Uruguay/ Sin avances contra la violencia machistas: una emergencia relegada. [Stephanie Demirdjian]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de diciembre 2021

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Uruguay



Sin avances contra la violencia machista y ante intentos de retroceder en
derechos: un balance del año en materia de género



Referentes analizan distintas iniciativas y declaraciones que encendieron
las alarmas de los feminismos en 2021 y plantean las urgencias de cara al
futuro.



Stephanie Demirdjian

La Diaria, 31-1-2021

https://ladiaria.com.uy/



El ejercicio de mirar hacia atrás y evaluar qué se hizo, qué no se hizo y
cómo se hizo sirve para dimensionar cuál es la prioridad que se les da a
determinadas temáticas. Establece, además, una base sobre la cual construir
políticas, planes y soluciones a futuro. Este año, el balance en materia de
género está marcado por anuncios, medidas, proyectos de ley y declaraciones
que demostraron el desconocimiento de representantes del Estado sobre el
abordaje de problemas centrales como la violencia hacia las mujeres, por
ejemplo, o apuntaron a restringir derechos, aseguraron activistas y
especialistas consultadas por la diaria. Quizás la muestra más emblemática
de esto último fueron las señales que derivaron en la movilización de los
feminismos para defender la implementación efectiva de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a casi diez años de su
aprobación.



En algunos casos, no se trató estrictamente de medidas sino también de
declaraciones de representantes del gobierno que promovían un discurso
antiderechos. Para la directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay
(MYSU), Lilián Abracinskas, algunos partidos que integran la coalición de
gobierno trataron de “imponer un modelo de sociedad” en temas en los que “la
ciudadanía ya había dirimido”, como la autonomía reproductiva. La activista
aseguró que, si bien las autoridades anunciaron que “no tocarían” las leyes
ya aprobadas, como la de IVE, “lo cierto es que se fueron deteriorando de
hecho las prestaciones y además hubo intentos claros de interferir en las
decisiones reproductivas de las mujeres”.



En términos de violencia de género, siguen siendo insuficientes las
políticas de prevención y, además, hubo “un retroceso en la respuesta de
calidad, formada y especializada” a las víctimas, señaló Andrea Tuana,
directora de la asociación civil El Paso y magíster en políticas públicas de
igualdad. A la vez, parece haber un “desconocimiento total y absoluto” sobre
el problema en algunos organismos del Estado responsables de brindar estas
respuestas, lo cual impacta directamente a la hora de pensar medidas
eficaces para prevenirlo y erradicarlo, dijo la abogada Marina Morelli,
vicepresidenta de la cooperativa Mujer Ahora e integrante de la Red Uruguaya
contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS).



En un año en el que Uruguay registró una escalada de femicidios, ninguna de
las consultadas pudo destacar un avance en materia de violencia de género
que haya “movido la aguja” y todas coincidieron en que lo que subyace, en
definitiva, es que el problema no es una prioridad para el gobierno.



La IVE (y todo lo demás) se defiende



La movilización convocada “en defensa de la IVE” el 10 de noviembre
constituyó uno de los hitos del año para los feminismos en Uruguay. La
convocatoria fue promovida por feministas autoconvocadas después de
identificar algunas “señales de alerta” que podían introducir obstáculos
para la implementación efectiva de la ley de IVE. La gota que derramó el
vaso fueron las declaraciones del presidente de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, que dijo que
revisaría los procesos de aborto para asegurarse de que los equipos
interdisciplinarios que atienden a las mujeres no estuvieran actuando “de
una manera muy automatizada”.



Antes hubo otras alarmas, como la propuesta del dirigente nacionalista
Carlos Iafigliola para “desestimular los abortos”, que finalmente fue
rechazada porque “no iba con la ley”, según dijo Cipriani. Sin embargo,
generó preocupación, sobre todo porque su promotor argumentó que la
enmarcaba en las declaraciones del propio presidente de la República, Luis
Lacalle Pou, que en mayo de 2020 dijo que su gobierno llevaría adelante una
agenda “provida”.



Otra decisión repudiada fue la designación de la ginecóloga Gabriela Fischer
como nueva referente en salud sexual y reproductiva de la Red de Atención
Primaria metropolitana de ASSE. La profesional había sido identificada como
antiaborto por algunas organizaciones y fue denunciada el mes pasado ante el
prestador de salud estatal por interferir en un proceso de aborto legal, lo
cual derivó en el inicio de una investigación administrativa.



MYSU asegura que este año constató un “debilitamiento” de los servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los de IVE, pero también los que
atienden a adolescentes y los de anticoncepción. En el caso de los servicios
de IVE, hubo además “una habilitación para que aquellos profesionales que
por sus creencias están en contra del aborto traten de interferir en los
procesos”, dijo Abracinskas, y consideró que es necesario que haya “un
mensaje de las autoridades mucho más enfático de que no se debe interferir”.



Por otra parte, la organización relevó este año una “multiplicidad” de
proyectos de ley que “empiezan a minar la concepción de salud sexual y
reproductiva integral” y “hacen énfasis en atender a la madre únicamente
como garantizadora de bebé nacido sano”. La directora adelantó que MYSU
presentará un informe al respecto en los primeros meses de 2022.



“No podemos quedarnos tranquilas viendo cómo se desmoronan servicios, porque
eso tiene impacto directo sobre las personas”, señaló la activista, y
agregó: “Espero que en 2022 se abran canales de diálogo [con el gobierno]
porque, si no, la situación se va a agudizar, y ya sabemos quién paga el
precio”.



Violencia de género: una emergencia relegada



Para las especialistas consultadas, no sólo no hubo avances contundentes en
la prevención, combate y erradicación de la violencia de género, sino que
algunas acciones y declaraciones de representantes del gobierno revelaron
que la problemática no es una prioridad. En ese sentido, recordaron que el
propio Lacalle Pou se refirió el año pasado a los femicidios como un “efecto
colateral” del confinamiento por el coronavirus.



Tuana aseguró que la gestión de la pandemia mostró la “indiferencia” hacia
el tema. “En ningún momento se pensó en la violencia de género como un
problema que iba a recrudecer por los efectos del confinamiento, y tampoco
se generó un pienso de un grupo de especialistas que pudiera mitigar esos
efectos”, dijo la directora de El Paso.



La misma indiferencia quedó demostrada frente a la escalada de femicidios,
apuntó Tuana. “Estamos hablando de que casi 80% de las mujeres uruguayas
refieren haber vivido alguna forma de violencia de género al menos una vez
en la vida [según la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia
Basada en Género]. Sin embargo, en este tema, se siguió haciendo lo que ya
se estaba haciendo. Quizás se logró ampliar algunas cosas y se inyectó un
poco de presupuesto en algunas acciones, no vamos a decir que no, pero la
realidad es que no hubo medidas de emergencia ni una respuesta acorde al
nivel de gravedad del problema”, expresó. Tampoco se tomaron nuevas medidas
para la prevención.



Por otro lado, dijo que algunos representantes del gobierno tienen una
mirada respecto de cómo se comprende la violencia basada en género que “no
está fundamentada académica y científicamente, y que está llena de
prejuicios y de preconceptos”. Mencionó en esa línea a “una serie de
integrantes de la coalición que hablan de ‘ideología de género’, que es una
conceptualización que no existe, que no tiene ningún asidero conceptual,
teórico, académico, y que lo que busca, de alguna manera, es cuestionar un
problema de derechos humanos”.



En un sentido similar, Morelli consideró que “hay un desconocimiento total y
absoluto” y “una posición muy marketinera y superficial” sobre la temática.
También dijo que el discurso que el movimiento feminista ha creado en los
últimos 40 años “con respaldo, sustento y biblioteca” ha sido “cooptado”
para “vaciarlo de contenido” por parte de personas que, “en lugar de
trabajar por la igualdad o el respeto irrestricto a los derechos humanos de
las humanas, lo que quieren es su sometimiento, banalizar la temática o
directamente negar que la problemática existe”, lo cual es “muy peligroso”.



Las referentes recordaron algunas “marchas y contramarchas” que hubo este
año, como la modificación de la meta asistencial que promovía la atención de
situaciones de violencia de género en los centros de salud o la suspensión
del subsidio de alquiler para mujeres en proceso de salida de situaciones de
violencia de género.



La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica
Bottero, explicó a la diaria el mes pasado que este último el convenio
venció a principios de 2020 y se demoró la renovación, por lo que si bien se
prorrogaron los subsidios de aquellas que ya tenían la prestación, hubo que
“frenar” el ingreso de nuevas mujeres. La jerarca dijo que en estos días se
renovaría el contrato y que a partir de enero de 2022 habría nuevos cupos.



Para Tuana, esta situación es “gravísima” porque, en definitiva, las mujeres
en lista de espera se quedaron “sin una respuesta que es fundamental para
poder salir de una situación de violencia”. La activista dijo que no se
trata de un “asunto burocrático”: “Cuando se aplica la burocracia en este
problema, lo que puede generar son efectos gravísimos en la vida de las
mujeres, que es el volver otra vez a los circuitos de violencia,
depresiones, imposibilidad de hacer un proyecto de vida autónomo, o
enfrentarse a un posible femicidio”.



En paralelo, las referentes cuestionaron la exclusión de la sociedad civil
de algunas instancias vinculadas a la violencia de género. En concreto, la
Ley de Presupuesto aprobada en diciembre de 2020 eliminó a la RUCVDS –que
representaba a la sociedad civil– del Observatorio sobre Violencia Basada en
Género hacia las Mujeres previsto en la Ley 19.580. En su lugar, estableció
que “la comisión podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la lucha contra la violencia basada en género”. Morelli calificó
la decisión de “vergonzosa”, porque “la integración del observatorio
garantizaba su transparencia”, y ahora es “un lugar integrado exclusivamente
por quienes representan al Estado, para evaluar políticas del Estado y hacer
recomendaciones al Estado”.



Al mismo tiempo, este año, por primera vez desde que se creó el Consejo
Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género en 2002, la
RUCVDS quedó afuera del acto central de Inmujeres en ocasión del Día de
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Según Tuana, los dos episodios muestran que “es un gobierno que le da la
espalda a la sociedad civil, que no tiene ningún interés en construir
políticas y respuestas en las que la sociedad civil tenga su aporte sino,
por el contrario, la coloca del otro lado, como su enemiga, cuando en
realidad no lo es”.



La respuesta policial



Otro punto que surgió tiene que ver con la Guía de actuación para
seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género emitida
en setiembre por el Estado mayor especialista en género y violencia
doméstica de la Dirección de la Policía Nacional, que entre otras cosas
planteaba que se iba a “requerir” pruebas a las denunciantes. Esto generó el
rechazo de distintas organizaciones sociales, por lo que, unos días después,
el Ministerio del Interior (MI) cambió la redacción del protocolo y
estableció como directiva “consultar” si la víctima “posee elementos que
pueda aportar a la denuncia”.



Más allá de la marcha atrás de la cartera, la iniciativa dejó en evidencia
“la gran ignorancia sobre cómo es la dinámica de la violencia, que es un
problema en el que es bastante difícil que las víctimas tengan pruebas
cuando ocurre sin testigos, dentro de las cuatro paredes del hogar, donde no
siempre la violencia física está presente y, cuando lo está, no siempre deja
marcas”, manifestó Tuana. La activista consideró que es “muy alarmante” este
“retroceso en la conceptualización, comprensión y entendimiento del
problema” por parte “de una de las instituciones que tiene que brindar
protección y saber valorar los riesgos”.



Morelli, por su parte, aseguró que el hecho mostró “un alto nivel de
improvisación y de desconocimiento, pero ya no un desconocimiento de la
materia, sino de cómo funcionan los instrumentos que tienen vigentes a la
interna del MI”, lo cual es “de una gravedad institucional importante”.
Además, dijo que “da cuenta del deterioro que se sufre a la interna del MI
en lo que tiene que ver con el servicio que se presta a las víctimas de
violencia”.



Tuana dijo que hay “un retroceso en la respuesta de calidad, formada,
especializada” a las víctimas de violencia de género en las seccionales
policiales. En ese sentido, señaló algunas situaciones de las que tomó
conocimiento en estos meses, como largas horas de espera, la negativa a
tomar la denuncia o la exigencia de prueba.



Prioridades y urgencias

En este escenario, surge la necesidad de poner arriba de la mesa cuáles
deberían ser las prioridades a futuro. Para la directora de El Paso, lo
primero debería ser la completa implementación de la Ley 19.580, que entre
otras cosas implica instalar los juzgados especializados multimateria en
todos los departamentos del país. En 2021 se firmaron los acuerdos para
instalar los primeros dos juzgados especializados en violencia de género en
San Carlos y Rivera, que empezarán a funcionar en el primer semestre de
2022. Tuana evaluó que esto “puede mejorar un poquito la realidad para las
personas que están en esta localidad”, pero no puede calificarse de avance
porque “no mueve la aguja”.



El verdadero avance sería la instalación de los juzgados multimateria, para
“ponerle fin al periplo vergonzoso que transitan las víctimas en nuestro
país por diversas sedes judiciales, a veces teniendo que iniciar varios
procesos, obteniendo respuestas del sistema que son absolutamente
contradictorias, duplicando pruebas, teniendo que dar declaración en
múltiples ocasiones y provocando una revictimización”, explicó Morelli.



Otra de las prioridades tiene que ser el fortalecimiento de las políticas
enfocadas en la prevención. En ese sentido, Tuana dijo que si bien algunas
instituciones, como Inmujeres, promueven campañas, “no se está haciendo
absolutamente nada a nivel de prevención como política de Estado”.



Trabajar en las respuestas para mejorar la vida cotidiana de las mujeres que
atraviesan situaciones de violencia también es una urgencia. En este punto,
Tuana hizo énfasis en la atención a la salud, las alternativas
habitacionales y la inserción laboral. Además, dijo que es necesario
fortalecer la respuesta en las localidades más alejadas de los centros
urbanos, “porque las mujeres no llegan y hay una gran debilidad para que
accedan a la atención, a un asesoramiento jurídico y a un apoyo psicológico
y social”.



Por su parte, Morelli, consideró que es fundamental seguir apostando por el
cambio cultural, porque “hasta no reventar al sistema hegemónico que
sostiene, perpetúa, posibilita y deja impune estas violencias, las
violencias no se van a terminar”. Pero también se requiere un cambio
“estructural” a nivel del Estado. “El Estado tiene la obligación de prevenir
que esta violencia acontezca; en el caso de que esta violencia suceda de
todos modos, tiene la obligación de investigarla, de sancionarla y de no
dejar impunes a sus responsables”, apuntó la representante de Mujer Ahora.
“Lo que se requiere es contar con una política estatal que supere los
sucesivos gobiernos y asuma que este es un tema que se debe abordar con
rigurosidad. No hay lugar al ensayo y al error, porque en el error se va la
vida de las mujeres”, agregó.



En el terreno de la salud sexual y reproductiva, las urgencias son
“garantizar recursos para la política pública en anticoncepción, VIH,
atención de embarazo, parto, puerperio y aborto, en todo lo que tiene que
ver con violencia basada en género y en todo lo vinculado a adolescentes,
jóvenes y disidencias”, sintetizó Abracinskas. El otro campo en el que hay
mucho para trabajar, dijo, es el de la educación sexual integral.

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