderaron gracias a las alquimias del ministro Guzmán. El resultado es
una entrega progresiva del financiamiento del déficit público al capital
financiero y la cancelación de deuda con el Banco Central. Además de la
emisión de títulos públicos atados al dólar (lo cual es una invitación a
presionar por más devaluación) y de títulos indexados por inflación (una
cobertura que se les niega a los asalariados), este lunes 9 de noviembre,
Economía emitió deuda por U$S 750 millones en favor de Pimco y Templeton. Es
una operación gravosa en favor de dos fondos especulativos que vinieron al
país a disfrutar de la “bicicleta financiera” en la era Macri: Guzmán les
canjeó deuda en pesos, que emite el país, por deuda en dólares, que emiten
los Estados Unidos y escasean en el Banco Central. No obstante, la paz
cambiaria es sumamente inestable y se puede romper en cualquier momento.

El lunes 26 de agosto de 2019, luego de triunfar en las PASO, Alberto
Fernández se reunió con la misión del FMI. El por entonces candidato fue
contundente: "Junto al Gobierno [de Macri] son responsables por la
catástrofe social”, les echó en cara a los enviados de Washington. También
afirmó, en tono de denuncia, que el préstamo más grande de la historia del
organismo se utilizó mayormente para financiar la fuga de capitales, algo
que contradice sus propios estatutos. Es cierto, el préstamo se lo fumaron
principalmente los grandes empresarios, que esconden sus riquezas en
paraísos fiscales. En gran medida, ocurrió lo mismo con la deuda contraída
por el Gobierno de Cambiemos con los lobos de Wall Street.

Así lo demostró un informe del Banco Central del mes de mayo: en total, U$S
86 mil millones se fugaron durante el macrismo. Lógicamente, el informe
obvió los U$S 102 mil millones que se fueron en los gobiernos kirchneristas.
El periodista Horacio Verbitsky develó que la fuga durante el gobierno
cambiemita fue ejecutada por Telefónica, Pampa Energía, General Motors,
Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más
empresas que figuran entre los 100 mayores fugadores. No obstante, tanto con
la deuda con el FMI como con los lobos de Wall Street, el Frente de Todos
decidió convalidar la estafa. En este sentido, hace honor a las mejores
tradiciones peronistas. En 1989, en campaña electoral, Carlos Menem prometió
repudiar la deuda externa, revolución productiva y salariazo. Una vez
presidente, entregó el país servido al capital financiero internacional.

En el 2001, el 75 % de los montos fugados en el medio de la crisis se
canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual
Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC (banco ahora
contratado por Martín Guzmán para instrumentar la restructuración) [13].
Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo encerraban en el “corralito”.
Ese ultraje lo perpetraron los bancos privados, mayormente los extranjeros,
que, como se dijo, habían pasado a concentrar la mayoría de los ahorros de
los argentinos gracias a las privatizaciones y la extranjerización.

Hoy, nuevamente, el sistema bancario y financiero actúa como el principal
instrumento de la fuga y de las maniobras devaluatorias. La nacionalización
de la banca mediante la expropiación de los bancos privados, la conformación
de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una
necesidad para terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales
y cuidar el ahorro nacional. Además, constituiría una herramienta para
financiar la obra pública (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar
créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares y ayuda para
los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.

Desde la dictadura hasta 2019 se pagaron más de USD 600 mil millones y la
deuda no paró de crecer: ascendió de U$S 8 mil millones antes del golpe de
Estado de 1976 a USD 324 mil millones en diciembre de 2019, de acuerdo a las
estadísticas del Ministerio de Economía. El desconocimiento soberano de la
deuda odiosa es una medida esencial para terminar con la decadencia infinita
a que somete la clase capitalista a las mayorías populares.

Notas 

[1] Brenta, N. (2008), Argentina atrapada. Historia de las Relaciones con el
FMI. 1956-2006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, p.
549. 

[2] Kennedy, D., & Graña, J. (noviembre de 2008), Salario Real, Costo
Laboral y Productividad. Argentina 1947-2006, Centro de Estudios sobre
Población, Empleo y Desarrollo (CEPED). Disponible:
http://157.92.136.59/download/docin/docin_ceped_d_012.pdf.  

[3] Kennedy, D., Pacífico, L., & Sánchez, M. A. (julio 2018), La masa
salarial y su composición según el vínculo laboral. Argentina. 1993-2017,
Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED). Disponible
en: https://drive.google.com/file/d/1CC42EeqSJ0GJy-avWKyuZh5uDiiQpF7Y/view.

[4] Mario Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina
(1880-2003), Emecé Editores, Buenos Aires, 2007, p. 606. 

[5] Brenta, N. (2019), Historia de la deuda externa argentina: de Martínez
de Hoz a Macri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual, p.
102. 

[6] Brenta, N. (2008), Argentina atrapada, p. 509. 

[7] Ibídem, p. 551. 

[8] Las condiciones de los préstamos de facilidades extendidas o Servicio
Ampliado del FMI (SAF) pueden leerse en el siguiente link:
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fun
d-Facility. 

[9] Brenta, N. (2008), Argentina atrapada, p. 551. 

[10] Para ver las consecuencias económico y sociales de las políticas del
FMI en Grecia se pude ver el informe que realizó Alejandro Bercovich en
Brotes Verdes durante el año 2018. Disponible acá:
https://www.youtube.com/watch?v=8kKEH7qEeZc.  

[11] CADTM (octubre de 2020), “El FMI y el Banco Mundial en la época del
coronavirus: La búsqueda fallida de una nueva imagen”, disponible en:
https://www.cadtm.org/El-FMI-y-el-Banco-Mundial-en-la-epoca-del-coronavirus-
La-busqueda-fallida-de#nh2-3.  

[12] Brenta, N. (2008) Argentina atrapada, p. 546. 

[13] Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de
Divisas de la Argentina durante el año 2001 (2005), Fuga de divisas en
Argentina 2001 / Informe final, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI
Editores Argentina / Flacso.

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