Perú/ Tiempos turbulentos. La caída de Merino y el ascenso de Sagasti [Sengo Pérez - Entrevistas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de noviembre 2020

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Perú



La caída de Merino y el ascenso de Sagasti

Tiempos turbulentos



La movilización popular barrió con la presidencia de Manuel Merino en menos
de una semana. Tras la derrota de la izquierda en el Congreso, el nuevo
presidente, un ingeniero con una larga carrera en organismos
internacionales, llama a poner fin a las protestas que piden una reforma
constitucional y a seguir un tránsito pacífico hacia las elecciones del año
próximo. Sin embargo, el descrédito de las instituciones llegó para
quedarse.



Sengo Pérez, desde Lima

Brecha, 20-11-2020

https://brecha.com.uy/



La movilización popular barrió con la presidencia de Manuel Merino en menos
de una semana. Tras la derrota de la izquierda en el Congreso, el nuevo
presidente, un ingeniero con una larga carrera en organismos
internacionales, llama a poner fin a las protestas que piden una reforma
constitucional y a seguir un tránsito pacífico hacia las elecciones del año
próximo. Sin embargo, el descrédito de las instituciones llegó para
quedarse.



Si hay algo estable en la política de Perú es la inestabilidad. Es difícil
encontrar un gobierno en este país que se haya visto interrumpido (y no son
pocos) sin dejar muertos y heridos. Y presidentes presos o procesados. El
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no fue la excepción; sin
embargo, los coletazos de su caída han sido más prolongados de lo habitual.
Tras Martín Vizcarra (2018-2020), destituido por el Congreso, y Manuel
Merino, obligado a renunciar tras cinco días en el cargo por las
multitudinarias manifestaciones en su contra, Francisco Sagasti asumió
finalmente el cargo de primer mandatario. Llegó allí en calidad de
presidente del Poder Legislativo y deberá dirigir un gobierno de transición
que entregará el mando en julio, tras las elecciones del 11 de abril.



La caída de Merino comenzó la noche del sábado con la muerte del joven
manifestante Jack Bryan Pintado, de 22 años, quien recibió diez perdigones
de plomo de la Policía: dos en el cráneo, dos en la cara, dos en el cuello,
dos en el tórax y dos en el brazo derecho. A Pintado le seguiría minutos
después Inti Sotelo, de 24, impactado por cuatro disparos policiales, uno de
ellos en el corazón. Jaqueado por los jóvenes en la calle, la situación del
fugaz presidente era insostenible. Sin embargo, por aquellas horas el
mandatario era inubicable hasta para el propio presidente del Consejo de
Ministros, Ántero Flores-Aráoz. Pasada la medianoche, ante la pregunta de un
medio de comunicación de qué le pediría al presidente, el jerarca respondía:
«Que me conteste el whatsapp», y respecto de una posible renuncia de Merino,
afirmaba no tener «ni la más remota idea». Flores-Aráoz ignoraba, también,
que ya habían dimitido la mayoría de sus 18 ministros.



Terruquero e indisciplina



Así de dramática, así de absurda era la situación en Perú el pasado fin de
semana. Solo, exigido por el Congreso y sin siquiera el apoyo de su partido,
Acción Popular, al mediodía del domingo Merino se dirigió al país para
anunciar su renuncia. Entonces comenzaron los cabildeos. La primera
candidata a ocupar la presidencia del Congreso, gracias a una lista
consensuada por los voceros de las bancadas presentes en una sesión de
emergencia, fue Rocío Silva-Santisteban, una diputada izquierdista,
defensora de los derechos humanos y poeta. De inmediato se dio rienda suelta
al terruqueo, peruanismo que consiste en descalificar al adversario como
terrorista o proterrorista por las razones más absurdas. «¡Para esto han
muerto dos jóvenes protestando en las calles! ¡Para que Julio Guzmán y su
bancada morada entreguen el país a la extrema izquierda! Mañana o esta misma
noche tendremos fuga de capitales, habrá despidos, parálisis de inversiones.
Yo, por principios, no puedo tener una “camarada” como presidente. Mi voto
es en contra», gritó con militar voz de mando Daniel Urresti, exgeneral que
fuera ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala y que está
acusado en la Justicia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos durante
los años de guerra interna en Ayacucho.



La disciplina partidaria no es una virtud del Legislativo peruano, por lo
que el consenso negociado tras la candidatura de Silva-Santisteban no se
reflejó en la votación. La idea rectora (reclamada al unísono por las
manifestaciones callejeras) era no postular a ningún congresista que hubiera
votado por la destitución de Vizcarra. Por supuesto, el hecho no era del
agrado de la mayoría de los diputados, que quedaban así descartados de
plano, y ese malestar se reflejó en la votación contra Silva-Santisteban.
Las horas avanzaban y Perú seguía sin presidente de la república ni del
Congreso. Afuera continuaba la represión.

Gestos tradicionales



El lunes hubo humo blanco. Se bajó la candidatura de la poeta y, finalmente,
con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, se impuso una lista
única, encabezada por Francisco Sagasti Hochhausler. Ingeniero industrial,
investigador y escritor de 76 años, Sagasti ocupó cargos públicos vinculados
a Ciencia y Tecnología en las dictaduras de Juan Velasco Alvarado
(1968-1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y como asesor del
Ministerio de Relaciones Exteriores en el primer mandato de Alan García
(1985-1990). El ingeniero también fue alto ejecutivo del Banco Mundial y
asesor de la Unesco, las Naciones Unidas, el BID, la CEPAL, la OEA, entre
otros organismos internacionales.



En su último discurso como legislador del centroderechista Partido Morado,
el ahora presidente llamó a la conciliación: «Tenemos una tarea conjunta
todos nosotros: debemos trabajar en el marco legal para prevenir los actos
de violencia en nuestro país […]. Cuando un peruano muere, más aún si es
joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al
luto se suma la indignación. No bastó la pandemia, la crisis económica,
tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para darnos cuenta de la
realidad y que nos motive a trabajar». Al día siguiente, ya investido en su
nueva función, realizó una autocrítica de la desprestigiada clase política
peruana y llamó a que esta mejore su nivel de credibilidad. Con la presencia
como invitados de honor de los familiares de los jóvenes muertos el sábado,
Sagasti les pidió perdón en nombre del Estado.



Anunció, además, pero sin ahondar mucho, algunas medidas generales en temas
como la corrupción, la educación y las dificultades en el acceso a la
educación a distancia (sólo el 3,7 por ciento de los hogares en las zonas
rurales tiene acceso a Internet, mientras que en el ámbito urbano, sin
considerar Lima, la penetración es del 35,7 por ciento. En la capital la
cifra llega al 61,8 por ciento). También se refirió al combate al covid-19 y
llamó a la unidad y a la paz social: «Debemos remediar esto con un sentido
de urgencia, dejando de lado los rencores y los resentimientos, aceptando
que es indispensable trabajar juntos y reconociendo que sólo con humildad y
generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron
los próceres de la independencia. Es necesario mantener la calma. No
confundamos esto, por favor, con pasividad, conformismo o resignación.
Tomemos estos tiempos turbulentos como el compromiso para todos los peruanos
y peruanas y cambiar esta situación».



El miércoles en la tarde presentó a su nuevo gabinete, compuesto por ocho
mujeres y diez hombres. Sorprendió el regreso de Pilar Mazzetti, responsable
de la salud en el gobierno de Vizcarra, una cartera que ha recibido feroces
críticas por su actuación durante la pandemia, que ya provocó más de 35.300
muertes en el país. La presidencia del Consejo de Ministros, en tanto, quedó
en manos de Violeta Bermúdez, una respetada abogada defensora de los
derechos de la mujer y activista feminista. Designados los nuevos cargos,
juraron la mayoría de ellos sobre la Biblia, por Dios y los Santos
Evangelios. Y con la amenaza de que, si no ocuparan el cargo con lealtad y
fidelidad, deberán rendir cuentas ante Dios y la patria…



Mientras tanto, como era de esperar siguiendo la tradición, el expresidente
Merino tendrá que vérselas con la Justicia: la Fiscalía ya abrió una
investigación preliminar contra él, su jefe de gabinete y su ministro del
Interior por «abuso de autoridad y homicidio doloso» en el caso de los
jóvenes muertos durante las protestas. Nadie puede, sin embargo, asegurar
tranquilidad en el futuro que se aproxima. Mientras Sagasti comienza la
transición de cara a las elecciones de abril, en la calle siguen muchos
jóvenes que no están conformes y exigen una nueva constitución que reemplace
a la heredada de los tiempos del fujimorismo.



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Con la historiadora Natalia Sobrevilla



«No hay convicción de igualdad»



Natalia Sobrevilla es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad
de Londres y desde 2007 enseña esa disciplina en la Universidad de Kent. Ha
publicado más de una docena de artículos sobre temas de historia política,
social y militar de los Andes. En este momento se encuentra terminando un
libro sobre el Ejército y la creación del Estado peruano en el siglo XIX.
Para ella, la causa histórica de la inestabilidad política en el Perú actual
es una sola: la desigualdad. «Muchos tienen poco y pocos tienen mucho», dice
a Brecha. «No hay convicción de igualdad, así de simple», agrega.



—¿Esto fue siempre así?



—Hubo intentos al inicio de la república de instaurar un sistema
representativo con un sistema extendido de educación, pero no se logró, por
falta de dinero o por intervención de la Iglesia, entre otras causas. Cuando
llegaron los liberales, abolieron la esclavitud y compensaron a los dueños,
mas no a los liberados. Abolieron también la contribución indígena, pero
posibilitando, finalmente, la compra de tierras a los hacendados. En ningún
caso hubo intentos de construir un Estado inclusivo ni de establecer una
base tributaria. Hasta el día de hoy no se quiere pagar impuestos. El país
se ha financiado con recursos naturales: el guano, el caucho, el petróleo,
los minerales. El resultado es un Estado que no depende de las personas y,
por ende, las deja sin derechos.



—¿Y en el siglo XX?



—José Carlos Mariátegui y la APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana]
surgen a principios de siglo con propuestas radicales, pero de escaso éxito.
Con Oscar Benavides [presidente en los períodos 1914-1915 y 1933-1939] se
dan algunos cambios progresivos en la seguridad social, y con Manuel Odría
[1948-1956] se amplían las carreteras y se crean grandes unidades escolares.
Pero siempre se mantiene el modelo exportador. Perú tiene el liberalismo
económico más arraigado de la región, con enormes desigualdades económicas,
étnicas, lingüísticas. Recién a partir de la década del 80 todos pueden
votar: hasta el 56 sólo votaban los hombres, luego se incorporaron las
mujeres, pero aún sólo quienes sabían escribir. A eso hay que sumarle la
proscripción histórica de partidos como la APRA y el Comunista.



—¿Y la revolución de Juan Velasco Alvarado?



—Velasco, en el fondo, lo que hizo fue evitar una revolución más profunda,
más radical. No es que la reforma agraria le entregara tierras a cada
campesino, sino a cooperativas formadas por ellos. Pero, finalmente, se
exacerbaron los conflictos, por el control del agua, de las mejores tierras.
En el campo de la educación, la reforma no sirvió realmente para aumentar
las oportunidades de los marginados.



—¿Qué cambia en los años setenta y ochenta?



—Los fenómenos migratorios de esos años hacen posible la aparición de nuevos
grupos de poder informales. Surgen personajes como «el rey de la papa» y «la
reina del maíz», nacen pequeños imperios empresariales y nuevos grupos que
no están ligados a los tradicionales. Además, la producción de cocaína se
filtra a la economía formal mediante las operaciones de lavado. Aparece la
minería informal, la extracción de madera. Todo eso genera dinero y
corrupción.



—Luego vienen tiempos violentos…



—El del 79 al 92 es un período de mucha inestabilidad, con el crecimiento
expansivo de la producción de droga, la monstruosa inflación del gobierno de
Alan García, la aparición violenta de Sendero Luminoso y la no menos
violenta reacción del Estado. A pesar de todo, Fernando Belaúnde [1980-1985]
y Alan García [1985-1990] llegan al poder con mayoría en el Congreso y
pueden gobernar sin mayores sobresaltos. No es el caso de [Alberto] Fujimori
[1990-2000], que entonces saca los tanques a la calle, disuelve el
Parlamento e impone una nueva Constitución, que sólo beneficia al poder
económico: incluye, por ejemplo, la aparición del sistema privado de
pensiones y la privatización de la salud y la educación. Exonera de
impuestos a la educación privada, transformándola en el tercer negocio más
lucrativo del país y disminuyendo su calidad. La exoneración se hizo
extensiva también a la gran minería.



—El sistema político tampoco ayuda a la estabilidad.



—No. A esta inestabilidad contribuye un sistema político que no es ni
presidencialista ni parlamentarista. Un híbrido en el que el Parlamento debe
darle su apoyo al presidente. Sin mayoría en él, no es posible gobernar. Eso
es clarísimo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que, con una mayoría
opositora fujimorista en el Congreso, termina renunciando tras una amenaza
de destitución. Los dos poderes tienen bombas para lanzarse uno al otro: así
lo hizo también el Ejecutivo al disolver el Congreso en el caso de [Martín]
Vizcarra. Pero, además, no hay un sistema realmente representativo, los
legisladores electos no dan cuenta de sus acciones a quienes los votaron, no
existe esta necesaria relación entre el representante y el representado. La
no reelección de los legisladores que fue votada recientemente no permite
construir carreras políticas: los congresistas saben que sólo van a estar
cinco años. Y en este último período las consecuencias fueron peores: sabían
que sólo iban a estar un año en funciones, en el que sólo responderían a los
intereses de quienes los pusieron en el Legislativo –como la minería
informal y algunas universidades–. Por otro lado, el rechazo a la
bicameralidad –por razones tan simples como el aumento del gasto del Estado,
el desprestigio de la clase política (que, se intuye, sólo asume para
engordar su billetera) y la posibilidad de que se saltaran la no reelección
transformándose en senadores– impidió que exista una Cámara Alta que pueda
contrapesar y subsanar las decisiones de la Cámara Baja y eso sólo aumenta
el desgobierno.



—¿Por dónde podría empezar un cambio para lograr mayor estabilidad política
en Perú?



—Una de las demandas más interesantes de estos días es el pedido de una
nueva Constitución, pero debe buscarse un modelo para formularla que no
implique a los congresistas, por el descrédito que tienen. Son necesarios
otros ámbitos de discusión, asambleas populares, consultas en las regiones.
Sería una buena forma de empezar a dejar de ser tan desiguales.



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Con el antropólogo Raúl Castro Pérez



Decepciones permanentes



Licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
magíster en Comunicación, Cultura y Sociedad por la Universidad de Londres,
Raúl Castro Pérez es en la actualidad decano de la carrera de Comunicación y
Publicidad de la Universidad Científica del Sur. Sus investigaciones se han
centrado en la juventud peruana, la violencia social y el uso de los medios
de comunicación.



—¿Cuál es la relación de los peruanos con la democracia?



—Pese a las severas crisis que hemos tenido en los últimos 20 años, los
peruanos nos aferramos a la idea de democracia, aun cuando tenemos una
altísima insatisfacción con ella, como indican permanentemente todos los
estudios de opinión, incluidos el Latinobarómetro y el Barómetro de las
Américas. Esta insatisfacción tiene que ver con la debilidad de las
instituciones, que demuestran estar cooptadas por la primacía de grupos de
interés cuyo papel en la arena política es únicamente gestionar en beneficio
propio.



—Hay mucha decepción popular…



—Los peruanos cargamos con decepciones permanentes desde la llegada a la
presidencia de Alejandro Toledo [2001-2006], en aquella fugaz primavera
democrática, con su Marcha de los Cuatro Suyos y sus acciones para tirar
abajo el espurio régimen de Alberto Fujimori. Toledo encarnó una nueva
narrativa en el siglo XXI: era quechuahablante, de un pueblo andino en la
sierra norte de Perú. Representaba una esperanza, pero cayó estrepitosamente
como el peor de los ladrones. Lo mismo ocurrió con el Humala de la segunda
postulación, cuando cambió el polo rojo por el blanco, alejándose de la
izquierda y jurando sobre la Biblia. Creo que no hay cambios radicales en el
horizonte. La crisis política en Perú es sistémica, la insatisfacción es
contra toda una clase política y esa insatisfacción puede hacernos oscilar
entre los extremos.



—¿Qué papel ha jugado la prensa?



—Los medios son parte de esas instituciones que despiertan insatisfacción.
En esta crisis, buena parte de la prensa ha jugado un papel poco decoroso,
actuando con poca responsabilidad y sin encuadrar la información
adecuadamente. ¿Vizcarra cometió delitos? Nadie niega que hay indicios en
ese sentido, pero en ningún momento la prensa peruana contextualizó toda
esta fanfarria informativa en el marco de la acción de grupos que hacen un
uso mercantil de la política y vienen demoliendo la credibilidad del
sistema. Los periodistas que ocupan cargos de dirección tendrían que hacer
un acto de constricción y reflexionar sobre su rol en estos hechos.



—¿Las protestas peruanas están relacionadas de alguna manera con lo que ha
ocurrido recientemente en Chile?



—Por supuesto. No es que haya habido una copia, sino que es una nueva
cultura política emergente, compartida por millones de personas con alta
competencia informativa y habilidades en las redes sociales, que tienen una
misma forma de ver el mundo, de resistir el mercantilismo que ha copado la
política. Son protestas llenas de despliegues artísticos, de performances,
en los que los manifestantes se movilizan pensando también en el producto
comunicativo, en el efecto en los medios sociales.



—¿Cuál fue el detonante de lo sucedido los últimos días?



—El detonante, la gasolina que prendió el fuego de una indignación ya
acumulada por los sucesivos actos de descaro mercantilista, con casos de
crimen organizado en el Poder Judicial, fue la lucha por la calidad de la
educación, la lucha en defensa de la llamada reforma universitaria,
comenzada bajo el gobierno de Vizcarra. Con la asunción de [Manuel] Merino
se hizo flagrante que la bancada Telesup (debido a que su líder y
financista, el congresista José Luna, es también dueño de la clausurada
universidad Telesup) quería maniobrar para darles una oportunidad más a sus
negociados. O sea, tenían ahora el camino libre para crear leyes con nombre
propio y aprovechar su situación de dominio y poder para beneficio
mercantil. Ello provocó una enorme indignación. Eso explica que sean los
estudiantes quienes mayoritariamente salieron a la calle, pues sienten
peligrar el camino de la reforma universitaria, un futuro basado en una
mejor educación para los jóvenes.



—¿Habrá cambios profundos?



—Está por verse, pero no lo creo. Hay, hasta ahora, un consenso alrededor de
la economía de mercado. Sí habrá demandas por un mayor monitoreo a la
gestión pública. Por otro lado, todavía hay recelo para con la izquierda por
la historia reciente de Sendero Luminoso. Después de esa insanía caímos en
el autoritarismo represor de Fujimori. Todo eso fue un proceso traumático,
que recién estamos dejando atrás.

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