América Latina/ Crimen organizado y medio ambiente: un encuentro fatal. [InSight Crime]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de marzo 2021

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América Latina

 

Crimen organizado y medio ambiente en Latinoamérica: un encuentro fatal

 

InSight Crime, 3-3-2021

https://es.insightcrime.org/

 

Las selvas de Latinoamérica son taladas a un ritmo acelerado. Los mercados
asiáticos impulsan el tráfico de productos de vida silvestre, mientras que
mineros ilegales arrasan las selvas del Amazonas desde Perú hasta Guyana en
busca de oro. 

 

No todos los delitos ambientales son cometidos por el crimen organizado: los
campesinos talan las selvas para su ganado, y las comunidades locales
explotan pequeños depósitos auríferos. El tráfico de vida silvestre comienza
en su mayor parte con los tramperos locales, muchos de ellos de comunidades
indígenas y rurales pobres, quienes son buscados por su conocimiento del
terreno. 

 

Los grupos criminales del continente americano, que se diversificaron y han
dejado de depender exclusivamente de ingresos del narcotráfico, están
buscando oportunidades en los delitos ambientales, lo que les da cierta
tapadera legal además de lucrativas ganancias. La destrucción extendida del
hábitat y la pérdida de biodiversidad no tienen freno.

 

La presencia de grupos violentos al margen de la ley en zonas rurales
remotas también los pone en conflicto con cualquiera que defienda los
recursos naturales, lo que redunda en una impactante tasa de muertes de
activistas ambientales, que no se compara con ninguna otra región del mundo.

 

A continuación, InSight Crime ofrece un abecé para explicar cómo el crimen
organizado actúa como motor de los delitos ambientales en Latinoamérica. 

 

1. Diversificación de los grupos del crimen organizado

 

Los grupos criminales, antes dedicados exclusivamente al tráfico de
estupefacientes, armas y personas, han ampliado sus actividades para incluir
la tala y la minería ilegales, el tráfico de vida silvestre y la apropiación
de tierras, muchas veces usando rutas bien conocidas en beneficio propio. 

 

En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alguna
vez actuaron como freno a la deforestación y limitaron la tala para
preservar la cobertura boscosa que les permitía permanecer ocultos. Aunque
las FARC no eran conservacionistas —estaban dispuestos a tomar los ingresos
de la coca y la minería de oro— su desmovilización en 2016 dejó un vacío de
poder en la Colombia profunda.

 

Ahora, grupos criminales de todo tipo, incluidas bandas narcotraficantes y
un renaciente Ejército de Liberación Nacional (ELN), tienen sitiado el
panorama rural colombiano. Células de disidencias de las FARC bajo el mando
de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, han ordenado a las
comunidades locales que corten y quemen árboles en áreas protegidas con el
fin de abrir paso a los cultivos de coca.

 

Otros grupos mafiosos, entre los que se cuentan Los Rastrojos y Los
Urabeños, también han sido vinculados a la tala ilegal. Esta economía
criminal también coincide cada vez más con el narcotráfico en México. Una
guerra por el control de la industria maderera ilegal en Chihuahua ha
desencadenado el conflicto entre facciones del Cartel de Sinaloa y el Cartel
de Juárez.

 

En Centroamérica, la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, una de las
selvas tropicales protegidas de mayor extensión de la región, está siendo
talada y quemada para abrir paso a las pistas de aterrizaje de una nueva
racha de narcovuelos. En las estaciones secas, las quemas se propagan con
rapidez sin control. En mayo de 2020, cerca de dos docenas de incendios
forestales se atribuyeron a invasiones de tierras y a la tala de cubierta
boscosa para construir pistas clandestinas en el interior de parques
nacionales como Laguna de Tigre y Sierra del Lacandón. 

 

En la Biosfera Río Plátano de Honduras, extensa región selvática en la costa
Caribe del país, colonos pobres echan abajo selvas densas con la ayuda de
grupos narcotraficantes. La madera extraída ilegalmente, a su vez, es
traficada con la protección de los mismos grupos, que toman una parte. 

 

Grupos armados irregulares también han entrado al tráfico de oro ilegal
debido a la subida de precios a niveles récord. Los insurgentes del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) han instalado puntos de extracción clandestina
de oro a lo largo del río Caura en Venezuela, mientras que Los Urabeños han
estado estafando a los mineros informales en el departamento de Nariño, en
Colombia. 

 

La minería ilegal, la tala y la apropiación de tierras para el cultivo de
coca siguen diezmando las selvas de Colombia.

 

Metales como el coltán y el tungsteno —usados en electrónica— también se
extraen de manera ilegal en regiones sin presencia del Estado a lo largo de
la frontera entre Colombia y Venezuela. Esa explotación, supervisada y
gravada por grupos armados, derrama el veneno del mercurio por toda
Latinoamérica, contaminando la tierra y los ríos de Colombia, Brasil, Perú,
Bolivia y Ecuador. 

 

La minería de jade —mineral precioso usado durante milenios por los antiguos
mayas y que ha elevado su valor en China— pasa por un boom en el este de
Guatemala, una región por la que también se contrabandea drogas. 

 

Aunque menos rentable que la tala y la minería ilegales, el tráfico de vida
silvestre también ha llamado la atención de los carteles de drogas mexicanos
que abastecen los mercado negros asiáticos con las valiosas vejigas de peces
totoaba. Como consecuencia, los conservacionistas que buscan proteger esta
especie son blanco creciente de violencia.

 

2. La corrupción protege los delitos ambientales

 

Desde el lavado de huevos de guacamayas suramericanas hasta el de especies
maderables protegidas de Perú y Colombia, cadenas de corrupción sistemáticas
aceitan los engranajes de los delitos ambientales.

 

Con frecuencia, los mismos organismos encargados de salvaguardar las
especies de animales y madera en peligro, además de los territorios
protegidos y los minerales preciosos, son susceptibles de sobornos y
coerción.

 

Los taladores ilegales obtienen licencias de funcionarios corruptos para
talar y transportar madera protegida. En Bolivia, ha habido funcionarios
forestales que han facilitado la tala de madera ilegal; por su parte, en
Perú, las autoridades locales han refrendado planos falsificados sin que
haya habido repercusiones. Por otro lado, se han usado empresas de papel en
Perú para adquirir oro de contrabando de Ecuador y Bolivia. 

 

Muchas veces, productos de madera, mineral de oro y vida silvestre que se
pretenden sacar al exterior son blanqueados bajo la apariencia de
exportaciones legales. Esto requiere la falsificación o incluso la creación
total de documentos y de los mecanismos para transportar esos materiales.

 

Especímenes de peces ornamentales capturados ilegalmente en el Amazonas se
mezclan con especímenes criados en cautiverio antes de enviarlos a otros
países. La madera extraída de manera ilícita en Colombia, Brasil, Bolivia y
Ecuador llega a Perú, donde es lavada por mafias que trabajan con
funcionarios corruptos para clonar licencias de transporte. Y el oro
sospechoso se mezcla con oro de extracción legal, que luego es comprado por
refinerías industriales de Estados Unidos y Suiza. 

 

La apropiación y venta ilegal de tierra protegida en Colombia, Perú y Brasil
también se ha visto agravada por la corrupción. Acaudalados acaparadores de
tierra ocupan ilegalmente tierras protegidas por el Estado en colaboración
con jueces corruptos que “legalizan” sus pretensiones ilícitas, y luego se
venden a particulares a altas tasas o se convierten en valiosas tierras
cultivables. 

 

3. Los delitos ambientales abastecen los mercados internacionales

 

Los delitos ambientales suelen abastecer los mercados internacionales. Los
traficantes que operan en Latinoamérica requieren un sofisticado
conocimiento logístico y contactos para transportar las materias primas
extraídas ilegalmente hacia mercados de Europa, Estados Unidos y Asia.
Actores intermediarios dispuestos a trabajar entre compradores y vendedores;
medios de transporte robustos y niveles importantes de corrupción son
condiciones básicas para el negocio.

 

Los grupos criminales se siguen viendo atraídos por las altas ganancias y
los bajos riesgos que esos mercados pueden ofrecer. La Interpol estima que
la sola industria ilegal global de madera ronda los US$152 mil millones
anuales, y los delitos contra la vida silvestre ascenderían hasta US$20 mil
millones por año. 

 

Un poco menos 30 gramos de oro costaban más de US$2.000 en agosto pasado, la
misma cantidad de cocaína reportaba menos de US$1.250 en Miami. El oro no es
solo más valioso que la cocaína, sino además más fácil de lavar. 

 

Latinoamérica alberga una gran variedad de especies terrestres y marinas muy
codiciadas en los mercados negros asiáticos. Los productos de los grandes
felinos —pasta de jaguar, pieles y garras— se contrabandean a China, y allí
se venden con fines medicinales. Por otro lado, tortugas, aletas de tiburón
y peces totoaba traficados ilegalmente y enviados a Asia en enormes
cantidades atraen miles, si no millones de dólares.

 

Ranas, serpientes, arañas y otros insectos similares de Paraguay y Costa
Rica han cruzado el mar como producto del tráfico para llevarlos a mercados
de coleccionistas en Estados Unidos y Europa, donde los consumidores están
dispuestos a pagar precios altísimos.

 

La pasta de jaguar se envía ilegalmente desde Latinoamérica para abastecer
los lucrativos mercados negros asiáticos.

 

Redes criminales que se aprovechan de la gran demanda también han abastecido
los mercados con especies de maderas exóticas. Especies arbóreas de
Guatemala, Honduras y Panamá se ha enviado ilegalmente a China y Hong Kong.
Y grandes franjas de selva son blanco de las mafias madereras en Ecuador,
que buscan lucrarse del boom del balso en China. 

 

Los minerales extraídos ilegalmente también se filtran a los mercados
internacionales. El oro robado de Venezuela se ha rastreado hasta Turquía,
Uganda y otros países, y se sabe también que el oro extraído ilegalmente de
la vecina Colombia llega a mercados internacionales de Europa y Estados
Unidos. 

 

4. Los delitos ambientales acarrean derramamiento de sangre

 

En su competencia por los lucrativos recursos naturales, los grupos
criminales avivan la violencia. 

 

El ELN y diversas bandas criminales conocidas como sindicatos y disidencias
de las FARC se han enfrentado por el control de la región aurífera de
Venezuela. Las fuerzas de seguridad del estado también hacen parte de la
fatal combinación. Los residentes quedan atrapados en medio de violentas
disputas, según un informe de International Crisis Group, publicado en 2019.
El caos y la violencia también se extienden a la vecina Guyana, pues los
grupos criminales se expanden por la región. 

 

Ecuador, que en gran medida ha logrado evitar la violencia asociada al
narcotráfico que aqueja a los países vecinos, ha visto miles de buscadores
de oro descender a la remota región fronteriza después de que se descubriera
un gran depósito. La veta también atrajo a grupos armados y bandas
criminales que entraron en conflicto en sus intentos por controlar la
minería ilegal. 

 

Por otro lado, el estado de Chihuahua en México ha sido un hervidero de
violencia, tras la guerra de los Carteles de Sinaloa y Juárez por las rutas
que se usan para el tráfico de narcóticos y madera.

 

El asesinato de defensores ambientales es una mancha que se extiende en
Latinoamérica y crece más y más cada año. El trabajo de los defensores
ambientales se opone a los intereses de los grupos criminales, razón por la
que los están asesinando impunemente en Perú, Honduras, Brasil, Colombia y
México. Los guardaparques enfrentan peligros crecientes al patrullar
reservas naturales donde también rondan grupos armados. 

 

Global Witness informa que Colombia es el país más peligroso del mundo para
los defensores ambientales, con 64 muertes reportadas en 2019. Los casos
muchas veces no llegan a resolverse y los autores intelectuales de los
asesinatos rara vez son procesados. En México, los manifestantes contra
proyectos mineros y energéticos son atacados con armas de fuego; entre los
atacantes se incluyen las fuerzas de seguridad. 

 

Latinoamérica ha sido la región más mortífera del planeta para los
activistas ambientales desde 2012, cuando Global Witness comenzó a publicar
un informe anual sobre este tema.

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