Venezuela/ Elecciones, negociación y diálogo. [Emiliano Terán Mantovani - Entrevista]

Sab Oct 23 23:15:33 UYT 2021

  _____

Correspondencia de Prensa

23 de octubre 2021

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain en montevideo.com.uy> germain en montevideo.com.uy

  _____

Venezuela

Entrevista a Emiliano Terán Mantovani

Elecciones, negociación y diálogo

Viento Sur, 22-10-2021

https://vientosur.info/

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de
Venezuela, investigador/ activista y ecologista político, orientado a las
luchas contra el extractivismo y por la justicia socioambiental en América
Latina. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Master
en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a
Phd en Ciencia y Tecnología ambientales por la misma universidad.
Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES).
Participa en varios espacios como el Grupo Permanente de Trabajo Sobre
Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y en
el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política. En esta entrevista con
el sociólogo e investigador venezolano Emiliano Terán Mantovani rastreamos
el origen de la crisis y analizamos la situación actual a la luz de las
negociaciones entre el gobierno y parte de la oposición venezolana.

-¿Podemos decir que en Venezuela hay una dictadura?

Más allá del debate sobre qué es hoy, en el siglo XXI globalizado, una
dictadura, y qué no lo es –debate que me parece necesario–, en torno a
Venezuela ha habido demasiados abusos mediáticos, propaganda, maniqueísmos y
frenesí. Pero salgamos de generalizaciones mediáticas e intentemos mirar en
lo concreto el perfil del Gobierno actual: no hay absolutamente ninguna
separación de poderes, y no solo eso, sino que las instituciones se han
degradado drásticamente, al mismo ritmo que se ha degradado el conjunto del
país en esta crisis.

Lo que prevalece es la ley del más fuerte, la voluntad de los poderes
fácticos vinculados a la burocracia estatal, el sector militar y quienes
hacen negocios. La corrupción es el principal mecanismo de distribución de
los excedentes y de distribución del poder desde arriba. Ya ni se disimula
con protocolos democráticos, todo se ha vuelto autoritarismo y rapiña
abierta. La vía electoral se corrompió totalmente y la gente no confía en el
sistema de elecciones. Las decisiones se toman a lo bravo, sin ninguna
consulta, y mucho peor, con unos niveles de secretismo que se incrementaron
con la falta de datos y estadísticas públicas, con la declaración de estados
de excepción permanente desde 2016 –que hace que todo se maneje como una
economía de guerra– y que se corona con la Ley Antibloqueo de 2020, que
legaliza como nunca el secreto en los proyectos y acuerdos.

Y como ya he mencionado, la protesta popular viene siendo reprimida de
maneras crecientes y violentas, un patrón que se repite en todo el país. El
rol de los diversos cuerpos de seguridad, legales y paralelos, es crucial en
esta situación. Y la impunidad es total y generalizada; esta degradación
política ha pulverizado el Estado de derecho, la base de derechos que
protege a la sociedad.

Todo esto no solo lo pueden corroborar actores institucionales
internacionales como la Oficina de derechos humanos de la ONU, sino también
organizaciones sociales del país, tanto las que son de oposición como otras
chavistas, así como el testimonio de gente en barrios populares, donde han
ocurrido masacres de los cuerpos de seguridad. Esto es algo sabido por
todos, completamente evidente. Incluso algunas declaraciones de funcionarios
estatales de alto rango han reconocido ‘excesos’ de los cuerpos de
seguridad, hace poco el fiscal general asumió la responsabilidad del Estado
venezolano por la muerte del concejal Fernando Albán y del estudiante Juan
Pablo Pernalete, algo muy serio. Hay mucha intimidación en la sociedad para
criticar y protestar, y más con la llamada “Ley contra el Odio”, aplicable a
muchos quienes elevan una crítica frontal. ¿Cómo se le puede llamar a todo
esto?

Es cierto que el término dictadura ha sido usado y abusado por un sector
ultraconservador y de derecha latinoamericano, así como medios de
comunicación con líneas editoriales muy rancias y manipuladoras, para hacer
un contraste más bien hipócrita del régimen venezolano actual con las
“democracias” del hemisferio. Pero gobiernos como el de Iván Duque,
Sebastián Piñera o Jair Bolsonaro, por mencionar ejemplos, son vergonzosos
aunque mantengan una fachada institucional. Son represivos, violentos y
corruptos. Sin embargo, esto no quita que la evolución del régimen de Maduro
esté hoy configurándose como una dictadura. ¿Siempre fue así? No lo creo.
Los primeros cinco años del proceso bolivariano fue de un nivel de
efervescencia y participación popular muy interesante.

Las elecciones en Venezuela fueron ganadas limpiamente por Chávez, su
partido y su Gobierno. Todo cambió a partir de 2015, luego de que el
Gobierno nacional fuera barrido en las elecciones parlamentarias de ese año,
y la oposición obtuviera dos terceras partes de la Asamblea. Parecía que se
le venía la noche al Gobierno de Nicolás Maduro, que casi había perdido en
las presidenciales con Henrique Capriles, en abril de 2013. A partir de 2015
comienza el desconocimiento de esta y toda instancia que estuviera fuera del
rango de control del Gobierno nacional, y un creciente accionar autoritario,
que se fue volviendo más drástico y violento. E insisto, esto se produjo
incluso sobre las disidencias del chavismo, por más chavista que se fuese.

Ahora, lo que no se puede decir es que en Venezuela el único actor político
en el juego sea el Gobierno. Desde la llegada de Chávez han existido
diversas formas de intervencionismo, fundamentalmente desde los Estados
Unidos, con incidencia variadas, fuerte en los primeros años de Chávez, que
luego baja su nivel y que se intensifica nuevamente con Maduro. Con el
Gobierno de Trump se hizo muy intenso y grotesco, más que por las amenazas
de invasión –que a mi juicio nunca fue una primera opción–, por la vía de
las sanciones internacionales, que han tenido fuerte impacto, y son también
crímenes contra la humanidad. Sin embargo, es crucial decir que el colapso
económico y social de Venezuela comienza antes de las sanciones
internacionales.

Las sanciones que verdaderamente nos afectaron como país fueron las que se
aplicaron desde 2017, y primordialmente desde 2019, que afectaron con fuerza
a PDVSA y al oro venezolano. Las sanciones no son el principal causante de
la crisis venezolana. Las principales causas del colapso nacional y del
declive chavista hay que buscarlas fundamentalmente en factores internos del
proceso.

Otro elemento que habría que agregar es que el intervencionismo no fue
únicamente el estadounidense: China tuvo un rol importante en la
profundización del extractivismo y el endeudamiento externo en Venezuela, y
el posterior debilitamiento económico del país; y Rusia ha tenido un rol
crucial en el período de la crisis, vinculado a condiciones para sus
petroleras, mineras y la venta de armas a Venezuela. Podríamos hablar
también de Colombia, de Irán, Turquía, Cuba, entre otros. Lo que hemos
vivido en Venezuela ha sido también un conflicto internacional.

-El Gobierno y algunos sectores de la oposición realizaron una ronda de
negociaciones con acuerdos parciales ¿Cuáles han sido los puntos clave de
estas negociaciones?

Como ya se ha anunciado, este nuevo intento de negociaciones sentó en agosto
siete puntos que llamaron ‘prioritarios’, donde destaca el gran acento que
el Gobierno le ha puesto al cese de las sanciones internacionales y la
recuperación de activos venezolanos en el exterior –este último se acordó
como ‘acuerdo parcial’ en septiembre–, mientras que la oposición insiste en
elecciones libres y justas y la recuperación de condiciones de equidad y
garantías en las mismas. Otros elementos están vinculados a la igualdad de
derechos políticos para todos los actores, convivencia y rechazo a vías
violentas, así como el respeto al Estado de derecho; y se anunciaron medidas
de “protección” de la economía y el pueblo venezolano; además de garantías
de respeto a estos acuerdos. El otro ‘acuerdo parcial’ fue el del Esequibo,
la zona en reclamación y disputa ya histórica con nuestros vecinos de
Guyana, que es otro ingrediente más que debe añadirse a esta sopa que es el
conflicto venezolano, y que además involucra la explotación petrolera.

Hay dos cuestiones muy sensibles con las que se llega a estas nuevas
negociaciones: una es la de la crisis humanitaria que se vive en el país,
que ha comprometido las condiciones de vida de millones de venezolanos, sin
contar con los otros seis millones de migrantes connacionales. La otra ha
sido la posibilidad de que el conflicto político se desbordara, y por tanto
la necesidad de evitar llegar a esos escenarios. Ambas cuestiones son tan
sensibles para la población y el futuro del país, que esta y otras
negociaciones podrían contribuir a que se abran caminos para no caer en
huecos tan profundos y oscuros, y volver a cierto espacio de hacer política
y de recuperación de condiciones mínimas de vida.

Pero la verdad es que este proceso tiene su contracara. Los grupos
dominantes que negocian son básicamente élites políticas y económicas que
han estado absolutamente de espaldas al país, algo que por cierto la
población lo sabe muy bien. De espaldas al país y bastante involucrados con
intereses económicos y políticos particulares. De hecho, si bien estos
grupos han estado confrontados en lo político, lo que tenemos en esa mesa es
un gran consenso entreguista. Muchas de las políticas liberalizantes y
desreguladoras del Gobierno de Maduro son vistas con agrado por varios
actores de oposición y grupos empresariales. Otros grupos que no hacen parte
de la mesa les enfada no ser parte directa de esas reformas neoliberales.
Así que el neoliberalismo es un consenso político de élites.

Una gran reforma neoliberal consensuada, en la que también participa el
capital transnacional, podría levantar algunos indicadores macroeconómicos,
ofrecer mayor estabilidad para el capital y hacer crecer relativamente el
mercado interno, creando una ilusión de riqueza; pero todo ello se haría a
costa de entregar el país, con un alto nivel de endeudamiento externo y
privatización, una gran devastación ambiental, la precarización de
trabajadores y la consolidación de la desigualdad social que se ha venido
intensificando en los últimos años, además de no resolver los problemas de
fondo y estructurales.

Por mencionar dos ejemplos: la crisis ha generado que Venezuela se convierta
en una gran maquila, un gran centro de mano de obra barata, que en realidad
es algo muy atractivo para el capital internacional, para sus inversiones, y
de facto va legalizado con las Zonas Económicas Especiales y los mecanismos
de protección al capital; por otro lado, se van subastando los recursos
naturales del país, con grandes facilidades de acceso para los inversores, a
costa de niveles de devastación ambiental y despojo territorial tremendos.

Es en este sentido que la gente ve, en general, estas negociaciones con
cinismo, con escepticismo. Además, la población no olvida que en medio del
conflicto entre Gobierno y oposición, ambos pusieron a la población como
instrumento, y como daño colateral, colocando la búsqueda del poder como
primer objetivo, por encima de todo.

Las negociaciones tienen más la mira en la reforma económica y la
recuperación de los canales y condiciones de reproducción del capital.
Sectores más institucionalistas tratarán de que se puedan recuperar bases
institucionales, pero sigue habiendo esta brecha entre estos intereses y los
de la población, lo que evidencia la reconfiguración de las contradicciones
políticas y sociales, la de los de abajo contra los de arriba. Además de las
contradicciones existentes entre grupos de poder. Y es importante resaltar:
el problema de fondo, el que crea esta profunda crisis, está lejos de ser
resuelto, por lo que en verdad la estabilidad no es algo que pueda estar
garantizado. Así que el juego aún queda bastante abierto.

-¿Las sanciones han sido medidas efectivas para ejercer presión?

Las sanciones, sobre todo las aplicadas desde 2017, han venido cerrando
drásticamente canales de intercambio económico internacional y de flujo de
financiamiento. Las sanciones de 2019 contribuyeron considerablemente al
estrangulamiento de PDVSA, que venía en una progresiva debacle pero que en
estos años se derrumbó con fuerza la producción petrolera que ha llegado a
estar en 380.000 barriles diarios en 2020, y está en un sube y baja que
promedia los 500 mil barriles. O sea, se produce menos que Colombia.

Por supuesto que esto ha asfixiado la economía venezolana y ha tenido
repercusiones en el Gobierno venezolano, que ha tenido dramáticos problemas
de flujo de caja, lo que además lo lleva a recurrir a canales subterráneos
de comercio y captación financiera –de ahí la polémica sobre la minería
ilegal de oro, las cargas de petróleo de bajo perfil o los testaferros
internacionales. Así que sí es un factor de presión política inobjetable.

El asunto es que el principal afectado de las sanciones ha sido la
población, y el Gobierno más bien ha aprendido a gobernar en estas
condiciones, a desarrollar mecanismos de control social y político en esta
situación de precariedad. La conservación del poder prevalece sobre la
protección de los derechos humanos de los venezolanos, es una especie de
‘externalización’ económica sobre la población. Se ha hablado de los Clap,
que son estos mecanismos de distribución alimentaria organizados por el
Gobierno, pero es claro que sobre esto hay estrategias de control político,
de filiación, de manejo de la precariedad de la población. Además, mientras
tanto el Gobierno pagaba puntualmente el servicio de la deuda; se le cobra
el IVA a la población pero se exime de pagar impuestos a importaciones y al
capital foráneo; y se consolidan actores hiper-privilegiados de la economía
nacional sobre nuevos emprendimientos y el crecimiento de sectores privados
(supermercados, bodegones, casinos, sitios turísticos, etc).

Lamentablemente se ha instrumentalizado la crisis humanitaria, y esto
incluye a Guaidó y su estrategia política, así como actores internacionales,
como el Gobierno de los Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos
alineados con este. Esto es inconcebible, todo un crimen contra la
humanidad. No se puede colocar a la sociedad como botín, esas son más bien
lógicas de guerra.

-Algunos sectores de la oposición venezolana llamaban a la abstención
electoral por falta de garantías ¿Qué es diferente ahora? ¿Qué se está
jugando?

Lo que pasa es que la estrategia de Juan Guaidó -de presionar al colapso por
vías económicas, insurgentes, de conmoción interna y de la creación de un
Estado paralelo- no prosperó. Mientras tanto, el Gobierno asistía a una
nueva elección en solitario, y lograba básicamente quedarse con todo. El
debate sobre la estrategia opositora ha pendulado en torno a la
participación y no participación electoral, a la legitimación y no
legitimación del Gobierno de Maduro. No hay hoy un consenso pero se reconoce
que hay que llevar la lucha en la vía electoral, de verlo como un campo de
disputa política, con todas las complejidades y contradicciones que esto
conlleva. Suena dura la idea de que por fuera del Estado no se va a lograr
absolutamente nada.

El Gobierno presentó un nuevo Consejo Nacional Electoral que tuvo buena
acogida en algunos sectores de oposición. Y los actores internacionales
dieron el visto bueno y abrieron la posibilidad de observaciones
electorales. Así que algunas condiciones han posibilitado esta aceptación de
mayor participación de sectores de la oposición, que son una buena parte de
esta, pero no todos.

Desde una visión pragmática, esto representa la posibilidad para sectores de
oposición de lograr parcelas de poder, a cambio de legitimar el régimen de
poder actual. Pero insisto en que el trasfondo de estas elecciones está en
los intentos de conformar un piso estable para el capital y la gran
reestructuración económica neoliberal que vive el país.

-¿Encontramos en Venezuela alternativas o articulaciones políticas más allá
de la MUD y del oficialismo?

Esta es una pregunta muy importante, porque sobre Venezuela se suele poner
demasiada atención sobre las dinámicas de los líderes políticos y las
disputas partidistas y poco se habla de lo que va pasando en el campo
popular. Como he comentado antes, la sociedad venezolana no es, en mi
opinión, una sociedad desmovilizada pero sí ocurre que ese descontento está
bastante desarticulado, y es discontinuo. Ha habido diversas formas de
protesta, con intensidades variables, pero con grandes carencias para
converger en un proyecto alternativo, y para conformarse en redes o
plataformas amplias de lucha política. Como ya también mencionaba, este país
ya no se puede sostener sobre los mismos códigos políticos dominantes de las
últimas décadas. Y eso se está expresando tanto en cierto vacío de
referentes políticos, como en la reconfiguración, reordenamiento y
reorientación del campo popular, un proceso que es accidentado, experimental
e incierto. Pero me parece que ha habido expresiones de que, desde las bases
de la sociedad, otra política quiere emerger.

Sobre esto mencionaría entonces tres ámbitos: el de las protestas, el de la
organización social y el de bases partidistas disidentes. Las primeras no
tienen hoy las características de las grandes movilizaciones nacionales de
2017, que disputaron directamente el poder político y contra el Gobierno de
Maduro, sino que son fundamentalmente microprotestas territorializadas,
principalmente por condiciones de vida. Esto, además de protestas urbanas,
incluye luchas indígenas y campesinas. Lo interesante es que han logrado
cierta simultaneidad en varios Estados del país, como lo ocurrido en
septiembre de 2020, en la que resaltaron las protestas de Yaracuy que se
rebelaron también contra los liderazgos políticos de todo tipo, y nos hacen
preguntarnos sobre la posibilidad de emergencia de nuevos sujetos políticos.

En cuanto a las organizaciones sociales, se reformulan sobre códigos más
allá de la polarización, y centrados en la construcción de agendas de
reproducción de la vida, pero también en luchas feministas, ambientales,
sindicales, campesinas e indígenas. Hay mucha gente haciendo cosas, aunque
son experiencias dispersas, hoy impactadas por la nueva ola de la pandemia,
pero que labran caminos, que además apuntan a la recuperación del tejido
social y, lo que me parece más interesante, el fortalecimiento de una
cultura de derechos sociales y ambientales. Esto último es algo que en el
mediano y largo plazo es fundamental para recuperar una agenda fuerte de
lucha popular.

Y por último, bases partidistas disidentes que intentan construir
alternativas a los partidos dominantes, y se componen de algunos liderazgos
que subsisten, que no están tan quemados, y otros nuevos, jóvenes activistas
influidos por estos nuevos horizontes y condiciones que se han formado en
Venezuela, y que, en escenarios como el de las elecciones regionales que
vienen en noviembre, luchan por posicionarse, enfrentando de alguna forma a
los grupos dominantes (del Gobierno y las oposiciones que pactan). Su rol es
también importante porque disputa en este campo minado, y persigue cierto
balance ante tanta desigualdad política. Hay de todo ahí.

(Entrevista publicada en Hora Cero, 8-10-2021: https://www.horacero.org/)

  _____

--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20211023/ecb3c659/attachment-0001.htm