Colombia/ Movilizaciones: Comité del Paro Nacional exige a Duque que no declare el estado de excepción. [La Diaria]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de mayo 2021

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Colombia



Comité del Paro Nacional exige a Duque que no declare el estado de excepción
por las movilizaciones



La base de las protestas urbanas es “el deterioro de las condiciones de vida
de las mayorías”, explicó Julián González, de la Universidad del Valle de
Cali.



La Diaria, 5-10-2021

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En el decimosegundo día de protestas en Colombia, el domingo se produjo una
situación peculiar en Cali. “El Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC] y
otras organizaciones indígenas y afros del Valle del Cauca manifiestan su
rechazo a los sucesos ocurridos hoy en la tarde [por ayer] en Cali, cuando
sujetos armados atacaron a los mingueros que se desplazaban por Jamundí,
provocando al menos 8 heridos”, denunció el CRIC a través de Facebook. Una
movilización de la Minga, organización indígena de la región, fue atacada
por civiles armados y la Policía cuando intentaba ingresar a Cali por el
sur, por el barrio Ciudad Jardín, donde viven familias de alto poder
adquisitivo. “La respuesta del gobierno nacional a la gente que está
marchando y está reclamando sus derechos no puede ser la represión militar”,
dijo una vocera de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca
en un acto público de denuncia en la Universidad del Valle, donde están
sesionando las organizaciones indígenas y afro.



Hasta el 5 de mayo, las organizaciones de derechos humanos habían denunciado
que como consecuencia de la represión, se habían registrado 1.780 casos de
violencia policial, 1.130 detenciones arbitrarias, 38 asesinatos vinculados
al accionar policial, más de 400 heridos, 42 desaparecidos, 31 personas con
lesiones oculares, 15 agresiones sexuales cometidas por miembros de la
Policía, diez allanamientos sin autorización judicial y 52 defensores de
derechos humanos agredidos.



Julián González, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad del Valle, en Cali, dijo a la diaria que en los últimos dos
años, y en particular como consecuencia de la emergencia sanitaria por la
pandemia de covid-19, en Colombia aumentó la cantidad de personas en
situación de pobreza. En un país con 50 millones de habitantes, 21 millones
son pobres, dentro de las cuales siete millones son indigentes. Pero,
además, hay cuatro millones de desempleados y 12 millones de trabajadores en
la informalidad. “Han quebrado debido a la crisis por la pandemia 500.000
medianas y pequeñas empresas, y hay 17 millones de personas en situación de
vulnerabilidad alimentaria, es decir que no alcanzan a tener tres comidas
diarias. La base de las protestas urbanas que se han desarrollado está
sustentada en este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías”,
explicó González.



Según el académico, el Comité del Paro Nacional, conformado básicamente por
organizaciones sindicales, le está exigiendo al gobierno del presidente Iván
Duque retomar los puntos que se venían negociando el año pasado, luego del
21N (21 de noviembre de 2019, cuando se produjo la primera gran movilización
social de protesta). La negociación entablada fue dilatada por el gobierno y
el advenimiento de la pandemia terminó por congelarla. “En la actualidad se
están pidiendo seis cosas básicas: una renta básica, un salario mínimo para
diez millones de personas por un año, apoyo al pago de salarios de pequeñas
y medianas empresas por seis meses, matrícula cero para estudiantes
universitarios en las universidades públicas, cese de las formas de
discriminación contra los pueblos indígenas y otras minorías, la no
privatización de los activos públicos, y acelerar los procesos de vacunación
masiva y fortalecer el sistema de salud”, dijo.



Para González, el proceso de paz iniciado entre el gobierno y la guerrilla
permitió que se dejara de gobernar a partir de “estados de excepción”, que
generaban que “toda protesta pública fuera tratada como un problema de orden
público y se relacionara con la guerrilla o actividades subversivas”. Si
bien este relato aún es utilizado por el gobierno, las protestas de los
últimos días están lejos de estar vinculadas a la guerrilla o el
narcotráfico, y además también tienen autonomía del Comité del Paro Nacional
y de los partidos políticos de izquierda. Según González, esto hace difícil
encontrar interlocutores válidos con los que negociar.



“El gobierno de Duque tiene mucha fragilidad política, tiene el respaldo de
un sector del Partido Centro Democrático, del Partido Conservador, de Acción
Ciudadana y de algunos partidos asociados a iglesias cristianas, pero el
Partido Liberal y Cambio Radical se han desmarcado del gobierno, y los
partidos de oposición, por supuesto, no están apoyando al gobierno. A esto
hay que añadir los informes de Human Rights Watch, de la ONU y del
Parlamento Europeo, y hasta la vigilancia que viene haciendo el Departamento
de Estado de Estados Unidos sobre la situación, un país que otorga una ayuda
militar de 200 millones de dólares anuales a Colombia”, explicó González.
Por otro lado, también hay contradicciones entre una parte de la clase
dominante, vinculada a la producción agropecuaria (ganaderos, agricultores,
bananeros y palmeros), que apoya al expresidente Álvaro Uribe, y por lo
tanto a Duque, y otra, vinculada a la producción industrial, que apoya al
expresidente Juan Manuel Santos.



En cuanto a la actuación de la Policía, González afirmó que Colombia es el
país con la mayor cantidad de policías del mundo en relación con su
población, y que se trata de una Policía militarizada a tal grado que tiene
una fuerza aérea y naval propia. Pero, además, el Comité del Paro Nacional
“le está exigiendo a Duque no acudir al estado de excepción, que les daría
potestades a los militares para actuar sin ningún control. Si ahora, con
ciertas garantías jurídicas, está ocurriendo esto, no podemos imaginarnos
qué pasaría si se declarara el estado de excepción”, concluyó González.

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