Chile/ Crisis humanitaria en el norte: Piñera militariza la frontera y expulsa a migrantes venezolanos. [Martina Cociña-Cholaky/Marcos Andrade-Moreno]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de febrero 2021

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Chile



Crisis humanitaria en el norte de Chile



El Gobierno de Sebastián Piñera militariza la frontera, niega refugio y
devuelve en caliente a miles de venezolanos. Muchas de estas personas llegan
al país a pie por el altiplano andino.



Martina Cociña-Cholaky/Marcos Andrade-Moreno, desde Chile

CTXT, 11-2-2021

https://ctxt.es/es/



En el norte de Chile se está viviendo una grave crisis humanitaria a la que
el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido militarizando la frontera y
expulsando migrantes. Desde septiembre del 2020 venían aumentando las
llegadas de extranjeros, las que se agudizaron el último fin de semana de
enero, cuando ingresaron 1.800 personas por Colchane, localidad ubicada en
el altiplano chileno a más de 3.500 m.s.n.m., duplicando en unos cuantos
días los habitantes de la comuna (1.600 aprox.). De allí que el alcalde de
Colchane de cuenta del incremento de la tensión, en una localidad que no
tiene alcantarillado, ni farmacias, ni supermercados, ni luz eléctrica las
24 horas del día. En un contexto de incapacidad local y escaso apoyo
gubernamental, crecen los conflictos, donde quienes se desplazan son
responsabilizados de aumentar la inseguridad y colapsar los servicios
públicos, acentuando la xenofobia.



El incremento de venezolanos ingresando por el norte de Chile responde a una
crisis humanitaria de proporciones, que según ACNUR ha afectado a casi cinco
millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a
otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de
la región, luego de Colombia y Perú, que triplican y duplican las llegadas.
Según la última estimación, en Chile al año 2019 había más de 400 mil
venezolanos, los que representaban el 30% de todos los migrantes, quienes, a
su vez, constituyen el 7,8% de la población nacional; una cifra menor,
considerando que el promedio de los países de la OCDE se sitúa en 13%.



Los venezolanos no sólo huyen del hambre, de la falta de insumos esenciales,
de la inestabilidad y de la precariedad, sino de una nación que hace años se
encuentra convulsionada social, económica y políticamente. A pesar de esta
vulnerabilidad, quienes se desplazan se ven enfrentados a una serie de
adversidades, ya sea por la extensa travesía o por no contar con los
documentos y/o recursos requeridos, entre otras. La mayoría de quienes
logran pisar suelo chileno vienen exhaustos después de cruzar varios países.
Testimonios dan cuenta de que han pagado más de 5.000 USD para viajar desde
Venezuela a Pisiga, localidad fronteriza boliviana. A pesar de la alta suma
desembolsada, muchos migrantes son dejados a su suerte en pleno altiplano
andino, una zona desértica rodeada de minas terrestres.



El trayecto final es particularmente duro, considerando que muchos ingresan
a pie por el altiplano, donde la altura supera los 4.000 de altitud. y
existe una gran oscilación térmica, ya que durante el día es posible llegar
los 30°C, mientras en la noche la temperatura decae hasta -8°C. Precisamente
las bajas temperaturas y la altitud son dos de las causas que se investigan
(además de las enfermedades de base y respiratorias), para determinar la
muerte de dos personas migrantes que fallecieron el 3 de febrero. Sus
fallecimientos expusieron las falencias de un sistema migratorio, heredado
de la dictadura de Pinochet, que no ha logrado satisfacer adecuadamente la
acogida de migrantes, ya que carece de un debido proceso en el caso de las
expulsiones administrativas y establece delitos migratorios específicos: el
ingreso clandestino y con documentos falsificados o adulterados.



La respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no
solo ha sido deficiente, sino que su propio actuar ha contribuido a
agravarla. El presidente Piñera en febrero de 2019 viajó a Cúcuta, ciudad
colombiana fronteriza a Venezuela, asegurándoles a los venezolanos que en
Chile encontrarían refugio. Es más, en dicha ocasión señaló que “no hay nada
más perverso que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio
pueblo y que pone en riesgo la vida de más de 300 mil venezolanos. Eso no
tiene perdón de Dios”.



Sin embargo, lo proclamado dista diametralmente de la realidad, debido a
que, en vez de facilitar su ingreso, la política que ha implementado la
actual Administración ha dificultado el mismo. Así, el 16 de abril de 2018
comenzó a regir la denominada “visa de responsabilidad democrática” y a
mediados del 2019 se impuso una visa consular de turismo, las que, en la
práctica, han operado como barreras a la entrada regular de venezolanos,
generando un aumento en los ingresos clandestinos, ya que ambas medidas
buscan impedir que entren como turistas y luego cambien su estatus
migratorio ya estando en Chile, como paradójicamente permite la actual
legislación migratoria a los demás extranjeros.



Cabe observar las cifras para apreciar cómo el Estado chileno se ha erigido
en productor de irregularidad, ya que, de las visas solicitadas por
venezolanos, un 82% de las de turismo se han rechazado. El panorama en las
visas de responsabilidad democrática es igual de desolador, pues solo un
cuarto de las visas solicitadas han sido otorgadas. A lo anterior se debe
sumar que luego de la pandemia se pausó el otorgamiento de la visa de
responsabilidad democrática, lo que repercutió en el incremento de los
ingresos irregulares: solo en el año 2018 se duplicaron y el 2019 superaron
los 8 mil, donde los venezolanos representan más de la mitad de las entradas
por pasos no habilitados. Además, desde marzo del 2020 se han cerrado las
fronteras internacionales por la pandemia, lo que ha agravado la situación
migratoria.



El gobierno de Chile se ha valido de estos instrumentos, establecidos en
decretos y resoluciones dictados especialmente para dificultar el ingreso de
ciudadanos de Venezuela y Haití, para conducir convenientemente la discusión
migratoria, reduciéndola a la simple ecuación: regular/irregular. Utilizando
una astuta y eficiente táctica, la Administración plantea que mientras los
extranjeros en situación regular siempre serán bienvenidos y podrán gozar de
derechos, quienes ingresan irregularmente serán excluidos y no podrán
ejercer sus garantías. Como si ante tales medidas implementadas, los
migrantes venezolanos tuvieran posibilidad alguna de entrar por pasos
habilitados, siendo que precisamente su ingreso clandestino responde a que
en su caso se han dificultado los mecanismos institucionales para su ingreso
regular.



El denominado “Plan Colchane” implementado por el gobierno, junto con doblar
la presencia militar en la zona, ha concretado la expulsión de migrantes. El
10 de febrero, se realizó la expulsión administrativa más masiva, lo que el
ministro del Interior calificó como un hito pues en un solo día se
deportaron 138 personas, 86 en un avión de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a
Colombia y Venezuela, y 52 migrantes en buses hacia Perú y Bolivia. Según
testimonios de venezolanos, algunas de esas expulsiones fueron notificadas
en plena madrugada por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios
acudieron a residencias sanitarias en Iquique, la capital regional, para
notificarles la expulsión. Los migrantes se encontraban allí después de ser
conminados por los funcionarios a autodenunciarse e iniciar una cuarentena
obligatoria. Los migrantes denuncian que los funcionarios policiales habrían
llegado aplaudiendo, con burlas, afirmando “ya se van a ir a su país” y
haciéndolos firmar un documento que no entendieron.



Relatos de venezolanos que se encuentran en dichas residencias sanitarias
señalan: “Nos tienen como unos presos, nos graban, nos alumbran (…) cómo
vamos a apelar si no nos dan la oportunidad, si nos encontramos encerrados
en un centro sanitario y nos han retenido los documentos”. Como advierte
Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento de Acción Migrante, “esto ha sido
planificado de la peor forma, dictatorialmente, a las 2 de la mañana en un
lugar donde nadie puede acceder por la pandemia”. Estrategias
gubernamentales como éstas son indignantes e intolerables en un país que se
precia de ser democrático, ya que este tipo de conductas desplegadas por
parte de funcionarios vulneran el debido proceso que debiese garantizarse en
todo procedimiento de expulsión.



En suma, se vislumbran tres grandes críticas al manejo que el gobierno
chileno ha tenido de la crisis migratoria de Colchane. En primer lugar, que
la toma de decisiones y la implementación de medidas ha ignorado la
evidencia académica y las recomendaciones de organismos internacionales
especializados. El gobierno ha abordado la migración asumiendo que, al
imponer más trabas, los flujos migratorios disminuirán o se frenarán. Esto
demuestra una aguda falta de comprensión, pues los estudios dan cuenta de
que, estableciendo mayores barreras, los desplazamientos no se detienen,
sino más bien se agudizan, tal como ha acontecido en Chile, primero con los
migrantes dominicanos, luego con los haitianos y ahora con los venezolanos.



Lo anterior nos conduce a la segunda crítica: el tratamiento jurídico de la
movilidad humana desde el estado de excepción. El gobierno ha insistido, una
y otra vez, en adoptar medidas excepcionales al gestionar los flujos
migratorios; lo hizo, por ejemplo, con el denominado “Plan humanitario de
retorno ordenado”, donde buscó limitar derechos de los migrantes a través de
un decreto, y continúa por esta senda, esta vez ampliando las facultades de
las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, mediante la modificación del
decreto 265 del 2019 del Ministerio de Defensa, el que ya había sido
extendido temporalmente. Así, el 4 de febrero se publicó el Decreto Supremo
que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con autoridades civiles
y policiales en dicho territorio, no sólo para el narcotráfico y el crimen
organizado transnacional, sino también para el tráfico ilícito de migrantes,
extendiendo materialmente la autorización original.



Como se advierte, la respuesta ante el aumento de ingresos por la frontera
norte chilena ha sido gobernar transformando la excepcionalidad en regla,
una política que conceptualiza la migración desde un enfoque parcial y
restrictivo, concentrada en el control de las poblaciones. Una normativa que
reduce la movilidad a una mera facultad de gobierno, a una cuestión de orden
y seguridad, como si militarizando la frontera norte, los venezolanos no
fueran a seguir ingresando. Como sostienen las especialistas Stang y
Beniscello: “Hay una ficción de democracia cuando se militariza la demanda
de derechos, o el control de la movilidad de las personas dentro del
territorio o a través de sus fronteras”.



Lo anterior nos lleva a la tercera crítica, que es la falta de una respuesta
multilateral coordinada. El gobierno, después de haber liderado los
esfuerzos regionales para la promoción del “Pacto Mundial sobre Migración”,
se restó del mismo de forma intempestiva, renunciando a enfrentar la
movilidad desde una perspectiva multilateral. Resulta incomprensible que uno
de los países más ricos de América Latina, con un cuerpo diplomático con
tradición de excelencia, no haya promovido y liderado esfuerzos conjuntos
entre las naciones vecinas para enfrentar la crisis que la evidencia
científica acumulada anticipaba. Esto muestra la tozudez de la actual
Administración en abordar desde la estrecha perspectiva del Estado-nación
una de las más importantes problemáticas globales del siglo XXI.



De esta manera, en vez de promover una acción regional concertada para
abordar esta crisis desde el enfoque de los derechos humanos, se continúa
securitizando la migración, criminalizando a quienes buscan una vida más
digna, apostando por la exclusión del otro. Como planteó el Servicio Jesuita
Migrante en su declaración pública, es hora de dar una respuesta integral y
continental. Como han planteado organizaciones de y para migrantes, urge
coordinar un “Plan Humanitario Regional” que entregue respuestas pertinentes
y territoriales. Es lo mínimo que cabe esperar ante una crisis de tal
magnitud; no obstante, el gobierno ha hecho nulos esfuerzos para coordinar
una propuesta multilateral, imponiendo el control fronterizo nacional como
único camino.



En este sentido, la iniciativa de licitar 15 aviones para la expulsión de
migrantes, impulsada por el Departamento de Extranjería y Migración,
conducirá al incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por
el Estado de Chile, en tanto anticipa una respuesta jurídica equivocada, ya
que los estándares de derechos humanos exigen a los Estados indagar todas
las solicitudes de refugio. Cabe destacar que Chile en 2010 dictó una Ley de
Refugio, que buscó adecuar la normativa interna para dar cumplimiento a las
obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile al suscribir y
ratificar la Convención para el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta ley contempla una
definición amplia de refugio y contiene, acorde con los instrumentos
internacionales de derechos humanos, el principio de no devolución y la
prohibición de rechazo en frontera, la no sanción por ingreso ilegal y la no
discriminación.



Por ende, en vez de incentivar la autodenuncia por ingreso clandestino de
los migrantes venezolanos, el Gobierno debería promover la protección de
quienes solicitan refugio en Chile, según le obligan las normas de derecho
interno y de derecho internacional. Al respecto, las cifras son elocuentes:
al 31 de diciembre del 2019 sólo 14 venezolanos han sido reconocidos como
refugiados, mientras que ese mismo año ingresaron a Chile 16.933 personas
declarando solicitud de refugio, de las que el 99% correspondía a
venezolanos.



Por último, más allá de las obligaciones jurídicas asumidas por el Estado de
Chile, se debería brindar ayuda humanitaria y protección a los migrantes que
arriban desde Colchane, pues, parafraseando al presidente Piñera, no hay
nada más perverso que negar la ayuda humanitaria y poner en riesgo la vida
de tantas personas.



* Martina Cociña-Cholaky es docente en Universidad de O'Higgins. Marcos
Andrade-Moreno es profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Austral de Chile.

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