Venezuela/ La represión contra los "enemigos internos". Matanza policial en las barriadas populares. [Inter Press Service]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de marzo 2021

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Venezuela

 

Policías asesinaron a más de 200 personas este año

 

Corresponsal, desde Ginebra

Inter Press Service, 10-3-2021

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Más de 200 personas fueron abatidas en ejecuciones extrajudiciales por
fuerzas policiales de Venezuela en lo que va de 2021, y la persecución
contra “enemigos internos” alcanzó a activistas humanitarios, señaló este
miércoles 10 un informe  presentado al Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

 

Además “hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos
siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por
ejecuciones ilegales”, dijo la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta
de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en
Venezuela.

 

En la actualización oral que presentó ante el Consejo en esta ciudad suiza,
Valiñas recordó un informe previo, de septiembre de 2020, en el que se
señalaban 110 casos de detenciones arbitrarias de disidentes políticos y
militares, a quienes se les violaron derechos humanos, y dijo que desde
entonces se han agregado 36 casos más.

 

Deploró que “hace unos días, el presidente (Nicolás) Maduro se dirigió a
este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos
como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron
tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.

 

“El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido en
septiembre que investiga más de 600 casos de violaciones de derechos humanos
cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado que nos proporcione
más información sobre estas investigaciones”, dijo Valiñas.

 

Entretanto, continúa la represión contra quienes son percibidos como
“enemigos internos”, un concepto que “cada vez parece ser más amplio y se
está extendiendo a la persecución de personas y organizaciones no
gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de garantías
fundamentales”, según Valiñas.

 

Entre las ejecuciones extrajudiciales figura el caso de La Vega, populosa
barriada del suroeste de Caracas en la que una operación con centenares de
agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional,
el 6 de enero, resultó en la muerte de hasta 23 individuos, según medios
locales.

 

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, reiteradamente ha pedido la disolución de las FAES.

 

Otro tema es el de los disidentes u opositores presos o enjuiciados bajo
régimen de libertad vigilada, como los exparlamentarios Gilberto Sojo y Juan
Requesens, y el periodista Roland Carreño.

 

Valiñas manifestó su preocupación por los detenidos en los centros de
inteligencia militar y civil, y agregó que continuará investigando las
denuncias de tortura y tratos y penas crueles, así como las nuevas
acusaciones de actos de violencia sexual y de género contra las personas
detenidas.

 

Los retrasos en los procesos a los opositores presos “causan daños graves y
en algunos casos irreparables”, y Valiñas citó el caso del indígena Salvador
Franco, de la etnia pemón, del sureste del país, fallecido en enero tras más
de un año en prisión preventiva, y quien no recibió atención médica adecuada
durante ese cautiverio.

 

La jurista mostró preocupación por la creciente persecución a activistas
humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno
endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de
esas oenegés, según dijo.

 

El hostigamiento se tradujo en noviembre en la detención, en Caracas, de
Roberto Patiño, director de Alimenta la Solidaridad, una red de comedores
para ancianos, y en enero en la de cinco activistas de Azul Positivo, una
ONG que trabaja con pacientes de VIH/sida en Maracaibo, principal ciudad del
occidente.

 

Añadió que desde el inicio de la pandemia covid-19 más de 20 personas fueron
detenidas por «compartir información o criticar la respuesta del gobierno”
sobre el tema.

 

Finalmente, recordó que el gobierno sigue sin permitir el ingreso al país a
la Misión (formada por ella, el chileno Francisco Cox y el británico Paul
Seils), y afirmó que “negar la realidad y desestimar todas las críticas no
ayuda a proteger los derechos fundamentales de quienes están en riesgo”.

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