Argentina/ La fuerza de las mujeres contra el Fondo Monetario Internacional [Andrea D'Atri]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de noviembre 2021

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Argentina



La Fuerza de las Mujeres contra el Fondo Monetario Internacional



La organización financiera internacional con sede en Washington tiene una
particularísima perspectiva de género. Los planes de ajuste que negocia con
los gobiernos de los países deudores recaen sobre las espaldas del pueblo
trabajador y las más perjudicadas son las mujeres de los hogares más
empobrecidos.



Andrea D’Atri *

Ideas de Izquierda, 28-11-2021

https://www.laizquierdadiario.com/



El FMI intenta imponer sus habituales planes de ajuste, pero en la última
década, con una particular perspectiva de género; especialmente desde que
descubrieron que el incremento de la participación de las mujeres en la
fuerza laboral podía hacer que creciera la economía, junto con las ganancias
capitalistas. En un artículo publicado en marzo de 2019 en la revista
Finanzas & Desarrollo, del FMI, Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar escriben:



Pensábamos que la desigualdad de género era principalmente una cuestión de
justicia social. No nos dimos cuenta de que es también una importante
cuestión económica hasta que empezamos a indagar en el tema. […] Los
estudios del FMI ponen de relieve que la desigualdad de condiciones entre
mujeres y hombres impone un gran costo para la economía mundial. Estudios
anteriores del FMI sobre la repercusión económica de las brechas de género
asumían que tanto hombres como mujeres nacen con el mismo potencial, pero
que las disparidades de acceso a educación, salud, finanzas y tecnología,
los derechos legales y los factores sociales y culturales impedían a las
mujeres realizar ese potencial. A su vez, estos obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres reducían el talento al que podían recurrir los
empleadores. El resultado era una menor productividad y un bajo crecimiento
económico. Se estimaba que la pérdida por la falta de participación
económica de las mujeres iba del 10 % del PIB en las economías avanzadas a
más del 30 % en Asia meridional y en Oriente Medio y Norte de África.
Estudios más recientes sugieren que los beneficios económicos de aumentar la
participación laboral de las mujeres superan las estimaciones anteriores
[1].



El artículo, titulado “Cerrar la brecha de género”, lleva un explícito
subtítulo que reza “Los beneficios económicos de aumentar la participación
de las mujeres en la fuerza laboral son mayores de lo que se pensaba”. Sus
autoras –una, jefa del departamento de Finanzas Públicas y otra, directora
de Recursos Humanos del FMI– sugieren, entre otras cosas, invertir en
infraestructura, apoyar a las mujeres emprendedoras brindándoles un mayor
acceso al financiamiento y promover la igualdad de derechos de las mujeres.



Promover el crecimiento económico y la estabilidad mundial requiere
comprender los factores macro-críticos subyacentes, incluido el rol de la
igualdad de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral
aumenta el tamaño y la reserva de talento de la fuerza laboral y contribuye
a impulsar la productividad laboral y la producción. […] Por tanto, una
mayor igualdad de género es fundamental para cumplir el mandato del FMI de
promover la estabilidad económica [2].



Como queda a la vista en todas sus intervenciones en diferentes países, el
FMI no solo actúa para defender los intereses de los acreedores, sino
también para resguardar los intereses del capital globalizado. Sin embargo,
los desastrosos resultados de los planes de austeridad que impusieron en
distintos países del mundo, para que paguen las deudas durante los ’90,
obligaron al organismo internacional de crédito a mejorar su discurso sobre
la pobreza, la desigualdad y la equidad de género. Además, este pinkwashing
llega al punto de elegir, para sus puestos directivos, a mujeres que hacen
gala de preocupación e interés por la igualdad y el desarrollo de sus
congéneres.



Christine Lagarde, la primera mujer en ocupar la dirección del FMI, cargo
que desempeñó desde 2011 y hasta 2019, responsable de los acuerdos con el
gobierno de Macri cuando se asumió esta nueva deuda más reciente de la
Argentina, se declaraba feminista –a pesar de usar el apellido de su primer
marido– y ocupaba el tercer puesto entre las mujeres más poderosas del
mundo. "Despreciar la mitad del talento mundial es una pérdida de
prosperidad económica para todos", declaró en alguna oportunidad, marcando
la pauta de género que rige al organismo. Algo similar piensa su sucesora
Kristalina Georgieva, quien asumió el cargo después de ser directora
ejecutiva del Banco Mundial. “Si las mujeres tuvieran las mismas
oportunidades que los hombres para alcanzar su máximo potencial, el mundo no
solo sería más justo, sino también más próspero”, le gusta repetir. Otra vez
la prosperidad económica como meta; prosperidad de los grandes capitalistas,
se entiende.



Es decir, aproximadamente desde hace una década, el FMI empezó a preocuparse
porque los acuerdos de pagos firmados por los países deudores, incluyeran
los derechos de las mujeres. Claro que lo que consideran prioritario son los
derechos a firmar contratos, a tener cuentas bancarias y a la propiedad
privada. En el artículo publicado por el FMI citado anteriormente, las
autoras señalan, como ejemplo, las experiencias de Malawi, Namibia y Perú y
expresan que para promover la igualdad de género “deben adoptarse medidas
para abordar la legislación sobre herencias y derechos de propiedad” [3].



Es que, en muchos países donde el nivel de informalidad laboral es incluso
mayor que en Argentina, o grandes sectores de la población no están siquiera
bancarizados, el objetivo del FMI se centra –como en la India, por ejemplo–
en remover todos los obstáculos que pudiera haber para que las mujeres más
pobres accedan a microcréditos y otros financiamientos a sus propios
emprendimientos. De este modo, se alienta que las mujeres de los sectores
populares se conviertan en “pequeñas empresarias” autoexplotadas, trabajando
sin descanso para una economía de supervivencia y, sobre todo, endeudadas de
por vida. Una política que también se empezó a promover en América Latina, a
través de foros internacionales, de organismos y corporaciones, como lo
señalan las autoras de Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin
nosotras.



Si bien retoma el espíritu de políticas orientadas al “desarrollo económico”
de las mujeres de países periféricos a través de la generación de políticas
de microcréditos, esta agenda retoma su rumbo en el 2018 con el evento del
Women-20 que reúne a “mujeres líderes”, empresarias y mandatarias de los
países integrantes del G-20 que se realizó en Argentina. Desde estas
narrativas, la “inclusión laboral, la inclusión digital, la inclusión
financiera”, y el “desarrollo rural” de las mujeres “en situación de
vulneración social” era posible a través del fomento del “emprendedurismo”
[4].



Pero, como bien advierten las autoras,



Estas modalidades laborales (que aumentaron durante la pandemia), lejos de
crear nuevas autonomías económicas, profundizan la precarización laboral.
Este panorama se da en una región donde los niveles de informalidad, empleo
no registrado, bajos salarios y desempleo siguen siendo altos,
principalmente para las mujeres [5].



En ocasiones, como en Jordania, Nigeria y otros países en los que intervino
el FMI, también manifiesta preocupación por el trabajo de cuidados no
remunerado, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, e interés por la
creación de infraestructura adecuada para el cuidado y educación de niñas y
niños, además de licencias y otras medidas. Pero su objetivo no es el
reconocimiento de este trabajo gratuito, sino uno bastante más sórdido:
remover las limitaciones que las mujeres puedan tener para ser explotadas en
el mercado laboral. Incluso calcularon que si se reduce y se redistribuye el
trabajo no remunerado, con un poquito de gasto público en algo de
infraestructura para el cuidado, podría haber ganancias económicas que
sumarían hasta el 4 % del PBI [6]. En el FMI imaginan que estos mismos
servicios podrían prestarlos empresas privadas subcontratadas por el Estado,
que explotan a otras trabajadoras con bajos salarios y condiciones
precarias, como también organizaciones comunitarias que garantizan comedores
y otras prestaciones sociales, al límite de la pobreza.



Incluso, a veces impulsan que el Estado favorezca desgravaciones fiscales
para las familias que contratan trabajadoras de casas particulares,
similares a la política que ha hecho recientemente el gobierno de Alberto
Fernández. En el caso argentino, una medida anunciada con bombos y platillos
a favor de las empleadas, pero que no ha tenido un impacto significativo en
la regularización del sector que está conformado por el 16,5 % del total de
las mujeres ocupadas y el 21.5 % del total de las asalariadas, aunque
aproximadamente el 70 % sigue trabajando sin aportes patronales, ni derecho
a vacaciones, indemnización por despido ni obra social. Incluso, su salario
es tan bajo que ni siquiera los subsidios a los patrones resultan un
incentivo para que estos accedan a regularizar a las contratadas.



En ningún documento del FMI se mencionan los derechos laborales de las
mujeres. Mejor dicho, cuando se habla de alentar su participación en el
mercado de trabajo, no hay ni una palabra sobre el derecho a sindicalizarse
u organizarse colectivamente, pero en cambio se sugieren modificaciones en
los impuestos patronales y en las prestaciones sociales. En resumen, mayor
flexibilización y precarización laboral para las mujeres y más favores a los
empresarios. Queda claro que la perspectiva de género que tiene el FMI no es
la misma que la de los movimientos de mujeres de América Latina que, en los
últimos años, protagonizaron importantes movilizaciones en la región.



En el memorándum firmado por el FMI con Argentina en junio de 2018, en el
punto C titulado “Apoyo a la equidad de género”, el gobierno se proponía
“lograr que las mujeres argentinas puedan desarrollar todo su potencial no
solo es una cuestión moral sino que también tiene sentido desde el punto de
vista económico” [7]. En tal sentido, el gobierno se comprometía a:



Trabajar para reformar el actual sistema tributario reduciendo los
desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral; continuar
implementando nuestros proyectos e iniciativas en acciones para promover
igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y
maternidad; continuar construyendo infraestructura para el cuidado de niños
y educación de la primera infancia; exigir a las empresas que cotizan en
bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en su
Directorio y entre sus puestos gerenciales; continuar trabajando en nuestras
iniciativas para luchar contra la violencia de género y violencia doméstica
y proporcionar redes de apoyo para las víctimas de dicha violencia [8].



Lo primero es claro: como ya mencionamos más arriba, quitar gravámenes a las
patronales que los “desincentivan” a contratar mujeres. Nada más y nada
menos que trabajo flexibilizado. Hay otras medidas que parecen superfluas,
como la de monitorear el “techo de cristal” de las gerencias y los
directorios de las empresas que cotizan en bolsa. Pero hay otros postulados
–como la construcción de infraestructura para el cuidado, etc.– que, aunque
puedan sonar muy bien, se plantean simultáneamente con la exigencia del FMI
de reducir el gasto fiscal, es decir, reducir el empleo público, posponer
proyectos de obras públicas, reducir el gasto en la adquisición de bienes y
servicios. Una verdadera contradicción en los términos.



Actualmente, por la gestión del gobierno de Alberto Fernández -que no se
puede adjudicar enteramente a las condiciones de la pandemia, sino a las
opciones que se decidieron tomar en ese marco-, la tasa de precarización
laboral extrema llega al 44 %. Pero si se desagregan los datos por género,
vemos que ese porcentaje supera el 50 % para las mujeres y está muy cerca
del 70 % para la juventud. Desde el gobierno de Macri a esta parte, el
salario de esta enorme masa de trabajadoras y trabajadores informales cayó
un 31,4 % y la jubilación mínima –que es la que tiene la inmensa mayoría de
las mujeres– un 27,3 %.



Sin embargo, el FMI siempre exige reformas estructurales. Así lo hizo
durante su intervención en la crisis argentina de 2001, como lo hizo antes
en México en 1982 y 1995, en la crisis asiática de 1997 o la crisis europea
con epicentro en Grecia de 2008. Los créditos incluyen como condición la
obligación de avanzar en reformas de la legislación laboral, permitiendo que
avancen la flexibilización y la desregulación, como también la privatización
de servicios públicos y otras políticas que impactan directa o
indirectamente en los derechos laborales. Su política es tan agresiva que,
incluso, ha originado un debate en el Derecho internacional, por las
contradicciones jurídicas y normativas que se generan con las exigencias de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las que generalmente se
resuelven a favor del FMI. Como ejemplifica la profesora Natalia Delgado, de
la Universidad de Southampton:



Argentina es un testigo histórico de esta fragmentación. Por un lado, el
país tiene una sólida legislación laboral heredada mayoritariamente de las
luchas obreras en diferentes momentos históricos. Asimismo, ha ratificado un
número considerable de Convenciones de la OIT. Por otro lado, el Estado
argentino ha contraído sistemáticamente deuda con el FMI, quien impuso
severas condiciones laborales desmantelando derechos fundamentales de los/as
trabajadores/as del país y poniendo en jaque las obligaciones
internacionales del Estado con la OIT [9].



Y, aunque en esta ocasión, el FMI no lo pida explícitamente entre los puntos
del acuerdo que está discutiendo con el gobierno argentino, hay que
considerar que la reforma previsional ya se viene haciendo, ajustando los
ingresos de jubiladas y jubilados varias veces. La última, mientras se
aprobaba la legalización del aborto en diciembre de 2020: maniobra espuria
que se quiso hacer pasar disimuladamente, mientras nos movilizábamos por el
aborto legal. Por otra parte, la reforma laboral por la que se relamen los
derechistas de la oposición, las cámaras empresariales y la unión industrial
no saldrá del Congreso, pero ya se está intentando hacer pasar por convenio,
como lo hace Toyota, con el aval de la burocracia sindical del SMATA.



La deuda es con nosotras



La precarización laboral, la brecha salarial, la falta de servicios públicos
e instituciones que permitan disminuir la carga de las tareas domésticas y
de cuidados son algunas de las causas de la desigualdad en la que se
encuentran las mujeres. Sin embargo, aunque el FMI incluya algunas de estas
cuestiones en su nueva retórica de género, decide ignorar que esa brecha
respecto de los hombres, en distintas áreas, es la misma que se observa
entre las mujeres que tienen los ingresos más bajos y las que se encuentran
entre quienes perciben los más altos. En sus informes, las diferencias de
clase se difuminan en un promedio general que impide tener un diagnóstico
certero de cuáles son las necesidades de las mujeres en situaciones más
vulnerables. Y es en estos sectores, donde el trabajo doméstico y de
cuidados que crea una riqueza social no contabilizada en la economía
nacional, es –como ya lo señalamos en otro artículo– un factor fundamental
para entender el empobrecimiento.



Mientras la tasa de actividad de los hombres supera el 70 %, las mujeres
apenas alcanzan el 50%. Pero si observamos esa misma tasa entre las mujeres
que viven en los hogares con mayores ingresos, notamos que se ubica por
encima del promedio, con un 62 %, mientras la actividad de las mujeres de
los hogares más empobrecidos, no llega al 42 %. Cifras que admiten una
correlación con las que encontramos si analizamos las horas dedicadas, en
estos hogares, al trabajo no remunerado para la reproducción social de la
familia. Mientras en el extremo con menores ingresos, las mujeres dedican
más de 8 horas diarias, en promedio, al trabajo doméstico y de cuidados, en
el otro extremo, dedican 4,5 horas.



Sus trabajos precarios, a tiempo parcial o por horas consolidan un promedio
salarial de apenas 36 mil pesos, bastante menos de lo que se requiere para
cubrir la canasta básica de un hogar de tres personas. La decisión de
destinar cada vez más recursos al pago de la deuda ilegítima y fraudulenta
implica reducir o eliminar la provisión de servicios esenciales para la
reproducción de la vida y obliga a las mujeres a incrementar sus horas de
trabajo no remunerado a expensas de su actividad asalariada.



No es difícil imaginar, entonces, que en esta situación, las mujeres de los
sectores populares sean las más afectadas por la crisis de la vivienda, como
lo evidencia su protagonismo en las tomas de tierra que se esparcen por todo
el país. Mientras las fuerzas policiales comandadas por Berni en la
provincia que gobierna Kicillof o en la ciudad más rica del país, donde
gobierna Rodríguez Larreta, reprimían salvajemente a mujeres, niñas y niños,
para favorecer la especulación de grandes grupos inmobiliarios, el ministro
de Economía, Martín Guzmán desembolsaba 4.600 millones de dólares al FMI.
Una cifra que equivale a la construcción de 131 mil viviendas. Lejos de eso,
Guzmán ya anticipó que pagará otros 1.900 millones de dólares para fin de
año.



Desendeudadas nos queremos



¿Y cuáles son las consecuencias de la exigencia de déficit cero que hace el
FMI? El achicamiento del déficit fiscal implica la reducción de subsidios a
las empresas privatizadas de servicios. Sin embargo, lejos de afectar la
extraordinaria rentabilidad de estas empresas de telefonía y energía,
seguramente tendremos nuevos y mayores tarifazos, que intentaron evitar en
medio de la campaña electoral, aumentando hasta un 125 % las transferencias
por subsidios a estas compañías, en el mes de octubre. También se debate si
la devaluación que exige el FMI será abrupta o gradual. Sea como fuere, se
beneficiarán los exportadores, los bancos y las grandes empresas, mientras
perderán los salarios. Y redundará en un mayor recorte del gasto en
prestaciones sociales, que ya sufrió una quita del 14 % en el presupuesto de
este año.



El gobierno heredero del matrimonio de los “pagadores seriales” se debate
entre pagar sin retaceos o pagar haciendo algún acuerdo; sin embargo, es
posible ponerle un freno al saqueo infinito de la deuda. Investigar los
fraudes es el primer paso para imponer el desconocimiento soberano de la
deuda que es ilegítima y odiosa, mediante la movilización popular. Impedir
la fuga de capitales y el caos económico con medidas de defensa de los
recursos nacionales, como la nacionalización de la banca y el monopolio
estatal del comercio exterior bajo control del pueblo trabajador, requerirá
de una lucha que, seguramente, tendrá a las mujeres en la primera fila.
Porque somos las mujeres organizadas y movilizándonos en las calles
masivamente las que plantamos el grito de “Ni una menos” en todo el país y
más tarde, inundamos todo de verde hasta conquistar la legalización del
aborto. Porque somos las mujeres quienes ya estamos resistiendo la
precarización laboral y los bajos salarios en Salud, las que encabezamos las
grandes movilizaciones contra el extractivismo contaminante en la Patagonia,
el Noroeste, Cuyo o Buenos Aires, las que enfrentamos la brutal represión
policial con que se desalojan las precarias casillas de las que reclaman
tierra para vivir. Porque somos las mujeres de los movimientos sociales, de
los barrios populares y de la izquierda las que, en el Día de Lucha contra
la Violencia hacia las Mujeres, nos movilizamos exigiendo “Basta de
femicidios, travesticidios y violencia machista. No al ajuste del FMI y los
gobiernos”.



“Hoy la Argentina no está en condiciones de pagar la deuda con el FMI. Lo
que decimos nosotros es que una vez más no puede pagar, ¿por qué no la pagan
quienes la generaron?”, inquirió Myriam Bregman en una entrevista. Y agregó:
“Nos tienen que explicar cómo la receta que es endeudar y fugar y, que en
forma cíclica, va generando crisis económicas y sociales, esta vez va a
tener un resultado diferente. Los acuerdos con el FMI siempre fracasan, el
tema es quién lo paga” [10]. Una Fuerza de Mujeres se dispone para el
combate contra el futuro impiadoso que nos deparan el Fondo Monetario y los
gobiernos que pretenden pagar la deuda con el hambre y la miseria del pueblo
trabajador y la vida, cada vez más precarizada, de las mujeres.



* Es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Con una
reconocida militancia en el movimiento de mujeres, en 2003 fundó la
agrupación Pan y Rosas de Argentina, que también tiene presencia en Chile,
Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, EE.UU.,
Estado Español, Francia, Alemania e Italia.



Notas



[1] Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar (2019), “Cerrar la brecha de género.
Los beneficios económicos de aumentar la participación de las mujeres en la
fuerza laboral son mayores de lo que se pensaba”, F&D, Washington, FMI.

[2] FMI (2018), How to Operationalize Gender Issues in Country Work,
traducido y citado por Diane Elson y Corina Rodríguez Enríquez en "Del dicho
al hecho: la narrativa de género del FMI y los derechos humanos de las
mujeres", revista Derechos en Acción, año 6/N.º 18, 2021. Las autoras
señalan, además, que el FMI, recién en 2014, inició un proyecto de
investigación “centrado en cómo una presupuestación sensible al género puede
hacer que el gasto público sea más eficiente y más equitativo”

[3] Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar (2019), op. cit.

[4] Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez
(2021), Si nuestras vidas no vale, entonces produzcan sin nosotras.
Reflexiones feministas sobre la violencia económica, Buenos Aires, Fundación
Rosa Luxemburgo.

[5] Ídem.

[6] Cristian Alonso, Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris, Yuko Kinoshita, y
Kalpana Kochhar (2019), “Reducing and Redistributing Unpaid Work: Stronger
Policies to Support Gender Equality”, FMI.

[7] Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, 12 de junio de 2018.
Publicado en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina_loi_-_mefm_-_tmou
_-_espanol.pdf

[8] Ídem.

[9] Natalia Delgado, “La disolución de los antagonismos entre el FMI y los
derechos laborales”, revista Derechos en Acción, año 6/N.º 18, 2021. Más
adelante, Delgado señala que “Durante el gobierno del presidente Menem
(1989-1999) se impuso un modelo económico emblemático por sus reformas
neoliberales, a través de la introducción de 20 proyectos de reformas
laborales ideados para disminuir los costos de la contratación de mano de
obra”

[10] Puede verse la entrevista completa en
https://www.youtube.com/watch?v=ncjbWOGrmtI.

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