Colombia/ La rabia popular desborda al régimen de Duque. [Estefanía Martínez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de mayo 2021

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Colombia



La rabia desborda Colombia



La profundamente impopular reforma tributaria promovida por Iván Duque
desató la furia en Colombia. Tras la huelga general del 28 de abril, las
protestas siguen creciendo, al igual que el desafío al régimen neoliberal
autoritario de Duque.



Estefanía Martínez *

Jacobin, 30-4-2021

https://jacobinlat.com/



En Colombia, la propuesta de una reforma tributaria profundamente regresiva
–la cual busca “salvar al Estado” del déficit fiscal en el que se encuentra
luego de la crisis– fue la gota que derramó la copa y que llevó a miles de
personas en diferentes ciudades y territorios del país a unirse a la masiva
jornada de paro nacional este miércoles 28 de abril. Hubo marchas en todas
las ciudades, incluidos los municipios más alejados de las fronteras
agrícolas y extractivas, en el Choco, Meta, Vichada y Arauca.



En medio de la desprotección general que vive la población colombiana, con
más de 72 mil muertes por Covid19, más de la mitad de la fuerza de trabajo
en la informalidad, 4 millones de personas desempleadas y un sector
campesino abandonado a su propia suerte, el gobierno pretende pasar una
reforma para hacer rendir más tributo al Estado. Si bien existen modelos de
reformas tributarias de carácter progresivo que buscan gravar las utilidades
de las empresas y redistribuir la riqueza, la reforma actual en Colombia es
al contrario una reforma regresiva con rasgos de ancien régime: esta busca
hacer pagar tributo indirecto a las masas, gravar los salarios de los
trabajadores, mientras excluye a “la nobleza”, el poder eclesiástico y clase
oligarca capitalista del mismo. También busca preservar el presupuesto
militar del Estado para mantener la política de control territorial y
asegurar el modelo de desarrollo neoliberal que se basa sobre la propiedad
de la tierra y la desposesión. No es nada paradójico que sea un “Duque” el
que esté detrás de esta reforma.



El carácter ilusorio de la igualdad y la solidaridad en el régimen
neoliberal



El problema no es que la reforma “nos va poner a pagar impuestos a todos”,
como bien lo indicaban algunos mensajes benévolos que han circulado estos
días por Facebook y Twitter para motivar a las personas de diferente sector
social, partido político, origen y culto a unirse a la protesta contra la
reforma tributaria del gobierno. Era claro desde el comienzo, cuando se
filtró la información sobre el proyecto de reforma, que esta no buscaba
gravar a “todos”, sino a los no-ricos. La llamada “Ley de Solidaridad
Sostenible” es una reforma tributaria propuesta por la bancada uribista del
actual gobierno para dar viabilidad a las finanzas públicas en el contexto
de la crisis y mantener la confianza de los inversores y prestamistas
extranjeros.



La palabra “solidaria” es un eufemismo tomado de las reformas actuales en
Alemania, Francia, España e Italia para denominar el impuesto “temporal”
sobre la riqueza que busca hacer que los ricos aporten un poco para la
reconstrucción de las economías pospandemia. En Colombia, la ley propone la
creación de un impuesto a la riqueza del 1% sobre el patrimonio superior a
4.800 millones de pesos (1,35 millones de dólares) y del 2% sobre los
patrimonios superiores a 14.000 millones de pesos (4 millones de dólares).
De la misma manera, propone reducir los impuestos de renta para las
empresas, crear impuestos verdes para mitigar el cambio climático (por
ejemplo, la sobretasa a la gasolina, el diésel, biocombustible y alcohol
carburante, e impuestos al plástico) y el cobro de contribuciones a los
trabajadores de los sectores público o privado que ganan más de 10 millones
de pesos mensuales (unos 2.765 dólares).



De acuerdo con la CEPAL, en América Latina el 10% más rico posee el 71% de
la riqueza y tributa sólo el 5,4% de su renta. En Colombia, el 1% de los más
ricos paga menos impuestos de renta en proporción a sus ingresos, en un
porcentaje por debajo del promedio regional. Por lo tanto, aunque la reforma
puede parecer a primera vista una reforma “progresista”, en realidad no lo
es.



La reforma, en realidad, busca garantizar que los ricos paguen menos
dándoles dádivas para que deduzcan su impuesto al patrimonio del impuesto de
la renta, el cual a su vez se fija sobre magras tasas marginales (lo que en
otras partes se llama el «engaño de la tasa marginal»); por otro lado, el
impuesto no se aplica a las utilidades de las empresas las cuales, al
contrario, recibirían un alivio en la carga fiscal que sería asumida por un
nuevo grupo de personas obligadas a declarar: la clase trabajadora que gana
más de 2,6 salarios básicos mensuales (2,4 millones de pesos equivalentes a
663 dólares mensuales).



Pero lo más regresivo de la medida es el intento de aumentar el IVA del 16%
al 19%  sobre una cantidad de productos de consumo básico (como huevos, café
y leche) y sobre las tarifas de servicios públicos de energía, gas
domiciliario y acueducto y alcantarillado. De acuerdo con las estadísticas
oficiales, una familia promedio necesita para cubrir sus gastos de
alimentación alrededor de medio salario mínimo mensual y un poco más de un
salario mínimo legal para cubrir otras necesidades básicas como transporte.
Aún así, esta cifra que se toma de referencia no incluye los altos costos de
la salud – dada la saturación del régimen subsidiado de salud y el costo de
las medicinas en un país donde los precios los ponen las multinacionales
farmacéuticas – ni las deudas con el ICETEX para pagar la educación superior
privada frente a la desfinanciación de la educación pública.



Con todo, el gobierno pretende con la reforma que el mayor porcentaje (el
74%) de la recaudación del dinero provenga de este grupo de gente
consideradas “personas naturales” mientras que las empresas solo aportarían
el 25% (donde no se incluye a las iglesias, un sector lucrativo que sin
embargo el presidente Duque se niega a gravar). Así, se esperaba recaudar
25.000 millones de pesos (unos 6.850 millones de dólares) adicionales para
el presupuesto de los próximos años.



El presidente Duque defendió la ley incluso después de las protestas
multitudinarias que se presentaron el 28 de abril. Según él, es la única
alternativa que le permitiría al país reducir la deuda, aumentar los
ingresos y estabilizar las cuentas fiscales en medio de una crisis económica
causada por la pandemia de coronavirus, a la vez que mantener los programas
para el bienestar social. Con esto, se refiere a los programas como Ingreso
Solidario que otorga la suma de 160 mil pesos (menos de 45 dólares
mensuales) a 5 millones de hogares colombianos, el apoyo a estudiantes de
bajos recursos para que estudien en escuelas y universidades privadas y el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que paguen la seguridad social
de jóvenes entre los 18 y 28 años. Estos programas, que son parte del marco
de las políticas para la reducción de la pobreza y la desigualdad, no
obstante, han sido creadas como paños de agua tibia dentro del mismo modelo
de disciplina fiscal, basado en los principios de la economía neoclásica que
sugieren la retirada del Estado de la prestación de servicios sociales
básicos. En lugar de devolver la gratuidad y asegurar la calidad de los
servicios públicos para atender mejor la crisis sanitaria actual, la
propuesta del gobierno es mantener el modelo neoliberal que beneficia a una
minoría mientras se arrojan migajas sobre la mayoría.



La obsesión de Duque con el déficit fiscal y el crecimiento



La “reforma solidaria pospandemia” de Duque no ofrece nada distinto del
paquete de políticas lanzadas en 2018 bajo la Ley de Crecimiento Económico,
la cual se había construido siguiendo al pie de letra las recomendaciones de
organismo internacionales como el FMI y el Banco Mundial y los mandatos (aún
vigentes en Colombia) del Consenso de Washington: disciplina fiscal, recorte
del gasto público, liberalización financiera, liberalización del comercio,
inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales. Esta ley
buscó reactivar la economía y generar confianza en la inversión, luego de la
desaceleración regional que se experimentó como resultado de la caída de los
precios de las materias primas en 2014. El gobierno de Duque dictó medidas
de austeridad y recorte del gasto público, redujo los impuestos para las
empresas y estimuló a los bancos. Lo anterior se vio reflejado en un
crecimiento del PIB en 2,7 puntos al final del 2018, el cual reflejó el
aumento extraordinario en las utilidades del sector financiero ($11.000
millones de pesos que ganaron los bancos en 2019 con una rentabilidad del
12%), mientras el país se sumía en la miseria y salía a protestar en la
multitudinaria marcha del 21N (la cual tuvo víctimas mortales) contra la ya
entonces anunciada reforma tributaria y otras reformas adicionales al
sistema de pensiones y el régimen laboral.



Luego de estas protestas, el gobierno intentó recuperar su popularidad y
darle un ‘pequeño contentillo’ a la gente con panem et circenses: creó un
día loco de compras sin IVA durante la pandemia –que se conoció
internacional como el “COVID Friday” -cuando miles de personas salieron a
aglutinarse en los centros comerciales y supermercados, algunos de ellos
sirviéndose del subsidio de Ingreso Solidario, para comprar cosas sin
impuestos y contribuir así a aumentar las ventas de los grandes almacenes de
cadena y supermercados. Esto no sirvió para recuperar la popularidad, ni
siquiera entre los ricos que se sentían ‘estafados’ porque la reforma
tributaria incluye un impuesto al patrimonio, cuando el actual “Gobierno
Nacional se hizo elegir abanderado de la mano fuerte contra la insurgencia y
la delincuencia, pero especialmente porque bajaría la alta tasa de impuestos
que se cobra a los empresarios”.



¿Por qué el gobierno está tan obsesionado con reducir el déficit fiscal y
buscar nuevas fuentes de financiamiento para los programas de subsidios a la
pobreza? Por un lado, está el interés en seguir manteniendo la base popular
de adeptos en las clases populares y así conservar el voto por la derecha en
Colombia, aunque, como anticipó el expresidente Álvaro Uribe (y líder
natural del partido de derecha Centro Democrático), «la reforma le hace daño
al partido». Por otro lado, está la obsesión de Duque por el apego a los
principios de la economía neoclásica en la que se ha formado, según los
cuales una mayor disciplina fiscal y una reducción del déficit son
necesarios para garantizar el crecimiento. Finalmente, se encuentra la
presión y el compromiso de financiar una gran cantidad de proyectos de
infraestructura que supuestamente iban a permitir que Colombia sea una
economía desarrollada al 2035, por lo que el país necesitaba mostrarse como
un lugar atractivo para la inversión.



De acuerdo con el Índice Global de Competitividad creado en el foro de
multimillonarios en Davos, Colombia figura en el puesto 104 en una lista de
141 países en términos de la calidad de su red vial de infraestructura, por
lo que el gobierno de Duque pretende utilizar una parte importante del
presupuesto público (3.300 millones de pesos) para financiar las obras del
Pacto Bicentenario: una serie de vías, conocidas como «4g y 5g» para mejorar
el transporte de mercancías en diferentes regiones del país. Esto representa
una mina de oro en términos de contratos para los desarrolladores y los
capitales internacionales interesados en participar de estos proyectos.
Además de los contratistas (entre los cuales se encuentran algunas empresas
del conglomerado cuyo principal accionista es el magnate colombiano Luis
Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo con una
fortuna cercana a los 12 mil millones de dólares), también se beneficiarían
algunos sectores oligopólicos nacionales. Serían también beneficiarios el
sector de caña de azúcar, la federación de ganaderos y las empresas del
sindicato antioqueño, quienes controlan a su vez las principales cadenas de
supermercados y las industrias básicas, sin exceptuar las empresas
multinacionales que operan actualmente en el país



La política de control sobre el territorio y la población



Aunque el sector oligopólico nacional se consolidó en la década del sesenta
cuando se desarrolló el pacto entre la clase terrateniente y la clase
industrial nacional bajo el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones (que en ese momento también les otorgó estímulos económicos y
excepciones tributarias y apoyó al proceso de contrarreforma agraria), el
modelo de acumulación actual se consolidó en los noventas con la reforma
neoliberal de apertura económica. Esta última descentralizó las regalías y
redujo la participación del Estado en los sectores de producción y
distribución de energía, salud y otros servicios sociales básicos, pero
mantuvo medidas proteccionistas para los sectores oligárquicos. Desde
entonces, el modelo de acumulación se basa en la explotación de las clases
urbanas a través de los bienes de consumo, las tarifas de energía y
servicios públicos, lo cual ha sido posible a su vez por cómo se explota el
campo y la fuerza de trabajo rural: en Colombia, el sector campesino produce
el 70% de los alimentos, pero el 1 % de las grandes propiedades rurales
concentran el 81 % de la tierra.



Como bien lo ha señalado David Harvey en su análisis de la acumulación por
desposesión, la expansión del capital en la fase neoliberal se ha basado en
la especulación, la depredación, el fraude y el robo de una cantidad de
riqueza social que se ha convertido en la nueva base de acumulación. Estas
dinámicas, que se asemejan a las prácticas de acumulación que Marx consideró
como “primitivas” u “originales”, no son de ninguna manera una “fase” o una
“excepción” propia de la historia de la “disolución de la sociedad feudal”.
Tampoco son una excepción en Colombia donde el modelo de acumulación se ha
consolidado sobre la desposesión y el desplazamiento de miles de personas de
sus territorios (entre ellos campesinos, indígenas, poblaciones
afrocolombianas), donde hoy se consolidan las grandes propiedades agrícolas
con incentivos (bajos impuestos), para producir aceite de palma,
biocombustibles, concentrado de animales y carnes para la exportación.



En este mismo orden de ideas, el gobierno de Duque prioriza dentro del gasto
público del Estado el presupuesto que se destina para el manteniendo de la
guerra interna (10.000 millones de pesos en el 2018 siendo uno de los países
que más invierte en la guerra). En Colombia, el control social a través de
una política militar fuerte y una amplia fuerza policial capaz de reprimir
cualquier acto de levantamiento de masas le ha permitido consolidarse como
uno de los sistemas políticos más estables de la región. Esto incluye la
cifra de más de siete millones de desplazados internos (solo detrás de Siria
a mundial) y de los asesinatos de civiles en protestas. El gasto militar
permite también mantener un control de facto sobre la población y el
territorio, particularmente en las regiones que no acceden a ninguno de los
servicios del Estado. En particular, la política militar de
contrainsurgencia que se implementa en Colombia se mantuvo como una
estrategia clave del neoliberalismo para garantizar la seguridad de las
empresas petroleras en zonas de control guerrillero y preservar los
intereses de la clase terrateniente (ganaderos). Asimismo, es gracias a esta
política que el Estado accede a los programas de ayuda internacional para la
lucha contra las drogas que financia la fumigación con glifosato sobre los
territorios de poblaciones indígenas  sin importar los efectos negativos
probados que esto tiene sobre la salud y el ambiente.



En este sentido, el paro es también una respuesta frente al asesinato
reciente de la gobernadora indígena Liliana Peña, en el departamento del
Cauca, dentro de una zona productora de coca, y por los asesinatos de más de
1100 campesinos, líderes sindicales, afrocolombianos y mujeres desde que se
firmó el acuerdo de la paz de la Habana entre el Estado y la guerrilla de
las FARC en 2016. Un acuerdo que el gobierno ha desconocido. Al contrario,
Duque ha buscado fortalecer el enfoque militarista de la política que sigue
sumando más víctimas extrajudiciales a los llamados “falsos positivos”, como
se definió al asesinato de civiles disfrazados de guerrilleros y
beligerantes presentados como “bajas en combate”, durante la política de la
‘Seguridad Democrática’ de Álvaro Uribe Vélez.



¿Hacia dónde irá el paro?



La revuelta popular que dio origen a la Revolución de febrero de 1917 en
Rusia empezó bajo condiciones similares a las que tiene hoy Colombia: un
régimen autocrático y represivo con una economía fundamentalmente agraria,
una élite terrateniente que controlaba las tierras bajo un sistema feudal
abusivo y una clase obrera que se aglutinaba en la ciudad atraída por el
crecimiento de las industrias de capital extranjero. Al fin de la Primera
Guerra Mundial, el Imperio se sumía en una crisis con una situación de
escasez de alimentos y hambrunas generalizadas. Fue la represión de las
protestas ordenada por el Zar, que causó la muerte de cientos de
manifestantes, lo que llevó a la ira e indignación que desembocó en la
revolución.





En Colombia existe un régimen neoliberal represivo que se basa sobre un
sector campesino explotado y arrinconado por las grandes propiedades
agroindustriales y sobre una clase urbana empobrecida, maltratada y
aglutinada, que debe pagar por acceder a los bienes y servicios más básicos
mientras se sume en el desempleo y la informalidad. Las condiciones están
dadas, existe la ira y la indignación. También hubo muchas víctimas y
evidentemente no se quiere que haya más.



¿Sería capaz el paro de transformar toda la ira, que ahora se desborda en
las ciudades y en las barricadas, en un verdadero movimiento de masas, capaz
de tirar abajo el régimen neoliberal, oligárquico y de excepción en
Colombia, que somete a las clases pobres urbanas, rurales e indígenas a la
regla del éxito de unos pocos? Es muy pronto para saberlo. Lo cierto es que
las movilizaciones han creado un precedente importante para repensar el
presente y recuperar la conciencia de clase en un país que ha sido alienado
de su propia historia. La lucha no es solo contra la reforma tributaria, es
contra el modelo de acumulación y contra las injusticias que ciertas
instituciones e individuos se empeñan en perpetuar.



* Estefanía Martínez, socióloga de la Universidad del Valle, doctoranda en
geografía de la Universidad de Montreal y ex miembro del Centro Nacional de
Estrategias para el Derecho al Territorio (CENEDET), Ecuador.

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