México/ La rebelión feminista toma los edificios del Estado [Laura Castellanos]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de noviembre 2020

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México



La toma de edificios crece por parte de las feministas para presionar al
Estado



Laura Castellanos *

The Washington Post, 25-11-2020

https://www.washingtonpost.com/es/



La marcha del 25 de noviembre en la capital mexicana, que conmemoró el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fue
replicada en otros lugares del país, comprendió un abanico de expresiones
que fueron de las pacíficas a las radicales con destrozos, como parte de la
mayor rebelión feminista en la historia de México y una de las más notables
en el mundo.



La beligerancia mostrada por algunas de las manifestantes es una respuesta
desesperada, de contrataque simbólico, ante la crisis humanitaria provocada
por la violencia patriarcal incrementada en la última década. En estos meses
las mexicanas no solo han tomado las calles para protestar, también —cada
vez más— han recurrido a la apropiación de instalaciones educativas y
gubernamentales como mecanismo de exigencia para que cese dicha violencia.



De enero a octubre de 2020 se han registrado 777 feminicidios y 2,384
homicidios dolosos de mujeres, que representan la cifra más alta —hasta ese
mes— en los últimos cinco años. Este lustro tiene también el mayor reporte
de mujeres desaparecidas desde 1964, cuando inició el registro oficial de la
Comisión Nacional de Búsqueda: 35,968, de las cuáles 55% son menores de 18
años. Karla Quintana, la titular de la institución, ha advertido que hay un
indicador “escalofriante” que revelaría que mafias de trata sexual pueden
estar detrás, porque 90% de las menores tienen entre 10 y 17 años.



Esta insurrección surgió en agosto de 2019, cuando mujeres manifestantes que
protestaban contra agresiones policiacas, de forma inédita y a la luz del
día, realizaron acciones directas: actos fuera de la institucionalidad o
legalidad, algunos violentos, usados por movimientos emancipadores para
confrontar el orden social. Estas acciones han comprendido cristalazos,
pintas, cierres de vialidades, quema de objetos, y la toma de instalaciones
escolares y gubernamentales, entre otros.



La potencia de tal levantamiento ha sido la emergente cuarta ola feminista
mexicana, multiplicada por medio de decenas de colectivos, llamados por
ellas colectivas, que desde distintos frentes en el país confrontan las
diversas violencias patriarcales y pretenden construir relaciones de género
nutridas por la sororidad.



Para las estudiantes, las tomas de instalaciones han sido la acción directa
central como mecanismo de exigencia para erradicar el acoso sexual por parte
de maestros y alumnos. Las precursoras fueron las universitarias de las
facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, quienes permanecieron cerca de un semestre al
interior de los planteles.



La modalidad se replicó entre estudiantes de otros estados del país y
alumnas de nivel medio superior de la capital, aun durante la contingencia
sanitaria por el COVID-19, lo que ha obligado a la burocracia académica,
señalada por los colectivos feministas de encubrir a acosadores, a
responderles. En algunos casos, la respuesta ha sido el encubrimiento o la
cárcel en casos de destrozos, pero también las negociaciones exitosas.



Esta vía salió del ámbito escolar y ha puesto en escena a nuevas actoras
sociales, como las madres que tomaron las oficinas de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, en Ciudad de México, para presionar por la resolución
de los casos de sus familiares víctimas de violencia y convertir el lugar en
un refugio para mujeres violentadas. Pero 13 de las activistas han sido
citadas a declarar a la Fiscalía General de Justicia capitalina acusadas de
robo, daño a propiedad ajena y daño a inmuebles.



Yesenia Zamudio, una de las madres que participaron en la toma, logró
presionar por el caso de su hija María de Jesús Jaimes, para que fuera
reclasificado de “suicidio” a feminicidio. También obtuvo una disculpa
pública por parte del gobierno federal y las autoridades del Instituto
Politécnico Nacional, donde la joven estudiaba.



La acción directa motivó a otras mujeres a replicarla, de manera simbólica o
fugaz, en oficinas de derechos humanos de diversos lugares del país. Y
aunque las que irrumpieron en la sede de Ecatepec, Estado de México, fueron
desalojadas por la Policía, que las trasladó a la Fiscalía de Atizapán y
atacó a otro grupo de feministas y de reporteras que esperaban al exterior,
esa forma de lucha no ha sido suspendida.



Un centenar de otomíes, la mayoría mujeres y menores de edad, tomaron las
instalaciones centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también
en la capital, tras denunciar que la violencia institucional obstaculiza su
proceso de solicitud de créditos para viviendas y protestar por los ataques
paramilitares a comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. Se trata de
la primera apropiación de una sede federal en la historia de las
resistencias de los pueblos originarios.



De igual forma sorprende que esta modalidad haya irrumpido, el 24 de
noviembre, en el conservador estado de Puebla. Colectivos feministas, la
mayoría integrados por universitarias, han tomado pacíficamente las
instalaciones del Congreso local para exigir la instalación de una mesa de
negociación que de cauce a la legalización del aborto y la aplicación
efectiva del mecanismo de Alerta contra la violencia de género.



Ante esta crisis, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha
respondido con recortes que han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres.
Integrantes de 116 organizaciones del Frente Feminista Nacional, con
presencia en 25 de las 32 entidades del país, denunciaron que la política
gubernamental hacia las mujeres ha sido clientelar ­­ —generalmente
entregada de forma directa y no comunitaria— y para cubrir necesidades
básicas, no enfocada en cambiar la situación estructural, lo que en su
opinión ha hecho retroceder las condiciones sociales de las mujeres a las
que tenían en los años setenta.



Las integrantes del Frente señalaron además que la reducción de recursos
para programas de atención de cáncer en las mujeres, salud sexual y
reproductiva, y prevención y atención de las violencias de género, entre
otros impactos, provocará más muertes.



El Instituto Nacional de las Mujeres rechaza esas afirmaciones al señalar
que el gobierno duplicará los recursos en programas de igualdad entre
hombres y mujeres en el presupuesto de 2021, pero reconoce que ha habido
desaparición de programas y que su resignación presupuestal aún deberá
verificarse.



Ante la inmovilidad del Estado para hacer frente a la crisis humanitaria por
la violencia de género, tomar el espacio público para protestar y apropiarse
de los edificios, se ha convertido en la última alternativa de las mexicanas
para exigir su derecho a una vida libre de violencia, al aborto seguro y a
la justicia social.



* Es reportera feminista mexicana que escribe sobre subversión social,
autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

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