Ecuador/ Los laberintos de Guillermo Lasso. [Augusto Barrera]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de diciembre 2021

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Ecuador



Los laberintos de Guillermo Lasso



El presidente ecuatoriano se encuentra en medio de una crisis de múltiples
dimensiones, agravada por las filtraciones de Pandora Papers y por su débil
representación parlamentaria. No obstante, las divisiones en el campo
progresista y el apoyo del establishment le dan algo de aire para impulsar
un gobierno que se alejó de la imagen remozada de la campaña electoral y se
acercó a la del neoliberalismo de los años 90.



Augusto Barrera G.*

Nueva Sociedad, noviembre-diciembre 2021

https://nuso.org/



Después del triunfo en el balotaje frente al correísta Andrés Arauz
(Revolución Ciudadana), el establishment político, económico y mediático
ecuatoriano esperaba que, tras una década de campaña del ex-banquero
Guillermo Lasso (del Movimiento creo), se materializara un gobierno pensado,
preparado y equipado para los desafíos del país. Sin embargo, su auspicioso
arranque, producto del plan de vacunación, ha devenido en una gestión
estatal que enfrenta hoy complejos desafíos, que van desde la propia
permanencia en el cargo del presidente hasta las condiciones de
gobernabilidad de su mandato. Se trata de una coyuntura fluida y en plena
definición de posiciones y correlaciones de los principales actores sociales
y políticos, en medio de un creciente escepticismo e inconformidad
ciudadana.



Arranque auspicioso y rápido deterioro



La primera tarea que acometió el nuevo gobierno en mayo de este año fue la
activación del plan de vacunación. Tras la torpe e indolente gestión del
gobierno de Lenín Moreno, salpicada con casos de corrupción y «vacunados
vip», Lasso optó por el pragmatismo y aprovechó todas las posibilidades que
la oferta mundial de vacunas ponía a su disposición, fuera de
condicionalidades comerciales y geopolíticas. Activó acuerdos con China
(Sinovac y Cansino), con lo que pudo cumplir con el ofrecimiento de vacunar
a nueve millones de ecuatorianos en 100 días; además la activa y efectiva
participación de todos los estamentos de la sociedad –universidades, empresa
privada, organizaciones sociales– permitió que esto fuera posible. El éxito
del proceso de vacunación se reflejó en una alta aceptación en las encuestas
y un positivo ánimo social. Sin embargo, luego de este auspicioso arranque,
se produjo una serie de acontecimientos que han puesto al desnudo la
naturaleza y los límites de la gestión del gobierno de Lasso. Cuatro
aspectos se han convertido en desencadenantes de este bajón: el
recrudecimiento de la violencia delincuencial y, en particular, la crisis
carcelaria; el fondo y la forma de la fallida aprobación de una ley
denominada de «Creación de Oportunidades»; la activación de la movilización
social y, durante las últimas semanas, el escándalo derivado de la
publicación de los Pandora Papers. Con menos de seis meses en el poder, el
gobierno sufría ya un desgaste importante, reflejado en una brusca caída en
la aprobación en las encuestas (1), en la paulatina activación de la
movilización social, en el clima de confrontación con el Legislativo y en
una posición defensiva frente a las investigaciones sobre los paraísos
fiscales. El tobogán político ha puesto en juego, en tiempo récord, la
permanencia, el programa y la gobernabilidad del autodenominado «gobierno
del encuentro».



Lo que está en juego: hechos y sentido



La crisis de seguridad y la dantesca situación carcelaria



Ecuador conservaba todavía el imaginario de «isla de paz» en medio de la
violencia de los países vecinos. Esa ilusión se ha roto en pedazos: en lo
que va de este año se han registrado cerca de 2.000 muertes violentas, y la
tasa de homicidios se ha duplicado desde 2016, pasando de 5,81 a 10,62 por
cada 100.000 habitantes en 2021 (2). Los noticieros y las redes sociales
están llenos de ejecuciones producto del sicariato y de una inusual
violencia que acompaña los hechos delictivos. En ese escenario estalló la
barbarie de la realidad carcelaria. Ya en 2020 se habían producido
sangrientos amotinamientos en varias cárceles del país y en lo que va de
2021 se han registrado más de 250 muertes de personas privadas de libertad,
ocurridas en tres grandes eventos (con 118, 79 y 22 fallecidos
respectivamente) y en los cotidianos asesinatos (3). La crudeza de las
imágenes y la certeza de que el Estado ha perdido el control del sistema de
rehabilitación contrastan con la rotación de funcionarios responsables (tres
en estos meses) y el desentendimiento del Ministerio de Gobierno, que ha
dicho paladinamente que estos hechos no son de su competencia.



No podemos abordar aquí de manera exhaustiva la crisis carcelaria
ecuatoriana, pero especialistas han señalado la concurrencia de varios
factores: el cambio del rol del país en la cadena logística del narcotráfico
(nueva «autopista»), la profunda penetración de organizaciones
narcodelictivas en el tejido social de barrios y ciudades y la consiguiente
disputa territorial, en medio del caldo de cultivo de miles de jóvenes
desempleados y sin esperanza a la vista. El hacinamiento y la corrupción del
sistema son otros factores que agravan la situación (4).



Como sea, el cuadro muestra de manera dramática la incapacidad del Estado
para asumir la función básica de precautelar la vida y la seguridad de los
ciudadanos a través de una política pública basada en argumentos, evidencias
y responsabilidades. La salida del gobierno ha sido decretar un estado de
excepción con intervención militar, pero a varias semanas se evidencia que
no hay control de cárceles y calles. Se ha persistido en responsabilizar al
gobierno de Rafael Correa, lo cual elude un debate serio sobre la seguridad
y la rehabilitación y, no menos importante, sobre inclusión y prevención
social.



La vieja estrategia de las leyes trole



El 24 de septiembre, aún con la conmoción de la crisis carcelaria, el
gobierno envió el proyecto de ley con carácter de económico urgente
denominado Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y
Sostenibilidad Fiscal, que por su naturaleza debía ser analizado por la
Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigor
automáticamente bajo la figura del «ministerio de la ley» (5).



Desde una perspectiva programática, el proyecto bautizado con el nombre del
partido del presidente Lasso se convirtió en la piedra angular del programa
del gobierno inscrita en la tradición neoliberal autoritaria de los años 90,
con las denominadas «leyes trole», que pretendían modificar de un plumazo
amplios ámbitos de la regulación pública. Concretamente, el proyecto de
Lasso contemplaba cuatro libros con 335 artículos y más de 20 disposiciones
que abordaban desde la creación de un régimen laboral alternativo al vigente
Código del Trabajo, estableciendo normas de flexibilización laboral, hasta
imposiciones tributarias temporales básicamente sobre la clase media, además
de normas para un régimen impositivo único y temporal para activos en el
exterior, entre varias otras reformas (6). Como era previsible, la Asamblea
Nacional devolvió el proyecto argumentando que contravenía el artículo 136
de la Constitución que obliga a que los proyectos de carácter económico
urgente refieran a una sola materia. La medida fue adoptada por el Consejo
de Administración del Legislativo (cal), cuya composición, valga la
aclaración, fue auspiciada por el propio Ejecutivo.



La reacción gubernamental frente a esta respuesta llevó la confrontación a
otro nivel; el presidente acusó a la Asamblea de bloqueo y puso sobre la
mesa la amenaza de «muerte cruzada», un dispositivo constitucional que
permite la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones
generales, incluyendo las presidenciales. El telón de fondo de este
enfrentamiento fue una fuerte campaña de deslegitimación del Legislativo y
una guerra de dimes y diretes en la que ambos poderes y toda la
institucionalidad terminaron perdiendo. Al final, el presidente reculó y
optó por enviar tres proyectos de ley distintos, cada uno de los cuales
atañe a materias específicas.



El primero de ellos, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, ha sido enviado y ha
comenzado su tratamiento. Incorpora la contribución extraordinaria al
patrimonio de grandes empresas y de personas naturales, un avance en lugar
del incremento del iva, pero incluye algunos aspectos polémicos, como la
reemisión y amnistía tributaria para capitales en el exterior que no han
declarado ni pagado impuestos; nuevas exoneraciones a los impuestos a la
herencia y la posibilidad de remisiones permanentes de impuestos mediante
mediación y arbitraje (7).



Más allá del rifirrafe «normal» en la política, hay tres elementos que
explican la intención del gobierno de escalar y tensionar para obligar a un
nuevo encuadre de fuerzas. El primero es que se puso en juego la viabilidad
del programa real, bastante soslayado en la segunda vuelta y por la campaña
de vacunación. Se trata esencialmente de una réplica del recetario
neoliberal de los años 90: ajuste y achicamiento del Estado, privatizaciones
de los sectores rentables (telecomunicaciones, energía), flexibilización
laboral, ampliación de la actividad extractiva minera y petrolera y
estímulos a la inversión. Los otros elementos que explican la beligerancia
gubernamental, que abordaremos de inmediato, son el inicio de la
movilización social y la publicación de los Pandora Papers.



La activación de la movilización social



A pocas semanas de iniciado el gobierno, se produjeron algunas protestas de
sectores agrícolas de la costa por el precio del arroz y el incumplimiento
de compromisos de campaña. Pero el malestar más general estaba ligado al
incremento mensual del precio de los combustibles, que condujo a una nueva
convocatoria a la movilización de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie). La protesta se cumplió con un balance
positivo de parte de la organización matriz del movimiento indígena y la
afirmación gubernamental de que las marchas fueron un fracaso. La Conaie
había definido movilizarse en localidades y no avanzar hacia Quito, tal como
ocurrió en varias provincias. Y finalmente, el paro se interrumpió por la
salida del país del presidente Lasso y por la declaratoria de un largo
feriado a inicios de noviembre.



Si bien la movilización social fue más bien localizada y no generó el efecto
de desborde de las protestas de 2019, fijó la posición del movimiento
indígena y de varios sectores organizados frente al gobierno e introdujo las
calles como un escenario alternativo al Parlamento para el procesamiento de
la política. La respuesta del gobierno se ha movido entre intentos de
diálogo y fortalecimiento de los dispositivos represivos, entre los que el
estado de excepción, decretado por los motivos de seguridad señalados antes,
terminan siendo funcionales.



Las implicaciones de los Pandora Papers



En realidad, los vínculos con empresas offshore no son un tema nuevo en la
historia político-empresarial de Lasso, accionista principal del Banco de
Guayaquil, segunda institución financiera del país, pero la revelación cayó
como balde de agua fría en la coyuntura política actual. El 3 de octubre se
hizo pública la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (icij, por sus siglas en inglés) llamada Pandora Papers. En
ella se revelaba que tres presidentes latinoamericanos eran parte de los
cerca de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países que
tienen compañías y cuentas en paraísos fiscales. Uno de ellos es,
precisamente, Guillermo Lasso (8). Según el diario El País, Lasso eliminó
esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la Presidencia y «movió
sus fichas» después de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía que los
candidatos a cargos públicos fueran beneficiarios de sociedades en paraísos
fiscales. Pero lo que está en cuestión es el destino de esos activos (a
quién los transfirió), los tiempos de esas operaciones (antes o después de
ser candidato) y sus implicaciones tributarias.



En el caso ecuatoriano, esto tiene algunos ribetes especiales. Como efecto
de la publicación de los Papeles de Panamá, en febrero de 2017 se realizó
una consulta popular cuya aprobación derivó en una ley orgánica que
determina que, para ostentar una dignidad de elección popular o para ser
servidor público, no se podrá tener bienes o capitales, de cualquier
naturaleza, en territorios considerados paraísos fiscales (9). Para la
operacionalización de la ley, el Servicio de Rentas Internas estableció una
lista específica de jurisdicciones y regímenes que son considerados en esta
categoría. En su momento, Lasso denunció que la consulta tenía la intención
de inhabilitar su candidatura, pero luego indicó que no estaba incurso en
esas inhabilidades y, de hecho, presentó sus candidaturas en 2017 y 2021.El
escenario que se le abre a Lasso con el escándalo de los Pandora Papers luce
complejo. A comienzos de noviembre, la Comisión de Garantías
Constitucionales, designada no sin conflicto por la Asamblea Nacional para
investigar este tema, aprobó un informe no vinculante sobre la investigación
sobre el entramado de los Pandora Papers.(10). El informe provocó el rechazo
del gobierno, que señaló irrespeto al debido proceso y falta de validez
jurídica y lo tildó de acto de oposición e intento de un golpe de Estado. De
hecho, unas semanas antes, Lasso había señalado que se trataba de un complot
internacional liderado por el mismísimo George Soros (11). Después de
conocido el informe, ya se ha hecho pública una declaración del Partido
Social Cristiano (psc) tomando distancias de este (12) y otro de la Conaie,
respaldándolo. (13).



Este informe deberá ser tratado por la Asamblea Nacional, con lo que se abre
un nuevo escenario, seguramente muy polarizado, de procesamiento de este
tema, que pone en juego a todas las instituciones de control y al conjunto
de fuerzas políticas y sociales que deberán tomar posición y esclarecer esta
situación.



Los actores y las arenas en disputa



Vale la pena hacer una breve caracterización de los actores en esta agitada
coyuntura para comprender mejor las arenas y eventualmente los desenlaces de
este momento conflictivo; sirve además porque, como suele ocurrir durante
los primeros momentos de un gobierno, se han ido decantando fuerzas y
posiciones.



Decantación de la fracción dominante: lo que representa el gobierno de Lasso



Si bien la campaña electoral para la segunda vuelta mostró a un Lasso
moderno y abierto a la diversidad étnica o incluso ideológica como resultado
de los consejos de su asesor Jaime Durán Barba, lo que ha decantado en el
ejercicio del poder da cuenta de un gobierno que expresa al capital
financiero fuertemente articulado con el ideario fondomonetarista. El núcleo
duro del gobierno proviene de una fundación de pensamiento ultraliberal, y
la operación política está encargada a antiguos cuadros de la Democracia
Cristiana, que sucumbió después de la debacle producida por la crisis
financiera de la década de 1990. No hay mucho de nuevo.



Cuenta a su favor con el alineamiento de las cámaras empresariales y de los
grandes medios de comunicación, de cuyo seno han salido algunos de los
funcionarios del gobierno. La relación con las Fuerzas Armadas va
adquiriendo un rol político importante bajo la narrativa del enemigo
interno, la escalada delictiva y la protesta social; la institución militar
ha sido convocada a salir a las calles mediante la declaratoria de estado de
excepción en el que permanece el país.



Pero más allá de las fuerzas que sostienen al gobierno, la acción concreta
de gobernar deja la impresión de improvisación, débil gestión y falta de
experiencia política. Los dichos y expresiones de varios de sus voceros,
comenzando por el propio presidente, dan cuenta de una abstracción y
distancia de los problemas reales de la sociedad. Resulta evidente la
incomprensión de aspectos centrales del país, incluyendo los marcos legales
y constitucionales. La narrativa se reduce a culpar al pasado, aunque hay
claras líneas de continuidad con la fase final del gobierno de Moreno. Muy
cerca del bloque gubernamental y como un aliado legislativo aparece la
Izquierda Democrática (otrora una organización socialdemócrata), que ha
tenido el pobre papel de comodín del gobierno; inclusive algunos de sus
miembros, entre ellos la ex-segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella
Jiménez, recientemente destituida, se han visto cuestionados dentro de su
propio partido. Está lejos de construir alguna línea de interpretación
«socialdemócrata» de la situación y será un grupo más de la negociación
gubernamental, renunciando al significativo resultado electoral que obtuvo
su candidato presidencial. El discurso del pacto por la estabilidad es el
paraguas narrativo para esta actuación.



Lo que está abierto es, en cambio, la compleja relación con el psc, el mayor
partido de la derecha durante las últimas décadas. Si bien el ex-alcalde y
caudillo de Guayaquil, Jaime Nebot, su líder histórico, declinó su
participación electoral o la de un candidato de su tienda e intervino
activamente a favor de Lasso, la relación se erosionó al inicio del gobierno
por una presunta traición de Lasso a un acuerdo de gobernabilidad que
incluía a la Revolución Ciudadana de Correa. (14). El psc mantiene una
fuerza importante en Guayaquil y la costa ecuatoriana y será un actor
decisivo en el escenario parlamentario que procesará las leyes y el probable
proceso político al presidente. Nebot ha sido acusado por Lasso de ser parte
del «triunvirato de la conspiración» junto con Correa y Leonidas Iza. Pero
la gran interrogante es cómo actuará finalmente en los temas decisivos y,
por lo mismo, cuál es el alcance del distanciamiento y cuáles las razones
profundas y seguramente inescrutables que lo explican. De cualquier forma,
social e ideológicamente expresa a un sector muy cercano a las tesis del
gobierno.



Los actores de la movilización social



El movimiento indígena se ha erigido como contradictor en la calle y en la
lucha social, logrando el alineamiento de un sector importante del
movimiento social en torno de la movilización, que se encontraba suspendida
temporalmente al momento de escribir este artículo.



Octubre de 2019 fue un momento de recomposición de la Conaie, luego de más
de una década marcada por la confrontación política con el gobierno de
Correa, así como por la cercanía de varios de sus cuadros con el centro o la
derecha. En esta movilización emergió el liderazgo de Leonidas Iza, del
Movimiento Indígena de Cotopaxi, quien, sin presidir la Conaie, condujo la
movilización y fue la voz más visible en el diálogo con el gobierno. Su
estrategia de enfrentar centralmente la subida de los combustibles, sin
entrar en el juego del derrocamiento del gobierno de Moreno ni priorizar
demandas exclusivas de los pueblos y nacionalidades indígenas, sintonizó con
amplios sectores populares y con ello logró sostener y ampliar la
movilización hasta la derogatoria del decreto 883. Iza expresa una visión
más cercana a la «dirigencia histórica» del movimiento indígena de los años
90: pone el foco en la lucha política extrainstitucional y mantiene su
perfil e identidad étnica, pero amplía el campo de unidad con otros sectores
sociales y tiene una clara posición antineoliberal. Luego de la movilización
de octubre de 2019, los efectos de la pandemia y las medidas de
confinamiento, el temor y la crisis socioeconómica derivada provocaron un
largo enfriamiento de las calles y una notable reducción de la lucha social,
que se reorientó hacia iniciativas de solidaridad entre comunidades
campesinas e indígenas. Por otro lado, una fuerte estigmatización de los
daños sobre la ciudad de Quito ha alentado una derechización de la opinión
pública de la ciudad y una demonización de la protesta. En cualquier caso,
la pandemia fue la tabla de salvación del gobierno de Moreno, que pudo
neutralizar las protestas y llegar así al proceso electoral de 2021.Empujado
por el respaldo que logró la lucha de octubre de 2019, el candidato
presidencial del Movimiento Pachacutik, Yaku Pérez, llegó tercero en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021 con
19,39% de los votos, a décimas de Lasso (19,74%). Fue tan pequeña la
diferencia que propició una fuerte impugnación desde el movimiento indígena
por un presunto fraude.



Mientras en el ámbito institucional Pachakutik sacaba provecho de la pugna
entre Lasso, Nebot y Correa, que abría un escenario de negociaciones con el
gobierno, en la orilla extrainstitucional Iza ganaba la Presidencia de la
Conaie con un discurso radicalmente crítico del «gobierno neoliberal», la
dirigencia del propio Pachakutik y el rol del bloque del movimiento en la
Asamblea Nacional. Apenas asumió la Presidencia de Conaie, Iza retomó los
acuerdos con diversas organizaciones sociales (trabajadores, campesinos de
la costa, estudiantes, ecologistas) en procura de fortalecer un bloque
popular «antineoliberal». Se trata sin duda de un actor decisivo en términos
de la respuesta social en el plano de la movilización.



El otro actor enfrentado al gobierno es Revolución Ciudadana (rc), que
cuenta con el bloque parlamentario más numeroso y activo, así como con una
importante influencia política. Hace poco logró el reconocimiento de su
sigla y ha mantenido como eje discursivo la reivindicación del gobierno de
Correa y la denuncia por la persecución y la judicialización de la política.
rc ha concentrado su acción en el plano legislativo e institucional y no
cuenta con los resortes sociales y organizativos que permitan una actuación
global como bloque político-social. La estrategia de aislamiento desplegada
por algunos sectores se ve reforzada por la falta de construcción de ámbitos
de convergencia y articulación respetuosa con otros espacios del progresismo
y del movimiento social.



De hecho, fuera de estas dos grandes corrientes partidarias y sociales, hay
un resurgimiento de dinámicas sociales importantes como el movimiento
feminista y los colectivos de defensa de derechos sexuales y reproductivos,
ambientalistas y de defensa de la comunicación. Se trata de un campo social
y político amplio y potencialmente poderoso, pero que no logra un nivel de
articulación política y social que supere rencillas y se conecte con el
sentir mayoritario de la sociedad, para quien lo más importante es el
futuro.



Las arenas del conflicto



Pese a las distancias en la guerra de encuestas (15), todas coinciden en una
drástica caída de la aceptación de Lasso. Las cifras de desempleo y pobreza
son desoladoras y las expectativas de reactivación y crecimiento mostradas
por el propio gobierno son más bien modestas. El conflicto se procesa en
este momento en tres arenas: el Legislativo, las calles y el estado de ánimo
ciudadano. Un Parlamento con poca credibilidad será un escenario central de
las batallas políticas, porque allí se debatirán los proyectos de ley
decisivos para el plan de gobierno de Lasso y se resolverá su permanencia a
partir de los alcances del proceso de investigación y eventuales
implicaciones legales y políticas derivadas del caso Pandora Papers.



Aunque el bloque de creo comenzó con unos pocos legisladores, ha logrado
ampliarse a 32, y la aspiración del Ejecutivo es constituir una mayoría con
23 de Pachakutik y 15 de Izquierda Democrática, con lo que sumaría 69,
apenas a una banca de lograr la mayoría absoluta requerida para aprobar
leyes o para evitar censuras y destituciones. (16). Este escenario feliz
para el gobierno es, sin embargo, poco probable, porque supondría un giro
insostenible internamente en Pachakutik y en su relación compleja pero
filial con la Conaie; sin embargo, son conocidas las divergencias internas
del partido de base indígena y desde el gobierno se trabaja para
profundizarlas. Pero aun si Lasso no logra un bloque unificado, sí es
posible que se logren mayorías móviles y negociaciones específicas que
eviten la consolidación de un bloque opositor de Pachakutik, rc y el psc,
que es el mayor temor del gobierno, a punto tal de calificarlo como el
«triunvirato de la conspiración». En esta dinámica está presente el clivaje
correísmo/anticorreísmo y la lectura de ciertos sectores de Pachakutik e
Izquierda Democrática de que toda pérdida del gobierno sería ganancia para
el correísmo. Este discurso permite legitimar cualquier cosa y funciona como
línea roja que impide construir un nuevo campo político y discursivo anti o
posneoliberal. No se ve aún una estrategia confluyente ni articulada, ni
elementos que permitan avizorar la construcción de una oposición
programática. Y en este desajuste reside la mayor fortaleza de Lasso y del
bloque neoliberal.



El segundo escenario estará en las calles por la impugnación de la agenda
económica, los recortes presupuestarios y la contrarreforma laboral. La
abrumadora acción de los medios de comunicación masiva se ha orientado a
minimizar el caso de Pandora Papers y a estigmatizar la protesta social como
terrorismo. Se trata de un encuadre de guerra social y de enemigo interno
que, además de clausurar condiciones efectivas de diálogo y debate (más allá
de las kermeses entre quienes piensan igual), debilita la política y las
instituciones de debate democrático. La movilización está de momento
suspendida, pero es previsible que haya nuevas mediciones de fuerzas si el
formato de enemigo interno persiste. Los tiempos de la movilización social
suelen ser distintos de los de las urgencias políticas, pero la historia del
país está llena de desbordes sociales que han terminado de un tajo con
gobernantes indolentes. Hay una lista ya de demandas sobre reducciones
presupuestarias, afectaciones de derechos y privatizaciones en marcha.



El tercer escenario es más general y tiene que ver con la gobernabilidad y
el desbordamiento de los conflictos. La pregunta es cuál es el músculo
político que tendrá el gobierno para gestionar los largos tres años y medio
que le quedan. Claro que ganó la segunda vuelta y que tiene alineado al
poder económico, pero no debe olvidar que en la primera vuelta Lasso obtuvo
menos de 20% y que el país no es un banco. Algunas preguntas quedan sobre la
mesa: ¿qué inversionista va a traer su dinero al país si el presidente se ha
empeñado en sacarlo? ¿Con qué autoridad moral se piden esfuerzos a las
clases medias y populares si los datos de elusión y evasión impositiva de
grandes grupos económicos son escalofriantes y buena parte de ellos tienen
ya su residencia fiscal fuera del país? No es posible avizorar el desenlace
de la actual situación, es un momento muy fluido. Los factores duros de
poder apuntan a una salida neoliberal con algunos ribetes autoritarios,
aceitados en el discurso de los consensos y como respuesta a la terrible
sensación de inseguridad. Pero esta vía sería políticamente maltrecha y
tendría elevados costos sociales y políticos. Incluso internacionalmente, el
alcance del affaire de los paraísos fiscales es un serio golpe a la
credibilidad del gobierno. También es verdad que desde el campo progresista
aún falta capacidad para construir un marco interpretativo y de sentido que
permita la conformación de un espacio político, social, cultural y hasta
emocional más articulado, que derrote el sectarismo que empobrece la acción
intelectual y política, y que se ponga a la altura de las necesidades de un
pueblo golpeado por la pandemia y la desidia.



* Augusto Barrera G. es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración
y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue
alcalde del Distrito Metropolitano de Quito entre 2009 y 2014. Actualmente
se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE).



Notas



1.«La aprobación de la gestión presidencial cayó en casi un 40% del 13 de
julio al 04 de octubre» en Notimundo, 13/10/2021.

2.«La tasa de homicidios en Ecuador se duplicó en los últimos seis años» en
El Comercio, 20/10/2021.

3.«Ecuador: al menos 118 muertos en una cárcel de Guayaquil en
enfrentamientos entre bandas rivales con granadas y decapitaciones» en BBC
Mundo, 29/9/2021.

4.Norberto Paredes: «Ecuador: 4 claves que explican qué hay detrás de la
masacre carcelaria que dejó al menos 119 muertos, la peor de la historia del
país» en BBC Mundo, 30/9/2021.

5.Karol E. Noroña: «¿Qué parámetros fija el proyecto de ley Creando
Oportunidades para el despido de trabajadores? Te explicamos» en GK,
25/9/2021

6.Marco Tafur S.: «‘Ley Creando Oportunidades’: Los signos de la
acumulación», Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central
del Ecuador, 14/10/2021.

7.Andrés Mideros Mora: «El gobierno lanza popurrí de medidas, entre las que
hay contradicciones» en Primicias, 3/11/2021

8.ICIJ: «Pandora Papers: The Largest Investigation in Journalism History
Exposes a Shadow Financial System that Benefits the World’s Most Rich and
Powerful», disponible en
<http://www.icij.org/investigations/">www.icij.org/investigations/pandora-pa
pers/ <http://www.icij.org/investigations/pandora-papers/> >

.9.Inés Santaeulalia, Mónica Almeida y Paul Mena M.: «El entramado
‘offshore’ de Guillermo Lasso, el banquero que llegó a presidente de
Ecuador» en El País, 3/10/2021.

10.«Ecuador: Comisión señala a Guillermo Lasso por ‘Pandora Papers’» en DW,
6/11/2021.

11.Iván Ulchur-Rota: «El presidente tiene miedo» en GK, 20/11/2021.

12.«PSC no apoyará destitución del presidente de la República fuera del
marco constitucional» en El Universo, 7/11/2021.

13.«Conaie se refiere al informe legislativo sobre el caso ‘Pandora Papers’»
en Primicias, 7/11/2021

14.Blanca Moncada: «Jaime Nebot: ‘Hay que salvar al capitalismo de ciertos
capitalistas’» en Expreso, 28/9/2021.

15.«Clima social: Presidente Lasso desciende 20 puntos, tiene 42,3% de
aprobación» en Confirmado.net, 19/10/2021.

16.María Sol Borja: «Débiles puentes» en GK, 25/10/2021.

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