Chile/ Se abre investigación contra Piñera por sus negocios en paraísos fiscales. [Cecilia Pérez Otero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de octubre 2021

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Chile



La Fiscalía chilena abrió una investigación contra Piñera por sus negocios
en paraísos fiscales



Diputados opositores anunciaron que preparan un juicio político contra el
presidente chileno.




Cecilia Pérez Otero

La Diaria, 9-10-2021

https://ladiaria.com.uy/



El último tramo de gobierno de Sebastián Piñera, que deja la presidencia de
Chile en marzo, avanza entre sospechas acerca de conflictos de intereses y
negocios en paraísos fiscales. A pocas semanas de las elecciones del 21 de
noviembre, Piñera enfrenta además los cuestionamientos a dos de sus
ministros, y el candidato del oficialismo sufre una caída en intención de
voto según marcan las encuestas.



Diputados opositores en el Congreso de Chile anunciaron que presentarán la
semana que viene una acusación constitucional contra Piñera, el primer paso
hacia un juicio político. Lo mismo pedía la Confederación de Estudiantes de
Chile (Confech), que había convocado para ayer una manifestación a partir de
revelaciones de los llamados Pandora Papers.



Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), que en Chile estuvo a cargo de los medios LaBot y
Ciper, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera
Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, un amigo de la infancia del
presidente. Parte del negocio se firmó en Chile por 14 millones de dólares,
y otra parte, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas por 138
millones de dólares.



Piñera argumenta que la Justicia ya lo investigó por este negocio sin que se
lo acusara de ninguna ilegalidad, y que desde que asumió su primera
presidencia, hace 12 años, no ha participado en la administración de ninguna
empresa. Sin embargo, la investigación reveló que las condiciones en que se
vendió el proyecto minero pudieron colocar al gobernante ante un conflicto
de intereses.



El pago por Minera Dominga a la familia Piñera se haría en tres cuotas, de
las cuales la última sólo se haría efectiva en caso de que no se declarara
un área de protección ambiental en la zona donde funcionaría. Se trata de un
área de gran diversidad biológica ubicada en Coquimbo, cerca de la localidad
de La Higuera, y por ese motivo organizaciones ambientalistas reclaman desde
hace años que se declare zona protegida.



Piñera y Pandora



En 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se hizo un estudio de
viabilidad ambiental del proyecto Minera Dominga, que no pasó la prueba.
Pero la empresa a cargo, Andes Iron, reclamó contra esa decisión y,
finalmente, en agosto el proyecto fue aprobado. De acuerdo con la agencia
Efe, la decisión estuvo a cargo de una comisión formada por 12 funcionarios
de los cuales 11 fueron designados por el Ejecutivo de Piñera.



El proyecto se propone extraer, durante unos 22 años, hierro y cobre de una
de las mayores reservas de Chile, con una inversión de unos 2.500 millones
de dólares. “Se trata de un proyecto nefasto también en términos
ambientales, que se va a emplazar en una zona que debiese estar protegida a
nivel planetario, que ha sido identificada por el mundo científico como uno
de los lugares más importantes de biodiversidad del planeta, que alberga a
buena parte de la población de pingüinos de Humboldt”, dijo al medio digital
El Mostrador Matías Asún, director de Greenpeace Chile.



Las sospechas por este caso, apuntan a que el mismo Ejecutivo que tenía la
posibilidad de declarar esa zona como protegida, es liderado por alguien
cuya familia perdería un enorme ingreso si lo hacía.



Después de esa primera publicación de los Pandora Papers hubo una segunda,
sobre una trama de sociedades en paraísos fiscales que pertenece a los hijos
de Piñera, y que fue construida con la fortuna que el presidente chileno
dejó en sus manos cuando llegó a la presidencia por primera vez, en 2010.



Piñera, que como empresario se dedicó a distintos rubros -aerolíneas,
negocios inmobiliarios, tarjetas de crédito, televisión-, traspasó a sus
hijos su fortuna de 3.000 millones de dólares para evitar que sus empresas
interfirieran con su cargo. De acuerdo con Ciper y LaBot, la decisión de
hacer ese traspaso en un paraíso fiscal alimentó dudas sobre si se pagaron o
no los impuestos de 25% que Chile establece para las “donaciones en vida”.



Investigaciones judiciales y políticas



“El fiscal Nacional [Jorge Abott] ha decidido abrir de oficio una
investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció
la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional chilena, Marta Herrera.
Se investigará si se configuran delitos de “cohecho, soborno y tributarios”,
dijo. Al conocerse estos negocios, Abott le encargó a la Unidad
Anticorrupción del Ministerio Público que investigue si en los negocios de
Piñera existió tráfico de influencia o negociación incompatible con el cargo
que ocupa.



Además, un juzgado admitió una querella contra el presidente, presentada por
el abogado Luis Mariano Rendón. El querellante consideró que los hechos que
se conocieron esta semana requieren “una investigación a fondo” y que la
Fiscalía “no ofrece las garantías necesarias”.



También organizaciones sociales y políticas han cuestionado los negocios del
presidente. “Lo que hemos visto es la gota que rebasó el vaso”, dijo la
vocera de la Confech, Ignacia Henríquez. “Realizar operaciones en paraísos
fiscales es de por sí una acción inaceptable [...] pero lo que bate todos
los récords es que haga negocios personales con el patrimonio natural que
pertenece a todos los chilenos y chilenas, utilizando para ello a las
instituciones del Estado. Eso es intolerable”, dijo a El Mostrador. Para
Henríquez, al igual que para muchos políticos opositores, Piñera está
“inhabilitado moralmente para encabezar los destinos de Chile en calidad de
presidente”.



A eso apunta el pedido de juicio político, que lo acusa de incumplir el
principio de probidad establecido en el artículo 8 de la Constitución y de
“comprometer el honor de la Nación”, según manifestó en sus redes sociales
la diputada del Frente Amplio Camila Rojas.



También dirigentes de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría
expresaron que apoyarán la acusación, que para avanzar requiere la mayoría
absoluta de la Cámara de Diputados. La candidata a presidenta por esa
alianza, la demócrata-cristiana Yasna Provoste, dijo que “es inconcebible
que un presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la
protección ambiental en La Higuera [la zona en la que operaría la empresa],
por asegurar un ingreso personal con la Minera Dominga”.



A su vez, Gabriel Boric, dirigente frenteamplista y candidato a la
presidencia por la alianza Apruebo Dignidad, se refirió a las elecciones de
noviembre y dijo en sus redes sociales: “No podemos dejar que haya una
continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, menos sabiendo la peligrosidad
de sus decisiones en beneficio propio”. En declaraciones a CHV Noticias
manifestó: “La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián
Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y
siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”. Consideró
que “en esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos, Sebastián
Sichel y José Antonio Kast”. Sichel es el candidato de la alianza
oficialista Chile Vamos a las elecciones del 21 de noviembre, y Kast, de
ultraderecha, es un postulante proveniente de esa coalición que decidió no
participar en sus primarias sino postularse directamente a la presidencia.



Ministros en cuestión



Además de los negocios de Piñera, también han recibido críticas fuertes sus
ministros. La reciente publicación de un documental de Netflix titulado
“Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile”, puso el foco en su ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. El documental relata los
abusos cometidos por el líder de la Colonia Dignidad, Paul Schäfer, que
incluyen abusos sexuales contra menores de edad y albergar un centro de
desaparición y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.



Entre los documentos que reúne, se encuentran las declaraciones que hizo en
la década de 1990 Larraín, en las que se lamentaba acerca de cómo se
procesaban las denuncias de abuso contra Schäfer. “Se ha utilizado violencia
innecesaria, se ha amedrentado a personas que tiene derecho a vivir en paz y
al respeto a su dignidad como tales. Todo por una denuncia de un menor que
se ha formulado contra un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre
una pérdida parcial de la visión”, cuestionaba.



Sobre aquellos dichos, Larraín afirma ahora que él también fue “engañado”,
que no sabía de los crímenes cometidos allí y que como parlamentario de la
región estaba preocupado por el cierre del hospital de la colonia. “Dejé de
tener contacto con la gente de Dignidad el año 1997, nunca más tuve contacto
y, por supuesto, [me aparté] pidiendo las sanciones más duras para quienes
correspondían”, dijo el ministro.



Uno de los sobrevivientes de Colonia Dignidad que aparece en el documental,
Salo Luna, manifestó: “Siempre hemos escuchado hablar de Larraín [en
relación con Colonia Dignidad], pero este documental lo pone en la palestra
con imágenes, con narraciones, con comunicados de prensa que él realiza en
relación a las víctimas chilenas”. Agregó que el documental intentó contar
con el testimonio del ministro, pero éste se negó.



Larraín dijo que no quiso dar una entrevista para el documental y agregó:
“Es mejor estar fuera, porque uno se presta para juegos que uno no sabe. Si
bien se da información real, no cuentan el contexto ni reacción posterior ni
parte de los hechos, los cuales, si fueran narrados enteros, los chilenos
estarían tranquilos”.



A comienzos de 2020, a partir de otro documental sobre la Colonia Dignidad,
de la Deutsche Welle, la Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule dijo
en un comunicado que Larraín “fue durante mucho tiempo partidario de la
secta” y que “su fanatizada defensa, en los años 90, de los alemanes
criminales no tiene excusa hasta hoy”.



Otro de los ministros de Piñera, Rodrigo Delgado, titular de Interior, será
interpelado el lunes 25 por la crisis migratoria que se registra en el norte
del país. “No queremos explicaciones sobre lo que pasa, queremos soluciones
concretas y medidas del gobierno en favor de las regiones que viven una
crisis migratoria y humanitaria que nos sobrepasa”, dijo el diputado Vlado
Mirosevic.



En Iquique, a fines de setiembre, pobladores locales atacaron a un grupo de
venezolanos que vivía en la calle y les quemaron las pocas cosas que tenían
en un campamento improvisado.



Los planes del gobierno para atender esta crisis incluyen la expulsión de
1.500 extranjeros a partir de una Ley de Migraciones más restrictiva que
impulsó el oficialismo, y que ha sido criticada por Naciones Unidas y
Amnistía Internacional.



Llegando a la primera vuelta



En marzo la presidencia de Chile quedará en manos del candidato que resulte
electo el 21 de noviembre o, lo que es mucho más probable, en la segunda
vuelta del 19 de diciembre. El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel,
se refirió al escándalo que afecta a Piñera y dijo que la ciudadanía “pide
transparencia total”, y “en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y
dar todas las explicaciones necesarias”. Sichel ha intentado despegar su
imagen del actual gobierno desde que comenzó la campaña electoral, y cambió
el nombre la coalición Chile Vamos por Chile Podemos+.



Pero el candidato no logra por ahora asegurarse un lugar en la segunda
vuelta. Según informaron los medios digitales El Desconcierto y El
Mostrador, el ex ministro de Desarrollo Social de Piñera aparece en tercer
lugar en las encuestas de intención de voto, y lo supera el otro candidato
de derecha, Kast, en los estudios de las consultoras Pulso Ciudadano, Activa
Research, Cadem y Data Influye.



Quien encabeza las encuestas para la primera vuelta es el candidato de
Apruebo Dignidad, el frenteamplista Gabriel Boric, que en el estudio de Data
Influye, que es el más reciente, reúne 25,7% de los votos. Lo siguen Kast
con 16,2%, Sichel con 12,1 y la demócrata cristiana Provoste, con 11,5%. Los
demás candidatos, que obtienen menos de 5% de apoyo, son Franco Parisi,
Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, y los indecisos suman 15%.



La misma encuestadora midió también el respaldo al presidente. De acuerdo
con su estudio, apenas 13% de los chilenos aprueba la gestión de Piñera, y
69% la desaprueba.

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