Colombia/ "Para el Estado colombiano, una solución ha sido matar". [Martha Giraldo - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de enero 2022

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Colombia



Con Martha Giraldo, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes del
Estado, luchadora por los derechos humanos



“Para el Estado colombiano, una solución ha sido matar”



La Fundación Mario Benedetti entregó su premio a la Lucha por los Derechos
Humanos y la Solidaridad 2021 al Movimiento de Víctimas de Crímenes del
Estado (Movice) de Colombia. Para recibirlo, en nombre del movimiento,
Martha Giraldo visitó Montevideo en diciembre.



Cecilia Pérez Otero

La Diaria, 8-1-2022

https://ladiaria.com.uy/



La dirigente es hija de un campesino, José Orlando Giraldo, a quien el
Ejército de Colombia asesinó y presentó como un guerrillero muerto en
combate, una práctica que se conoce en ese país como “falsos positivos”. A
cambio, los militares que presentaban esos resultados recibían licencias y
otros beneficios.



A partir de la muerte de su padre, Giraldo comenzó su lucha por los derechos
humanos y se sumó al Movice, que está integrado por unas 250 organizaciones
de distintas zonas del país que representan a víctimas de desaparición
forzada y asesinatos.



-¿Cómo surgió el Movice?



Más o menos en 2000 o 2002 logramos organizarnos como Movice, y nos
consolidamos formalmente en 2005. Pero si fue posible en ese momento tener
un nombre, reunirnos, decidir a qué causas íbamos a dedicarnos, fue porque
desde 1990 comenzamos nuestro trabajo como movimiento de víctimas, que hoy
reúne a unas 250 organizaciones.



Decidimos hacer una investigación sobre la criminalidad estatal.
Principalmente, comprobar que la criminalidad del Estado existe, que hay
unas políticas, unas normas que se desarrollan desde el Estado para eliminar
el pensamiento distinto, aquel que exige derechos, un país con justicia
social.



Esto no tiene que ver con la extrema izquierda. Tiene que ver con derechos
de ciudadanía, derechos a la verdad, a la justicia, derechos de las víctimas
pero también los derechos sociales, a la educación, a la salud, que en
Colombia no son derechos, son negocios. En ambos casos son empresas que
prestan servicios para el que puede acceder.



Nosotros, como movimiento, nacemos con ese principio fundamental de poder
decirle a Colombia que efectivamente eso que nosotros decíamos ocurre. Y
logramos documentar más de 40.000 casos, 41.000.



-¿Qué situaciones incluyen esos casos?



Incluyen desplazamiento forzado, la situación de los campesinos, indígenas,
afrodescendientes que son sacados de sus tierras, que son obligados bajo el
terror y la fuerza a irse a otros lugares. Ese es un crimen que comete el
Estado a través de sus fuerzas regulares, como es el Ejército, pero también
de su brazo irregular, que son las estructuras paramilitares, las
Autodefensas Unidas [de Colombia]. También incluye el despojo de tierras.
Sacar a la gente de su tierra ya es un crimen. Obligarla a ir a una ciudad a
engrosar los cinturones de pobreza, salir a deambular por las calles
pidiendo qué comer es un crimen. Pero de manera adicional, las tierras que
pertenecían a estas personas son tomadas por multinacionales para
desarrollar megaproyectos. Tienen un interés geoestratégico allí. El despojo
de tierras está ligado al desplazamiento. Por eso decimos que hay una
intencionalidad, hay una política allí de despojo.



Pero eso había que escribirlo. También documentamos casos del genocidio
político de la Unión Patriótica [un partido político de izquierda cuyos
dirigente y militantes sufrieron la persecución y el asesinato por parte de
paramilitares en la década de 1980] y pudimos demostrar que en Colombia hay
un genocidio para la eliminación de lo distinto, o sea, aquello que no
cumple con esos mandatos predeterminados de una oligarquía que está
enquistada en el poder históricamente, que es heredada, y que se turna en la
presidencia de la República cada cuatro años.



Está también la tortura, que es parte de esos crímenes. Está la
documentación de desaparición forzada de personas, y este es un crimen que
ha mutado muchísimo, que ha cambiado de modus operandi, de formas. En los
años 70 lo hacía el Estado, que es el que introduce esta práctica a
Colombia, y hoy en día es una práctica que desarrollan todos los actores:
bandas criminales, grupos de narcotráfico, grupos [herederos] de las
Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces se trata de cómo documentar la
desaparición de personas, cómo el Estado es responsable de esto y qué hacían
esas personas desaparecidas, si es que trabajaban, a qué se dedicaban, qué
es lo que le molestaba al Estado colombiano para que cometiera esos
crímenes, los asesinatos a civiles que comete el Estado colombiano a través
de la fuerza pública. Está, entonces, este delito que le llaman “los falsos
positivos”.



-Que es el delito que se cometió contra su padre.



Yo soy hija de José Orlando Giraldo. Mi papá es un campesino que fue
ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Nacional y fue presentado como
un guerrillero dado de baja en combate. Mi papá era un campesino, estaba en
su finca. No sé si ustedes tienen el concepto de “campesino” tal como en
Colombia. El campesino es aquel que toda la vida tiene una parcela, una
tierra que no es muy grande pero le permite sembrar para comer y le permite
también cultivar o tener animales para generar ingresos y mantener la finca.
Hay frutos, granos, animales, ventas de leche, de queso, todo lo que se
pueda generar a partir de una economía propia.



Y allá llegan unos militares, miembros de la Tercera Brigada del Batallón de
Cali. Dicen que él era un guerrillero, lo asesinan y salen todos los medios
a decir que habían asesinado a un peligrosísimo guerrillero de la columna
Libardo García de las FARC.



Después de 13 años, en 2019, nosotros logramos un fallo de la Justicia
acerca de la inocencia de mi papá, demostrar que no se trataba de un
guerrillero, se trataba de un campesino, y logramos la sentencia
condenatoria a 32 años de prisión para siete militares, incluyendo a un
mayor del Ejército Nacional.



Pero también es una lucha muy larga, porque allá en Colombia recae mucho la
prueba sobre las víctimas. Nosotros hicimos parte en el proceso, y para
avanzar en eso hubo muchísimo trabajo. No todas las víctimas de este crimen
o de otro tienen las mismas posibilidades. Mi papá tenía tres hijas y
nosotras habíamos ido a una universidad, y eso es una diferencia muy grande;
no lo menciono en términos elitistas, sino porque eso es un privilegio en mi
país. No todos tenemos la misma posibilidad. En nuestro caso hubo un
esfuerzo muy grande de mis padres por mandar a sus hijas a la universidad, y
mi época eso no era tan común en el campesinado, sino que era más común
seguir trabajando la tierra. Mi papá y mi mamá no querían eso para nosotros,
y eso marcó la diferencia, porque cuando asesinaron a mi papá nosotras
estábamos en la universidad; unas habíamos terminado de estudiar, otra
seguía, y eso permite que se haga una lucha muy fuerte en términos de la
verdad y la justicia. Y también porque había posibilidades económicas,
porque trabajábamos y eso nos permitía seguir, porque es muy costoso.



-¿Qué costos implicaba?



Vivíamos en una región y teníamos que viajar hasta la capital del país para
acceder a las instituciones estatales para reclamar, para llevar documentos,
para llevar pruebas. Filmamos, grabamos la escena del crimen. Decíamos que
ese no era el lugar donde lo habían asesinado y efectivamente la Justicia
logró comprobarlo, pero nosotros lo denunciamos desde el primer día, y para
ello llevábamos lo que habíamos conseguido.



Cuando yo estaba en la finca [después de que ocurrió el crimen], llamé y
dije: antes de que realicen el levantamiento tráiganme una cámara de video y
una cámara fotográfica. Tener una cámara fotográfica en una finca no es tan
normal. En ese tiempo el celular no tenía una cámara, como ahora.



A veces la gente dice: si en el caso de ella hubo justicia, seguramente en
los otros también. Pero hay una serie de elementos en este caso que no son
comunes para todos. Hay que reconocer que en este caso había unos
privilegios, no eran derechos. Son cosas que tenemos algunos, no todos, en
Colombia.



En Colombia hay unos 6.400 casos de falsos positivos, según la Jurisdicción
Especial para la Paz. Nosotros, con todo el subregistro que existe, con todo
lo extensa que es la zona de la selva amazónica, decimos que tienen que ser
muchos más, porque con toda la gente que está tan alejada, no hay suficiente
institucionalidad. Hay una gran debilidad institucional. También investigar
estos crímenes es difícil porque matan a funcionarios, desaparecen a
funcionarios, y eso ha contribuido a un debilitamiento de todo el aparato
judicial que es muy grande.



También hay que decir que las ejecuciones extrajudiciales las muestran como
que fueran hechos nuevos, como que al Ejército le dio por matar gente y
presentarla como guerrillera desde el 2000. No. Eso ha sido siempre así. Ha
sido un hecho histórico, de maneras distintas, con razones diferentes, pero
digamos que para el Estado, una solución ha sido matar.



En el estallido social de hace unos meses también vimos una fuerza pública,
que no es el Ejército sino la Policía Nacional, matar manifestantes. Lo hace
con la misma práctica: los muestra como enemigos de la nación.

Incluso antes de que comenzara el conflicto armado, en los años 60, el
Estado asesinaba. También después del conflicto armado, de firmado el
acuerdo con la guerrilla de las FARC. Por ejemplo, en el estallido social de
hace unos meses también vimos una fuerza pública, que no es el Ejército sino
la Policía Nacional, la que está en las áreas metropolitanas, y esta policía
es la que asesina a los manifestantes. Lo hace con la misma práctica: los
muestra como enemigos de la nación, los presenta como que son los vándalos
que están dañando los semáforos, que están impidiendo el tránsito. Porque
acá se volvió una cosa grave bloquear la calle para que no pasen los carros.
Eso es un delito. Pero matar a quienes lo hacen no es delito, y así se le
vende a la sociedad. Entonces hay una sociedad muy parcializada, porque se
alimenta de los medios de comunicación. Y el hecho de que no haya una
posibilidad de educación amplia, para todos, alimenta esa polarización.



Entonces nos dedicamos a eso, a documentar esos crímenes y poder ver cómo se
hace, cómo es que las brigadas del Ejército desarrollan eso, si es que
tienen plata para matar gente, cómo hacen eso de presentar personas
asesinadas como guerrilleros en combate sin que lo sean.



Nos dicen: ustedes no son víctimas, son sobrevivientes. Quieren eliminar de
tajo, a través de un discurso de negación, todo lo que somos.



-¿Qué lugar se da en Colombia a las víctimas?



En su momento, las Autodefensas Unidas de Colombia intentaron que se les
acusara del delito de sedición política porque ese es un delito político,
pero es un grupo armado irregular, unos vándalos que el Estado armó para que
maten. Entonces se creó la Ley de Justicia y Paz, la ley 975 [de 2005], que
es una ley de justicia transicional. Siempre nos dicen que la ley del mundo
ha avanzado, que la ley ya no es punitiva, sino que las víctimas deben ceder
en eso de que la pena sea tan alta, que eso ya no es así, que ahora se trata
de la memoria y la verdad. Nos dicen: a los asesinos no los vamos a
encarcelar, pero les van a decir unas cosas que a ustedes los van a
satisfacer, vengan. Y con eso nos tienen a las víctimas. Nos dicen: ustedes
tienen que perdonar, dejar eso del odio y el rencor. Entonces han
desarrollado unos discursos en torno al perdón. Por ejemplo, nos dicen:
ustedes no son víctimas, son sobrevivientes. Imagínate en un país como
Colombia, con nueve millones de víctimas que reconoce el Estado, que
reconoce el Congreso, diciendo “no, no somos víctimas, somos
sobrevivientes”. Quieren eliminar de tajo, a través de un discurso de
negación, todo lo que somos. Incomoda mucho que se digan estas cosas allá en
Colombia. Es muy difícil.



Esa ley 975, decíamos ya por entonces en el Movice que iba a ser el acabose,
que eso no iba a ser “de justicia y paz” con los paramilitares que hicieron
hornos crematorios, que cometieron más de 1.100 masacres. En Colombia se
considera una masacre cuando son asesinadas más de tres personas. Ellos
asesinaron a mucha gente, la tiraban al río, la desaparecían, y nosotros
cuestionamos que personas que hicieron eso fueran a tener un máximo de ocho
años de cárcel si decían la verdad. Entonces, ni cárcel ni verdad. No
sabemos la dimensión real de lo que han hecho.



Ellos tienen un término en Colombia, que es doctrinal del Ejército, que es
“quitarle el agua al pez”. Entonces consideran que asesinar al campesino, al
afro, al indígena que está en el territorio es quitarle a la guerrilla su
forma de mantenerse.



Claro, algunos paramilitares han hablado, los bajos mandos. Algunos han
dicho algunas cosas sobre el vínculo con el Ejército, sobre cómo algunos
militares, como el general Mario Montoya, apoyaban a las estructuras
paramilitares, pero también sobre cómo era su modus operandi, cómo llegaban
a lugares y empezaban a matar gente porque creían que ese territorio era
gobernado por la insurgencia, por la guerrilla.



La guerrilla en Colombia no ha sido un actor armado para el pueblo.



Ellos tienen un término en Colombia, que es doctrinal del Ejército, que es
“quitarle el agua al pez”. Entonces consideran que asesinar al campesino, al
afro, al indígena que está en el territorio es quitarle a la guerrilla su
forma de mantenerse. Pero eso no es cierto: las comunidades no somos
agenciadoras de las insurgencias, porque nosotros no hemos vivido
idílicamente, románticamente, como en otros países, el tema de la
insurgencia. Nosotros hemos vivido el golpe, el asesinato, la violación de
nuestros derechos por parte también de las insurgencias. No han sido un
actor armado para el pueblo. No es así. Han sido un actor armado en el marco
de un conflicto que también ha generado hechos victimizantes para la
población, y que han sido también intencionales. Pero desde el Estado,
cuando la insurgencia está en la zona lo que hacen es acusar a la población
de ayudarla.



Al mismo tiempo que surge esta ley 975, en 2005, se consolida el Movice.



En 2005 ya nace el movimiento. Decíamos: esto no es justicia, no es verdad.
Entonces ahí empieza a forjarse. En 2004 y 2005 se hace un trabajo muy
fuerte en regiones, y en 2005 existe ya la asamblea con 1.200 delegados, y
en esa asamblea se dice: somos Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado. Se formaliza el nacimiento del Movice para trabajar por la
verdad, por la justicia, por la no repetición y la reparación, porque en
Colombia la reparación a las víctimas es sólo de tipo administrativa, no es
para todos y es muy precaria. No es como un derecho sino como una limosna.



A partir de allí se generan estrategias de lucha. Hacemos movilizaciones,
marchas, concentraciones, llevamos fotos, documentamos casos, hacemos
audiencias ciudadanas y denunciamos hechos de violaciones a los derechos
humanos que hayan sucedido. Tenemos una estrategia jurídica que busca
perseguir a los responsables de esos crímenes, como los altos mandos del
Ejército, como [el expresidente] Álvaro Uribe. Es un trabajo de hormiga,
porque ustedes habrán podido ver que a Álvaro Uribe no es que lo hayamos
podido tocar.



Yo llego al Movice en 2006, porque a mi papá lo asesinan en marzo de 2006, y
la asamblea se hace a mitad de año, en julio, y yo fui invitada a esa
asamblea. Y desde entonces estoy en el movimiento.



-¿El movimiento también contempla los asesinatos de exguerrilleros y de
líderes sociales que están ocurriendo ahora?



Sí, claro. Líderes sociales han asesinado todo el tiempo. Nosotros no
tenemos hitos como acá, en Uruguay, que se puede decir decir que alguien fue
asesinado después del golpe de Estado o en democracia. En Colombia no
tenemos eso. Ha sido todo el tiempo de asesinatos, de crímenes de
persecución, porque todo el tiempo hay determinados territorios en puja por
el derecho a extraer de allí lo que existe. Un ejemplo de esto es que cuando
las FARC firman el acuerdo y entregan las armas, toda una zona de la
Amazonia nunca había sido explotada ni mineralmente. No entraban allá. Lo
máximo que llegaba era Ecopetrol, que en un momento era una empresa estatal
y después fue privada porque el Estado la vendió. Y de hecho había reservas.
Una vez que las FARC firman el acuerdo, esa explotación arranca.



Además, desde entonces aumentaron los asesinatos, la persecución a los
líderes. El 1º de diciembre de 2016 se firma el acuerdo entre las FARC y el
gobierno de Colombia, y hasta hoy iban 1.284 líderes asesinados, hombres y
mujeres, que en muchos casos son presidentes de juntas de acción comunal,
son elegidos por el barrio como líderes locales, la persona que si se
necesita pavimentar va a plantearle al Estado esa necesidad, o que pide que
el Estado mande un profesor o una profesora, o el médico o la médica a las
veredas –veredas es algo así como un caserío pequeño en zona rural–. El
asesinato de los defensores de derechos humanos, de los líderes locales, es
asesinar a la democracia, porque ¿quién más va a defender esos derechos?



-¿Ustedes tienen algún tipo de protección?



Sí, pero eso no es tan chévere. Por ejemplo, yo tengo dos escoltas armados
desde 2009. El Estado colombiano hace un análisis de riesgo a través de una
entidad que en ese momento se llamaba Departamento Administrativo de
Seguridad y ahora se llama Unidad Nacional de Protección, que está suscrita
al Ministerio del Interior. Ellos hacen un análisis de riesgo y dicen: sí,
usted tiene riesgo, el Ejército nacional, las fuerzas la pueden asesinar.
Pero eso es el Estado. Entonces cada año lo analizan y me asignan dos
escoltas armados, lo cual no me gusta, porque vivimos en una democracia y yo
tengo derecho a ejercer mi labor de defensora de derechos humanos, y el
Estado lo que debe hacer es garantizarlos, transformar el andamiaje
institucional para que se pueda dar eso, y no colocarme dos hombres, que
además también a ellos los pueden matar. Es una lógica muy perversa. No es
una lógica de reivindicación de derechos.



Además, me ha tocado luchar para que no me manden exmilitares ni familiares
de militares. Por ejemplo, el otro día me iban a mandar a una chica, que yo
fui a verla y me cayó muy bien y hablamos. En la charla ella me dijo: mi
esposo es teniente del Ejército en la Tercera Brigada. Yo le dije: caramba,
tu esposo y sus compañeros fueron quienes mataron a mi papá, no te puedo
recibir para que me cuides, ni a mí ni a mi hija. Ellos dicen que yo
exagero. Es una manera muy simple pero es una manera muy real de decirlo,
porque yo no puedo personalizar. Para mí fueron ellos, la Tercera Brigada
del Ejército.



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El regreso a las armas de guerrilleros de las FARC



“Ellos comenzaron a llegar a esas zonas veredales a las que estaba previsto
que llegaran al dejar las armas, y el Estado tenía compromisos de hacerles
campamentos para que pudieran estar allí, cocinar, vivir, pero también iban
a estudiar, porque de allí tenían que salir para reinsertarse en la vida
civil. Como muchos habían nacido en la guerrilla, no sabían hacer nada –ni
hacer una cama, ni barrer, porque nunca lo hicieron–, sólo disparar, matar,
robar. Y el Estado incumplió. En muchos casos no les construían el
campamento, o lo construían pero no tenían cama, no tenían raciones de
comida o llegaban incompletas.



Todo esto, además, para unas personas que están allí mandadas, haciendo
caso, porque la paz la firman sus comandantes, no la firma el guerrillero
raso. Eso hizo que mucha gente se devolviera [a la guerrilla]. Muchos
lograron reinsertarse a la vida civil, pero otros volvieron a la guerra, sin
sus comandantes.



En el Pacífico, que es la zona donde yo trabajo, en Buenaventura, está
presente la columna móvil Jaime Martínez y hay un montón de gente armada en
los territorios. Para muchos territorios, en el Cauca, por ejemplo, la
situación de violencia se agudiza muchísimo por la proliferación de estos
grupos. A eso llevó el incumplimiento del Estado. Si no, quizás se hubiera
dado, pero en menor medida”.

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