Perú/ En la cordillera no está todo dicho. [Jacqueline Fowks]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de diciembre 2022

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Perú



En la cordillera no está todo dicho



Desvencijado



Ya son 15 los muertos. Castillo sigue preso. Las protestas continúan en el
país, mientras el Congreso no determina una fecha de adelanto de elecciones
generales.



Jacqueline Fowks, desde Lima

Brecha, 16-12-2022

https://brecha.com.uy/



Perú amaneció el jueves con 118 carreteras bloqueadas por protestas a favor
del cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la
convocatoria a una asamblea constituyente. La desproporcionada represión
policial de las manifestaciones ha causado 15 muertos desde el domingo en
dos regiones del sur y otro en la Panamericana Norte –según un agente
policial, a causa de una pedrada–. Mientras tanto, el depuesto presidente
Pedro Castillo sigue detenido y un juez decide este día si pasa a prisión
preventiva mientras la fiscalía lo investiga por los delitos que cometió con
el autogolpe que intentó el miércoles pasado. En paralelo, el deslegitimado
Congreso debe presentar un cronograma para aprobar la reforma constitucional
de anticipo de comicios. Si el Legislativo y su aliada, la presidenta Dina
Boluarte, hubieran hecho ese anuncio antes, habrían contrarrestado la
convulsión social y el vandalismo que también ocurrió. El Ejecutivo, además,
declaró el estado de emergencia en el territorio para inhibir las
manifestaciones este jueves, cuando hay un llamado a una gran marcha
nacional.



No solo las seis víctimas de la brutal violencia policial en la región
Apurímac han provocado un efecto dominó de reclamos ciudadanos en, al menos,
18 de 25 regiones del país. Boluarte nombró su gabinete el sábado y está
formado por cuadros del sector más conservador de la política y el
establishment peruanos, que lleva las riendas del Congreso desde 2016,
cuando perdió la presidencia Keiko Fujimori, la hija mayor del autócrata
Alberto Fujimori.



La indignación ha cundido debido a que el parlamento tiene desde hace meses
más de 75 por ciento de desaprobación en las encuestas y la nueva mandataria
está gobernando bajo las reglas de ese poder del Estado. En los 18 meses del
gobierno de Castillo, el Legislativo cambió normas para quebrar el
equilibrio de poderes: hizo inviable la consulta en referéndum acerca de la
posibilidad de una asamblea constituyente, ajustó el reglamento del Congreso
para que el Ejecutivo tuviera restricciones en la presentación de cuestión
de confianza y, principalmente, acudió libremente al mecanismo de vacancia
por incapacidad moral permanente para echar del cargo a las fórmulas
presidenciales que le ganaron una y otra vez a Keiko.



En las protestas regionales -y, en menor medida, en la capital- hay voces
que piden la liberación de Castillo. Son parte del núcleo duro que ha
respaldado su gestión desde julio de 2021. Su aprobación más baja se
constató en setiembre de este año. Fue del 25 por ciento -según una encuesta
del Instituto de Estudios Peruanos-, cuando acumulaba seis denuncias
fiscales por corrupción en funciones. Los delitos por los cuales la fiscalía
lo investiga son tráfico de influencias, colusión agravada y organización
criminal. Los casos van desde el entrometimiento indebido en el ascenso de
militares en 2021 hasta el supuesto cobro de sobornos por una variedad de
rubros, como favorecer a empresas en la compra millonaria de combustible o
hacerles ganar concursos públicos de construcción de infraestructura y
nombrar a recomendados en altos cargos. A fines del mes pasado su aprobación
subió al 31 por ciento, cuando el Legislativo, la fiscalía y la prensa
capitalina hicieron muy evidente su mancuerna para acelerar la salida del
exlíder sindical del magisterio de la presidencia.(1) Cada día difundían
algún testimonio que forma parte de las carpetas fiscales, estuviera o no
corroborado.



El Congreso iba a debatir el miércoles 7, por tercera vez, una moción de
vacancia para sacar al exmaestro rural del Palacio de Gobierno y, aunque no
había los 87 votos requeridos, el parlamento había maniobrado para echarlo
en el corto plazo por la vía de la suspensión temporal, mientras estuviera
bajo investigación fiscal. En esa circunstancia, Castillo dio el golpe de
Estado y fue reemplazado horas después por Boluarte, con el apoyo del
Congreso y de las fuerzas armadas.



El exgobernante ha quedado detenido desde la semana pasada en una oficina
del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
Nacional, una sede ubicada al este de Lima, donde está la casa en la que
Fujimori cumple su condena de 25 años de prisión. No han tenido contacto.



Según la Defensoría del Pueblo, Castillo ha recibido más de 130 visitas en
los primeros seis días de detención. En el exterior del cuartel policial, un
grupo de leales al expresidente hace vigilia a diario con carteles que piden
su libertad, agreden eventualmente a los equipos de prensa, se organizan en
ollas comunes para la alimentación y duermen en colchones en la calle.



La mano dura



Pero hay otros motivos por los que las protestas han crecido en las
regiones. El historiador José Carlos Agüero señala que el desprecio y la
ideología -no la política- guían al nuevo gobierno y al Congreso en su
relación con los ciudadanos que se han levantado en las plazas, calles y
carreteras. Por otro lado, hace 20 años que quedan impunes las muertes de
ciudadanos en Lima y regiones, causadas por la violencia de las fuerzas del
Estado durante conflictos sociales. Los manifestantes conocen de esas
historias de no obtener justicia pese a buscarla.





El sábado, uno de los primeros en caer gravemente herido por un proyectil de
arma de fuego durante la represión policial de una protesta en Andahuaylas
fue Cristian Rojas, un estudiante de enfermería de 19 años. «Los médicos no
nos dan esperanzas, este es el dolor del pueblo», dijo uno de sus familiares
a un medio digital local afuera del Hospital de Abancay, donde lo llevaron
para una cirugía debido al traumatismo en la cabeza. Rojas falleció este
miércoles.



La Policía Nacional informó el martes que había detenido a 71 ciudadanos por
las protestas y actos de vandalismo en el país, mientras que el Ministerio
de Salud reportó el jueves 61 heridos y seis fallecidos en Apurímac, y 195
personas con daños en su vida o la salud en todo el territorio.



En Apurímac, la mayor parte de los heridos tenían impactos en la parte
superior del cuerpo. Ese comportamiento de la Policía es común desde la
década pasada, pero fue masivo durante las manifestaciones ciudadanas en el
centro de Lima en noviembre de 2020, cuando las fuerzas del orden asesinaron
a dos jóvenes que reclamaban la salida de un gobierno ilegítimo impulsado
por la mayoría parlamentaria.



En 2020, durante estas protestas pacíficas, de acuerdo a las investigaciones
fiscales y a lo que los heridos pudieron retirar de sus cuerpos, la Policía
peruana usó canicas y postas (perdigones de plomo para la caza de animales
mayores) en el control de manifestaciones. Nadie ha sido procesado como
responsable por las víctimas fatales y decenas de heridos graves de
entonces.(2) En las manifestaciones de estos días en la capital, los medios
han reportado el mismo uso de ese material por parte de la Policía. El
martes, la presidenta Boluarte autorizó a la Policía a usar perdigones de
goma en el control de las protestas; sin embargo, los agentes ya habían
usado otro tipo de proyectiles que causan mayor daño.



Interlocutor desechado



La mandataria se ha sumado a la versión de los principales medios limeños y
a la mayoría parlamentaria conservadora de que los manifestantes están
azuzados o relacionados con el terrorismo, o que han sido pagados para
promover el caos. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru dejaron de estar activos en los años noventa y
los miembros de sus cúpulas están en prisión desde entonces. Sin embargo,
algunos ex-presos por terrorismo, que cumplieron su condena, formaron un
pequeño movimiento con pretensiones políticas. El Jurado Nacional de
Elecciones rechazó su inscripción en el registro de organizaciones políticas
en 2016 porque en su ideario el colectivo reivindicaba la doctrina del
fundador de Sendero Luminoso. Las primeras planas de algunos diarios
capitalinos y canales de televisión desacreditan desde los primeros días las
movilizaciones, vinculándolas a este grupo.



La mañana del jueves, en una de las decenas de marchas que continúan pese al
estado de emergencia, el ciudadano de la provincia de Cotabambas, en
Apurímac, decía durante su transmisión en Facebook con un teléfono móvil:
«No somos un movimiento callejero ni radicales, ni vándalos, ni
antisociales. Somos un pueblo con mucha cultura, orgulloso de su identidad.
No somos cuatro gatos. Dina Boluarte es hija de hacendados, representa a un
grupo que siempre ha ostentado el poder. Es el pongo de los fujimoristas».
Los pongos conformaban la servidumbre en el sistema de haciendas que existió
hasta 1969, cuando esa condición fue abolida por la reforma agraria que
estableció el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.



El fujimorismo y otros grupos políticos conservadores llevan casi 20 años
hostigando y desacreditando a sus adversarios políticos calificándolos de
terroristas, y en estos días ello ha sido más notorio y constante.



En ocho días de mandato, Boluarte no ha tenido ninguna reunión con
representantes de las regiones, pese a que ella nació en la andina región de
Apurímac, en la que el 80 por ciento del electorado votó por Castillo en la
segunda vuelta. Y en la que también las manifestaciones han sido más
sostenidas y los manifestantes han sido más reprimidos por las fuerzas del
orden.



El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Jean Paul
Benavente (gobernador de Cusco), pidió reiteradamente una cita con la jefa
de Estado, pero nunca la programaron. Dicha institución propuso, desde la
semana pasada, que el Congreso acelerara la discusión de los dictámenes para
el adelanto de elecciones, pero no fue escuchado. Tampoco han acogido su
propuesta de que la presidenta convoque al Acuerdo Nacional, una plataforma
amplia de diálogo que existe en Perú desde inicios de la década pasada,
cuando se tuvo que reconstruir la democracia destruida por el régimen de
Fujimori.



Boluarte, sin embargo, sí se ha reunido con los embajadores de Estados
Unidos, Canadá y 14 países de la Unión Europea entre el martes y el
miércoles, cuando ya se conocía de, por lo menos, seis fallecidos y gran
cantidad de heridos a causa de la desproporción de la fuerza policial
intentando dispersar a manifestantes en Apurímac y Arequipa. Los
diplomáticos se acercaron a respaldarla, debido a que los presidentes de
Argentina, Bolivia, Colombia y México se han pronunciado a favor de la
libertad de Castillo alegando que los procesos en su contra no están
ajustados a ley.



El respaldo de la diplomacia, sin embargo, también ha sido tácito a la
respuesta gubernamental de mano dura e indiscriminada, que no ha sido capaz
de separar la paja del trigo. Han habido graves hechos de vandalismo desde
el lunes, pero las marchas pacíficas son mayores en número. Tres
aeropuertos, dos plantas productoras de leche y de Coca-Cola, y locales de
la fiscalía han sido atacados, principalmente, en tres regiones del sur
(Arequipa, Apurímac y Cusco). En Chincheros, Apurímac, los ciudadanos
incendiaron la comisaría luego de que un manifestante adolescente muriera
por disparos de la Policía.



Mientras tanto, quienes salen a las calles mientras se escribe esta nota
intentan asegurarse de que infiltrados no estropeen sus manifestaciones y
representantes de la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, los acompañan
como una garantía de que su derecho a la protesta será respetado pese al
estado de emergencia.



Notas



1) La mancuerna. La mancuerna era una cadena que unía a dos prisioneros. La
gente de los Andes emplea el término como sinónimo de complicidad.

2) El término canicas debe ser leído en el más literal de los sentidos. Como
en otras partes de Latinoamérica, en Perú la Policía dispara bolitas para
intentar despistar a quienes establecen responsabilidades.

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