Perú/ La ley agraria vino con muertos [Carlos Noriega]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de enero 2021

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Perú



La ley agraria vino con muertos



La nueva norma agraria fue rechazada por los trabajadores, quienes
consideran que el aumento de salario recibido es insuficiente y no se
garantizan sus derechos.



Carlos Noriega, desde Lima

Página/12, 3-1-2021

https://www.pagina12.com.ar/



Se cambió la ley agraria para calmar las protestas en su contra, pero la
nueva ley fue recibida con más protestas. Se estrenó con dos muertos. Un
trabajador de 28 años, Reynaldo Reyes, y un adolescente de 16 murieron el
miércoles por disparos durante enfrentamientos con la policía que reprimía
las manifestaciones contra la nueva norma agraria aprobada un día antes. El
tres de diciembre había fallecido otro trabajador durante choques con la
policía en las movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la
derogatoria de la ley agraria heredada de la dictadura de Alberto Fujimori
(1990 – 2000), que creó mano de obra barata y sin derechos laborales en la
agroindustria, al tiempo que les otorgó a estas empresas grandes beneficios
tributarios. Luego de esa primera muerte se derogó la ley agraria
fujimorista, dada el año 2000 por un ministro de Agricultura, José Chlimper,
propietario de una empresa agroindustrial y directamente beneficiado por su
propia ley. El pasado martes, después de largos debates, el Congreso aprobó
una nueva norma agraria, que ha sido rechazada por los trabajadores por
considerar que el aumento de salario recibido es insuficiente y no se
garantizan sus derechos. Los empresarios también se oponen a la nueva
legislación porque se niegan a otorgar el incremento salarial dispuesto. 



El presidente Francisco Sagasti, que asumió hace poco más de un mes al
frente de un gobierno de transición hasta julio de este año y que se estrenó
en el cargo anunciando cambios en la policía para evitar se repita la brutal
represión que dejó dos muertos durante las masivas protestas contra el golpe
parlamentario que sacó de la presidencia a Martín Vizcarra y puso en su
lugar al ultraconservador Manuel Merino que cayó antes de cumplir una semana
en el cargo dando paso al actual gobierno, ha lamentado estas muertes y ha
anunciado una investigación y sanciones. Señaló que la policía desacató la
prohibición de usar armas letales en manifestaciones. El gobierno ordenó el
cambio del jefe policial de la norteña región de La Libertad, donde
ocurrieron las muertes. Un policía mostrado en una fotografía disparando
contra los manifestantes fue detenido.



El gobierno ha calificado la nueva ley como “imperfecta”, pero decidió
promulgarla y no observarla. “Como trabajadores nos sentimos decepcionados
(con la nueva ley agraria). Las propuestas que hemos hecho no las han
recogido”, ha señalado Nelson Huamán, dirigente agrario. El Ejecutivo abrió
un diálogo con los trabajadores, que desbloquearon la carretera
Panamericana. En este diálogo se discute la reglamentación de la nueva ley.



El ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, admitió que “hay
brechas sociales por resolver”. “La calidad de vida de estas poblaciones no
se ve reflejada en relación al crecimiento agroindustrial”, reconoció el
ministro, uno de los participantes en el diálogo con los trabajadores.



Son unos 400 mil los trabajadores que laboran en la agroindustria,
concentrada a lo largo de la costa. En 2019 las empresas agroexportadoras
tuvieron cinco mil millones de dólares en ingresos por ventas. Ha sido un
sector que este año no se ha visto afectado por la pandemia. Pero las
empresas no quieren aumentar los bajos salarios que pagan y han presionado
para mantener los subsidios que reciben del Estado a través de exoneraciones
tributarias. La agroexportación representa el 10 por ciento de la
agricultura nacional, el otro 90 por ciento es una agricultura de pequeños
propietarios, la mayor parte campesinos andinos empobrecidos, que, a
diferencia de los agroexportadores, no reciben mayor apoyo del Estado.



Los trabajadores de las agroexportadoras recibían un jornal diario por todo
concepto de 39 soles, equivalente a unos 11 dólares. Exigían un aumento a 70
soles (19 dólares). La nueva ley agraria dispone la entrega de un bono que
eleva el ingreso diario a 48 soles (13,5 dólares), lejos de lo que se pedía.
Este bono no se considera parte del salario, por lo que no se contabiliza
para el pago de gratificaciones e indemnizaciones. A este ingreso se suma
una asignación familiar para los trabajadores con hijos, con lo que éstos
recibirán ahora unos 15 dólares al día. Los trabajadores pedían el reparto
de un 10 por ciento de las utilidades de las empresas, se les ha otorgado un
5 por ciento, cifra que irá subiendo hasta llegar al 10 por ciento el año
2027.



“La nueva ley agraria es un avance, pero insuficiente. Considerando el
contexto en el que vivimos, con una sociedad civil fragmentada, con
sindicatos débiles, casi inexistentes en el sector agrario, con fuerzas de
izquierda que en los últimos años han estado disminuidas frente a la
derecha, lo que se ha logrado, un aumento salarial e instalar la discusión
del tema de la problemática de los trabajadores agrarios en la agenda
pública, es importante. Hace un mes no había nada de eso. Pero lo conseguido
no es todo lo que ha podido dar el sector agroexportador. Había margen para
un mayor aumento a los trabajadores, las empresas tenían la capacidad
económica para hacerlo.



En la última década la productividad de las empresas agroexportadoras ha
crecido 48 por ciento más que los salarios”, le declaró a Página/12 el
sociólogo Enrique Fernández-Maldonado, experto en temas laborales y editor
del blog TrabajoDigno.pe. “Comparado con otros países de la región, como
Argentina, Brasil o los de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y
México, además de Perú), el trabajador agrario peruano es el más
desprotegido”, dice Fernández-Maldonado.



La nueva ley mantiene hasta el año 2028 los generosos beneficios tributarios
que la norma fujimorista le daba a las empresas agroexportadores, que pagan
solamente un 15 por ciento de impuesto a la renta, muy por debajo del 29,5
por ciento que pagan los otros sectores. Las agroexportadoras abonan un
monto equivalente al seis por ciento del salario de sus trabajadores a la
seguridad social, en lugar del nueve por ciento como otras empresas,
porcentaje que recién pagarán a partir del año 2025.“Los subsidios del
Estado a las agroexportadoras son groseros. Se justificaría mantener
exoneraciones tributarias para las pequeñas empresas, pero no para las
medianas y grandes que concentran la mayor parte de las exportaciones y de
la mano de obra. Se podría aceptar esta extensión de las exoneraciones
tributarias en caso las empresas hubieran aceptado mejoras salariales y
laborales en términos cercanos a lo pedido por los trabajadores, en un
esquema en el que ganan todos, pero aquí lo que ha habido es mantener los
beneficios tributarios para las empresas y regatear lo laboral lo más
posible”, dice Fernández-Maldonado.



Los agroexportadores, que hablan de “un milagro peruano de la
agroexportación” por el importante crecimiento del sector en los últimos
años, han amenazado con una crisis del sector y con pérdidas de empleos por
los aumentos salariales dispuestos. Su posición, apoyada por la élite
empresarial y la derecha, es que ese “milagro” de crecimiento empresarial se
debe sostener indefinidamente en mano de obra barata y subsidios estatales a
las empresas.

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