Venezuela/ Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana. [Bram Ebus]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de abril 2021

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Venezuela



Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana



En la selva a lo largo de la frontera colombo-venezolana, guerrilleros,
criminales y elementos oscuros del Estado se disputan el control de los
negocios ilícitos. La reciente arremetida de Venezuela contra uno de los
grupos armados ha aumentado las tensiones. Bogotá y Caracas deben moderar su
guerra de palabras y trabajar para prevenir una escalada bilateral
indeseada.



Bram Ebus, desde Bogotá

Inter Press Service (IPS), 29-4-2021

http://www.ipsnoticias.net/



En las primeras horas del 21 de marzo, el ruido de los aviones de combate
presagiaba que Venezuela se habría convertido en otro escenario del largo
conflicto interno colombiano.



Esa mañana, el ejército venezolano lanzó su primera operación a gran escala
contra una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) activa en Apure, un estado venezolano que bordea la frontera
colombiana desde los Andes en el oeste, a lo largo del río Meta, y hasta el
río Orinoco en el este.



Esta acción dio inicio a una serie de enfrentamientos que hasta ahora han
cobrado la vida de al menos ocho soldados venezolanos, con un número aún no
determinado de bajas adicionales reportadas el fin de semana pasado, y nueve
presuntos guerrilleros colombianos.



Las relaciones entre los dos países, ya de por sí bastante mala, han
empeorado a medida que los líderes de Bogotá y Caracas intercambian insultos
y se culpan mutuamente por los civiles desplazados debido a los combates.



Entre tanto, ambos envían refuerzos militares a los puestos fronterizos. Los
hechos en Apure han estado en los titulares de prensa de ambos países,
poniendo en evidencia lo que lleva sucediendo de manera más silenciosa en
gran parte de la frontera: la guerrilla colombiana ha penetrado más
profundamente en territorio venezolano.



Los brotes de violencia han sido durante mucho tiempo la norma a lo largo de
los 2200 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo,
los últimos años han marcado una peligrosa escalada, involucrando más y más
fuerzas rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y
criminales.



De un lado de la frontera, Venezuela sufre la peor crisis económica y
humanitaria de su historia. Del otro, Colombia enfrenta las secuelas de más
de 50 años de conflicto que el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y
las FARC debía haber dado por terminado.



Aunque las FARC se desmovilizaron gracias al proceso de paz, algunos de sus
antiguos miembros ahora luchan como parte de grupos disidentes que se
formaron después de la firma del acuerdo.



En marzo de 2020, Colombia y Venezuela cerraron sus fronteras debido a la
pandemia de covid-19. Pero en lugar de detener el tráfico fronterizo, el
cierre fomentó el tráfico ilegal de mercancías y personas por los cruces
ilegales que están bajo el control de grupos armados.



El flujo de refugiados y contrabando de Venezuela a Colombia ha seguido sin
pausa; drogas y hombres armados cruzan en sentido contrario. Los grupos
rebeldes colombianos niegan tener combatientes en Venezuela, o les restan
importancia a las cifras, como, hasta hace poco, lo hacía el gobierno del
presidente Nicolás Maduro en Caracas.



Pero es innegable que las guerrillas están ahí y que sus filas crecen.



Para comprender mejor la dinámica entre las comunidades, los grupos armados
y las autoridades estatales a lo largo de esta tensa frontera, que siempre
están cambiando, Crisis Group visitó su extremo sur, donde queda el estado
venezolano de Amazonas.



Adicionalmente, fuentes confiables han proporcionado a Crisis Group
fotografías, videos y grabaciones de audio que confirman actividades tanto
de disidentes de las FARC como de combatientes uniformados del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla colombiana, en el estado Amazonas
y otras partes de Venezuela.



Donde se encuentran el Meta y el Orinoco



Temprano en la mañana, los residentes de Puerto Carreño, un municipio en el
departamento colombiano del Vichada, donde el río Meta se encuentra con el
Orinoco, ofrecen baldes de pescado fresco.



Hacia la orilla oriental del Orinoco, el sol nace sobre la densa línea de
árboles de la selva amazónica venezolana. Se estima que 4300 migrantes y
refugiados venezolanos se han asentado en el municipio, que tiene una
población total de 20 000 habitantes.



Algunos recorren la población en busca de desechos que puedan ser vendidos
como reciclaje; otros se reúnen alrededor de los camiones mientras éstos
descargan en un basurero cercano.



Los cruces fronterizos del Orinoco están oficialmente cerrados. Los
pobladores que cruzan la frontera suelen ser objeto de amenazas y extorsión,
usualmente por parte de alguno de los grupos armados que se han establecido
en la zona.



Estos grupos incluyen a disidencias de las FARC, el ELN, el grupo delictivo
local Los Puntilleros del Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, un grupo sucesor de los paramilitares. Estas organizaciones hacen
y deshacen alianzas entre sí, aunque con poco derramamiento de sangre,
mientras luchan por el control del tráfico de drogas y otras economías
ilegales.



En Puerto Carreño, hay un batallón del ejército colombiano, una unidad de la
Policía Nacional y una brigada naval que patrulla los ríos. Pero no son
frecuentes los enfrentamientos entre la fuerza pública colombiana y los
grupos armados.



Algunas fuentes, incluidos algunos funcionarios locales, alegan que miembros
corruptos del ejército colaboran con grupos armados no estatales, pero la
mayoría dicen que las partes no tienen más que un entendimiento tácito
destinado a prevenir la violencia.



“Aquí, [los grupos armados no estatales] aprendieron a llevarse bien con la
fuerza pública”, explicó un funcionario, argumentando que una violencia más
abierta resulta en una mayor presencia de tropas, lo cual es malo para los
negocios.



El silencio es fundamental para el lucrativo tráfico a través de los
múltiples ríos más pequeños que pasan por el Vichada hacia el Orinoco y la
frontera venezolana. Tanto Família do Norte como Comando Vermelho, grupos
criminales brasileños, tienen intereses en el sureste de Venezuela y las
zonas fronterizas de Colombia.



Un funcionario local de los aparatos de seguridad afirma que Vichada es uno
de los corredores más importantes para el comercio de cocaína y pasta de
coca. Una parte importante de la producción de departamentos cocaleros como
Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca pasan por el Vichada hacia Venezuela.



Relaciones turbulentas con la población



Migrantes venezolanos en el lado colombiano del Orinoco dicen que la
presencia de la guerrilla en su país, que se remonta varias décadas atrás,
comenzó a incrementarse en 2016, cuando el acuerdo de paz de Colombia entró
en vigencia y los excombatientes de las FARC vieron la oportunidad de
conseguir dinero fácil a través de la minería ilegal de oro al otro lado de
la frontera.



Ahora, tanto los disidentes de las FARC como los combatientes del ELN
circulan libremente por la Amazonía venezolana. Algunos de los rebeldes en
el estado Amazonas viven en lugares fijos donde cultivan sus propios
alimentos, crían su propio ganado y almacenan la carne en refrigeradores que
han instalado. Otros permanecen en movimiento, haciendo solo pequeños
campamentos temporales.



En el material recibido por Crisis Group queda clara la difícil relación
entre la guerrilla y la población. En un video, se puede ver a un
combatiente de las disidencias de las FARC empuñando una ametralladora
mientras se dirige a un grupo de indígenas que se ven inquietos.



No deben temer a la guerrilla, afirma, la cual está en Venezuela para
defenderla de mayores peligros que, según alega, acechan en Colombia. “El
motivo de nuestra presencia es porque si algún soldado yanqui o colombiano
pisa la frontera de la patria de [el héroe independentista sudamericano
Simón] Bolívar, estaremos dispuestos a dar la vida”, dice.



Los hombres indígenas lo miran con ira e incredulidad.



Las comunidades indígenas que viven en las profundidades de la selva
amazónica venezolana están en buena medida aisladas del mundo exterior. La
desnutrición y enfermedades que serían tratables en otros lugares amenazan
la existencia de algunos de estos pueblos.



Las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación que
intentan llegar a estas áreas se encuentran con restricciones a la movilidad
por parte de las autoridades militares y grupos guerrilleros. Las conexiones
de internet y telefónicas son intermitentes o inexistentes, y los cortes de
energía son frecuentes.



Además de esto, el país enfrenta una grave escasez de combustible, resultado
del colapso de la industria petrolera y las sanciones estadounidenses, y el
combustible venezolano que llega a Amazonas termina en manos de organismos
estatales locales que lo venden a las minas de oro a precios inflados.



También se trafica combustible a través de la frontera desde Colombia, en
complicidad con la guerrilla, y termina en las mismas minas de oro.
Prácticamente no hay combustible para nadie más.



En estas circunstancias, se podría pensar que la guerrilla colombiana
trataría de ganarse a la población local ofreciendo servicios públicos,
tratando de funcionar como una especie de gobierno en una región sin
presencia gubernamental.



Tanto las FARC como el ELN lo han hecho en Colombia, y ambos parecen querer
aprovechar la crisis económica venezolana.



“El socialismo ya no puede seguir dando y haciendo cosas”, les dice un
comandante de las disidencias de las FARC a miembros de la comunidad
indígena en el estado Amazonas, reflexionando sobre la reducción del apoyo
estatal desde el auge petrolero del fallecido presidente Hugo Chávez.



Representantes de las disidencias y del ELN afirman en varias grabaciones
que ellos ayudan a las comunidades y les brindan seguridad.



Sin embargo, la investigación de Crisis Group ha encontrado que tales
esfuerzos para proveer servicios en el sur de Venezuela rara vez se llevan a
cabo de una manera que genere afecto entre los pobladores, aunque, como se
señala a continuación, las unidades del ELN parecen esforzarse más que las
disidencias de las FARC.



En algunos pueblos, la guerrilla les paga a los maestros de escuela, pero
también intenta decidir qué se incluye en el programa educativo. En
ocasiones, pagan por el transporte de enfermos a centros médicos, pero en
otras ocasiones, cobran por dejar pasar embarcaciones o vehículos a través
de sus puestos de control. Casi todo tiene un precio.



Al mismo tiempo, las guerrillas también intentan comprar influencias.
Pequeñas delegaciones de las disidencias han visitado veredas a lo largo de
Amazonas, prometiendo autos, motos y “maletas de dinero” a los líderes
indígenas que respalden su presencia. Algunos pobladores manifestaron que
han visto a miembros de un grupo defensor de derechos indígena en vehículos
nuevos.



“Algunas comunidades cedieron, porque las compraron”, dice un líder indígena
de Amazonas. “Compran la conciencia de las personas”. La fuente se queja de
que algunos líderes guerrilleros a veces invitan a muchachas del pueblo para
embriagarlas en sus campamentos. Colaboradores locales, o milicianos,
reciben alrededor de $8 dólares por día por entregar información y realizar
tareas.



Muchos dicen que estos intentos de cooptar y aprovecharse de la población
local han resultado enfrentando a las comunidades entre sí, debido a las
acaloradas disputas sobre las actividades de la guerrilla.



Algunos líderes comunitarios están molestos por estos problemas sociales,
así como por el daño cultural y ambiental que estos grupos causan con su
presencia y la extracción ilegal de oro. Otros líderes se dejan deslumbrar
por las ofertas materiales y ceden, mientras otros se niegan.



“Nosotros no nos dejamos convencer” dijo un líder indígena. “Les dijimos,
¿para qué ustedes tienen que resguardarnos cuando ya tenemos el ejército
nacional, la guardia nacional? No queremos otra gente extraña por nuestra
comunidad, y armados mucho menos, no estamos acostumbrados a ver personas
así”, añade.



Los guerrilleros usan cada vez más sus propios uniformes, exhiben armas,
aparecen en público junto a funcionarios del gobierno y se asocian con las
autoridades estatales de cualquier manera posible», subraya



Mientras tanto, los guerrilleros usan cada vez más sus propios uniformes,
exhiben armas, aparecen en público junto a funcionarios del gobierno y se
asocian con las autoridades estatales de cualquier manera posible.



En un video, un hombre que se presenta como miembro de las FARC, pero viste
con una gorra y camisa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela,
le habla a una multitud indígena.



En otra grabación de audio, un comandante de las disidencias dice: “Nosotros
somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores
y tenemos que consultar también con el gobierno. Con el gobierno, comenzando
con gobernación, alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas
con el PSUV”.



Varias fuentes indígenas dicen que la guerrilla del ELN es más respetuosa
con los pobladores locales que las disidencias de las FARC y las fuerzas
armadas. Según informes, extorsionan menos que las disidencias e impiden que
las violentas bandas mineras del vecino estado Bolívar, llamadas sindicatos,
entren en Amazonas.



Hay casos en los que grupos indígenas han exigido que la guerrilla se
abstenga de ingresar a su territorio: el ELN ha respetado la exigencia y las
disidencias no. Según informes, el ELN también ha implementado algo de orden
público, aunque de manera cruda y sumaria, que incluye ejecuciones, tanto en
las minas como en la capital del estado, Puerto Ayacucho.



A pesar de la brutalidad, algunos pobladores lo aprueban; le atribuyen a la
“limpieza social” del ELN, como se conoce comúnmente la práctica, haber
reducido drásticamente la tasa de criminalidad de la población.



“Puerto Ayacucho estaba sufriendo una terrible ola de criminalidad”, explica
un exagente de inteligencia venezolano. “Cuando empezó la limpieza, la gente
incluso les había pedido que actuaran”, añade.



Algunos indígenas se han rebelado contra la guerrilla. En 2020, según
fuentes locales, cientos de personas, algunos portando arcos y flechas,
increparon a un grupo de disidencias de las FARC.



Le dijeron a un comandante: “¿Cómo pueden venir aquí a imponer sus normas,
si ni siquiera pueden arreglar su propio país?” Otros indígenas han
amenazado con retirar equipos de minería y bloquear el acceso a los ríos.



Colaboración y conflicto



Existe evidencia de colaboración entre las guerrillas colombianas y las
autoridades venezolanas. Los medios colombianos que simpatizan con el
gobierno mencionan regularmente informes de inteligencia sobre presuntas
actividades guerrilleras en suelo venezolano y tienden a afirmar que las
altas esferas del Estado venezolano protegen a los grupos armados, aunque
estos reportajes están moldeados por la hostilidad de Bogotá hacia Caracas.



Un video en manos de Crisis Group muestra a un comandante explicándole a
pobladores locales que Venezuela necesita “amigos” y que las disidencias de
las FARC y el ELN están allí para ayudar al gobierno de Nicolás Maduro.



Un informe reciente de Crisis Group sobre la frontera encontró que las
autoridades venezolanas de hecho han dependido del ELN para reforzar su
control sobre áreas fronterizas sensibles en los últimos dos años, lo que
sugiere que puede haber un respaldo gubernamental de alto nivel a ese grupo.



Sin embargo, las relaciones entre los grupos armados y el Estado venezolano
están lejos de ser sencillas. Los enfrentamientos entre las guerrillas
colombianas y las fuerzas venezolanas no escasean.



En 2018, el ELN mató a tres soldados y sufrió pérdidas indeterminadas en un
tiroteo luego de que la Guardia Nacional venezolana detuviera a un
comandante guerrillero llamado Luis Felipe Ortega Bernal, también conocido
como Garganta.



El mayor número de víctimas en estos enfrentamientos se registró en
septiembre de 2020 en Apure, cuando al menos quince rebeldes y cuatro
soldados murieron en un tiroteo entre disidentes de las FARC y el ejército
venezolano. Los combates de Apure que iniciaron en marzo, han resultado en
el desplazamiento de unas 6000 personas, quienes han cruzado la frontera
hacia Colombia.



Sin embargo, incluso si las cosas a veces se salen de control, la ira del
gobierno de Maduro con los grupos guerrilleros no parece durar mucho. Según
observadores locales, después de un tiempo en la cárcel en Caracas, Garganta
fue liberado en diciembre de 2020 y nuevamente opera cerca de la frontera.



El ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en negocios ilícitos
similares, tales como el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, y
ambos trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de
seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propias rutas de tráfico
y envíos de contrabando por separado», aseguraron.



Qué explica los cambios aparentemente repentinos de la colaboración con el
Estado venezolano a la confrontación directa y viceversa?



A lo largo del Orinoco, como en otras partes de la frontera, los vínculos
entre grupos armados, funcionarios estatales y residentes son relaciones
frágiles arraigadas en el interés propio.



El ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en negocios ilícitos
similares, tales como el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, y
ambos trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de
seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propias rutas de tráfico
y envíos de contrabando por separado.



Las alianzas parecen depender más de las ganancias que de la ideología o la
posición geopolítica.



Como ha informado Crisis Group, hasta hace poco, grupos que surgieron de los
paramilitares de derecha en Colombia, particularmente los Rastrojos, estaban
actuando en complicidad con oficiales de seguridad venezolanos (formalmente
simpatizantes del chavismo, el credo populista de izquierda del gobierno de
Maduro) en el estado fronterizo de Táchira.



Dicho esto, el gobierno de Caracas interviene en la región fronteriza cuando
siente que sus intereses estratégicos están en juego; por ejemplo, cuando
las fuerzas de seguridad locales han formado vínculos con grupos armados de
los que, por alguna razón, desconfía.



Además, las disputas por dinero también pueden romper alianzas.
Malentendidos, incursiones en territorios ajenos o la aparición de caras
nuevas que intentan dejar su huella alterando entendimientos o dinámicas
previas pueden fácilmente convertir la cooperación en una competencia
violenta.



La ofensiva militar venezolana en Apure, por ejemplo, parece ser el
resultado de las crecientes tensiones entre el ejército y una facción de las
disidencias de las FARC, el Frente Décimo, por la distribución de las
ganancias ilícitas y el control territorial. Informes de fuentes locales,
funcionarios judiciales y expertos en seguridad sugieren que el grupo
disidente se volvió demasiado ambicioso, no hizo los pagos requeridos a los
militares y se convirtió en una piedra en el zapato de otros grupos armados
no estatales que cuentan con un mayor respaldo en Caracas.



Una diversidad de grupos armados



Los brotes de violencia también se deben en gran parte al alto número de
grupos armados que compiten por obtener ganancias. Las guerrillas
colombianas tienen una larga historia en Venezuela, con una presencia del
ELN que se remonta a unos 40 años. Pero los grupos han crecido rápidamente
en los últimos años.



Un militante del ELN dijo que las guerrillas estaban involucradas en la
minería en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, desde al menos 2006.
Ahora, el grupo opera en todos los estados del sur y, según varias fuentes,
es la fuerza guerrillera más influyente en Amazonas.



En cuanto a las disidencias de las FARC, ahora están presentes en cada uno
de los siete municipios del estado Amazonas. La facción disidente de las
FARC dominante en el estado se denomina Acacio Medina, un grupo de alrededor
de 280 disidentes y nuevos reclutas que continúan usando la retórica de las
FARC para justificar su control territorial en partes de varios municipios.



La Acacio Medina está representada por Jhon 40, su comandante de mayor
rango, y Julián Chollo, quien dirige las operaciones en campo. Sus
actividades se concentran en la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la
extorsión.



Una segunda facción disidente, Segunda Marquetalia, también ha empezado a
enviar emisarios al estado Amazonas, aunque sigue siendo más notoria en
Colombia. El grupo, que lleva el nombre del área donde inicialmente se
formaron las FARC tras una ofensiva militar en 1964, fue anunciado hace dos
años por Iván Márquez, un excomandante de alto rango de las FARC y exjefe
negociador del acuerdo de paz de 2016.



Además de intentar resucitar antiguos frentes de las FARC en Colombia,
Segunda Marquetalia ha establecido alianzas con grupos con mayor influencia
sobre el terreno en Venezuela.



La facción Acacio Medina parece ser aliada de la Segunda Marquetalia, al
igual que del Frente Primero, uno de los mayores grupos disidentes de las
FARC, encabezado por alias Iván Mordisco, y ubicado principalmente en el
sureste de Colombia. Según informes, la Acacio Medina proporciona logística
y recursos para ambas facciones rebeldes.



Lo que agrupa a todas las facciones, lo que “las une”, en palabras de un
miembro de las fuerzas de seguridad colombianas, es la economía ilegal en
auge en Amazonas y sus esfuerzos por beneficiarse de ella.



La región es un importante corredor para el narcotráfico hacia Brasil y en
avionetas hacia Centroamérica, pero el oro es el mayor atractivo. La crisis
económica venezolana ha hecho que el oro (al igual que el coltán en menor
escala) sea muy atractivo ya que la hiperinflación está reduciendo el valor
de la moneda nacional, el bolívar.



Muchas familias han emigrado a distritos mineros. Los maestros los han
seguido hacia los pueblos improvisados cerca de las minas, tanto para dar
clases por unos 3,5 gramos de oro mensuales, como para buscar oro ellos
mismos.



La industria no regulada es óptima para ser explotada por quienes tienen
armas y la voluntad de usarlas. “La guerrilla se aprovecha de esta situación
crítica que atravesamos”, dijo un líder indígena de Amazonas.



Las guerrillas manejan algunas de las minas y cobran una especie de impuesto
en oro de otras. El ELN, en particular, controla muchas de las cada vez más
minas ilegales en territorio venezolano.



En el parque nacional Yapacana, los sitios de extracción ilegal de oro
ocupan más de 2200 hectáreas de tierra, causando enormes daños a ecosistemas
frágiles. Las dragas abundan en los ríos, mientras que las excavadoras
devoradoras de combustible desgarran la tierra, arrancando grandes
cantidades de árboles y otra vegetación.



Los pobladores informan que funcionarios estatales corruptos vuelan a
Yapacana en helicópteros para recoger su tajada del oro que recolectan las
guerrillas.



Un contrabandista venezolano, que asegura haber sido oficial del ejército,
dice que ofrece oro de una mina en el municipio de Manapiare, en el este de
Amazonas, para la venta en Puerto Carreño en el lado colombiano de la
frontera.



Explica que el ELN exige un porcentaje del oro extraído por los propietarios
de equipos mineros, pero permite que los mineros indígenas de pequeña escala
se queden con lo que encuentran.



Él y otros venden pequeñas cantidades en Puerto Carreño a precios inferiores
a los del mercado, pero los protocolos de pago son diferentes para quienes
buscan cantidades que sobrepasen el kilogramo. “Entonces hay que llevar el
dinero en efectivo a las minas para comprar oro”, dice. ¿Cómo se lleva el
oro a Colombia? “En piñas”, sonríe.



Desconfianza mutua



En Caracas y Bogotá, los dos gobiernos parecen menos interesados en lo que
hacen varios grupos armados a lo largo de la frontera que en intercambiar
insultos para complacer a sus respectivas bases.



A principios de 2019, en un momento de intensas tensiones políticas en
Caracas, Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas.



En declaraciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo
año, el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que tenía “pruebas
fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos
criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra
Colombia”.



Tras la ofensiva en Apure, el gobierno de Duque ha insistido en que las
autoridades venezolanas solo actúan de forma selectiva contra determinados
grupos en su afán por “controlar el narcotráfico” en la zona.



Por su parte, líderes venezolanos han respondido que el objetivo de su
ejército son grupos guerrilleros que forman parte de una campaña
colombo-estadounidense para “crear las condiciones necesarias para
justificar una intervención imperialista”.



En una rueda de prensa, el presidente Maduro hizo acusaciones directas:
“¡Han traído métodos sucios, asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela
y lo condeno!”



Los peligros reales (fricciones entre comunidades locales, violencia contra
la población y la creciente crisis humanitaria) en Amazonas, Apure y en
otros lugares a lo largo de la frontera siguen sin resolverse», añadió



Si bien hay poco que sugiera que los grupos armados colombianos en Venezuela
sean una conspiración imperialista o un instrumento chavista para atacar a
Colombia, es probable que este cruce de insultos continúe mientras los dos
países sigan escalando sus tensiones bilaterales.



Mientras tanto, los peligros reales (fricciones entre comunidades locales,
violencia contra la población y la creciente crisis humanitaria) en
Amazonas, Apure y en otros lugares a lo largo de la frontera siguen sin
resolverse.



No solo es un problema para las comunidades que están siendo victimizadas,
sino que crea una atmósfera de inseguridad donde los movimientos erráticos
de bandas rebeldes fragmentadas, o una respuesta mal calculada de las
fuerzas de seguridad, podrían llevar a los dos Estados a una confrontación
mutua, puede que no por diseño, si no por un error de juicio o de cálculo.



Ninguno de los dos países se vería beneficiado por el choque entre sus
ejércitos, y mucho menos los pobladores empobrecidos que viven a lo largo de
la frontera.



En este contexto, los llamados para establecer un canal de comunicación
entre Bogotá y Caracas, potencialmente con apoyo multilateral, se han
intensificado en al menos algunos flancos en las últimas semanas.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, le ha solicitado directamente al
secretario general de la ONU que utilice sus “buenos oficios” para ayudar a
crear un canal de comunicación con Colombia, una solicitud ante la cual
Bogotá ha mostrado poco interés, mientras que un grupo de 60 organizaciones
de la sociedad civil de ambos países han pedido que se designe un enviado de
la ONU para la región fronteriza.



La desconfianza entre los vecinos podría frustrar estos esfuerzos.



Pero sin una vía de comunicación entre los dos gobiernos, incluso mientras
se acusan mutuamente de patrocinar a grupos armados, cualquier concentración
militar cerca de la frontera, estallido de violencia u ofensiva guerrillera
podría malinterpretarse como un complot tramado por el vecino.



El estancamiento por la falta de comunicación empieza a volverse más
peligroso cada día; como dijo un indígena local cuando se le pregunto cómo
veía el futuro: “está color de hormiga”.

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