Sin asunto

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de octubre 2021

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Estados Unidos

 

El nuevo “aluvión” migratorio


 

Y siguen llegando

 

Estados Unidos, que lidia, sin resolverla, con la situación de unos 11
millones de inmigrantes indocumentados o con visas temporarias, recibe en su
frontera sur el embate de cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría
centroamericanos, al tiempo que miles de haitianos se materializan por
sorpresa bajo un puente en Texas y empieza la distribución por el país de
más de 37 mil afganos.

 

Jorge A. Bañales, desde Washington 

Brecha, 1-9-2021 

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On the boats and on the planes

They’re coming to America

Never looking back again

They’re coming to America

Everywhere around the world

They’re coming to America

«America», Neil Diamond

 

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encara una crisis
inmigratoria que, en realidad, son tres, cada una de ellas con diferentes
matices. Están los más de 11 millones de inmigrantes que viven y trabajan,
se reproducen, producen y consumen desde hace décadas en el país; está el
éxodo permanente que arriba a la frontera sur, desde donde otea la tierra
prometida al otro lado del río o los muros, y están los aconteceres
esporádicos que resultan en imágenes dramáticas y respuestas precipitadas.
Y, para capotearlas, el gobierno opera con una legislación inmigratoria
disfuncional, cuya última reforma integral se hizo en 1986. Aquella reforma,
promulgada por el presidente Ronald Reagan, resultó de un acuerdo entre
demócratas y republicanos en el Congreso, que hoy luce como un cuento de
hadas, en un presente en el que ambos partidos –y las facciones de cada uno
de ellos– consideran la negociación una cobardía y el compromiso, una
claudicación.

 

La reforma inmigratoria de 1986 otorgó una amnistía a unos 5 millones de
inmigrantes, indocumentados o con visas temporarias, y estipuló mecanismos
para un control estricto de la inmigración. Entre ellos, por ejemplo, estaba
la verificación del permiso de trabajo, una tarea que los empleadores pronto
abandonaron, porque a muchos les beneficia la mano de obra barata de los
ilegales. Otro mecanismo apuntaba a una vigilancia policial más eficaz en la
frontera, pero los años fueron pasando y millones de inmigrantes la han
cruzado más hostigados por el desierto y los coyotes (animales y humanos)
que por la Patrulla de Fronteras. Los intentos de actualizar la ley de
inmigración o, con más ambición, de establecer un sistema inmigratorio más
eficaz y sintonizado con las necesidades y las posibilidades del país han
naufragado en el Congreso. En las últimas tres décadas y media ha habido
tres presidentes republicanos y tres demócratas. Todos ellos prometieron, e
intentaron, una reforma integral del sistema inmigratorio y todos ellos
fracasaron, hasta ahora.

 

Los que ya están 

 

Unos 44,9 millones de habitantes de Estados Unidos –esto es, el 13,7 por
ciento de la población– han nacido en otros países, un cambio sustancial
desde 1970, cuando unos 15 millones de inmigrantes eran el 4,7 por ciento de
la población. El Centro de Estudios de Migración, el Centro Pew de
Investigación y el Instituto de Política Migratoria calculan que hay ahora
en el país entre 10,5 millones y 11 millones de «indocumentados», un grupo
que superó los 12 millones hacia 2007 y desde entonces ha ido decreciendo.
No es un contingente homogéneo, ni por sus orígenes nacionales ni por su
condición legal, y, a falta de una legislación coherente, cada segmento
tiene su propio problema.

 

La imagen estereotípica del «indocumentado» –los peones rurales que recogen
cosechas–, en realidad, no se aplica a este conjunto de laburantes. Son
millones y, en su mayoría, están legalmente en Estados Unidos con visas
temporarias vinculadas a su empleo. Millones de estos hombres y mujeres han
estado en Estados Unidos por muchos años, tienen hijos nacidos en el país y
conforman una mano de obra no solo barata, sino también sumisa, porque si
pierden sus empleos, pasan a la categoría de deportables.

 

Los «soñadores» son inmigrantes en su gran mayoría jóvenes, que fueron
traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad. En 2012, durante el
gobierno de Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional instituyó un
programa, conocido como DACA (por su sigla en inglés), que postergó la
deportación de estas personas. En muchos casos, estos jóvenes se enteraron,
al cumplir la edad para obtener la licencia de conducir o al matricularse en
la universidad, que no eran residentes legales. Intrusos en el país donde se
criaron y al que conocen como el suyo, de pronto pasaron a ser deportables a
países de los cuales saben poco o nada. Hay en este grupo más de 637 mil
personas. El entonces presidente, Donald Trump, canceló el DACA en marzo de
2017, y las sucesivas querellas judiciales han llevado el asunto al Tribunal
Supremo de Justicia. Mientras tanto, los soñadores, que se han graduado de
universidades, han servido en las Fuerzas Armadas, se han casado y han
tenido hijos, o han iniciado negocios, viven en la incertidumbre.

 

Los «tepesianos» (por TPS, ‘estatus de protección temporaria’) son
ciudadanos de una docena de países en los cuales, a criterio del Poder
Ejecutivo, han ocurrido desastres vinculados al cambio climático,
catástrofes naturales –como terremotos y erupciones volcánicas– o conflictos
violentos que ameritan un refugio temporario para quienes de ellos huyen.
Hay ahora unos 746 mil extranjeros amparados por el TPS, y el contingente lo
encabezan unos 198.400 salvadoreños, seguidos por 60.350 hondureños y 40.800
haitianos. En marzo, el gobierno de Biden añadió Venezuela a la lista de
países designados para el TPS, y se calcula que unos 320 mil venezolanos
podrían solicitar el amparo. También muchos de ellos han estado en el país
por muchos años y aquí se han arraigado, siempre en la incertidumbre de si
el gobierno extenderá el TPS cada 12 o 18 meses.

 

La pandemia de covid-19 creó otra categoría, la de los «trabajadores
esenciales», por cuya legalización permanente bregan los demócratas en el
Congreso. Estos son, al igual que los trabajadores agrícolas, los millones
de hombres y mujeres que laburan en tareas como el cuidado de niños,
enfermos y ancianos, la limpieza de hospitales, el transporte de mercaderías
y el procesamiento de alimentos, a quienes no se les dio tregua y
continuaron trabajando expuestos a la pandemia. Sin estos dos grupos de
inmigrantes, buena parte de la economía habría colapsado.

 

El éxodo no para 

 

Entre el 1 de octubre de 2020 (fecha en que comienza el año fiscal en
Estados Unidos) y agosto, la Patrulla de Fronteras detuvo a 1.541.651
inmigrantes indocumentados, incluidos 130.710 menores de edad que llegaron a
la frontera sin la compañía de adultos responsables. En los 12 meses del
período fiscal 2020 había habido 458 mil detenciones. Esto no representa la
cifra real de individuos capturados, ya que en muchos casos los inmigrantes
deportados vuelven a cruzar la frontera, son detenidos y expulsados… y
retornan. El arribo de inmigrantes a la frontera comenzó a incrementarse en
mayo de 2020, continuó durante los meses restantes de la presidencia de
Trump y saltó bruscamente desde la investidura presidencial de Biden. Aunque
la mayoría de estos inmigrantes procede de América Central, las autoridades
han señalado un incremento en la presencia de ecuatorianos, brasileños y,
aun, inmigrantes que han cruzado medio planeta desde el sur de Asia o desde
África.

 

El gobierno de Trump, al tono de su retórica xenófoba, aplicó una política
de mano dura, asentada en la construcción de barreras físicas –no
exactamente el muro que prometió a lo largo de los 3.200 quilómetros de la
frontera, pero, aun así, vallas–, la separación de niños de sus familias y
las deportaciones expeditas. Antes del brote de la pandemia, el Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas llegó a tener unos 40 mil inmigrantes en
sus centros de detención. Actualmente tiene unos 28.100 detenidos. Los
grupos que abogan por los inmigrantes han denunciado las condiciones de
hacinamiento y la detención prolongada de estos extranjeros.

 

En enero de 2019, el gobierno de Trump instauró el llamado Protocolo de
Protección de Migrantes (MPP), por el cual quienes llegan a la frontera, se
entregan a las autoridades y piden asilo son enviados de regreso a México o
América Central para que esperen allá el trámite de sus solicitudes. En
marzo de 2020, recurrió al llamado Título 42, una norma sanitaria por la
cual son expulsados, también de forma expedita, los inmigrantes que puedan
ser portadores del coronavirus. El gobierno de Biden canceló el MPP, pero se
topó con demandas judiciales de algunos Estados y, al parecer, aunque la
norma sigue vigente, no se aplica ahora a la espera de las decisiones de los
tribunales. En cambio, el gobierno de Biden mantiene en efecto el Título 42
y miles de personas son expulsadas por razones dizque sanitarias.

 

Un cambio en la política de Biden ha sido la aceptación, en la frontera, de
los menores que llegan sin la compañía de adultos. En muchos casos, estos
niños y adolescentes son enviados a través de la frontera porque tienen
otros familiares en Estados Unidos. Por ley, estos menores detenidos por la
Patrulla de Fronteras deben ser transferidos dentro de las 72 horas a la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del
Departamento de Salud, que se ocupa de ubicarlos con familiares o adultos
responsables. En marzo, la ORR llegó a tener un promedio de 20 mil menores
de edad bajo su custodia, y la cifra ha bajado a 12.400 esta semana.

 

El gobierno de Trump presionó a México para que incrementara la vigilancia
policial en su frontera sur, a fin de impedir las caravanas de inmigrantes
de América Central. Biden le asignó a la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, la tarea de concertar con México y los países
centroamericanos un programa de más largo alcance que modifique las
condiciones sociales y económicas que causan la emigración.

 

Lo inmediato que ofusca

 

La discusión sobre inmigración en Estados Unidos descarrila una y otra vez
por situaciones puntuales en las que lo urgente sobrepasa lo importante y
las imágenes de multitudes hacinadas o que huyen de la violencia cubren las
pantallas de televisión y las páginas de noticias.

 

Las caravanas de inmigrantes centroamericanos captan la atención de los
medios estadounidenses mucho antes de que los caminantes lleguen al norte de
México. Pero, de alguna forma, de pronto unos pocos haitianos acamparon bajo
el puente internacional frente a Del Río, en Texas, y en menos de una semana
más de 16 mil haitianos se materializaron en el sitio sin aviso previo.
Haití, que ya ha estado designado para el TPS por varios años, registró en
julio el asesinato del presidente y en agosto otro terremoto devastador,
pero entre los haitianos que se congregaron bajo el puente los había que
huyeron del país por esas circunstancias y los que recorrieron un periplo
que los llevó a Chile o Panamá. Estados Unidos reaccionó con improvisación.
Primero se anunció que los haitianos en Del Río serían deportados. De hecho,
en una docena de vuelos más de 4 mil de ellos retornaron a su país. Ante la
protesta de quienes abogan por los refugiados y los inmigrantes, el gobierno
de Biden dejó en libertad a más de 12 mil de ellos, que ahora podrán
solicitar el amparo del TPS.

 

Lejos, pero en paralelo, otra crisis golpeó la puerta: Estados Unidos evacuó
a más de 124 mil personas de Kabul, y el gobierno ha empezado la
distribución regional de unos 37 mil hombres, mujeres y niños afganos. Se
espera que California aloje a 5.225 afganos evacuados; Texas, a 4.481;
Oklahoma, a unos 1.800, y Washington y Arizona, a 1.600 cada uno. Otros
estados que recibirán más de 1.000 afganos incluyen Maryland, Virginia,
Missouri, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte y Florida. El criterio
general para la distribución es la preferencia declarada de los evacuados
que ya tienen amigos o familiares en diferentes partes del país.

 

Reacción 

 

La gestión de Trump se caracterizó por una retórica y una política xenófobas
que alertan sobre la «infestación» de extranjeros indeseables justo cuando
el censo muestra que la población «blanca» disminuye y la inmigración es una
fuente creciente del incremento de población. En alrededor de un cuarto de
siglo los blancos pasarán de ser la mayoría a ser solo la minoría más
numerosa del país. El trumpismo explota lo que describe como una amenaza
para la nación, con enjambres de inmigrantes de piel oscura, idiomas
foráneos, musulmanes o vaya uno a saber qué, y otros ingredientes que
«degradan» la calidad social del país.

 

En ausencia de capital político y una presencia en el Congreso que respalde
una reforma integral del sistema inmigratorio, los demócratas han optado por
proponer soluciones parciales que beneficien a los soñadores, los
tepesianos, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, todos
los cuales suman unos 8,3 millones de seres humanos. Los republicanos
muestran posiciones que van desde una política antiinmigratoria cerril hasta
la legalización de segmentos de la población inmigrante bajo la condición de
más recursos para vigilar la frontera y una aplicación más estricta de las
leyes sobre los permisos de trabajo y la «inmigración en cadena», por la
cual cada inmigrante que obtiene la legalización puede solicitar el ingreso
de sus padres, hermanos o cónyuges con sus respectivas familias.

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