Estado español/ Aclarando datos: Empleo, desempleo y PIB en tiempos de ómicron. [Manuel Garí]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de febrero 2022

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Estado español



Aclarando datos



Empleo, paro y PIB en tiempos de ómicron



Manuel Garí

Viento Sur, 4-2-2022

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La pandemia de la covid-19 ha creado nuevos problemas al funcionamiento
económico mundial y ha agudizado los preexistentes. Pero, a la vez, no ha
modificado las tenencias de fondo de la actual crisis de rentabilidad del
sistema capitalista.



Los nuevos problemas podemos resumirlos, por una parte, en torno a la
distorsión de las cadenas de valor mundiales y los cuellos de botella en los
suministros; por otra, al retraimiento comercial coyuntural de la potencia
en ascenso, China, por su política de contagios cero, así como al
encarecimiento de los fletes, la energía y las materias primas, a la falta
de stock de productos intermedios y a la aparición de repuntes
inflacionistas vinculados a lo anterior. A todo ello se le ha venido a
añadir las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania y los ajustes y
movimientos espasmódicos en las bolsas.



Las viejas tendencias de fondo que persisten en la pandemia, y
previsiblemente en la postpandemia, podemos resumirlas en pocas palabras:
coexistencia de crecimiento económico y aumento de la desigualdad social en
un mundo. Un mundo, en el que pese a los procesos de robotización y
digitalización, o a coyunturas muy específicas, no para de crecer el número
de personas que trabajan y en concreto de las personas asalariadas en
relación al la población mundial total.



La pandemia, como factor ecógeno que no puede asimilarse a los endógenos ni
a los exógenos que vienen dándose en las ondas largas del capitalismo,
sobrevuela –como nueva variable– sobre el modelo de globalización
capitalista preexistente y sobre las posibilidades de una recuperación
duradera de la tasa de ganancia del capital, pero no ha cambiado las
señaladas tendencias de fondo. Lo que la pandemia ha significado, es una
señal más sobre los límites y los frágiles equilibrios biofísicos del
planeta y la irresponsabilidad de ignorarlos, máxime en una economía
globalizada.



Las previsiones para el 2022 del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su
Informe de estabilidad financiera global de octubre pasado, plantean un
panorama de crecimiento económico en torno, posiblemente, al 6%. Eso sí,
limitado, porque se ve obstaculizado por piedras en el zapato como las
arriba señaladas, a las que se añaden nuevas vulnerabilidades financieras en
varios sectores estratégicos de una economía que durante la pandemia conoció
una nueva vuelta de tuerca en su financiarización. Como señala el McKinsey
Global Institute, de 2000 a 2020, los activos financieros como acciones,
bonos y derivados crecieron de 8,5 a 12 veces el PIB mundial.



François Chesnais (2021) califica este cuadro como régimen de crecimiento
débil. Posición esta, en mi opinión, más ajustada que la mantenida por los
diversos tipos de catastrofismo, como el simplón y desinformado, que
confunde la inviabilidad del capitalismo a nivel histórico con su derrumbe
en cada coyuntura difícil que atraviesa; porque si algo ha dejado claro la
historia es que, en ausencia de sujeto social enterrador, el capital logra
salir de sus propias crisis y demonios. Pero también el catastrofismo más
sofisticado y determinista, que confunde los límites de materiales con el
fin del sistema en forma de implosión, olvidando contemplar al capitalismo
como una formación social dinámica.



En ese marco, la desigualdad social ha crecido en cada país y a nivel
internacional, al mismo tiempo que los procesos de acumulación de riqueza.
Los estudios son contundentes. Ahí están Las desigualdades matan de Oxfam
(2021) y el World Inequality Report 2022 de World Inequality Lab (2022).
Ambos coinciden en que la tijera social se ha abierto aún más. Las
diferencias aumentan en términos de rentas e ingresos, pero también en
términos de patrimonio y riqueza.



A título de ejemplo: los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su
fortuna mientras que los ingresos de la mayoría de la población mundial se
habrían deteriorado a causa de la covid-19. Estas crecientes desigualdades
económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre
países, están fracturando nuestro mundo. Se calcula que 700 millones de
personas viven en la pobreza; y como afirma Damián Grimshaw, director del
Departamento de Investigación de la OIT, “tener empleo no siempre garantiza
condiciones de vida digna”. Todo ello lleva al World Inequality Lab a
concluir que “Las desigualdades globales parecen ser tan grandes hoy como lo
fueron en el pico del imperialismo occidental a principios del siglo XX. De
hecho, la proporción de ingresos que capta actualmente la mitad más pobre de
la población mundial es aproximadamente la mitad de lo que era en 1820,
antes de la gran divergencia entre los países occidentales y sus colonias”.



El número de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial tiene una evolución
ascendente según los datos facilitados por la OIT. Los divulgados por
Statista son los siguientes: si en 2007 había 2.908,9 miles de millones en
2019 fueron 3.294,7 y en 2020 ascendieron 3.324,7, estimándose para 2021
3.352,0 y para 2022 3.379,0. Si bien es cierto que la pandemia ha supuesto
millones de horas de trabajo pérdidas y, por tanto, de puestos de trabajo,
con la reactivación económica se vuelve a recuperar la tendencia al alza. En
2018, la tasa de participación laboral masculina fue del 75% y la femenina
del 48%, alcanzando el empleo informal la cifra de 2.000 millones de
personas, lo que supone el 61,8% de la actividad laboral. El gran problema
que señala la OIT es el del paro juvenil: 1 de cada 5 menores de 25 no tiene
trabajo ni estudia.



Lo expuesto refuerza la tesis de que el empleo es básico para el capitalismo
porque es imprescindible para extraer valor, pero en estos momentos el
empresariado sólo emplea si hay expectativas de beneficio basándose en el
empleo de bajo coste. Por lo que hay un proceso significativo de devaluación
salarial y se extiende la aplicación de un modelo flexible para la gestión
laboral en manos del capital.



El caso español



La semana pasada conocimos los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) del 4º trimestre de 2021 y el avance del Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a finales del año
pasado[1]. Para poder comprender la situación en el Estado español y sus
posibles futuras tendencias económicas y sociales, es imprescindible poner
en relación ambas informaciones. Ello implica hacerlo de forma racional y
desde el punto de vista de la mayoría social, alejados del viciado debate
político y mediático en permanente clave electoral que protagoniza un
gobierno instalado en un discurso de autobombo que encubre incumplimientos y
realidades con tal de mantenerse; y el de una oposición ultraderechista y
catastrofista dispuesta a mentir de forma torticera, ruidosa y sectaria con
tal de deslegitimar al ejecutivo[2]. Polémica cuya primera víctima es la
propia verdad sin beneficio alguno para las clases subalternas.



1. El empleo



La evolución interanual del volumen de empleo[3] de 2020-2021 es positiva,
habiéndose alcanzado la cifra de 20.184.900 personas ocupadas (asalariadas o
por cuenta propia). En el caso de las y los autónomos, su cuantía es de
3.300.000 con un nivel similar al anterior de la pandemia; los casi 17
millones restantes son personas asalariadas. Con ello y en términos
estrictamente cuantitativos, es el mejor dato desde 2008, tras la crisis de
la burbuja inmobiliaria y la gran debacle financiera, y estando vigentes dos
regresivas reformas laborales. El aumento interanual del empleo respecto a
2020 ha sido de 840.700 personas ocupadas, lo que supone un incremento del
4,35%; el mejor dato a cierre anual desde 2005.



Dada la situación de excepcionalidad que ha supuesto la pandemia covid-19,
que ha tenido un impacto muy negativo en la economía española, cabe señalar
que se han recuperado las cifras de empleo y paro prepandemia. La ocupación
supera en 218.000 empleos el dato del cuarto trimestre de 2019.



Según el Servicio Público de Empleo (SEPE) sobre los Expedientes de
Regulación Temporal del Empleo (ERTE), en junio pasado había un 24% de
empresas acogidas a esta figura, con unas 447.000 personas afectadas, que
han disminuido en diciembre de 2021 al 8% de empresas y 102.000 personas
-por cuenta propia o asalariadas- bajo ese régimen de paro parcial o sin
trabajo en la semana que se hizo el cómputo (según la EPA la cifra se sitúa
en torno a las 82.000 a finales de diciembre de 2021).



Porcentualmente, la ocupación aumenta sectorialmente respecto a su situación
anterior en el siguiente orden: agricultura, servicios e industria, y tiene
una pequeña variación en la construcción. El empleo creado se concentra en
los servicios, con 705.400 nuevos puestos de trabajo; en la industria se
crean 71.500 puestos; en la agricultura 58.000 más y en la construcción
5.700.



De los nuevos, 744.300 empleos se crearon en el sector privado y 96.400 en
el público, lo que por cierto viene a desmentir uno de los mantras de la
derecha política neoliberal, que no sólo desconsidera como positiva la
ocupación en servicios públicos que se han revelado imprescindibles durante
la pandemia, sino que pone su afán en desvalorizar el sector público de la
economía en toda su extensión y presentar al empresariado privado como el
generador de la riqueza social, silenciando que el Estado neoliberal es el
garante de sus beneficios por muy diversos caminos y, por supuesto,
ocultando que el trabajo y la naturaleza son los creadores de valor. La
patronal y los economistas y políticos neoliberales, muy particularmente en
sitios como Madrid (CEPYME y el Gobierno gamberro de la Comunidad) demonizan
como malo el empleo público, como si los servicios públicos y la
intervención económica del Estado no fueran esenciales para el conjunto de
la sociedad y, por supuesto, para el funcionamiento de la producción y
reproducción capitalista. De ahí que los neolibcon tengan que mentir y
mientan como bellacos.



En el cómputo interanual el aumento del empleo femenino es de 479.600 y el
masculino de 361.100, dato que parece venir a corregir un grave problema de
discriminación laboral por sexos; si bien no hay que olvidar que en el
periodo pandémico el empleo de las mujeres cayó en mucho mayor medida que el
de los varones. De ahí que no se puede hablar de una mejora del empleo
femenino, sino de una parcial recuperación en el marco de una profunda
brecha estructural del trabajo remunerado entre ambos sexos. La carga del
trabajo no remunerado de cuidados y reproductivo que recae sobre las mujeres
y el empleo femenino remunerado en el Estado español sigue muy alejado de
los estándares de los países industrializados.



Por edades, la ocupación crece en casi todas las cohortes, pero cae mucho
entre la población joven de 16 a 24 años, con 136.900 ocupados menos en el
último trimestre del año 2021, cuestión que sigue poniendo en el centro la
dificultad de inserción laboral de la juventud.



La población ocupada por cuenta propia ha aumentado en 105.800 personas y la
asalariada en 732.700, de las cuales 425.000 son indefinidas y 307.700
temporales, aspecto este que sigue poniendo en evidencia la persistencia de
un problema endémico y muy negativo del mercado de trabajo español. La tasa
de temporalidad se redujo en seis décimas en el cuarto trimestre de 2021,
situándose en el 25,4%, aunque sigue casi un punto porcentual por encima del
nivel de hace un año. Por otro lado, en el 4º trimestre es normal que el
empleo neto creado tenga menor peso la temporalidad, dado que en el tercero
y el segundo ésta aumentó mucho.



El aumento de la ocupación en el 4º trimestre de 2021 tiene una
configuración Frankenstein que denota el modelo de mercado de trabajo y la
fragmentación del mundo del trabajo. Aproximadamente, el 66% del aumento de
la ocupación es de empleo por cuenta propia (y ahí, como sabemos, hay más
trampa que cartón asociado al fenómeno de los falsos autónomos) y el tercio
restante es el crecimiento del empleo asalariado. En el empleo por cuenta
ajena crece el indefinido y baja el temporal dentro de los parámetros trampa
de la regulación normativa vigente; desde el punto de vista cuantitativo en
lo números agregados rebaja al 25,4% la tasa de temporalidad en los
contratos de trabajo asalariado, lo que supone que se reduce seis décimas en
el trimestre pero que supone un punto porcentual por encima de la tasa de
temporalidad del año anterior. Si bien ha mejorado el factor temporalidad,
alcanzado más o menos los niveles prepandemia tras el impacto muy negativo
de la aparición de la covid 19 en el empleo temporal, se pone en evidencia
que estamos en un mercado laboral presidido por una contratación temporal a
la medida de la flexibilidad exigida por los patronos y sin una regulación
seria de la causalidad y condiciones con especial impacto sobre la juventud.



Sobre el nuevo fenómeno del teletrabajo, cabe señalar que en el 4º trimestre
de 2021 aproximadamente 1.793.700 de asalariados/as, el 10,6% de la
población trabajadora por cuenta ajena, trabajó desde casa, de cuales
742.900 lo hicieron ocasionalmente y 1.050.800 más de la mitad de los días
que trabajaron. Aspecto al que, una vez haya concluido la pandemia, se
deberá seguir prestando atención para determinar hasta qué punto estas
cifras son coyunturales o, por el contrario, van a persistir en la realidad
laboral. La cuestión del teletrabajo, que divide la opinión de la gente
afectada, es un problema que el movimiento sindical debe debatir por las
condiciones de trabajo que impone, los costes suplementarios para la gente
trabajadora y, sobre todo, porque desarticula e individualiza a la clase.



Aunque tenga una dimensión reducida, una cuestión relevante a tener en
cuenta porque supone una tendencia indeseable es la del aumento del empleo a
jornada parcial, que es una décima superior al de jornada completa, lo que
significa que el tiempo parcial se sitúa en el 13,6% como una asignatura
pendiente a resolver por el movimiento obrero.



Pese a las buenas, aunque muy limitadas noticias de crecimiento del empleo,
hay que destacar que, pese a disponer de puesto de trabajo, el número de
trabajadoras y trabajadores pobres ha aumentado alarmantemente debido al
aumento de la precariedad laboral y la depresión salarial.



Como valoración cualitativa, podemos señalar que la realidad es que mucho
del empleo es malo y no se le puede calificar de trabajo decente o digno;
que el revés del empleo parcial es el desempleo parcial en forma de ERTE,
etc., y una gran parte con escasa cobertura en la negociación colectiva. Con
la reforma laboral puede reducirse estadísticamente la temporalidad a costa
de consolidar la inestabilidad en el empleo, porque no son lo mismo: ningún
contrato indefinido es fijo (salvo el del funcionariado), y el despido es
libre y barato.



2, El paro



El número de personas desempleadas es de 3.103.800 por disminuir la cifra
del año anterior en 615.900 individuos sin trabajo, lo que supone una bajada
del 16,6% y que las cifras de paro se sitúan en el nivel anterior a la
pandemia. Las mujeres en paro que explicitan administrativamente que quieren
trabajar es de 1.655.600, cifra superior a la equivalente de hombres que se
sitúa en 1.448.200; por último, la tasa de paro femenino es del 15,0%, la
masculina del 11,8% y la tasa total de paro se sitúa en el 13,33%, la más
baja desde hace 14 años.



Analizando la evolución del paro por edades, tenemos que en el tramo de 16 a
29 años disminuye en 124.800 personas, en el de 30 a 24 años cae en 123.400
y en el de 55 y más años en 64.700.



El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se sitúa en
1.023.900, por lo que disminuye en 173.200 hogares respecto al año anterior,
pero no se ha recuperado la situación anterior a la crisis de 2008. Lo que
resulta dramático y supone un problema estructural de la economía y la
sociedad españolas: no sólo tiene consecuencias negativas en su dimensión
social, sino también repercute en el debilitamiento de la clase obrera y la
marginación y alejamiento de amplios sectores respecto a la política y la
acción colectiva organizada.



Los ERTE impidieron el aumento estadístico del paro, transaccionando con
fórmulas de reducción de jornada y salario compensadas con prestaciones
parciales de desempleo a costa de la Seguridad Social. En relación con los
niveles anteriores a la pandemia el paro presenta un resultado modestamente
positivo, pero que debe ser puesto sobre la mesa: hay un descenso de la tasa
de desempleo y hay 88.100 personas menos en paro que en el cuarto trimestre
2019. Pero hay que prestar atención a un dato que muchas veces pasa
desapercibido: el número de horas trabajadas es un 3,8% menor al del 4º
trimestre de 2019, lo que supone que no se ha recuperado plenamente la
actividad laboral prepandemia y que han aumentado los empleos a tiempo
parcial o jornadas especiales. Sin olvidar el efecto de los parones de la
actividad en la industria debido a las interrupciones y problemas de la
cadena de suministros, por ejemplo, en el caso del automóvil.



Como valoración global, cabe insistir en que persiste una altísima tasa de
desempleo estructural en la economía española. Pese a los números arriba
expuestos sigue habiendo un paro especialmente grave entre la juventud y la
gente de más de 55 años, lo que deriva en problemas sociales y de futuro muy
importantes en ambos tramos de edad.



3. El PIB [4] en 2021



La tasa de crecimiento del PIB en 2021 fue del rango del 5%-5,5%, según
entre otros del INE, y está sometida a revisión[5]. Ello supone un
porcentaje de aumento muy fuerte respecto al año anterior, pero todavía no
ha superado la caída de la cifra del PIB experimentada en 2020 que supuso un
retroceso del 10,8%. En el formato de precios corrientes, la actividad
económica del país fue de 1.202.994 millones de euros. Lo que supone que el
valor de los bienes y servicios producidos en 2021 aumentó en 81.146
millones tras haberse reducido en 124.781 millones en 2020. La actividad
económica se sitúa un 4% por debajo de la anterior a la pandemia, lejos de
la recuperación habida en la eurozona, y depende en gran medida del consumo
privado y el turismo. Si bien es de destacar un aumento del 6% en inversión
en maquinaria y bienes de equipo y que buena parte de las empresas ajenas al
turismo o la automoción que siguen estancadas aumentaron su facturación.



PIBSin embargo, cabe señalar que el año pasado la economía española recuperó
más de la mitad de la actividad que se esfumó el anterior como consecuencia
del pinchazo provocado por la pandemia y por el confinamiento domiciliario,
que paralizó los flujos productivos y comerciales a escala planetaria,
aunque lo ha hecho sin que haya habido cambios en el modelo productivo y
mientras se proyectan algunas sombras de incertidumbre sobre el futuro. No
es un hecho menor que el repunte del PIB, como el del empleo, se haya
efectuado sin modificación del modelo productivo, cuyo peso principal sigue
concentrado en los servicios y en actividades que generan poco valor
añadido, máxime teniendo en cuenta el grado de dependencia exterior de la
actividad económica española. En términos porcentuales hay recuperación, no
así en términos absolutos, siendo incompleta y sectorialmente muy desigual.
Digamos que la economía sigue enferma pese a que ha bajado la fiebre y hay
síntomas de mejora.



Por eso resulta inaudito el sobreactuado entusiasmo[6] gubernamental con un
discurso que nos recuerda el viejo mantra de España va bien; discurso que lo
confía todo al empujón que se supone darán los fondos Next Generation de la
UE para mejorar la productividad y la competitividad según vayan
ejecutándose y a la vieja receta de recuperación del sector turístico. El
gobierno estima que el próximo año los fondos europeos pueden tener un
impacto entre un 1,5% y un 2% del PIB en el cuadro de un aumento del 7% que
anuncia la ministra de Hacienda.



Sin embargo, el panorama más probable es que la recuperación sea más lenta
en 2022 de lo que el gobierno ha calculado al elaborar los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año. Y ello por varias razones. En
primer lugar, porque, de momento, la inflación se ha situado en un 6% -su
posible evolución está en discusión-, lo que aconseja deflactar la cifra de
crecimiento para evitar dejarse llevar por engaños de crecimiento nominal. A
su vez, la sombra de las subidas del IPC puede restar fuerza al crecimiento
y a los resultados de la aplicación de los Fondos europeos. De momento ya ha
habido una caída de 1,2% del consumo de las familias que supone un
componente central en la demanda agregada interna del país. Y las y los
asalariados en el 4ª trimestre de 2021 perdieron 3 puntos de poder
adquisitivo, dejando las subidas salariales reales en un magro 0,3%.



Por otro lado, existe la pesada sombra de la deuda que no para de crecer:
actualmente supone un 263% del PIB. Por ello resulta preocupante que el
Gobierno siga fiando la recuperación a nuevas deudas, máxime si ante el
temor a la inflación se pone fin las medidas de flexibilidad cuantitativa a
nivel mundial y al crédito barato, sea por iniciativa del Sistema de Reserva
Federal (FED) de EE UU, que provocará un efecto en cadena internacional, sea
por una vuelta -que no es imposible- a las normas fiscales por presión de
los ordoliberales europeos, por un cambio de política del Banco Central
Europeo (BCE), o por ambas. Una subida de los tipos de interés para frenar
la inflación supondría un serio revés para la recuperación de las
actividades; en el caso español, lastraría las cuentas públicas con un coste
de 14.000 millones de euros por cada punto de aumento, lo que supondría un
hándicap para las políticas públicas.



4 Intersección del crecimiento, el empleo y la desigualdad en el Estado
español

imagesA la luz de dónde y cómo se crea empleo, podemos deducir que el país
sigue atrapado en un modelo/estructura productivos basados en mano de obra
barata, trabajos de escaso valor añadido y terciarización extrema. La
economía española es rehén de la división internacional del trabajo que la
relega a un rol determinado, parcialmente subalterno en el marco europeo.
Desde las élites económicas neoliberales, con la anuencia de las élites
gubernamentales social liberales, se favorece el emprendimiento y el empleo
por cuenta propia (verdadero y falso, ambos), se tritura el tamaño de las
unidades productivas y se favorece la consolidación de largas cadenas de
subcontratación en manos de empresarios oportunistas cuya ganancia depende
de deprimir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. En el Estado
español también es constatable la pérdida de peso de las rentas salariales
en las rentas de cada empresa y la disminución de la participación de los
ingresos por trabajo asalariado en el conjunto de las rentas del país, ya
que no alcanzan el 50% del total, lo que implica una concentración del
ingreso en muy pocas manos.



En concordancia con la evolución mundial, el capitalismo español tiene
importantes problemas de productividad y dificultades específicas para
lograr cuotas de rentabilidad suficiente. En el caso español también está
experimentándose un crecimiento económico medido en términos de PIB,
limitado, eso sí, por los aspectos arriba señalados, tanto por las
condiciones internacionales del capitalismo como por las derivadas del
propio modelo productivo autóctono, a la par que aumenta la desigualdad
social. Crecimiento que se basa, en mayor medida aún que en los países de su
entorno (valga esta vez utilizar la muletilla mainstream), en aumentar la
tasa de explotación del trabajo o, podríamos decir mejor, sobre el trabajo
,utilizando tres instrumentos: una alta tasa de paro estructural, la
precariedad laboral y la depresión salarial.



Entre 2018 y 2021, aún con un repunte del crecimiento económico en el último
año, según el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la
covid-19 en España (Foessa-Caritas 2021), la desigualdad social entre las
clases y la exclusión social se incrementó, pasando del 8,6% al 12,7% de los
hogares. La población en situación de carencia material severa pasó del 4,7%
al 7%. La pobreza relativa aumentó tres puntos, hasta el 24% de las personas
en España, y la severa creció casi dos, hasta el 11,2%, comparado con datos
de 2019.



Y sobrevolando lo anterior hay que recordar que la inflación está dejando en
cifras negativas los aumentos salariales pactados para las capas de
trabajadores acogidas a Convenio colectivo, ya que hay más de 8 millones que
no lo están y 1,5 millones que todavía dependen de Convenios anteriores
vigentes. El mismo fenómeno se da en relación a las rentas de las y los
pensionistas. En el caso del ahorro privado se está dando una dualidad en
las clases medias y la clase trabajadora: hay sectores más frágiles y
depauperados que han perdido todos sus ahorros, y otros con mayores rentas
que han aumentado el volumen de sus depósitos porque han retraído sus gastos
debido a la pandemia, pero también ante la inseguridad de la evolución de
los salarios.



Actualmente y, en ausencia de otras soluciones, el capitalismo español no
destruye empleo de forma global (insisto, por el momento) e incluso tiene
que crearlo para asegurar su supervivencia a corto plazo, si bien acusa
importantes carencias para contratar mano de obra especializada en ciertos
oficios y profesiones. Podemos decir que es intensivo en mano de obra y
habría que añadir, para ser fieles a la realidad, el término barata. Por
otra parte, al mismo tiempo que contempla un cierto crecimiento económico,
aumenta la desigualdad social. Resulta significativo que vivamos un momento
en el que hay un déficit récord de viviendas a precios asequibles (sea cual
sea la modalidad de acceso a la misma), un aumento dramático del
sinhogarismo y, a su vez, se haya disparado el mercado de casas de lujo
hasta el punto de ser mayor la demanda que la oferta. A la par que es
constatable, en toda la OCDE y en el estado español -que tienen la sartén
por el mango de la imposición de sueldos-, que la política salarial de las
grandes empresas (de desacoplamiento entre el crecimiento del negocio y el
salario medio y particularmente del salario mediano) está abriendo una nueva
fuente de desigualdad salarial, fragmentación y desigualdad en el seno de
las plantillas.



Esta lucha para evitar el descenso de la tasa de ganancia le hace ser
especialmente depredador con las personas, pero también con la naturaleza,
tanto en el territorio del Estado español como en sus inversiones
extranjeras, alcanzando cotas muy importantes de barbarie antiecológica e
incluso de incumplimiento de la insuficiente normativa ambiental local,
autonómica, estatal, europea e internacional.



Referencias



Chesnais, François (2021) Se perfila un nuevo régimen de crecimiento débil
en el que aumentará la presión sobre el trabajo y la naturaleza
http://alencontre.org/laune/economie-mondiale-un-nouveau-regime-de-croissanc
e-faible-sannonce-ou-la-pression-sur-le-travail-et-la-nature-va-saccentuer.h
tml

Foessa-Caritas (2021)
https://www.caritas.es/producto/evolucion-de-la-cohesion-social-y-consecuenc
ias-de-la-covid-19-en-espana/

Oxfam (2021) https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan

World Inequality Lab (2022) https://wir2022.wid.world/



Notas



[1] En el caso del PIB son cifras sometidas a revisión y ajuste y que
denotan el fracaso de las previsiones realizadas por diferentes gabinetes de
estudio internacionales y españoles, públicos y privados. Lo que denota la
dificultad de los modelos de análisis empleados hasta ahora para establecer
de forma fiable las tendencias tras los profundos cambios ocurridos en los
flujos económicos como efecto de la pandemia Covid 19 que produjo un shock
en las macromagnitudes económicas hasta el punto de modificar lo que se
tenía como paradigma asentado para el análisis prospectivo. Según Guillem
López Casesnoves, profesor de la Pompeu Fabra, “las previsiones ahora se
deshacen en minutos”.

[2] Resultan grotescas las declaraciones al respecto de la derecha sobre
actuante. “A este paso el paro llegará al 35%” en 2021, declaró Daniel
Lacalle, entonces secretario de Economía del PP, a El Mundo (31/3/2020), lo
que se complementó con las recientes declaraciones de Pablo Casado “Hay más
malas noticias” que “buenas” en la EPA porque el empleo privado “no ha
crecido, aún no se ha recuperado”. Eso es lo que lleva su portavoz Cuca
Gamarra a afirmar que son datos “dopados de gasto público”, señalando que
los empleos en las Administraciones públicas crecieron más que los privados.
Lo cual no es cierto. El empleo en el sector privado creció más en términos
absolutos y porcentuales que en el sector público como se señala en el
artículo.

[3] El análisis de la evolución trimestral y mensual arrojaría también más
luces sobre la textura del empleo y del paro en el Estado español, pero no
es el objeto de este artículo. Por ello sólo se aluden aquí cuando tienen
relación directa con la evolución interanual. Las variaciones inter
trimestrales e intermensuales son muy acusadas por depender el empleo en
gran medida de la actividad agrícola y sobre todo del turismo, la hostelería
y la restauración, como puede comprobarse al ver que el 4º trimestre del año
2021 y el mes de diciembre de ese año presentaron resultados positivos en la
creación de empleo y bajada del paro y por el contrario en el primer mes de
2022 fueron francamente negativos.

[4] El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico criticable
desde el punto de vista ecológico y también presenta importantes lagunas
metodológicas en el cálculo, pero de forma deformada nos permite ver la
evolución cuantitativa de los bienes y servicios en un periodo de tiempo
-aunque sea de manera incompleta- y, con ello, poder establecer
comparaciones sobre la riqueza en términos monetarios de una sociedad.

[5] Supone una cifra inferior al 6,5% que anticipaba el Gobierno y muy
lejana del 7,2% (9,8% contando los fondos europeos) que llegó a dibujar para
los Presupuestos de 2021.

[6] Nadia Calviño ha calificado, a mayor gloria propia, de “espectaculares”
los resultados del PIB.

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