Argentina/ Desalojo de Guernica: la represión "razonable" en favor de los poderosos [Carla Libertad]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de octubre 2020

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Argentina



“Fue razonable”: el argumento presidencial para defender la decisión
política de reprimir en Guernica



En una entrevista radial con Gato Sylvestre, el presidente dijo que la
decisión fue del gobierno provincial y que se dio en términos razonables.
Con balazos de goma, gases lacrimógenos y topadoras, tomaron por sorpresa,
en la oscuridad de la madrugada, a 1500 familias pobres que reclaman tierra
para vivir.



Carla Libertad

La Izquierda Diario, 30-10-2020

https://www.laizquierdadiario.com/



En una entrevista radial con su periodista amigo el Gato Sylvestre, el
presidente Alberto Fernández avaló el violento desalojo que sufrieron las
1500 familias en el predio de Guernica, el jueves. Aunque continúa afirmando
que "es un conflicto social, no es un conflicto penal", apoyó la resolución
represiva, aclarando que no fue él quien resolvió, si no el gobernador
Kicillof y la justicia provincial. Lo mismo dijo con respecto a la orden de
la justicia de Entre Ríos, ejecutada Gustavo Bordet del Frente de Todos, en
favor de los varones de la oligárquica familia Etchevere: "una decisión de
las provincias, de las justicias provinciales y de los gobernadores".



Además, Fernández aseguró que se llegó a un acuerdo con 600 familias y que
luego "quedó un remanente de personas que toman tierras con fines económicos
con la necesidad de la gente y sectores que tenían una clara intencionalidad
política. La Justicia ya había tomado una decisión. Postergó una y otra vez
la decisión de sacar esta gente de las tierras. Hasta que al final dio una
orden".



Inventar un relato para criminalizar a las víctimas de la represión es una
astucia necesaria para un gobierno con una amplia base social progresista y
popular. El remanente son las víctimas de la represión. Y el supuesto
acuerdo no fue tal, pues el gobierno provincial lo retiró unilateralmente,
luego de que las familias mostraran desconfianza porque presentaba cláusulas
secretas, que no permitían conocer quiénes sería precisamente los
beneficiarios de las propuestas habitacionales.



La represión razonable que puso las cosas en orden



El megaoperativo policial que desplegó 4000 efectivos contra niños, niñas,
mujeres y familias enteras, estuvo comandado por Sergio Berni, quien tuvo
tiempo de hacer una cobertura desde su helicóptero con una periodista de TN
a bordo. Para el momento en que alumbraba la luz del sol, el ministro
anunció: "ya está todo desalojado". Con balazos de goma, gases lacrimógenos
y topadoras irrumpieron en en la oscuridad de la madrugada, tomando por
sorpresa a las familias, ya que el propio Berni se había encargado de vender
pescado podrido a través de los medios de comunicación oficialistas y de la
"corpo", con la información falsa de que el operativo se realizaría el
siguiente lunes en horario diurno. Prendieron fuego las casillas y
destruyeron las pocas pertenencias de quienes luchan por tierra para vivir,
colchones, juguetes, documentos de identidad. Además utilizaron los campos
privados de la familia de Guido Giana, el concejal de Juntos por el Cambio,
para mantener personas detenidas.



Para Alberto Fernández, todo este procedimiento estuvo bien. Dijo que la
orden de la Justicia "se cumplió en términos razonables, no hubo gente
herida, no tuvimos que lamentar una muerte que eso hubiera sido terrible. Y
la cosa se puso en orden".



Es decir que, aún opinando que la policía podría haber asesinado, como
ocurrió en el desalojo del Parque Indoamericano en 2010, la decisión
política de dar vía libre la represión se afrontó con total firmeza.



Una orden de desalojo ilegítima en favor de los poderosos



El gobierno tomó la decisión política de reprimir familias pobres para
favorecer el negocio de los poderosos. Eligió entregar esos terrenos para la
construcción de countris y campos de golf como prometió la intendenta
Cantero, pisoteando el derecho a la vivienda y los derechos de la infancia.
Nora Cortiñas adelantó que junto a organizaciones de derecho humanos,
recurrirán a "organismos internacionales por la violación de pactos
internacionales y hasta de la Constitución Argentina”. Es lamentable que los
funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también
avalaron el accionar represivo.



El Frente de Todos asumió con promesas de una reforma de la justicia y una
épica de enfrentarse al poder judicial que defiende a los poderosos. Y a la
hora de gobernar, se llevó adelante una orden judicial de desalojo
completamente ilegítima. Porque los denunciantes no pudieron acreditar
títulos de propiedad. Porque se reprimieron familias con niños. Porque se
confió en fiscales que dijeron que las madres usan a los niños como escudo y
que en el desalojo se sacaron una selfie con el paisaje del humo y la
represión de fondo.



Y porque se trata de un problema social. La emergencia de recuperación de
terrenos deshabitados por familias sin techo, no es la obra de delincuentes
con vocación de usurpación, ni tampoco de la Izquierda que siempre estuvo
del lado de las luchas del pueblo trabajador; como propagandiza el
oficialismo, junto a la oposición y los medios de comunicación. Si no, la
respuesta de miles de personas que quedaron desocupadas en medio de la
pandemia y tuvieron que buscar un lugar para vivir. De esta misma manera
surgieron, década tras década, cientos de barrios populares en todo el país
que hasta el día de hoy siguen sin estar completamente urbanizados, sin
cloacas, sin agua, sin gas.



Argentina es uno de los países donde más aumentó la desigualdad social en la
crisis que acompaña la pandemia. Los sectores de poder incrementaron sus
riquezas y los sectores populares se empobrecieron aún más. Respondiéndole a
derecha y a hablándole a los ricos, Fernández aclara que "la propiedad
privada en la Argentina nunca estuvo en discusión". Claro, no se refiere a
las pobres pertenencias de estas familias que fueron arrasadas por el poder
de fuego del Estado. Si no al orden social que perpetúa la desigualdad.



El gobierno de Todos contra el pueblo trabajador y pobre



Se cayó el relato progresista y nacional del Gobierno. No hay grietas cuando
se trata de reprimir a los pobres y sus hijos, de atacar los derechos más
elementales del pueblo, como lo son la vivienda o el trabajo. Patricia
Bulrich reclama al presidente poner orden en los campos de Etchevere y orden
impone el partido de gobierno.



El FMI pide un presupuesto de ajuste lo votan el oficialismo y la oposición
exige más recorte. El impuesto a las grandes fortunas duerme en un cajón,
mientras se beneficia las ganancias de todo el empresariado con rebajas de
impuestos, pago de salarios y se premia a los sectores que pujan por la
devaluación emitiendo bonos atados a la evolución futura del dólar. Estas
políticas son las que explican el aumento de la desigualdad. Estas son las
bases para el acuerdo nacional que pidió Cristina Kirchner en su carta,
donde recuerda que en sus 12 años de gobierno, los empresarios se la
llevaron en pala.



Pero el reclamo de tierra para vivir y las consecuentes experiencias de
solidaridad, organización y lucha de miles de personas, no cesarán por el
escándalo mediático de los poderosos que apelan a las sagradas escrituras de
la propiedad privada, ni por las manipulaciones de funcionarios políticos
como Larroque y la represión despiadada del Estado. Las familias de Guernica
siguen el pie de lucha, buscando las vías para continuar su pelea por una
vivienda para sus hijos. La misma determinación tienen otros miles a lo
largo y ancho del país.

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