Uruguay/ Diez años de la ley de aborto: fortalezas y desafíos. [Stephanie Demirdjian]

Vie Dic 16 12:17:13 UYT 2022

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Correspondencia de Prensa

16 de diciembre 2022

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Uruguay

Diez años de la ley de aborto: puesta a punto de las cifras y evaluación de
protagonistas

Para impulsoras y referentes, el resultado es positivo porque se ganó en
materia de derechos y salud de las mujeres, aunque coinciden en que la norma
tiene que ser actualizada.

Stephanie Demirdjian

La Diaria, 16-12-2022

https://ladiaria.com.uy/

Este año se cumplió una década de aquel día en el que, luego de tensas
discusiones y mucha negociación, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta forma, el Uruguay de las
emblemáticas manitos naranjas con las que el movimiento feminista empujó la
ley se convirtió en pionero en la región, bastante antes de la ola verde que
en los últimos años logró conquistar el aborto legal en tantos otros países
latinoamericanos. El décimo aniversario sirve de puntapié para evaluar,
entre otras cosas, cómo viene la implementación, y también analizar las
tendencias y características de los abortos en estos años.

Desde 2013 –primer año entero de implementación de la ley– hasta diciembre
de 2021, se practicaron 85.228 abortos en Uruguay, según datos del
Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió la diaria en respuesta a
un pedido de acceso a la información pública. Las cifras muestran que los
abortos fueron en aumento a partir de 2013 –una tendencia esperable que se
explica porque los casos empezaron a registrarse–, en 2019 comenzaron a
disminuir, en 2020 la tendencia se mantuvo a la baja y se registró un leve
aumento en 2021. Así, se pasó de 10.373 abortos legales en 2018 (el año con
mayor cantidad de abortos desde que se aprobó la ley), a 10.210 en 2019,
9.915 en 2020 y 10.111 en 2021. De acuerdo con los datos sistematizados, el
promedio gira en torno a los 9.400 abortos por año.

Si se analizan las cifras según prestador, se puede identificar que 51,6% de
las mujeres que abortaron lo hicieron en el sector privado y 48,4% en el
público, lo cual marca cierto equilibrio.

Por otra parte, el informe del MSP revela que la enorme mayoría de las
mujeres que consultaron por una IVE entre 2013 y 2021 mantuvieron su
decisión luego de la consulta de asesoramiento sobre el procedimiento (entre
92% y 95%), mientras que son pocas las que continuaron con el embarazo
(entre 5% y 8%).

Respecto de las edades de las mujeres que abortaron en Uruguay, la gran
mayoría tenía más de 20 años: sólo por poner un ejemplo, 88% de las que
accedieron a un aborto el año pasado pertenecía a ese tramo etario. Sin
embargo, 11.862 niñas y adolescentes de menos de 19 años abortaron en este
período, lo que representa 14% del total. Entre este grupo, 4,8% (568) eran
niñas y adolescentes de 14 años o menos.

Otro dato que surge es que la principal causa alegada para acceder a un
aborto fue la propia voluntad de la mujer. El año pasado, 10.101 mujeres lo
hicieron por esa razón, en tanto cuatro casos fueron por violación, en dos
se alegó riesgo de salud de la mujer y en cuatro situaciones correspondieron
a anomalías fetales incompatibles con la vida. Un elemento que resalta es
que, en general, el número de abortos solicitados por anomalías fetales no
superó los nueve, excepto en 2020, cuando se registraron 19 casos.

Según los datos del MSP, de 2013 a 2021 hubo seis muertes por aborto: una en
2013, una en 2016, dos en 2017, una en 2018 y una en 2020. En el mismo
período, la cartera registra, además, cuatro casos de “muertes por probable
aborto en condiciones de riesgo o aborto espontáneo”: una en 2013, otra en
2016 y dos en 2017. Además, señala que hubo dos muertes maternas post IVE,
en 2018 y 2020.

Por otro lado, el ministerio asegura que hubo seis denuncias o
“disconformidades” vinculadas con abortos desde febrero de 2020 a la fecha.
Dos corresponden a la Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), dos a la mutualista Médica Uruguaya, una al centro Casmer de Rivera
y otra a la Sociedad Médica Universal. Excepto el caso de Rivera, los demás
corresponden a Montevideo. En el caso de Casmer y de Universal, la denuncia
fue por “dificultad de acceso a análisis clínicos”, mientras que en los dos
casos de ASSE y en el de Médica Uruguaya se debió a “dificultad de acceso a
consulta con equipo interdisciplinario”. La otra situación de Médica
Uruguaya tuvo que ver con la objeción de conciencia. El informe aclara que
el MSP no cuenta con la información previa a febrero de 2020, momento en el
que empezó a funcionar el Sistema Único de Denuncias a Servicios de Salud,
porque el sistema anterior no incluía “clasificación por IVE”.

En materia de objeción de conciencia, los datos más actualizados del MSP son
de 2020 y, en algunos casos, están incompletos. De los 63 servicios sobre
los que la cartera ha reportado a la diaria, 19 no cuentan con datos acerca
de ginecólogos objetores (30% del total).

Entre los 44 servicios de los que sí hay información, tres (6,8%) tienen
100% de ginecólogos de guardia que son objetores: Casa de Galicia y los
hospitales de ASSE en Paysandú y Young (Río Negro). En otros casos, el
porcentaje no llega a 100% pero supera el 70%, como en la Corporación Médica
de Paysandú (90%), el Círculo Católico (88%), y los hospitales de ASSE de
Soriano (83,3%) y Colonia (75%).

El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la
organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) cuestionó el año pasado la
falta de datos oficiales actualizados sobre objeción de conciencia en el
informe “Objeción de conciencia en cifras”. De acuerdo con este trabajo, en
octubre de 2021 había tres hospitales de ASSE con 100% de objetores: los de
Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento) y Soriano (Mercedes).

Fortalezas y desafíos

Una década después de la aprobación de la ley, referentes que desde
distintos ámbitos jugaron un papel fundamental en ese camino aseguran que la
evaluación general es positiva. Sin embargo, también recuerdan que la ley
que se acordó no es la que querían, sino la que se pudo negociar, y
coinciden en que hoy quedó vieja, tal como señalaron durante un
conversatorio que organizó la semana pasada el Departamento de Ciencia
Política de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República).

“La principal fortaleza desde que se aprobó la ley es que 10.000 mujeres
pasan cada año por servicios legales de aborto y no por el circuito
clandestino”, enfatizó Lilián Abracinskas, directora de MYSU. En la misma
línea, se manifestó la exsenadora del Frente Amplio (FA) Mónica Xavier, una
de las redactoras de la ley, para quien “el saldo es altamente positivo”.
“Hay dos parámetros con los cuales medirlo: las vidas de mujeres que se
salvaron y el reconocimiento de las mujeres sobre los derechos que las
asisten”, apuntó. La diputada del FA Cristina Lustemberg, exsubsecretaria de
Salud Pública, coincidió con las dos y agregó como otro punto a favor que
sea un derecho que “está consolidado a nivel de la opinión pública”.

Pese a los imprescindibles avances que implicó la ley, todas coincidieron en
que hoy presenta desafíos y que hay disposiciones que deberían ser
modificadas. Para Xavier, dos cambios necesarios son la consulta obligatoria
con el equipo interdisciplinario –que calificó de “tribunal”– y el período
de cinco días de reflexión para que la persona ratifique su decisión de
seguir adelante con la IVE. Además, sugirió que es necesario “mejorar” el
plazo que establece la ley para abortar en caso de violación, que es hasta
las 14 semanas de embarazo, un período que consideró “demasiado exiguo” y
que supone “una fuerte discriminación y estigmatización”.

Por su parte, la politóloga Soledad González, que integró el movimiento de
mujeres que luchó por la ley y hoy forma parte de la Intersocial Feminista,
dijo que “el primer cambio es transformarla en una ley de despenalización
del aborto, porque el aborto no salió del Código Penal, [sino que] nos
permiten abortar en determinadas condiciones y haciendo un determinado
proceso administrativo”. A su vez, cuestionó que la ley no especifique “por
qué no podemos abortar por aspiración y obligatoriamente tenemos que hacerlo
con misoprostol”. “Las mujeres debemos tener el derecho a utilizar el método
que nos convenga, que deseemos, que nos genere más confianza y más
seguridad”, abogó en esa línea.

Otro de los obstáculos que identificó González tiene que ver con la
situación de las mujeres migrantes, que según la ley sólo pueden abortar una
vez que acrediten que residen en Uruguay como mínimo desde hace un año.
Sobre este tema, también se refirió Abracinskas, que dijo que “las migrantes
vienen a este país y abortan, así que se las atiende por fuera del sistema,
y el movimiento feminista ahí sigue teniendo el rol de acompañar y proveer”.

La directora de MYSU también señaló como barrera la objeción de conciencia,
que, a su entender, “se subestimó en el comienzo de la implementación”, pero
que sigue implicando un obstáculo real en los hospitales con 100% de
profesionales objetores.

En tanto, el ginecólogo Leonel Briozzo, profesor de la Facultad de Medicina,
integrante de Iniciativas Sanitarias y exsubsecretario de Salud Pública,
consideró que “el mejor modelo de ley es el canadiense, en el cual el aborto
no está en el Código [Penal], ni el delito ni la falta de delito, sino que
se gestiona en el ámbito de la salud”. En ese sentido, opinó que “la mejor
ley de aborto es que no haya ley”.

Con respecto a la reglamentación de la normativa vigente, dijo que “no hay
mucho más para hacer, le sacamos todo el jugo que pudimos”, pero sí es
necesario “insistir a la rectoría”, el MSP, sobre “que esto tiene que
funcionar y que tienen los mecanismos, a través de las metas prestacionales,
para que esto funcione”.

Lustemberg, por su parte, resumió: “La ley precisa cambios que la convierta
en una ley garantista del derecho a decidir de las mujeres, sin ningún otro
requisito que la expresión de su voluntad”.

A futuro

¿Es viable modificar la ley hoy, en un escenario de avance de la derecha
ultraconservadora? ¿Qué puede pasar en los próximos años respecto del
derecho al aborto en Uruguay?

“No van a plantear la eliminación de la ley ni la innovación de la ley
explícitamente, pero sí están implementando cualquier dificultad sobre la
vía administrativa, y eso es la política pública”, puntualizó Lustemberg, en
referencia a los sectores ultraconservadores, y agregó que “hoy la derecha
uruguaya está organizada en contra de esta agenda”.

Para Abracinskas, en el contexto actual, hay que “dejar la ley así como
está, porque abrir este debate en el Parlamento lo único que va a suponer es
retroceso”. La directora de MYSU aseguró que la clave –siempre, pero ahora
especialmente– es “seguir militando”. “Hay algo que sabemos las que
trabajamos en aborto desde hace muchos años, que es que esta es una lucha
sin fin, y que el aparato reproductor de generación de violencia de género
está intacto”, apuntó, y consideró que la lucha “se ha visto reverdecida con
la emergencia de las derechas más ultraconservadoras para las cuales esta
agenda es prioritaria, a diferencia de las izquierdas, para las que esta
agenda siempre es negociable”.

Xavier dijo que “las derechas vienen desempeñando en sus campañas
estrategias que ponen con mucho énfasis” el combate a la llamada “ideología
de género” y la “religiosidad”, lo cual “se pone en contraposición con
políticas públicas que tienen que ser basadas en evidencias de estados
laicos”. Esto significa que “el cuerpo de las mujeres está en el campo de
disputa histórico y seguirá siendo así”, por lo que, para la exsenadora, la
“clave” está en “las correlaciones de fuerza para mantener las leyes” y en
una “implementación adecuada” de la normativa ya vigente.

En cambio, González tuvo una visión un poco más optimista. “Estamos con un
gobierno profundamente conservador en este momento y se tuvo que comprometer
a no vetar y no derogar la ley del aborto ni las otras leyes de avanzada.
Esa es una fortaleza que tenemos”, opinó. A su juicio, “incluso con
obstáculos, la implementación no ha sido un retroceso grande”, algo que
atribuyó a “un sentido común que impera en nuestro país”, que hace que, “por
algo, el tema no esté en tela de juicio”, aunque “eso no quiere decir que no
tengamos a los propios conservadores y a la ultraderecha tratando de meterse
en cuanta rendija encuentran”.

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