Nicaragua/ Por qué Ortega no quiere soltar. Los intereses innegociables del régimen. [Raúl Zibechi - Mónica Baltodano]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Vie Jun 25 12:00:43 UYT 2021


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Correspondencia de Prensa

25 de junio 2021

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Nicaragua



Los intereses innegociables del régimen



Por qué Ortega no quiere soltar



En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes
guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde
2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.



Raúl Zibechi

Brecha. 25-6-2021

https://brecha.com.uy/



«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte
de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a
veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el
mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la
casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata
el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad
Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).



La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600
personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo
asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y
sociales», reflexiona Medina en su artículo.



Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no
saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar
implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido
social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según
Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como
“golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron
la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo”
provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas
populares masivas de 2018.



Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son
alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías
llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia
de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase
«Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha,
27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas
por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa
el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente»,
Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil
emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en
las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales
opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix
Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido
donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María
Téllez y Víctor Tinoco.



El FSLN y la cultura política nica



En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del
régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes
que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los
excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy
críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos
analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde
dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora
rechazan.



Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988)
y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica
de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se
respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo
esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un
Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue
sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo
la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que,
siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron
convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto
que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no
sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían
poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los
consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).



Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma
de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla
nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13
de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y
golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes
del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez
sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo
que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio
Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y
absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres
violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina
malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel
Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los
Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político,
de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación
del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).



A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del
FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en
Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para
mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la
mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad»
(Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es
hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de
todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el
problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense:
«Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya,
y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país.
Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores
ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la
volveremos a repetir».



Burguesía rojinegra



Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la
Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del
Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el
FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su
triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para
Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?»,
uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos
informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios
miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en
busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata
de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración
de la riqueza en grupos minoritarios».



Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los
empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene
pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá
de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de
«una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía
rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora
«un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de
intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la
oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío,
I-14).



En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario
independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en
filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su
familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500
millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de
Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas
compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a
través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la
cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se
constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de
Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de
Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de
estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen
en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de
Nicaragua y Venezuela.



Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51
por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento.
«El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018,
se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas,
promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un
capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado»,
calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco
Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).



Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico
de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal
empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a
la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados;
Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los
servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona
orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de
«empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones
estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional
para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el
régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso
privado a fondos públicos.



Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia
Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los
nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores,
controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de
los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas
con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21).
Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya
excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso
sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse
en Costa Rica en 2013.



Sin margen para la democracia



Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una
etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo
no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen
dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree
que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que
estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una
ficción, una ilusión, una mentira».



Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con
«una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia».
Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno
visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida
curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina
constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas
milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que
el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único
permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el
cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los
sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte»,
sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina
legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para
mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros
sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al
frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la
cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido
–por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y
comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21).
Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario»
posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios
completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad
del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran
empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».



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Ortega y las multinacionales



Mónica Baltodano



No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para
fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de
nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un
objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso.
Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital
transnacional […].



Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los
encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de
Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado,
el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en
estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de
contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […].
Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española
Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión
Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega,
Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos
estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.



Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007,
mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las
transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor
económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el
Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del
Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al
que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009,
una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el
pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios,
todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes,
siempre en beneficio de la transnacional.



Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía
fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de
energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la
base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el
agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica,
hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas
transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación
accionaria.



(Extracto de «¿Qué régimen es este? ¿Qué mutaciones ha experimentado el FSLN
hasta llegar a lo que es hoy?», publicado en la Revista Envío, n.º 382,
enero de 2014.)

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