Uruguay/ "Más daño que sanación". La cárcel para presas con hijos ampliará su capacidad de encierro. [Victoria Fernández]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de septiembre 2021

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Uruguay



La cárcel para presas con hijos ampliará al doble su capacidad, debido al
aumento de los ingresos



La suba de penas contra el microtráfico tiene un impacto “dramático” en las
mujeres, advierten en ámbitos nacionales e internacionales.



Mientras el gobierno construye más celdas para mujeres con niños, preocupa
el caso “paradigmático” de una madre condenada a cuatro años por llevar a la
cárcel marihuana debido al “daño” que implicará para sus hijos.



Victoria Fernández

Búsqueda, 1-9-2021

https://www.busqueda.com.uy/



Dona Samer Fleitas tiene 39 años y cuatro hijos menores a su cargo. No hay
padres presentes ni otros familiares que apoyen en el cuidado de los niños.
Aunque siempre vivieron en un contexto de precariedad, van a la escuela y
tienen sus chequeos médicos al día. Los técnicos que dan apoyo a la familia
aseguran que es una madre presente, que siempre se las rebuscó para
mantenerlos y cuidarlos sola. Tiempo atrás, impedida de cumplir el horario
como empleada en un lavadero por no tener donde dejar a su hijo más chico,
perdió su último trabajo formal. Vendió comida, hizo limpiezas, pero su
situación socioeconómica empeoró. A principios del año pasado la familia se
quedó en la calle, y pasó a vivir en un centro del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES).



Mientras tanto, Dona se vinculó con un hombre a través de Facebook y al
tiempo fue a visitarlo a la cárcel. Le llevó 56 gramos de marihuana, que
intentó ingresar ocultándolos en su cuerpo. Pero el escáner del ex-Comcar lo
detectó, y Dona fue detenida. Nunca antes había cometido un delito. En
julio, la Justicia la condenó a cuatro años de cárcel.



Aunque su condena fue apelada, sus perspectivas no son alentadoras. Es que
las normas penales aprobadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC)
previeron un aumento de las penas contra el tráfico de drogas, y su caso
encuadra en los delitos especialmente agravados: entrega de sustancias
estupefacientes prohibidas en establecimientos carcelarios. Por tanto, tiene
una pena mínima de cuatro años de cárcel. No negociables. Aunque se trate de
una persona sin antecedentes penales, la Fiscalía no puede pedir al juez una
condena menor. Tampoco puede acordar que parte de la pena se cumpla en
libertad bajo vigilancia.



Además, la LUC estableció que esos delitos ya no pueden redimir pena por
estudio o trabajo. Así que serán cuatro años, sin descuentos. El objetivo de
esta política, explicaron a Búsqueda desde el Ministerio del Interior, es
desestimular el ingreso de drogas para combatir el “gran problema” de
adicción entre los presos.



El caso de Dona no es el único, pero sí es para muchos “paradigmático”. Por
la dureza de la sanción para el delito cometido, y por el impacto que tendrá
en sus hijos. Como no hay otros adultos cercanos para hacerse cargo de
ellos, deberán ingresar al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). En el
caso del menor, que tiene dos años, la ley habilita que pueda ir con ella a
la cárcel, aunque la unidad penitenciaria para mujeres con hijos está llena
y los técnicos que trabajan con la familia temen que no haya cupo para él.



El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel
Petit, y la organización Gurises Unidos, que trabaja con niños y
adolescentes de contextos vulnerables, se presentaron ante la Justicia como
amicus curiae en la causa contra Dona, con el objetivo de poner foco en el
impacto que el castigo penal tendrá en sus hijos, de dos, cuatro, nueve y 16
años. En el documento citan, entre otras normas internacionales, las Reglas
de Bangkok para el tratamiento de las reclusas, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2011, que “señalan la pertinencia de
encontrar alternativas a la prisión cuando el interés superior del niño esté
en juego”.



También describen el impacto que el proceso penal ha tenido en sus hijos:
desde el inicio, cuando Dona debió cumplir prisión preventiva domiciliaria
con tobillera electrónica y fue su hijo adolescente quien asumió las
principales tareas de cuidado, pasando por la actual incertidumbre de no
saber qué pasará con ellos cuando el proceso culmine y la madre deba ir a la
cárcel; hasta el futuro, en el que deberán criarse en centros de INAU,
separados de sus hermanos y de su mamá.



“En la resolución de privar a una madre de libertad no solo está en juego la
pena a la mujer, sino también el derecho de los niños, niñas y adolescentes
a vivir con su madre”, plantean al juez, y piden que considere “la
aplicación de medidas alternativas” para aquellas mujeres que, como Dona,
son madres de niños y “no cuentan con ninguna red familiar o afectiva que
evite su institucionalización”.



El juez penal Fernando Islas, que el 19 de julio condenó a Dona al mínimo
legal de cuatro años de cárcel —la Fiscalía había pedido cinco—, escribió en
su sentencia que compartía “in totum” lo planteado en el amicus curiae. Sin
embargo, sostuvo que las condiciones de cumplimiento de la pena debían ser
valoradas, en caso de que la condena quede firme, por el juez de Ejecución,
en una etapa posterior.



“Enorme desproporción”



El endurecimiento de la política de persecución del narco y microtráfico que
impulsó el nuevo gobierno tuvo un impacto particular en las mujeres,
coincidieron los distintos actores consultados. Es que la LUC revivió una
norma de 1974 que había quedado en desuso, el artículo 36 del decreto ley
14.294, que penaba el ingreso de drogas a las cárceles con una mínima de
cuatro años. En 1998 se aprobó la Ley de Estupefacientes N° 17.016, que en
su artículo 60 legisló nuevamente el agravante de ingreso de droga a la
cárcel (sin fijar mínimos ni máximos), por lo que la norma anterior dejó de
aplicarse.



Pero, tal como explica en la sentencia el juez Islas, el artículo 74 de la
LUC dio una nueva redacción al artículo 36 del decreto ley 14.294, que “se
entendía derogado tácitamente”. Para el magistrado, en la exposición
parlamentaria quedó “en evidencia la intención del redactor del proyecto de
ley y del legislador de que tome fuerza y vigor nuevamente el artículo 36”.



Así, mientras el ingreso de una baja cantidad de drogas a una cárcel por
parte de una persona primaria solía recibir una pena de libertad bajo
vigilancia, o unos 20 meses de cárcel si tenía antecedentes, hoy debe
imponerse al menos cuatro años de cárcel (puede ir hasta los 15), sin
posibilidad de que los operadores gradúen el castigo según la gravedad y las
circunstancias del caso.



¿Por qué esto afecta más a las mujeres? Porque son ellas las que suelen
cometer ese delito, sea para llevar droga a una pareja o un hijo preso, o a
un desconocido a cambio de dinero.



Fiscales, defensores y jueces penales ven con preocupación esta situación,
según las consultas realizadas por Búsqueda. En particular, cuestionan que
no puedan considerar la primariedad ni acordar penas alternativas, ya que
muchas veces son mujeres que no tienen vinculación previa con el delito.
“Los actores de Fiscalía estamos conversando sobre el tema y nos hemos
reunido para discutir cómo manejarlo y tratar de que sea lo más justo
posible”, informó una fuente de esa institución.



En algunos casos, si la defensa demuestra que fueron presionadas o
extorsionadas para llevar la droga a la cárcel, hay fiscales que evitan
pedir la formalización. Pero no son muchos los casos en que esto puede
probarse, y las fiscalías tienen posiciones diferentes. Otra estrategia que
han aplicado algunos fiscales es considerar que no son autoras del delito
sino cómplices de quien les pidió o exigió la entrega, lo que les permite
pedir un tercio de la pena mínima. “Hacemos malabares. Pero la norma nos
deja muy poco margen de maniobra para poder evaluar el caso a caso”, comentó
un integrante de la Fiscalía. “La dosimetría penal en este delito está al
máximo. Así sean 20 gramos de marihuana, tenemos que pedir cuatro años”.



Hubo una comparación que se repitió entre defensores y fiscales consultados
para ilustrar lo que entienden como una “enorme desproporción en la
dosimetría penal”: el Betito Suárez, conocido narcotraficante con múltiples
antecedentes, recibió en mayo una condena de dos años y cuatro meses, porque
en su caso la Fiscalía podía acordar una pena menor (no se configuran las
agravantes previstas en la normativa actual y entonces la mínima es de dos
años). “Un narcotraficante con antecedentes puede conseguir dos años, pero
una mujer primaria que llevó un porro a la cárcel tiene que ir cuatro años.
Es un sinsentido”, comentó uno de ellos.



“Más daño que sanación”



El caso de Dona es “representativo de los dilemas de la política criminal
del siglo XXI y de los gigantescos desafíos que tiene nuestro sistema”, dijo
Petit, que celebró que el juez Islas recogiera el contenido del amicus.
“Creemos fundamental que se preserve la relación con la madre, buscándose un
mecanismo alternativo de prisión domiciliaria asistida. O que la madre sea
internada en un lugar que también asegure la crianza de los niños”, agregó,
y aseguró que las normas nacionales e internacionales de protección de la
infancia “abren las puertas” para considerar esas alternativas.



“Es complejo y desafiante para la sede, pero encerrados en ese expediente,
además del drama humano en juego, está el dilema de qué hacer con delitos de
drogas de baja intensidad cuyo castigo penal lineal puede provocar más daño
que sanación”, dijo.



“No es un caso aislado, es un caso bastante paradigmático”, coincidió la
directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, en referencia a
la situación de Dona. “Por supuesto estoy de acuerdo con el planteo del
comisionado. Me parece que debería considerarse en casos de mujeres con
niños, que no tienen antecedentes penales, o tienen antecedentes de repetir
las mismas conductas, poner medidas alternativas a la prisión. Por ellas y
por los niños”.



“No estamos planteando que no se cumpla la pena, sino que pedimos generar
una pena que no impacte de este modo en los niños”, dijo Gonzalo Salles,
director de la ONG Gurises Unidos, que trabaja con los hijos de Dona a
través de un convenio con el INAU. “El impacto de la privación de libertad
de esta mamá en los gurises va a ser terrible”, agregó. En ese sentido, dijo
que Gurises Unidos está en “sintonía” con el objetivo que se ha trazado el
INAU de pensar políticas alternativas a la institucionalización de los
menores. Por eso, añadió, “el sistema tiene que tener la flexibilidad
suficiente para buscar una solución alternativa a este caso”, afirmó.



“Es un tema preocupante”, reconoció el presidente del INAU, Pablo Abdala,
consultado por el daño “colateral” que provoca el aumento de mujeres
condenadas en los niños. Por un lado, porque “puede ser la causa de que
niños y adolescentes ingresen al sistema de protección, y eso debe
preocuparnos”, señaló. “El otro aspecto es lo que el contexto en sí mismo
genera en el estado de ánimo de los hijos de privados de libertad. Hay un
gran debe en el Estado sobre esa realidad”, explicó. “El sistema tiene una
carencia. El tema ha ido quedando relegado, y tenemos que ponernos a
trabajar”.



“Ultima ratio”



Desde Naciones Unidas también observan con preocupación el tema. Jan Jarab,
representante en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, dijo a Búsqueda que “la privación de libertad
debe funcionar como ultima ratio”, y que “insistir en medidas privativas de
libertad y no permitir alternativas va contra la posición común de la ONU”.



“La comunidad internacional aboga por la mitigación de las consecuencias
penales de delitos menores relacionados con las drogas y por la introducción
de un sistema más balanceado de sanciones”, afirmó. Los recientes cambios en
la política de persecución al narcomenudeo y su impacto en la población
femenina “nos parecen preocupantes”, añadió. “De hecho, cuando se estaba
discutiendo la Ley de Urgente Consideración, alertamos de manera reiterada
—ante ambas cámaras del Parlamento— que cambios de corte punitivo generarían
retrocesos desde la perspectiva de derechos humanos y serían
contraproducentes a nivel de seguridad”.



“Estos cambios (que lamentablemente han proliferado en América Latina)
tienen un impacto desproporcionado en la población femenina: son
principalmente mujeres quienes resultan procesadas por ingresar microdosis
de drogas a las prisiones, muchas veces bajo presión de hombres. Con penas
desproporcionadas, las mujeres se convierten en chivos expiatorios de la
política de persecución al narcomenudeo. Pero al parecer, esta mirada de
género no fue tomada en cuenta en la adopción de la LUC”, planteó.



Jarab opinó que “sería fundamental reestablecer por ley la posibilidad de
medidas alternativas en estos casos, pero también impulsar una perspectiva
de género”, y señaló que el tema podría ser abordado por el Consejo de
Política Penitenciaria creado en la LUC.



Bottero comparte la necesidad de buscar vías alternativas. “Las mujeres
presas, en general, son mujeres pobres que entraron al delito por una pareja
o por una necesidad imperiosa de mantener a sus hijos. Ahí hay un sesgo de
género para trabajar”, señaló.



El comisionado penitenciario definió como “dramática” la cantidad de mujeres
jóvenes que, “por diversos motivos de vulnerabilidad, terminan en prácticas
de supervivencia ilegales vinculadas al micronarcomenudeo, muchas veces
presionadas por otras figuras, mayoritariamente hombres”.



“Los que trabajamos en territorio tenemos claro que el número de mujeres que
empiezan a ser procesadas por este tipo de delitos va en aumento”, afirmó la
licenciada en Psicología Fernanda Caballero, de Gurises Unidos. Explicó que
no siempre llevan drogas a sus parejas, sino que también lo hacen para
conseguir ingresos: “A veces no los conocen, son contactadas por redes
sociales, son detectadas como mujeres vulnerables que necesitan ingresos,
entran como parejas y en la visita conyugal le dan la droga. Y muchas veces
no dimensionan la gravedad o el riesgo de lo que están haciendo”.



Un aspecto que varios subrayan es que la marihuana hoy es legal, lo que hace
que sea más confuso para estas mujeres comprender la gravedad penal de la
acción que cometen. Por eso distintos actores del sistema penal han
solicitado que se coloquen de letreros al ingreso de cada centro carcelario
para que las personas sean informadas sobre las consecuencias de intentar
ingresar con droga a los centros, aunque esto aún no se implementó.



En el Ministerio del Interior explicaron que si bien están trabajando junto
a ASSE en temas de salud mental para combatir las adicciones en la población
carcelaria, “es a largo plazo”. Por eso, “se pensó en el aumento de penas
para desestimular el ingreso de sustancias estupefacientes a las unidades” y
se “reforzaron los controles en el ingreso, lo que llevó a que se incaute
más droga”.



La Unidad de Comunicación del ministerio informó que entre enero y junio se
incautaron 6,842 kg de marihuana, 1,510 kg de pasta base y 152 g de cocaína
en los ingresos a las cárceles.



Por otra parte, indicó la cartera, “muchas veces” las mujeres primarias “no
tienen casa y, por lo tanto, no se puede sustituir con prisión domiciliaria”
la pena.



“Estamos dispuestos a generar un espacio de debate real sobre el tema de las
mujeres y las mujeres con hijos, porque esto no es solo del Ministerio del
Interior o particularmente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR),
sino que es de la sociedad en su conjunto”, añadió en su respuesta. “El
tema, según lo vemos, seguirá creciendo y es necesario tener una discusión
multidisciplinaria porque hay un problema importante y real que es el
creciente número de mujeres delinquiendo, más concretamente en la venta de
drogas”.



Más espacio en las cárceles femeninas



Aunque no está aún cuantificado, el incremento de mujeres condenadas por
delitos de narcomenudeo lo constatan desde el Ministerio del Interior, la
Fiscalía y la Defensoría Pública, y acompaña el fenómeno generalizado del
aumento de la población carcelaria, que se encuentra en su máximo histórico:
13.792 prisioneros, lo que ubica a Uruguay entre los países con más presos
per cápita de América. De hecho, se observa en el aumento de los ingresos a
las unidades carcelarias N° 5 y N° 9 de la zona metropolitana, la primera
para mujeres solas y la segunda para mujeres con hijos (la única
especializada en esa población en todo el país).



Con más mujeres formalizadas o condenadas, y penas más largas, la capacidad
de ambas unidades está más exigida, y el riesgo de que se genere
hacinamiento, particularmente en la unidad donde están los niños, despierta
preocupación en diversos ámbitos. Semanas atrás la Defensoría Pública Penal
transmitió su inquietud al INR del Ministerio del Interior por la falta de
espacio en la unidad N° 9, informó Subrayado, debido a varios casos de
mujeres con niños que fueron acusadas por la Fiscalía y posiblemente reciban
penas de cárcel. A partir de eso se instaló una mesa de diálogo entre ambas
instituciones, la oficina del comisionado penitenciario y el Poder Judicial
(la Fiscalía también fue convocada pero el fiscal de Corte, Jorge Díaz,
entendió que el tema no era de su competencia).



El director del INR, Luis Mendoza, informó a Búsqueda que en la unidad para
mujeres con hijos, instalada en un viejo hospital, lo que le da
características más amplias y confortables que una cárcel tradicional, hay
actualmente 30 mujeres (una embarazada) y 29 niños. Un número mayor
implicaría tener que renunciar a espacios comunes para actividades
educativas y de recreo, fundamentales en un establecimiento con niños.



Por eso, está en construcción y pronto a inaugurarse un piso superior con 40
plazas nuevas. El plan, explicó, es que en la planta baja haya capacidad
para 28 mujeres en prisión preventiva, y los 40 lugares del segundo piso
sean para presas con condena. Esto permitiría, además de ampliar la
capacidad, cumplir con el Código del Proceso Penal que ordena que presos
preventivos y condenados estén separados. En la unidad N° 5, a su vez, se
está construyendo una nueva sala de preegreso que también ampliará la
capacidad.



Mendoza dijo que con estas obras en marcha transmitió tranquilidad a la
Defensoría de que pronto habrá más espacio, aunque dijo que la abogacía
pública teme que incluso se superen las nuevas plazas. “Hasta 68 podemos
recibir en condiciones óptimas. Eso es lo ideal para que estén las
condiciones adecuadas, en cumplimiento con las reglas Mandela (para un trato
humano de los reclusos). Si vienen más, van a entrar, pero van a estar más
amontonadas. Vamos a tener problemas porque vamos a tener que destinar a
alojamiento lugares que son para juegos y otras actividades. Estaremos
violando las reglas Mandela”, dijo.



“La unidad está llena”, señaló Petit con preocupación. Y si bien el piso
superior tiene más espacio, “no deberían usarlo para llenar más cupos,
porque tampoco tiene sentido tener un lugar con 50 niños”, opinó. “Crear más
cárceles para mujeres con hijos no es el camino. Sobre todo en estos delitos
que son leves y que no solamente pueden tener otra alternativa, sino que esa
alternativa va a tener mucho mejor pronóstico, menos reincidencia y sobre
todo va a evitar el daño a los hijos”.



***



Guía inspirada en cuentos de Teo



Teo es un famoso personaje de libros infantiles cuyas aventuras buscan
enseñar valores y explicar situaciones y lugares de la vida cotidiana.
Basado en esa saga, la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario
elaboró una guía para los hijos de reclusos cuando visitan las cárceles.



Denominada Nuestro encuentro, comenzará a ser repartida en las unidades de
rehabilitación a las familias de los internos. “Este lugar es un edificio
muy grande y forma parte de la ciudad como los hospitales, escuelas,
intendencia, edificios de viviendas y estadios. Para pasar nos revisan a
nosotros y nuestras cosas. Esto se debe hacer con mucho cuidado y respeto.
Las visitas son en un salón con mucha gente que se reencuentra. Todos se
saludan. Conversan, comen algo juntos y esperan volver a verse pronto”, dice
el relato.



Respecto a las personas que hay en las cárceles, explica que por un lado
trabajan “administradores, operadores, policías, técnicos y profesores,
entre otros, algunos de los cuales usan uniforme” y que “además hay un
montón de gente distinta, todos únicos y que se sienten de distintas
maneras”.



Ilustrada en todas sus páginas, la guía también tiene juegos para
identificar personas y cosas, preguntas y respuestas y espacios para
escribir y dibujar.



“Muchas veces cuando los hijos de los privados de libertad son chicos no les
dicen que sus padres están presos: les dicen que están en una fábrica, que
están trabajando, que ese lugar es una industria. La visita a un familiar
preso es un hecho fuerte; puede ser una adversidad afectiva muy grande
ingresar a un lugar donde hay muros, policía, vigilancia; inclusive, a veces
pueden darse expresiones de violencia, enfrentamientos”, señaló en junio el
comisionado Juan Miguel Petit ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Representantes.



Allí argumentó que guías de este tipo ayudan a que las visitas no sean algo
“secreto, vergonzante y oscuro”. Como no existen antecedentes de este tipo
de documentos en Uruguay, Petit y su equipo se inspiraron en guías similares
del sistema penitenciario británico y “en la lógica de ‘Teo va a la escuela’
o ‘Teo va al club’”.

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